Nación

Denunciarán internacionalmente muerte de niños en operativo militar

Reclamo de Elea Valle será llevado a Estados Unidos y Europa

Ejército

Cenidh elevará denuncia de madre campesina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y CPDH informará reclamo a Washington y Unión Europea



El caso de Elea Valle, la campesina cuyos hijos fueron asesinados en un ataque del Ejército de Nicaragua en la comunidad San Pablo 22, de La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur, escalará a las instancias internacionales en las próximas semanas, como denuncia por parte de defensores de derechos humanos.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ya envió la primera comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar sobre lo ocurrido, y mientras esperan las respuestas por parte del Ministerio Público y la Policía por las cartas que remitieron, planifican sus siguientes movimientos.

Gonzalo Carrión, asesor legal del Cenidh explicó a Confidencial que las cartas que remitieron no detendrán las denuncias internacionales que la organización realizará, y por ello decidieron informar para que el trámite se realice.

“El uso de los mecanismos locales sí están establecidos y las cartas están dirigidas a Aminta Granera (jefa de la Policía Nacional), a la fiscal general (Ana Julia Guido) y al jefe del Ejército (Julio César Avilés)”, explicó Carrión.

Sin embargo, de las tres cartas que enviaron solo dos fueron recibidas, el Ejército se negó a firmar la carta dirigida al jefe de las fuerzas armadas, se quejó el defensor de los derechos humanos hace dos semanas.

Elea Valle continúa pidiendo justicia desde que el pasado 12 de noviembre denunció que sus hijos fueron asesinados en un ataque del Ejército en contra de un grupo de rearmados, que las autoridades califican como “delincuentes comunes”.

Los menores fueron a visitar a su padre, quien tras el constante acoso del Ejército, decidió unirse al grupo de alzados en armas en contra del comandante Daniel Ortega. Tras dos años de no ver a sus hijos Francisco y Yojeisel Pérez Valle de 12 y 16 años de edad respectivamente, Francisco Pérez llamó a su esposa para pedir una cita.

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Fueron horas las que los menores estuvieron con el padre hasta que, la mañana de un domingo, el ataque de los militares les provocó la muerte.

El caso cobró relevancia y según denunció la madre, fueron los mismos militares los que ordenaron que se enterraran los cuerpos de los menores junto a su padre y los rearmados en una fosa común. Eso fue negado por el Ejército que trasladó la responsabilidad a la Policía.

“Para que quede claro nosotros no hemos hecho fosa, no hemos enterrado a nadie”, dijo el Jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua ante los medios de comunicación.

Además, el coronel también arremetió contra los medios de comunicación que hicieron pública la denuncia de la madre y calificó de “muy sucia”.

Pero Valle en la denuncia que hizo inicialmente ante el Cenidh en Managua, aseguró que el Ejército ordenó que enterraran los cadáveres, pues incluso en su relato ella indica que al ser informada por los pobladores de San Pablo 22, pidió que le dieran tiempo para llegar y así ver a los niños por última vez.

Así es como constató que los menores tenían heridas de balas en sus cuerpos e incluso cortadas de cuchillo en los costados. En su relato también señala que los comunitarios le indicaron que su hija fue violada y posteriormente colgada, por eso estaba desnucada. Era una joven de 16 años.

Ahora, Elea Valle, pide que le permitan sacar los cuerpos para enterrarlos en un cementerio, solicitud que no ha sido respondida por ninguna autoridad local.

“No hemos recibido ninguna respuesta”, dijo Carrión al ser consultado. “Ni a la señora (Elea Valle) directamente porque esa comunicación la firma ella con nosotros”, agregó.

La denuncia en la Comisión de Derechos Humanos

“Ya está en conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no estamos esperando. Está activo en ese sentido y estamos haciendo uso de todo lo que tenemos al alcance en instancias nacionales e internacionales”, mencionó Carrión.

El defensor de derechos humanos dijo que ahora todo dependerá de las reacciones que tenga el Gobierno de Nicaragua ante la denuncia que hagan los defensores de los derechos humanos, sin embargo, recuerda que el Estado nicaragüense no ha tenido presencia en la Comisión ante ninguna de las denuncias realizadas.

Valle regresó a su comunidad tras encontrar todas las puertas cerradas por parte de las instituciones del Estado nicaragüense y en esa misma negativa de atender su denuncia, medios oficiales y funcionarios gubernamentales la han descalificado diciendo que es un instrumento de las organizaciones de derechos humanos no afines al Gobierno de Ortega.

En la Asamblea Nacional, incluso, se negó la solicitud del diputado liberal Maximino Rodríguez para interpelar al jefe del Ejército Julio César Avilés, pues según declaraciones del diputado Wilfredo Navarro, fue suficiente con el primer comunicado emitido por el Ejército en el que calificaban que el enfrentamiento fue “contra delincuentes”.

Procuraduría de Derechos Humanos no dice una palabra

Otra instancia del Gobierno que no ha mencionado ni una palabra sobre el caso de Valle es la Procuraduría de Derechos Humanos.

Para Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo que la Procuraduría de derechos humanos ahora obedece a intereses partidarios y “ya no juega ese rol importante para promover y proteger los derechos humanos de los nicaragüenses sin distingo de colores políticos”.

Por ello el organismo que representa decidió que elevarán la denuncia de manera internacional ante los congresistas de Estados Unidos y la Unión Europea para denunciar lo que considera como un crimen. Además detalló que puede tener repercusiones porque usualmente el Estado de Nicaragua hace caso omiso a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Tenemos el temor de que estos crímenes queden igual como muchos, en la impunidad, porque aquí no es el primer crimen que el Ejército ha cometido sino que ha habido otros en operativos militares y el Ejército se arroga ese derecho de no dar explicaciones ni investigar ni dar cuentas al pueblo de Nicaragua sobre su actuar”, se quejó Carmona.

El informe de la CPDH sobre los casos de violación a los derechos humanos en Nicaragua será entregado en este último mes del año.