Política

Cancelan personería jurídica a Cinco, Ipade, Popol Na, Fundación del Río e Instituto de Liderazgo de Las Segovias

Régimen cancela y asalta a ONG

Cenidh

Alrededor de la medianoche, las oficinas de cuatro organizaciones fueron allanadas ilegalmente.



En una sola sesión, la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional canceló las personerías jurídicas a cinco organizaciones sin fines de lucro, y antes de la medianoche allanó las oficinas de otras cuatro. El Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias fueron cancelados en una muestra más del “carácter dictatorial” del régimen del Daniel Ortega y Rosario Murillo, calificó Mónica López, presidenta de Popol Na.

Directivos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) –cancelado el 12 de diciembre—, Fundación Popol Na, Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias denunciaron que cerca de la media noche de este jueves sus oficinas también fueron allanadas por miembros de la Policía Nacional, aunque este proceso se debe de cumplir en horas laborales y con una orden específica. A este momento se desconoce el estado de las instalaciones de las organizaciones intervenidas.

En menos de quince días, la dictadura de Ortega ha cancelado las personerías jurídicas de nueve organizaciones. Las otras canceladas previamente son el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (Ieepp) y el organismo Hagamos Democracia.

“En la historia de Nicaragua no conocemos precedentes de este tipo. En el somocismo no conozco ninguna acción similar. Tampoco hay precedentes a nivel internacional, salvo en los estados fascistas y en las dictaduras criminales como las de Chile. Aunque para mí, que hagan esto con las ONG palidece con lo que han hecho: asesinar a más de 400 nicaragüenses, tener a 600 presos y presas políticas”, afirmó Baltodano.

Sofía Montenegro, presidenta de Cinco, expresó que la cancelación de las personerías jurídicas está motivada por un enorme deseo de revancha y venganza, “en particular de Rosario Murillo. Eso tiene marca de fábrica”.

“Yo no necesito una personería jurídica ni una oficina para seguir investigando a la opinión pública por la vía de las redes sociales, y me hago cargo de mi firma, mi opinión y mi cara, y lo único que le va a quedar a doña Rosario es matarnos para podernos callar, allá verá ella si se arriesga y si el resto del pueblo se lo va a permitir. No nos vamos a paralizar, no nos vamos a callar, ni nos vamos a rendir ni nos asusta”, afirmó Montenegro.

Los motivos de Gobernación

La petición de anulación a las personerías jurídicas de estas cinco organizaciones, fue impulsada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez. El legislador acusó a las ONG de no tener juntas directivas, no presentar documentos contables y financiar actos y campañas para desestabilizar al país.

De acuerdo a la información facilitada por el Ministerio de Gobernación, las organizaciones violaron las siguientes normas: Ley 747, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro; Ley 666, Ley orgánica del poder legislativo de Nicaragua y la Ley 977, Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

La directora ejecutiva de Popol Na, dijo que la acusación de Rodríguez y el informe de Gobernación, carecen de autenticidad y es un “proceso cargado de mentira y que no corresponden en absoluto con la verdad”.

Baltodano explicó que el nueve de noviembre entregó a Gobernación la documentación sobre la nueva junta directiva de Popol Na, electa el cuatro del mismo mes, sin embargo, esa institución del Estado, desistió de firmar y entregar la certificación.

“Como no nos recibían, nosotros fuimos en seis ocasiones acompañados de un notario que levantó un acta notarial de lo que había ocurrido. Se le dijo que necesitábamos la certificación de nuestra junta directiva. Y de la misma forma ocurrió con la entrega de los estados financieros. Por último, enviamos una carta a la ministra de Gobernación, pero tampoco recibimos respuesta. Actualmente tenemos un recurso administrativo interpuesto ante el tribunal de apelaciones”, señaló Baltodano.

Sofía Montenegro recordó que, en agosto de 2008, siguiendo órdenes de la presidencia, la ministra de Gobernación y la Fiscalía, acusó a Cinco por supuestos delitos criminales sin presentar ninguna prueba.

En esa ocasión la Policía allanó por la fuerza las oficinas de la organización, ejecutando un secuestro de bienes. También levantaron el sigilo bancario de los miembros de la junta directiva y transcurrido cinco meses, la Fiscalía no encontró pruebas para acusar a Cinco. Sin embargo, no se detuvo el hostigamiento contra esta y otras organizaciones promotoras de derechos civiles y valores democráticos.

“La persecución ha durado todos estos años. Para mí, era cuestión de tiempo, esperar el día en que iba a venir la señora a cerrar Cinco”, asintió Montenegro.

A través de un comunicado, Cinco aclaró que ha cumplido anualmente sus obligaciones con la Dirección General de Ingresos y con el Ministerio de Gobernación, obteniendo su último certificado de cumplimiento en el año 2017.

“El pasado martes 11 de diciembre de 2018 el secretario de la junta directiva de Cinco acudió a una citatoria con el Director de Asociaciones Civiles del Ministerio de Gobernación, quien le solicitó la presentación de libros contables y de actas para el jueves, 13 de diciembre. Pero antes de que Gobernación recibiera y revisara los documentos y comprobara la legalidad en que se encuentra Cinco, la Asamblea Nacional ya había aprobado con ‘trámite de urgencia’ la cancelación de la personería jurídica junto a la de otras cuatro organizaciones, recurriendo a falsedades e imputaciones calumniosas”, dice parte del comunicado.

El diputado Miguel Rosales manifestó en el plenario de la Asamblea Nacional, que Nicaragua está ante la presencia de una guillotina legislativa que cancelaba las personerías jurídicas sin presentar una prueba sólida.

“No hemos visto ninguna de esas pruebas. A nosotros no nos consta. ¿Saben cuáles son las pruebas que nosotros tenemos y por qué defendemos a estos organismos? Tenemos pruebas de que estos organismos han hecho el bien a favor de Nicaragua, en materia de democracia, de periodismo investigativo, de derechos humanos”, señaló Rosales.

Es un ataque político

El Ipade a través de un comunicado expuso que la cancelación de la personalidad jurídica por la Asamblea Nacional, corresponde a “un ataque de orden político contra las organizaciones no gubernamentales del país”, que violenta el derecho y la libertad de los nicaragüenses de asociarse, tal y como dicta el artículo 49 de la Constitución Política.

“En su afán de despojar de la personería al Ipade y otras organizaciones, los funcionarios de Gobernación y los diputados levantaron acusaciones falsas y dictaron sentencias de culpabilidad, arrogándose de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, funciones que solo corresponden a los tribunales de justicia”, dice el documento.

Ipade señaló que esa acción de carácter ilegal, “obedece a la vía de violencia confrontación” diseñada para silenciar y aplastar la legítima protesta de todos los nicaragüenses, que continúa contra las ONG, “en atropello al derecho a la libertad de organización, de expresión y de pensamiento consagrados por la Constitución Política”.

El Ipade tiene 28 años de existir en el país. Es una de las organizaciones nacionales e independientes con mayor capacidad para observar procesos electorales. En el 2008 denunció anomalías en los comicios municipales y en el 2011 registró más irregularidades. Ese mismo año fiscalizó la elección presidencial a pesar de no tener certificación de parte del Consejo Supremo Electoral.

La Fundación del Río expresó a través de otro comunicado, que la cancelación de su personería jurídica, es la culminación de una serie de hostigamientos y presiones hacia una organización, que denunció desde inicios del 2017, el incremento de la invasión de colonos a la reserva biológica Indio Maíz. Señaló que las “trabas” incrementaron luego de que denunciaran el incendio en esta área natural, el pasado mes de abril.

“Producto de las múltiples violaciones a la libre organización y asociación de nuestra organización por parte del Ministerio de Gobernación, Fundación del Río presentó dos Recursos de Amparo en contra de la Ministra de Gobernación María Amelia Coronel y el Director del Departamento de Control y Registro de Asociaciones Gustavo Adolfo Sirias Quiroz, admitidos en fechas del 26 de febrero de 2018 y el 8 de mayo del mismo año. Ambos recursos se encuentran en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia esperando resolución”, destaca el comunicado.

Acusaciones por “golpe de Estado”

Los diputados sandinistas afirmaron con ahínco que las organizaciones a las que se les retiraba la personería jurídica, habían desnaturalizado sus objetivos y los acusaron de haber usado su esquema institucional para crear campañas de desestabilización y apoyar el supuesto golpe de Estado.

Baltodano aseguró que desde la conformación de Popol Na, esta organización cumplió con sus objetivos y apoyaron distintas acciones sociales con municipios de varios departamentos del país. Recordó que luego de que Ortega tomó el poder, este prohibió a las alcaldías trabajar con la ONG, lo que provocó que se cerraran las puertas y las posibilidades de trabajar con las municipalidades.

Sin embargo, nosotros seguimos empujando nuestras líneas de actuación vinculadas a derechos humanos, defensa de la naturaleza y derechos civiles. Nosotros hemos realizado y nos sentimos orgullosos de haber realizado acciones que permitieron que la gente despertara y se sublevara, con mucho orgullo lo decimos”, dijo la presidenta de Popol Na.

Baltodano recordó que luego de la aprobación de la Ley 840, desde Popol Na, se impulsó una campaña de información para que los campesinos conocieran los nefastos objetivos que tenía esta ordenanza, respecto a la expropiación de sus territorios y la pérdida de los bosques y ríos.

Por su parte, Cinco rechazó las acusaciones que vincula a esta organización con la promoción de actos delictivos de “desestabilización del país”, y de promover un inexistente golpe de Estado. En su comunicado, señalan que los “únicos golpistas y desestabilizadores, son los responsables de la dictadura Ortega-Murillo que han provocado la peor matanza de la historia nacional en tiempos de paz”.

“Es falso de que, en este país, y está certificado por la CIDH, hubo un golpe. No existe ningún asidero legal para justificar esto, porque el golpe no existió, es un invento de ellos, es ridículo a aparte de absurdo”, afirmó Montenegro.

El Ipade señaló que las acusaciones colectivas a las organizaciones no gubernamentales del país, son infundadas, arbitrarias, ilegales y además nulas. Asimismo, destacó que se reservarán el ejercicio de sus derechos civiles y no renunciara a que su personalidad jurídica y bienes, sean restituidos cuando prevalezca el estado de derecho en Nicaragua.

“Rechazamos todas las acusaciones emitidas hoy por la Asamblea Nacional basadas en el supuesto informe del Ministerio de Gobernación que desconocemos; y en especial la opinión del diputado Luis Coronel Cuadra, que de manera mal intencionado e irresponsable nos vincula con actos de violencia en el departamento de Río San Juan”, señala el comunicado de Fundación del Río.

Organizaciones internacionales se pronuncian

Distintas organizaciones de derechos humanos condenaron la cancelación de las personerías jurídicas a cinco organizaciones no gubernamentales, ejecutadas este jueves por los diputados de la Asamblea Nacional.

“Hacemos los siguientes llamados: A la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que convoque de manera inmediata al Consejo Permanente y emitan una resolución que condene estos hechos, así como realice todas las acciones posibles para que Nicaragua cese en sus actos represivos”, indicó en un comunicado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

También el Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronunció sobre la cancelación de las ONG.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Robert Palladino, condenó la anulación de las personerías jurídicas.

En la declaración titulada “Represión a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y a los medios de comunicación independientes en Nicaragua”, Palladino señala que la degradación continua de las instituciones en Nicaragua, son parte del “intento desesperado por aferrarse al poder del presidente Daniel Ortega”.