5 de marzo 2021
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Representantes de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmaron a un grupo de expertos nicaragüenses que no han visto “avances” en materia de reformas electorales en Nicaragua, de cara a los comicios de noviembre próximo.
Delegados de la Secretaría General sostuvieron un encuentro virtual con miembros del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE) de Nicaragua, a quienes les sugirieron mantener una “presión” interna para exigir los cambios en el sistema electoral.
Uno de los participantes en la reunión, que solicitó omitir su nombre, indicó que les informaron que la OEA mantiene “contactos” con personeros del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque no especificaron sobre cuáles temas han hablado con el Gobierno.
“Era una reunión de seguimiento; la teníamos pendiente desde febrero. No había un tema específico, pero si se habló del tema electoral. Ellos no quisieron decir o no pueden decir lo que han hablado con el Gobierno”, subrayó la fuente.
OEA recomienda “presión unificada”
Otra fuente, presente en la reunión, comentó: “quisiera decir que supimos algo nuevo o relevante, pero en realidad solo fue una conversación general para reiterarle nuestra disposición a colaborar con la OEA y que vamos a seguir presionando por conseguir las reformas”.
Sobre las presiones internas, las fuentes señalaron que los funcionarios de la OEA les sugirieron que, en este sentido, “es necesaria una voz unificada” de los sectores opositores.
Esta reunión se da a dos meses que se venza el plazo dado por la Asamblea General de la OEA, para que el Gobierno de Nicaragua implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes”.
A finales de octubre pasado, la Asamblea General aprobó con 20 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones una resolución que establece mayo de 2021, como plazo para llevar a cabo dichas reformas.
La resolución hizo especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el orteguismo, y por ello instó a que el Gobierno nicaragüense “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprenden observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.
Propuestas del GPRE
El GPRE —conformado por abogados y expertos electorales— ha propuesto una serie de reformas al sistema electoral como: eliminar la reelección presidencial; prohibir que el cónyuge del presidente se pueda presentar como candidato; elegir a nuevos magistrados del CSE; elaborar un padrón electoral único e integral, previamente auditado y depurado.
La propuesta del GPRE —que incluye doce reformas de las cuales cuatro requieren de una reforma constitucional— sugiere además una observación electoral irrestricta conforme con los estándares internacionales.
Fuentes vinculadas al partido Frente Sandinista revelaron a Confidencial, en noviembre pasado, que Ortega creó un grupo de trabajo para diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral, enfocado estrictamente en aspectos de “orden técnico”.
El proyecto de Ortega de reforma electoral para los comicios de 2021 no reconoce ninguna de las condiciones previas que demanda la propuesta del GPRE, como la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas, que ha sido consensuada con la Coalición Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), y cuenta con el endoso del sector empresarial.
Exigen liberación de presos políticos
Sobre el tema de los reos de conciencia, la Secretaría General de la OEA emitió el jueves pasado un comunicado en el que “condena” la situación de los presos políticos en Nicaragua, y demandó “su inmediata liberación”.
Comunicado de la Secretaría General de la #OEA sobre situación de los presos políticos en #Nicaragua.
👉 https://t.co/zsZFWXCKTK pic.twitter.com/BuzLwauWS3
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 5, 2021
“La Secretaría General ha recibido constancia de la existencia al presente de más de cien presos políticos en Nicaragua. Todos ellos han sido presentados como presos comunes, sin juicios justos, violentando sus libertades fundamentales, están encarcelados junto a delincuentes comunes, sufren agresiones y amenazas de los presos comunes y sufren el ataque sistemático a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus carceleros”, detalló el documento.
Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas emitido este viernes indicó que en Nicaragua existen al menos 125 ciudadanos encarcelados por protestar contra el régimen orteguista.
De acuerdo con el informe, que cuenta con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 115 personas permanecen en prisión como presos políticos desde las protestas de 2018, otras nueve están encerradas desde 2014, y una desde 2011.
Entre los presos políticos, capturados en el marco de la crisis sociopolítica que inició en 2018, hay 111 hombres, cuatro mujeres y una transexual encerrada en un penal de varones, de acuerdo con el informe. El 39 % de los reos lleva entre dos y tres años en prisión, agregó.
*Con información de Efe
