Opinion

Reforma agraria en la Costa Caribe

El latifundio improductivo aún bajo la forma de propiedad comunal ancestral es reaccionario

En cualquier problema político o social en Nicaragua, el orteguismo es, seguramente, la parte más oscura y retrógrada del problema. Así es, sin duda, en el grave conflicto por la tierra en la Costa Caribe. Por ello, un correcto enfoque político de este problema lleva a organizar la lucha en contra del orteguismo.

La actual contradicción social en la Costa Caribe es crucial para el destino de Nicaragua, y para bien o para mal, somete a prueba a todos los partidos políticos, ya que su complejidad,  mezcla variables de costumbres étnicas, producción agrícola de autoconsumo, autonomía regional, propiedad comunal, titulación de tierras, invasión de colonos, destrucción de Bosawas, conflicto armado, mafia gubernamental, todo ello requiere una estrategia política acorde con principios metodológicos, que en estas circunstancias consoliden las reivindicaciones democráticas de formación de la nación.

En el caso de la Costa Caribe, se requiere una salida política combativa, que no sólo evite a toda costa una confrontación –a la cual conduce Ortega, por acción y omisión- entre pobladores pobres –sean de la etnia que sean- que luchan por encontrar una forma de sobrevivencia con base a su esfuerzo laboral, sino, que promueva, más bien, un movimiento de unidad de carácter social plebeyo en contra de los especuladores mafiosos, del orteguismo y de su modelo corrupto pro oligárquico, que promueve el saqueo de los recursos naturales del Caribe.

Las contradicciones políticas y sociales son más graves en este conflicto, que tratar de interpretar simplemente las fallas y carencias de las leyes de autonomía y de demarcación de tierras en el Caribe.

Táctica divisionista de Ortega

El conflicto en la Costa Caribe tiene su origen y desarrollo violento, de naturaleza anárquica,  en este proceso retrógrado que ha convertido el Estado nacional en Estado orteguista.

Ante el conflicto indígena, Ortega ha creído que si pone a luz los permisos de explotación forestal y las ventas de tierras comunales promovidas por indígenas o por sus autoridades, y toma en sus manos la represión selectiva como si fuese una respuesta legal del Estado, puede incrementar la tensión y división entre indígenas, y constreñirlos a la defensiva.

Así, desacredita las denuncias que los indígenas han formulado en fueros nacionales e internacionales; les arrebata sus banderas, y cubre con ellas su propia dictadura que ha favorecido la corrupción y el dolo sobre las tierras comunales, emprendidos por allegados al poder.

Propiedad comunal de las tierras, atraso y autonomía

Titular 35,000 kilómetros cuadrados, el 28 % del territorio nacional, que contienen el 70 % de los recursos naturales del país, a nombre del 3.3 % de la población del país (indígenas y afro descendiente, que se concentran por obra de la colonización europea en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe), y convertir este territorio en un inmenso latifundio improductivo bajo el concepto de propiedad comunal, es un desastre social catastrófico, destinado a generar profundos conflictos violentos, propensos al genocidio.

La comunidad primitiva de la tierra, cuya base es un sistema de vida individual, pre-capitalista, producto de la caza y de la pesca, con cultivos agrícolas apenas de subsistencia en pequeñas huertas familiares, condena a la comunidad a la pobreza y a la pobreza extrema. Fomenta el aislamiento, la falta de cultura, y la ignorancia de conocimientos científicos y tecnológicos.

Todo aquello que trabe el desarrollo de la capacidad productiva, es reaccionario, aunque ideológicamente se cubra de una visión comunitaria ancestral.

La pregunta básica, es si el 28 % del territorio nacional, titulado como tierra comunal, debe permanecer en una economía de subsistencia, con un aporte al PIB de apenas el 6 %. El sector secundario de la economía en la Regiones Autónomas es prácticamente inexistente, a excepción del procesamiento de camarones y langostas.

La pobreza extrema en la RAAN, es decir, el porcentaje de la población que sobrevive con menos de un dólar diario, es del 70.9 %. En la RAAS este porcentaje es del 63.1 %. La desnutrición afecta al 12.8 % de los miskitos. Pero, en la niñez, este porcentaje sube al 33.7 % en los miskitos, y a 100 % en los ramas. El 36 % de las mujeres en la Costa Caribe presenta anemia. Los niños con anemia, en cambio, representan el 50 %.

¿A qué sirve la propiedad comunitaria de la tierra, si esta población se encuentra en total abandono, con los peores índices de desarrollo humano, sin inversión productiva, y sin inversión social?

Integración productiva a una sociedad multicultural

El 12 por ciento de la población Nicaragüense reside en la Costa Caribe, y la población mestiza constituye hoy día el 72.54 % de la población del Caribe, el 18.04 % es miskita, el 6.22 % es creole o negra, un 2.45 % es mayangna, el 0.43 % es garífuna y el 0.32 % es población rama,

¿Cuál es la política estatal para armonizar los intereses de esta población total, de modo que todos los trabajadores, independientemente de su etnia, puedan trabajar dignamente en el campo?

Los prejuicios étnicos, son eso: prejuicios. Una política correcta debe atraer a las comunidades indígenas, por un proceso de convicción propia, a una integración productiva nacional, que no pasa por su inclusión inmóvil en la propiedad comunal de la tierra.

El latifundio improductivo

Es un grave error suponer que en la época moderna pueda ser viable un sistema de propiedad comunitaria de la tierra, indiferente al desarrollo de las fuerzas productivas.

La discusión central con las etnias del Caribe es el desarrollo de las fuerzas productivas, y la distribución comunal de las riquezas, a fin de sostener un estado indígena del bienestar, un welfare o soporte social interno para los ciudadanos comunitarios.

Desarrollo tecnológico y cultura comunitaria, deberían convertir a la región atlántica en una zona privilegiada del país en cuanto a Índice de Desarrollo Humano. Pero, para ello, se requiere, indiscutiblemente, un formidable desarrollo de las fuerzas productivas, que sólo es posible con financiamiento, tecnología, transacciones comerciales, acumulación de capital, conocimiento humano (técnico y gerencial), división especializada del trabajo.

Esta producción excedente, bajo control comunitario, permitiría no sólo inversiones para incrementar ulteriormente la productividad, sino, también, para desarrollar la infraestructura de servicios, de carreteras, viviendas, escuelas, hospitales, electrificación, acceso al agua potable, medicinas, etc.

Espíritu comunitario y desarrollo de las fuerzas productivas

El espíritu comunitario podría avanzar hacia formas socialistas de distribución de la riqueza, con una tributación progresiva sobre la renta, con equidad vertical y horizontal. Pero, sobre la base de inversiones tecnológicas en una mayor productividad de la tierra. Ello requiere financiamiento. Incluir en la Constitución que las tierras comunales son inembargables, restringe la autonomía de las poblaciones indígenas, para financiar la adquisición de bienes de capital y la construcción de infraestructura.

Con un gobierno central corrupto y discrecional, que no tiene políticas nacionales, el espíritu comunitario de las comunidades del Caribe está llamado a descomponerse por obra del saqueo de los recursos naturales, por la extensión de la agricultura depredadora e ineficiente de la región central y del pacífico del país, y por la tala irresponsable de bosques, que desertifica el país. .

Propiedad comunal y legislación nacional

La propiedad comunal en la Costa Caribe es una reivindicación indígena, no del Estado Nacional. En consecuencia, corresponde a los órganos de gobierno indígena, por decisión autónoma, privatizarlos o menos. Nuestra legislación no puede contemplar que dicha privatización sea un hecho penal, ya que no violenta ningún principio jurídico fundamental de nuestra constitución como nación inserta en la globalización.

La privatización de la tierra, en un sistema capitalista, no puede,  conceptualmente, ser un delito, sino, una precondición para convertir tanto la tierra como los recursos naturales en un factor de producción con altos rendimientos, al facilitar encadenamientos hacia atrás y hacia adelante en un proceso de flujo tecnológico y financiero mucho más amplio que con el uso restringido de la tierra para producción de autoconsumo.

Si la Constitución concede como privilegio de la autonomía, la propiedad comunal de las tierras de las etnias indígenas, la única función de nuestras leyes es delimitar catastralmente los linderos de dicha propiedad comunal, pero, sin vetar o menos el posible desmembramiento interno de tales tierras, y sin preservar, a cualquier costo, e indefinidamente, el carácter comunal de las mismas. Ello les correspondería a los gobiernos autónomos, de conformidad con un procedimiento inequívoco aprobado por la comunidad indígena.

La autonomía implica la capacidad de decidir, en cualquier momento, conforme a sus costumbres y tradiciones en la toma de decisiones, el régimen de propiedad de la tierra comunal, y sobre el uso de los recursos naturales.

Lo que el Estado no podría hacer, sin incurrir en delito, es titular cualquier desmembramiento de la tierra comunal, o inscribirlo en el registro público de la propiedad. Ese reconocimiento jurídico es potestad de las etnias, en sus propios registros internos autónomos.

El compromiso histórico de un partido de los trabajadores, es un compromiso programático, principista, de sacar a la población campesina, indígena o menos, de la pobreza y de la pobreza extrema. Transformar conjuntamente a la sociedad, conforme a las circunstancias objetivas, para salir del atraso económico y de la ignorancia, con el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales.

Conclusiones

  • Se debe arrestar a la mafia que ha adquirido latifundios, y a la que saquea la madera de los bosques y de la reserva de Bosawas. Aplicándoles, adicionalmente, multas pertinentes para paliar el daño ecológico (con especial severidad si son jerarcas del ejército y de la policía orteguista).
  • Desarmar a los colonos, recuperar los latifundios mal habidos, impedir que se extienda al Caribe la producción ganadera extensiva y las prácticas agrícolas de agotamiento de tierras.
  • La propiedad comunal inembargable es una traba al desarrollo productivo de las tierras indígenas.
  • El 3.3 % de la población del país no puede tener bajo un enorme latifundio improductivo al 28 % del territorio nacional, que concentra el 70 % de los recursos naturales de la nación, a razón de 1,770 hectáreas por habitante indígena.
  • El 72.54 % de la población del Caribe, considerados mestizos, no pueden estar marginados del uso de la tierra con fines productivos.
  • La etapa de saneamiento en la demarcación de las tierras comunales ya no es posible por la magnitud de los colonos pobres asentados (en la última década del orteguismo) en dichas tierras. En consecuencia, el Estado, una vez liberado de la mafia orteguista, debe adquirir un fondo de tierras para una reforma agraria en la región:
  1. La reforma agraria debe reducir las tierras comunales al 28 % de los territorios titulados, lo que permitiría asignar a cada indígena 5 hectáreas.
  2. Un 44 % de los territorios titulados (15,400 km2) podrían destinarse a los colonos pobres, dándoles a cada uno 3 hectáreas (sin derecho a venta en los siguientes 15 años).
  3. Un 28 % de las tierras, el Estado, con un gobierno de los trabajadores, podría destinarlo a la silvicultura, y a la protección de ríos, fauna y flora, asignándole a las comunidades indígenas su manejo ambiental, pagándoles por los servicios ambientales efectivos.
  4. En compensación por el territorio asignado a los colonos pobres, el Estado de nuevo tipo debe destinar 55 millones de dólares a las comunidades para asistencia técnica eficaz.
  5. Los gobiernos autónomos podrán cobrar impuestos para financiar programas de carácter social de la región.
  6. Un gobierno central de los trabajadores debe subir el porcentaje del presupuesto nacional destinado a la región de 1.7 % actual, al 6 %.

Ingeniero eléctrico

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