24 de junio 2019
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Las sanciones de Estados Unidos contra otros cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega, este viernes, eran inevitables en la misma medida en que “era perceptible” que Ortega no cumpliría con los acuerdos firmados en la mesa de negociación con la Alianza Cívica, según el politólogo e investigador de Diálogo Interamericano, en Washington, Manuel Orozco.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el director de Telcor, Orlando Castillo, y el general en retiro y ministro de Transporte, Óscar Mojica, se sumaron a la lista de otros siete funcionarios del régimen sancionados desde junio de 2018, en calidad de cómplices de las violaciones a los derechos humanos y del régimen represor. Una lista que, según Orozco, no terminará ahí. Adicionalmente, el Gobierno de Canadá sancionó a los nueve funcionarios del círculo íntimo de Ortega, encabezados por su esposa y vicepresidente, que ya habían sido castigados por Estados Unidos.
“Yo creo que el próximo paso, va a ser identificar algunos personajes claves dentro del Ejército”, considera, tras adelantar que el informe de cumplimiento sobre la Nica Act, a cargo del Departamento de Estado, también está por salir.
Orozco afirma que “la política de Estados Unidos es obvia en relación con Nicaragua, y es que quieren que se produzcan reformas políticas para que el país entre en elecciones adelantadas y que se restauren todas las libertades civiles y constitucionales”. A su juicio, “en eso está la consistencia de haber puesto sanciones”.
En entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, en el programa Esta Semana, Orozco analizó el aislamiento de la dictadura, las sanciones contra sus funcionarios y las expectativas sobre la próxima Asamblea de Cancilleres de la OEA, que se realiza el jueves de la semana entrante en Medellín, Colombia.
¿Cómo se lee en Washington esta crisis por la que atraviesa la negociación política en Nicaragua? El Gobierno dice que ha cumplido, la Alianza denuncia incumplimiento, pero la OEA, como testigo, también está desmintiendo al Gobierno, ¿cómo reacciona ante esto la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Congreso?
Las sanciones que salieron hoy (viernes) son una ilustración de la posición de Estados Unidos sobre la Ley de Amnistía y sobre el llamado cumplimiento que dice el Gobierno que hizo. Para Estados Unidos era perceptible que el Gobierno de Daniel Ortega no iba a cumplir con los acuerdos, no iba a cumplir con la liberación de los presos como había firmado, entonces ya se había preparado una serie de sanciones, como continuidad y consistencia a lo que se ha venido creyendo, que es que no hay muestra de fe ni buena intención de parte del Gobierno de Daniel Ortega.
¿Cuál es el mensaje político de estas sanciones? ¿El mensaje detrás de la selección de estos cuatro individuos: el presidente de la Asamblea Nacional; un ministro general en retiro; la ministra de salud, que ha sido señalada por diversos delitos en la represión; y el director de Telcor, que está directamente involucrado en la censura televisiva.
Hay dos mensajes claros. Uno, por un lado, que esta es parte de una lista de aquellos que forman parte del círculo de poder del régimen, que están incluidos como personas que son cómplices de las violaciones a los derechos humanos y del régimen represivo, del Estado policial que existe en el país. Entonces, la lista empieza por los círculos principales, la familia, y va bajando al círculo más allegado, incluyendo la ministra de Salud, Porras, entre otros; y, el segundo mensaje, es que hay un grupo más, al cual se le va a emitir sanciones, que también ha participado dentro de la complicidad, específicamente apoyando la represión. Entonces esto es un mensaje, de que aquí tenemos un grupo de personas que no han respetado los derechos humanos y que son cómplices del régimen, y tenemos otra lista de gente que está en espera a ser sancionada y la cual representa parte de todo el tipo de presión que la política que Estados Unidos tiene hacia Nicaragua.
¿Tiene Estados Unidos alguna posición en relación al Ejército, que es señalado de complicidad con el régimen por permitir la operación de los paramilitares, aunque no hay señalamientos directos de que haya participado en la represión? Ahora están sancionando a un alto general en retiro.
Sí. Para el Gobierno de Estados Unidos, el rol del Ejército ha sido de una complicidad indirecta, en el sentido de que sí mantuvo un silencio y también no salió a defender a la población en el momento en que la Policía se convierte, prácticamente, en el Estado que controla la seguridad pública del país de una forma represiva. Yo creo que el próximo paso, va a ser identificar algunos personajes clave dentro del Ejército que han tenido una participación más directa, no van a ser personas como los que han estado actuando en público, pero sí, así como sacaron a este exministro, también van a sacar a otros más.
Las sanciones se ejecutan a través del Departamento del Tesoro, cubiertas bajo la Orden Ejecutiva, y también bajo lo que se conoce como la Nica Act consensuada. Porras y la ministra de Salud, dice el Departamento de Estado, están cubiertos por la Nica Act. ¿Se conoce el informe, que después de 180 días se iba a presentar al Congreso, que alcance tiene la Nica Act?
La Nica Act tiene dos componentes, uno es lo que se refiere a las instituciones financieras multilaterales, de las que Estados Unidos es parte; y el otro es las sanciones a individuos o personas que han participado directamente en violaciones a derechos humanos.
La mayoría de las sanciones que han ocurrido, son en función de ese componente del Nica Act, entonces Estados Unidos ha hecho presiones en los dos lados, en los organismos multilaterales, por ejemplo, hay mucha presión ya en el desembolso de préstamos que debían haberse hecho y que se están retrasando; y, segundo, está la lista de nombres que se están sometiendo.
El informe de cumplimiento sobre el Nica Act está por salir, está en preparación, hay borrador que se tiene elaborado y que posiblemente se va a hacer público la otra semana. Este informe se presenta ante el Congreso, como parte del cumplimiento de la ley, y a partir de ahí se van a tomar medidas suficientes. Básicamente lo que el informe va a decir es que el Estado nicaragüense no ha cumplido, no ha dado muestras de fe y, por lo tanto, Estados Unidos tiene que continuar haciendo presión a través de esta ley.
El presidente Trump anunció esta semana su determinación de lanzarse a la reelección presidencial. ¿Cómo se insertan las crisis de Nicaragua y Venezuela, en la batalla electoral de Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de la Florida ¿Pone a Nicaragua en el radar de la política doméstica de Trump, conectada con la crisis nacional?
Sí. Donald Trump, dentro de su estrategia de campaña, y no solamente en Florida, también en otros Estados para atraer el voto latino, va realmente a resaltar el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Incluso, el caso de Cuba es importante para Donald Trump, así como también para su campaña electoral, porque no solamente representa una promesa. Ideológicamente, Cuba se mira como otro Estado que no ha cumplido con ninguna reforma política en el país, de hecho, los esfuerzos de esta Administración se han concentrado en un orden en donde estos tres países son el enfoque principal de la Administración, cuando estamos hablando de América Latina. Incluso, en términos del tema migratorio, por ejemplo, no se identifica exactamente como un conflicto político en la región, sino como un conflicto de una crisis de una crisis humanitaria, pero Venezuela, Cuba y Nicaragua son parte de la agenda electoral de Estados Unidos, del señor Trump.
Pero la crisis en Venezuela está estancada, es decir, los funcionarios de Estados Unidos crearon una proyección triunfalista de una solución política a corto plazo en Venezuela. Está claro que eso no está ocurriendo. Tampoco está ocurriendo en este momento en Nicaragua, ¿hay una política de Estados Unidos en relación a estos dos países?
Sí, Estados Unidos tiene su política, una de ellas en relación con Venezuela es apoyar, seguir apoyando a Juan Guaidó y, al mismo tiempo darle cumplimiento a las sanciones y a la Nica Act.
La política de Estados Unidos es obvia en relación con Nicaragua, y es que quieren que se produzcan reformas políticas para que el país entre en elecciones adelantadas y que se restauren todas las libertades civiles y constitucionales del país. En eso está la consistencia de haber puesto sanciones cuando la liberación de los presos políticos se produce dentro de una condición prácticamente que se considera como una payasada, la amnistía propiamente dicha. Estados Unidos, creo que desde el punto de vista electoral para Donald Trump, va a enfocarse bastante en aumentar la presión durante los próximos nueve meses para que Nicaragua adelante las elecciones, o le van a dar más sanciones. El temor es que esto vaya a llevar a situaciones para que el país entre en un conflicto mayor.
¿Cómo repercute esto en la oposición naciente de Nicaragua, que no está articulada en torno a partidos políticos, sino a ese gran movimiento nacional autoconvocado azul y blanco, que tiene expresiones en la Alianza Cívica, en la Unidad Nacional Azul y Blanco? ¿Desde la política de la comunidad internacional se percibe que en Nicaragua hay un movimiento opositor que es una alternativa de poder?
Yo creo que se están dando cuenta, la comunidad internacional, especialmente los países miembros de la OEA, Estados Unidos en particular, Canadá, Costa Rica, entre otros, que este movimiento político está transitando ya con una estrategia de dos bandas: una, de exigir reformas políticas dentro del país, seguir cumpliendo con los acuerdos; y otra, irse perfilando en la identificación de líderes importantes para una transición electoral. Y, bueno, hay conversaciones, hay encuentros entre la oposición y la comunidad internacional que giran en torno a identificar y presentar cuáles son estas perspectivas.
Creo que la mayoría de los miembros de la comunidad internacional tienen claro que el país, y la oposición en particular, está girando hacia una transición electoral en el corto plazo. El tema realmente es de los tiempos, y esos tiempos se van a definir de acuerdo a la forma en cómo se cambia el balance de fuerzas en el país.
Y en ese balance de poder, como se percibe la autonomía de la resistencia nacional, su propia proyección programática; y, por el otro lado, la presión externa. ¿Se percibe a la oposición nicaragüense dependiente dde Estados Unidos, o que tiene su propia fuerza autónoma? Porque hay mucha gente que dice, en la medida que Donald Trump se involucre más en la situación de Nicaragua, eso también va en detrimento de las fuerzas políticas nacionales.
No, para nada. El caso de la oposición nicaragüense es genuinamente un movimiento bastante independiente, que ha visto a Estados Unidos como un aliado que puede apoyarlos a lograr las reformas políticas, pero ellos no son ni títeres ni dependientes de lo que diga Estados Unidos. Ha habido una colaboración estrecha entre el Gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, incluso entre los países miembros del Grupo de Trabajo de la OEA, para adelantar y presionar para que se logren reformas. Sin embargo, la unidad que existe en el país alrededor de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, en este momento es bastante independiente, y ellos están demostrando algún nivel de madurez que refleja que ellos quieren resolver sus líderes dentro del movimiento, y tratar de filtrar los más importantes. Estados Unidos, en ese sentido, está respetando ese proceso, entonces, la intervención que pueda tener Estados Unidos, en su política exterior hacia Nicaragua, se hace, en gran parte, en función de cómo la oposición nicaragüense está definiendo los próximos pasos.
Hace unas semanas existía una gran expectativa, de que si la OEA aplicaría o no el artículo 21 de la Carta Democrática en la reunión de cancilleres de la OEA, que empieza el próximo jueves en Medellín. Esto implicaría sanciones severas para Nicaragua, una posible expulsión o suspensión. Pero, ¿existen los 24 votos para esa opción, o la Asamblea de Cancilleres va a optar por otro tipo de alternativas que tengan más consenso?, ¿cuál es tu percepción?
Hay dos posiciones. Una es de invocar el artículo 21, la otra es de aprovechar el mandato que da el artículo 20 de la Carta Democrática, que es de agotar todos los medios diplomáticos necesarios para que se restaure el orden constitucional en Nicaragua. La mayoría de los Estados miembros se ubican en ese contexto. La diferencia está, dentro de ese grupo, en cuál es el nivel de magnitud, de exigencia que se le pide al Gobierno de Nicaragua que represente ese agotamiento de las medidas diplomáticas. Para algunos puede ser simplemente instar al Gobierno de Nicaragua que trate de cumplir con los acuerdos; para otro grupo, dentro de los Estados miembros, predominantemente el Grupo de Trabajo, la posición es que se demande, que se exija que el Grupo de Trabajo entre a Nicaragua, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre a Nicaragua y haga su trabajo de inspección, que la comisión técnica y el secretario general de la OEA trabajen con la oposición nicaragüense para identificar cuáles son los puntos de común que necesitan tenerse para las reformas electorales.
¿Dónde ubicás a México en esa disyuntiva? La posición mexicana ha sido de respaldo a las demandas de derechos humanos en Nicaragua y de tomar distancia de cualquier cosa que implique lo que ellos consideran que sería injerencismo.
Predominantemente ellos creen que no se pueden adelantar elecciones en Nicaragua si no hay una oposición lo suficientemente robusta, y para ellos eso quiere decir —no hay un candidato en este momento—, por lo tanto, nosotros no podemos apostar a suspender a Nicaragua dentro de la OEA para que se adelanten las elecciones…
Pero el país está bajo Estado de sitio…
Entonces, el tema de los derechos humanos es el clave para ellos. Pero ellos están más en la posición que se agoten las medidas diplomáticas. México en este momento está en una situación, una coyuntura bastante difícil en su política exterior, el fiasco y el desastre en que se metió, de básicamente subordinarse ante la demanda de Estados Unidos de cerrar la frontera y poner 6000 soldados, ha tenido un efecto internacional muy grande sobre su credibilidad como un Estado soberano.
En resumen, lo previsible en esta reunión de la OEA, no es una ruptura ni una invocación para expulsar a Nicaragua de la OEA, sino más bien, es una continuidad de lo que ha venido haciendo hasta ahora: las demandas de la OEA en torno a la CIDH, al Grupo de Trabajo, y a que Ortega suspenda el Estado de excepción de facto.
Correcto. Y eso va a significar que es posible que haya una resolución que vaya orientada a, precisamente, que Nicaragua cumpla con la exigencia de parte de la OEA, que es que entren la Comisión Interamericana y el Grupo de Trabajo.
