Política

Reforma fiscal “confiscatoria” aplazada por tercera vez en la Asamblea

Gustavo Porras cita a sesión para el próximo miércoles, sin precisar si se debatirá o no en el plenario la polémica Ley de Concentación Tributaria



La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), controlada por el oficialismo, aplazó este jueves, por tercera vez, la discusión y aprobación de una polémica iniciativa de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que no cuenta con el consenso del sector privado de este país.

La Junta Directiva del Parlamento, presidida por el sandinista Gustavo Porras, citó a sesión para el próximo miércoles sin precisar si se debatirá ante el pleno esa propuesta de reforma tributaria.

La diputada sandinista Gloria Raquel Dixon, primera secretaria de la mesa directiva, dijo a periodistas que los legisladores quedaron convocados para continuar la sesión la próxima semana en donde se contempla discutir la reforma tributaria.

Esta semana la Comisión de Economía y Presupuesto dictaminó favorablemente la reforma y la directiva legislativa anunció que sería presentado el martes pasado.

En las reformas el Gobierno de Nicaragua propone elevar el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.

El objetivo del Gobierno es recaudar 10 168 millones de córdobas (313.3 millones de dólares), el equivalente al 2.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), en un intento por paliar la abrupta caída de la economía, en un 4%, a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.

La necesidad de recaudación del Ejecutivo se da luego de que en 2018 la economía de Nicaragua sufrió una contracción del 4 por ciento, debido a una crisis sociopolítica que mantiene enfrentado a Ortega con diversos sectores de la sociedad nicaragüense, que le exigen su renuncia luego de la muerte de cientos de personas que participaron en protestas contra su Gobierno.

La propuesta del Ejecutivo es precedida por unas reformas a la seguridad social que entraron en vigor el pasado 1 de febrero, que elevan las cuotas de las patronales y los empleados, suben la cantidad de semanas cotizadas para el retiro, y bajan el monto de las pensiones.

Las reformas han sido rechazadas por casi todos los sectores de la sociedad nicaragüense, que han advertido que la misma no resuelve el problema de fondo, como es la crisis sociopolítica.

La principal cúpula patronal de Nicaragua ha advertido sobre el inminente cierre de empresas si se aprueba ese paquete de reforma fiscal.

“Hay empresas que ya no van a poder seguir operando”, ha dicho el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), José Adán Aguerri.

El Cosep se ha pronunciado en contra de esa reforma a la Ley de Concertación Tributaria, y de las modificaciones a la seguridad social.