Política

Reforma electoral debe ser creíble

Advierten que existencia de paramilitares armados sin control, representa un riesgo para toda la región

El viaje de los representantes del liderazgo opositor a El Salvador para exponer ante la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), “la violación a los derechos humanos, la falta de libertades y la represión”, también sirvió para recordar que, muy probablemente, la crisis nicaragüense se resolverá en las urnas.

“Hablamos con ellos acerca de la necesidad de reformas electorales. De hecho, la Comisión se reunió con el Grupo Promotor de Reformas Electorales”, confirmó Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, poco después de salir de una de las citas a puertas cerradas, que sostuvieron con la Comisión.

Como lo han reiterado la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, no se trata de cualquier tipo de reformas cosméticas, ni tampoco una reforma unilateral. Tiene que ser una reforma acordada en consenso con el liderazgo azul y blanco, y que sirva para garantizar unas elecciones limpias.

En el caso nicaragüense, también se incluye el requisito de que los ciudadanos recuperen sus derechos, comenzando por conseguir la libertad de los 139 ciudadanos secuestrados por el régimen de Daniel Ortega, así como el ejercicio pleno de las libertades de expresión, prensa y movilización, entre otros.

“El pueblo tiene que ser capaz de marchar libremente”, demandó Chamorro.

Lo siguiente tiene que ver con un cambio profundo en la letra de la Ley Electoral, y la manera en que está conformado y funciona el Consejo Supremo Electoral (CSE), de modo que las distintas estructuras del Poder Electoral —desde las juntas receptoras de votos, hasta el CSE mismo—, estén integradas por ciudadanos íntegros y dignos de confianza.

Nicas en El Salvador
Foto: EFE

Se requerirá, además, la existencia de observación nacional e internacional “de modo que la gente sepa que puede ir a votar con confianza”; que su voto contará y será contado, “porque no se lo van a robar”, dijo sin ambages.

Rafael Cárcamo, coordinador de la Diáspora Global Nicaragüense, también viajó hasta El Salvador, para abogar por que esas reformas finalmente aseguren el voto de los nicaragüenses en el exterior.

Permitir que puedan votar los nicaragüenses que radican fuera del territorio nacional es un reclamo esgrimido por más de una generación de nicaragüenses “y un derecho consagrado en la Constitución Política”, aseguró Cárcamo.

El dirigente reclamó que “por falta de voluntad política… ni el gobierno de Ortega, ni los anteriores, han permitido que los entre 1.5 a 2 millones de nicaragüenses en el exterior podamos ejercer ese derecho al voto”.

Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la UNAB, destacó cómo, entre los 20 puntos del Plan Mínimo de Gobierno, (al que denominó “el resumen del sueño de una Nicaragua pos-Ortega”), presentado hace varias semanas, se enfatiza en la necesidad de reformas que permitan instalar un clima de libertad que incentive la participación ciudadana en unas elecciones que, hasta ahora, han sido desprestigiadas por el accionar del mismo CSE.

Riesgo regional

El politólogo Félix Maradiaga, recién retornado al país, dijo a CONFIDENCIAL que además de plantear el riesgo que representa para la vida y la seguridad de los ciudadanos un hecho tan simple como portar la bandera nacional, dejaron el claro lo que puede ser una semilla de inseguridad para buenas partes de la región entera.

“Durante las dos últimas semanas de intensas reuniones con la comunidad internacional, y particularmente con entidades del sistema interamericano como es la OEA, hemos enfatizado en los aspectos de Derechos Humanos que consideramos fundamentales”, dijo Maradiaga.

Mencionó, a manera de ejemplo, “la continuidad desafortunada de la represión, de la violencia, de los crímenes de Estado, de los crímenes de lesa humanidad, particularmente contra las comunidades más vulnerables de Nicaragua”.

De forma adicional, mencionó la preocupación que implica el hecho que “los grupos paramilitares y parapoliciales que han sido creados por el régimen del Frente Sandinista, se constituyen en un peligro no solo para la población nicaragüense, sino también regional”.

Comisión OEA escucha a víctimas de la dictadura orteguista

Explica que no es una alerta gratuita, sino que “usando mucha evidencia y documentación de las víctimas de las comunidades afectadas, y de las personas que han podido presenciar estos hechos, hemos explicado que hay un enorme número de armas de guerra en manos de actores no estatales, grupos paramilitares que usan este armamento, en complicidad con el Estado”.

“Están haciendo uso de inteligencia del Estado, están siendo asistidos por el aparato estatal, para reprimir de forma selectiva a personas de la oposición tierra adentro, y también en muchas ciudades de Nicaragua, como también a expresos políticos”, enlistó.

Maradiaga sostiene que “la existencia de estos grupos paramilitares constituye un peligro para Centroamérica, porque podrían —como en efecto creemos que está sucediendo— vincularse al crimen organizado, y durante la etapa de transición democrática, ser el principal obstáculo para la paz y la tranquilidad de la ciudadanía nicaragüense, ya que, de no controlarse a tiempo, quedará un enorme número de personas armadas que estarán al margen de la ley”.

“Estas personas podrían ser contratadas como una suerte de mano de obra barata del crimen organizado, del narcotráfico, y causar severos problemas a la seguridad nacional de los Estados centroamericanos”, avizoró.

“Expusimos que existe una clara violación al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, que fue firmado luego de los acuerdos de paz en la región, y que aboga por un modelo de seguridad en el cual no se permite la existencia de grupos paramilitares y grupos armados al margen de la Constitución de cada país centroamericano”, agregó.

Por ello, dijo, “hemos apelado al respeto a los convenios internacionales, y urgido a que se preste atención sobre la necesidad del pronto desarme de los grupos paramilitares que se constituyen en una amenaza no solo para la ciudadanía nicaragüense, sino para la estabilidad y la paz de Centroamérica”.

La solución es nicaragüense

Además de escuchar sus testimonios y recibir las pruebas que las víctimas directas o sus familiares pudieran aportar, los altos comisionados continentales —representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, más el jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Koncke— también hablaron a su contraparte nicaragüense.

“Ellos están preocupados por la situación del país, y esperanzados de que esta crisis se resuelva lo más pronto posible”, aseveró Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que fue el primero en reunirse con los comisionados.

Francys Valdivia, presidenta de la Asociación de Madres de Abril (AMA), dijo que los comisionados reiteraron que “no estamos solos en este proceso, y que ellos van a realizar todas las acciones, de acuerdo con su mandato, para ayudarnos como país” a entrar en “un proceso de transición democrática, donde prevalezca la verdad, la justicia, y las garantías de no repetición”.

El exiliado exestudiante de Medicina, Joel Herrera, dijo a CONFIDENCIAL que la Comisión escuchó sus testimonios personales y colectivos, “para mejorar toda aquella información que han estado recibiendo”, aún sin poder entrar a Nicaragua.

“Así como ellos se mantienen informados del día a día en Nicaragua, esta fecha representa la oportunidad de mejorar esta información, y de llevar más información de primera mano, testimonios desde las calles, testimonios de las madres, de los familiares de las víctimas” para preparar el informe que tienen que presentar al final del plazo de 75 días, que se cumple en la primera semana de noviembre, recordó Herrera.

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