Economía

Reforma fiscal orteguista “es fuego para gasolina”

Zarpazo a nuevos pensionados del INSS, violenta sus derechos adquiridos, advierte experto fiscal Julio Francisco Báez.

El nuevo gobierno que sustituya al régimen de Daniel Ortega tendrá que implementar una reforma fiscal (no solo tributaria), cuya principal característica debe ser la integralidad, en opinión del experto en derecho fiscal, doctor Julio Francisco Báez.

El primero de marzo entró en vigencia la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, diseñada por el Gobierno de Daniel Ortega para recaudar unos 300 millones de dólares en 2019, aunque diversos economistas y administradores han señalado que lo más probable es que produzca una disminución, y no un aumento de las recaudaciones.

La reforma fiscal a que hace referencia Báez, requerirá de un enfoque global, que incluya no solo el tema recaudatorio, sino también el presupuestario y la deuda, “pero ya en otras condiciones como país. Quitar esa reforma y hacer otra sería caer en la misma trampa. Debe hacerse justicia social desde las finanzas públicas”, exclamó al ser entrevistado para el programa Esta Semana.

¿Cuál es el impacto de la reforma tributaria en las finanzas públicas, en la economía de los ciudadanos y de las empresas?

La reforma tributaria tuvo un pésimo punto de partida, porque su objetivo es recaudatorio, en momentos de una profunda convulsión social, de tal manera que recaudar en esta situación es fuego para gasolina. No es posible, no tiene sentido.

A esto se suma que el intento recaudatorio está hecho de una manera deplorable desde el punto de vista técnico: crea confusión, cambia reglas del juego; y está desenfocado del objetivo, que no es recaudatorio, es político, es de libertades, es de país.

¿Se puede estimar el impacto que tendrían las reformas en los precios de la canasta básica?

Sí, perfectamente, porque la forma en que se hizo esta reforma equivale a hacer un disparo con escopeta. Las reformas tributarias están orientadas a determinadas actividades y sectores de la economía, pero esa medida tiene un impacto negativo, cuando a la canasta básica se le aplica el IVA; a los sectores productivos se les aplica no solo el IVA, sino también el derecho arancelario a la importación, lo que encarece la maquinaria. Eso afecta al café, en esta profunda crisis; así como al campesinado, el mediano, pequeño y gran productor.

Esta voracidad recaudatoria hace perder al Gobierno la conciencia de que está poniéndose en riesgo el Gobierno mismo, ya no se diga a la nación, porque esto crea distorsiones y, sobre todo, inequidad. El sistema productivo está siendo afectado, y en este momento no es irresponsable el cálculo de que la canasta básica resultará afectada entre 30% y 45%.

El Gobierno pretende aplicar desde este mes de marzo, el pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta que pasa del 1% al 2% y 3%. ¿Deben los tributantes acogerse a esta disposición y hacer este nuevo pago?

Esa es una de las más grandes ilegalidades de la reforma, que elevó el pago mensual de uno, a dos y tres por ciento. Es una medida brutal, que se pensó que era un tanteo para hacer alguna negociación y quedara en 1.5% por ejemplo, pero ese 3% saca de juego a las empresas.

Afortunadamente se cometió una pifia jurídica, y es que tanto el legislador como el ejecutivo olvidaron que el artículo cinco del Código Tributario, advierte que cuando el Gobierno modifica un impuesto en medio curso del año fiscal, no puede aplicarlo ese año, sino hasta el siguiente.

En conclusión, es legalmente imposible imponer el aumento del pago mínimo definitivo, porque olvidaron ese artículo que se los prohíbe. Al intentarlo, se violenta el principio constitucional de que los tributos solo los cambia la Asamblea Nacional, y la Constitución dice que se podrá cobrar hasta el primero de enero del 2020, no en el 2019. No aplica.

¿Cuál es su opinión de la compra del Banco Corporativo, que pertenecía a Albanisa, por parte del Estado? ¿Quién va a pagar esta operación millonaria?

Quien pague, y quien recibe el dinero, tiene que ser retenido. Ambos. El vendedor recibirá un ingreso, ¿quién es ese vendedor? No puede ser un sujeto anónimo. Tiene que dar su nombre y, tiene que pagar impuestos por el ingreso que está recibiendo.

Lo enfoco desde el punto de vista tributario, de tal manera que la operación de compra del BanCorp obliga a la transparencia. No puede alguien pagar impuestos sin decir su nombre, porque no existe un contribuyente que oculte su nombre. Ahí comienza una relación fiscal que debe ser transparente.

¿Qué pueden hacer los empresarios, los comerciantes, los consumidores y los trabajadores, ahora que ya que están aprobadas las reformas a la seguridad social, y la reforma fiscal? ¿Existe alguna manera de protesta cívica con asidero legal? En redes se habla mucho sobre desobediencia cívica.

Tomando en cuenta el principio de que el primer paso a la libertad es la conciencia de la necesidad, una recomendación técnica sería que la valoración de estas medidas tributarias nunca deje de verse sin su par, que es la reforma a la seguridad social.

Nicaragua tiene que valorar ambas leyes. La Alianza Cívica, los empresarios, tienen que valorarla; y tienen que ver cómo la injusticia fiscal, que afecta la canasta básica, que afecta al empresario, también se apareja de la injusticia de la seguridad social.

El año pasado, de 900 000 asegurados, la conmoción social que comenzó en abril, nos dejó en 730 000 asegurados; los empleadores pasaron de 34 000 a 24 000, o sea 28% menos. Los salarios, igual. El 74% de los cotizantes a la seguridad social ganan diez mil córdobas o menos. El 14% de los cotizantes están entre diez y quince mil córdobas. Son cotizaciones bajas. ¿Cómo serán las pensiones? Es la pregunta.

Ahora vamos a la reforma, que elevó las cotizaciones del empleador del 19% al 22.5%; y las de los empleados, del 6.25% al 7%. El Gobierno dice que se abstuvo de aumentar el número de semanas cotizadas, y las dejó en 750 semanas, lo que es cierto; y los años para jubilarse, en 60 años, y es cierto.

Esas dos verdades se convierten en perversas mentiras porque no cambió eso, pero sí cambió el método del cálculo de la pensión, que es lo mismo. Ahora, hay personas que, en vez de jubilarse a los 60 años, tendrán que esperar hasta los 65 o 67 para cobrar un monto similar al que le pagarían antes de la reforma, que redujo las pensiones, del 30% al 45%.

La diferencia de cálculo hace que un nuevo jubilado reciba hasta un 40% menos de su pensión, después de cotizar cuarenta años. Toda su vida laboral, y le violentan de esta forma sus sagrados derechos adquiridos. Se violenta la Constitución. ¿Cómo es eso?

En otros países eso se subsana con periodos de gracia de diez a quince años, gradualmente. Aquí se hizo de una manera cruel.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante esta realidad?

Existen vías legales. Dirán ‘es que todo esto está cooptado’. Perfecto, pero hay que demostrar que se hizo el intento… se habla de la canasta básica, pero hay que analizar en qué consistió eso, cuales productos estuvieron afectos, cuáles no.

Esta es una cosa terrorífica, en su último medio siglo de fiscalidad, Nicaragua jamás había observado un proceso de reformas que los afectó a todos: al asalariado, al empresario…

Aquí hay un punto en el que quiero insistir: si lo fundamental es lo político, y aquí hay muertos, hay madres con hijos perdidos, hay exiliados… se necesita una solución política. Si aquí no hay democracia, en ningún momento va a funcionar una reforma fiscal, nunca, y menos cuando solo es recaudatoria.

Las reformas tienen sentido a veces, cuando hay nichos que tienen que actualizarse, hay espacios que ya están desgastados en el sistema fiscal de un país. Las reformas no son malas en sí mismas, pero tienen que tener su momento, tienen que tener su objetivo.

Ante una eventual salida de Daniel Ortega del poder, ¿tocaría derogar ambas reformas, para pasar a una reforma fiscal distinta?

Con un cambio de gobierno, lo que habría que hacer es esa refundación institucional. En cuanto a las reformas, no hay que hacer una reforma tributaria, que no apoyaríamos, porque sería hacer lo que estamos criticando –o sea, quedarnos solo con el objetivo recaudatorio- cuando tiene que ser una reforma fiscal, que incluya el presupuesto, el ingreso, la deuda, todo desde un enfoque global.

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