11 de diciembre 2020
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El próximo año verá un aumento en el costo de la electricidad que se consume en el país, lo que representará “un impacto grande” al bolsillo de las familias, y al flujo de caja de las pequeñas empresas, explicó Patricia Rodríguez, una ingeniera experta en temas de energía, entrevistada en el programa Esta Noche, que solo se transmite en línea por causa de la censura televisiva impuesta por del régimen.
Con diversas variantes, la experta calcula que el próximo año, las personas que consumen menos de 300 Kwh, tendrán que desembolsar unos 200 córdobas adicionales para cancelar su consumo mensual de electricidad, mientras que los que están por encima de ese nivel pagarán unos 500 córdobas demás.
Al entrar en detalles, explica que, el próximo año, “el subsidio va a pasar del 53% al 22%”, lo que representará un 25% de incremento en los consumidores de hasta 300 Kwh al mes, y 18% para los que facturan más.
Junto con esa disminución del subsidio, habrá un aumento del IVA, al que se le van a sumar ocho puntos porcentuales, para que llegue al 15%. “Todo esto representa un aumento del 25% para quienes consumen hasta 300 Kwh, y 18% para los que están entre 300 y 1000, que eran los que tenían mayor subsidio y mayor exoneración del IVA”, detalló.
A eso hay que sumarle el 3% en que se va a incrementar la tarifa, porque el anuncio del Gobierno en junio pasado, indicaba que a partir de julio dejarían de aplicar el 3% del deslizamiento cambiario, para volver a cobrarlo a partir de enero 2021, solo que ahora disminuyó del 3% al 2% anual, lo que equivale a 0.17% mensual.
Una opción para los pequeños negocios que tienen tarifa residencial, (porque operan en una casa), es buscar una reclasificación tarifaria, para comenzar a pagar una tarifa de ‘comercio menor’, porque “cuando un pequeño negocio consume más de 500 kilovatios hora, la tarifa residencial se hace sumamente cara”, explicó Rodríguez.
Por qué no baja la tarifa
La baja en los precios del petróleo, y el hecho que las sanciones estadounidenses sacaran de circulación a las caras e ineficientes plantas térmicas propiedad de Albanisa, no fueron suficientes para que bajara de forma significativa, el costo de la electricidad que consume el país.
Hace casi dos años, en enero de 2019, el Gobierno de Estados Unidos dictó sanciones financieras en contra de Albanisa, empresa controlada por la familia presidencial, lo que afectó, entre otros intereses, a su negocio de generación eléctrica, que en determinados momentos representó el 30% de toda la electricidad que se consumía en el país.
Pese a que buena parte de esa electricidad se genera con derivados de petróleo –cuyo precio arrancó el año ligeramente encima de los 60 dólares; tuvo un desplome brutal en abril, y después fluctuó entre 37 y 46 dólares- el costo de la electricidad disminuyó 3% durante el segundo semestre del año, lo que resulta en un promedio anual de 1.5%.
El precio de la energía no disminuye en Nicaragua “porque hay intereses creados en el cálculo de la tarifa, que no reflejan o no tienen relación con el precio de la energía”, dijo Rodríguez. Su criterio es que hay un desorden en el sistema tarifario de Nicaragua, que tiende a confundir, y no cumple con los principios de la Ley de la Industria Eléctrica.
“Se han reformado leyes, y no solo la Ley de la Industria Eléctrica, que es la ley marco, si no que se han creado nuevas leyes que tienden a confundir a todos, incluso a los especialistas que trabajamos en el sector, porque el objetivo es confundirnos”, remarcó.
Jueces, (cobradores) y parte
César Aróstegui, abogado experto en legislación energética, asegura que el sector está siendo dirigido de una manera utilitaria, buscando sacarle utilidad inmediata. “No veo políticas energéticas con miras a que se produzca un beneficio a la nación. Los comerciantes del sector son quienes manejan el sector, no el Estado”, especificó.
Dado que “los dueños de la generación tienen el control del Gobierno”, lo aprovechan para obtener los máximos beneficios, no para ser más eficientes, “y eso lo paga el consumidor”.
El abogado señala que el sector domiciliar es el que más sufre por la manera en que está construida la tarifa, que incluye cobros por el consumo; por comercialización, por alumbrado público, por la regulación del INE, “y a todo eso se le agrega el 15% de IVA. Te lo cobran por el alumbrado, por la regulación y la comercialización. Eso es delincuencial”, sentenció.
A todo eso, se añade el cobro dormido –el factor por potencia- que el sistema tiene que pagar a las plantas térmicas, por el solo hecho de existir físicamente, sin importar si producen o no, de donde resulta que las térmicas de la sancionada Albanisa, reciben más de cuatro millones de dólares mensuales… aunque estén apagadas, y es legal, de conformidad con los contratos vigentes.
“Ese cargo se traslada a la tarifa que pagamos los consumidores”, recordó Aróstegui. “Las ‘Che Guevara’ y ALBA Generación tienen unos precios de potencia de casi 15 dólares el kilovatio. Eso pesa enormemente en el cálculo de la tarifa”, complementó Rodríguez.
Un año para revisar la tarifa
El criterio de los expertos es que se requiere revisar la tarifa. No solo por sentido común, sino también porque la Ley lo mandata así. “El mundo entero lo hace al menos cada cinco años. Nosotros tenemos más de 10, casi 20, sin hacer una revisión tarifaria”, aseguró Rodríguez.
Partiendo de que el sistema está en manos de las empresas privadas que dominan el escenario energético del país, y no del Estado que debe velar por los intereses de la nación entera, Aróstegui explica que quien propone la tarifa es el distribuidor, porque es quien tiene el panorama completo de cómo adquiere la energía que vende a los consumidores, además que es quien recolecta todo el dinero de la industria.
El problema, en el caso nicaragüense es quién es el dueño de Disnorte y Dissur, y qué influencia tiene para negociar tarifas con el ente regulador, y con el Ministerio de Energía y Minas, que es el diseñador de las políticas energéticas del país.
“¿Negociarán tarifas que sean en beneficio del sector energético del país? El consumidor no tiene quién lo defienda, pese a que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), es por Ley, el encargado de defender al consumidor”, citó.
El INE es también la instancia técnica y la autoridad legal para establecer la tarifa energética, en coordinación con las distribuidoras, pero, una vez más “no sabemos quién es su dueño”, insistió el abogado.
Aróstegui recordó que “en algún momento de este año, el Gobierno habló de revisar los PPA, pero no sé si se hizo. Eran negociaciones individuales. Debería revisarse el precio de la energía, pero también los cargos por potencia”, recomendó.
Producimos “energía a muy alto precio, porque no hay eficiencia -cualquiera que sea la fuente- pues nuestras plantas son viejas; hay distorsión en los términos en que se negocian los contratos, y hay confusión de intereses entre los dueños de la industria, y la élite gobernante. Se requiere una revisión integral, no solo de la industria, sino de las políticas energéticas del país”, complementó.
Ante la perspectiva de que los cambios solo ocurran por presión de los usuarios, Rodríguez cree que los clientes residenciales deben hacerse escuchar a través de asociaciones de consumidores, mientras que las empresas –que pierden competitividad al tener que pagar tan altas tarifas- deben recurrir a sus organizaciones gremiales, para lograr que se les escuche, aunque ya lo intentaron en abril pasado… sin éxito.
