Opinion

Privatización de la violencia del Estado y banalización del mal

El caso del pistolero de Metrocentro es el más reciente -pero no el último- eslabón de la cadena que mantiene unidos dos fenómenos característicos del régimen de Ortega: la privatización del monopolio de la violencia legítima del Estado y el intento de banalizar las actuaciones deliberadas para dañar la vida de las personas, el mayor bien de la humanidad.

Desde su regreso al poder, Ortega ha sido el principal vocero del discurso que dividía a la sociedad entre oligarcas y pueblo. Bajo este argumento se organizaron los grupos de choque para evitar que los “oligarcas” se apropiaran del espacio público, de modo que lo que empezó con la ocupación de las rotondas por los “rezadores”, poco a poco se fue convirtiendo en el verbo “rotondear” conjugado al atardecer por los empleados públicos. Pero como de lo que se trataba era de sacar a los enemigos del pueblo de las calles (“las calles son nuestras”, dijo un aristócrata del sindicalismo), del “rotondeo” se pasó a las contramanifestaciones para evitar que la policía se viese en la contradicción de reprimir manifestaciones que había autorizado. En otras palabras, el famoso monopolio de la fuerza legítima del Estado, del cual era depositaria la policía, al pasar a manos de particulares no autorizados, se privatizó.

La mayor muestra de esta privatización fueron los sucesos del 18 de noviembre de 2008, cuando un descomunal despliegue de simpatizantes del FSLN, empleados públicos y pandilleros, impidió con violencia la manifestación de quienes rechazaban el fraude cometido en las elecciones municipales. Es decir, grupos privados “impusieron el orden” arrebatándole tal competencia a la policía en sus propias narices. Un año más tarde se repitió el mismo patrón el 8 de agosto de 2009, cuando fueron agredidos los miembros de la Coordinadora Civil en los predios de la Catedral.

Pero si en las ocasiones anteriores la policía apareció como un sujeto pasivo a quien se despojaba de su misión, en la masacre de El Carrizo intervino activamente asesinando a campesinos; así como en las agresiones en contra de los jóvenes de #Ocupa INSS, pateando a quienes les pedían protección frente a los matones del orteguismo. En ambos caso la policía, y el monopolio de la violencia legítima, fueron puestos al servicio de grupos privados que se proponían destruir los brotes de protesta de una parte de la sociedad que ejercía sus derechos civiles.

Por eso resulta difícil no ver las huellas de esta privatización de la violencia del Estado en el papel del pistolero de Metrocentro. Una vez más se trataba de hacer el trabajo sucio que la policía no podía hacer. Con lo que no contaban es que la privatización de la violencia también lleva al descontrol y que el pistolero actuara sin tener en cuenta que la impunidad no le garantizaba el anonimato, máxime con las facilidades que hay ahora para fotografiar y grabar desde los teléfonos celulares.

Las subcontrataciones de privados (el contratista ha sido el partido) para reprimir la protesta ciudadana ha sido acompañada por el discurso justificativo de la violencia de parte del ortegato, en un intento de banalizar el mal y el daño que ocasionaron. De los rezadores se dijo que eran campesinos humildes autoconvocados que oraban por la paz en Nicaragua; el “rotondeo” de los empleados públicos eran demostraciones espontáneas en defensa de la segunda etapa de la revolución; los ataques contra las instalaciones del hotel Holliday Inn fueron calificadas como “justa ira del pueblo” por el presidente del parlamento; las agresiones contra los manifestantes del 18 de noviembre de 2008 merecieron los elogios de ni más ni menos que la Ministra de Gobernación (“qué guapos de veían los muchachos con sus pañuelos roji-negros”), así como de Madame la Regenta que bautizó el sitio de la represión como plaza de las victorias.

Ante hechos irrefutables como el asesinato de los campesinos en El Carrizo, el juez aceptó sin empacho la eximente de que los asesinos estuviesen borrachos y censuró la cobertura del “juicio” para que nadie pudiese identificarlos; y los ataques de la juventud sandinista, trabajadores de la alcaldía de Managua y pandilleros en contra de los muchachos acampados frente al INSS jurídicamente no ocurrieron, y todos los objetos robados, entre los que se encontraban varios vehículos, simplemente se esfumaron porque la policía se negó a emitir las constancias de robo para reclamar los seguros correspondientes.

En otras palabras, la banalización del mal recorrió el corto camino que empezó con la construcción de la leyenda (los rezadores eran espontáneos), continuó por el argumentario ideológico (la justa ira del pueblo), hasta desembocar en la negación total de los hechos (los videos de las agresiones a #OcupaINSS no eran de Nicaragua, según el vocero de la policía).

Por si hacía falta, la cumbre de la banalización le correspondió a Daniel Ortega el pasado viernes 11 de septiembre, cuando no contento con intentar culpar al CEPREV y a Mónica Zalaquett por la actuación del pistolero, rebajó a la irrelevancia el comportamiento del “pobre muchacho que voló cuatro tiros sin pretender matar a nadie”. Era imposible decirlo más claro. De esta afirmación es posible derivar dos lecturas:

• Los planes del pistolero no eran matar sino amenazar, atemorizar, infundir pánico; o sea, aterrorizar: a quienes participaban en las protestas semanales demandando elecciones libres y a los potenciales interesados en sumarse a los siguientes plantones.

• El tono compasivo también persigue trivializar, es decir, banalizar una conducta delictiva tipificada en el código penal por exponer las personas al peligro y por intento de homicidio, como de hecho aparentemente ya ha sido condenado por los tribunales.

Con lo anterior Ortega aporta pruebas empíricas a quienes han criticado por limitado el concepto de banalidad del mal aportado por Hannah Arendt, para calificar el comportamiento de los criminales nazis por la indiferencia mostrada ante el genocidio, un comportamiento de personas comunes y corrientes que con la eficiencia de los burócratas cumplían las órdenes que les bajaba el mando. El debate generado por estos planteamientos en los que algunos creyeron ver la exculpación de los genocidas, completó el concepto de banalidad del mal como un fenómeno multidimensional en el que también caben los discursos y las actitudes ideologizadas que conducen a comportamientos conscientes y fanatizados, como el de los grupos nazis que cazaban judíos y el de los fuerzas represoras de las dictaduras de América Latina que organizaron un sistema de extermino de los movimientos políticos de izquierda.

Los argumentos de Ortega demuestran que las órdenes vienen de lo más alto del gobierno para privatizar la violencia legítima del Estado a manos de matones, y que el relato justificativo de las agresiones en contra de quienes se oponen a sus desmanes, no persigue otra cosa que consolidar un régimen cimentado en la banalización del mal, mas no por omisión sino por acciones premeditadas en nombre de un supuesto bien común que no se atreve a pasar la prueba del Estado de derecho.

Cuánta razón tenía Arendt cuando advirtió que “lo que la dominación totalitaria necesita para guiar el comportamiento de sus súbditos es una preparación que les haga igualmente aptos para el papel de ejecutor como para el papel de víctima” (Los orígenes del totalitarismo, 1951: 568). Este el rumbo que continuaremos llevando si nos acostumbramos a ser gobernados por el imperio de la fuerza ilegítima, para quien el mal es algo tan trivial como un pistolero que no quería matar a nadie.

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