Política

Régimen mantiene bloqueo en diálogo nacional

“Mientras no se hayan cumplido los acuerdos ni se haya terminado la discusión, esto sería extemporáneo”, afirma la Alianza Cívica.

El régimen de Daniel Ortega  y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia concluyeron este martes sin acuerdos, en una reunión en la que analizaron una posible reanudación de las negociaciones. Sin embargo, la dictadura orteguista se mantiene intransigente en su exigencia de suspender eventuales sanciones contra Nicaragua, aunque todavía no cumple con ninguno de los acuerdos alcanzados.

“Hoy no hubo comunicado porque no llegamos a ningún acuerdo”, dijo a periodistas el delegado propietario de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, al salir del encuentro.

Explicó que la delegación del Gobierno insistió en su propuesta de hacer un llamado conjunto ante la comunidad internacional para suspender “las sanciones de carácter general que puedan perjudicar el pueblo de Nicaragua”.

La dictadura ha indicado que espera una “suspensión y cese de las medidas unilaterales e ilegales” de Estados Unidos, resumidas en la “Nica Act”. Esta legislación contempla sanciones individuales para funcionarios del régimen, así como condicionamientos de préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin muestras de voluntad

“Hemos repetido hasta el cansancio que en estos momentos, mientras no se hayan cumplido los acuerdos ni se haya terminado la discusión de todos los temas de la agenda, esto sería extemporáneo, no tendría ningún efecto”, alegó Tünnermann.

El exdiplomático indicó que ese tema está previsto entre los seis puntos de agenda convenidos en la negociación y que el llamado se hará una vez se firmen todos los acuerdos y se cumplan los mismos, no antes.

La Alianza Cívica emitió el lunes pasado un comunicado en el que llamó al régimen a “levantar las brutales sanciones que sobre la población ha venido aplicando desde el 18 de abril del año pasado. En particular, exigimos el levantamiento de la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y a la liberación de los presos políticos”.

“No es mediante llamamientos líricos y vacíos que se levantarán las sanciones, sino con hechos reales, como la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de derechos, la verdad y la justicia y la celebración de elecciones libres, democráticas y adelantadas”, menciona el comunicado.

A juicio de la Alianza Cívica, el régimen no ha ofrecido “muestras de voluntad” de querer avanzar en las negociaciones ni de cumplir con la liberación definitiva de los denominados presos políticos, ni restablecer los derechos y garantías ciudadanas, incluyendo la libertad de prensa y de expresión.

La dictadura intensificó su exigencia de suspender la Nica Act, unas horas después de que sus delegados y la Alianza Cívica habían casi acordado la liberación anticipada de unos 232 presos políticos —pertenecientes a una lista conciliada— y restablecimiento de libertades públicas, como el derecho de expresión y manifestación.  Esta era una propuesta presentada por el nuncio Waldemar Sommertag  y el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, testigo y acompañante de las negociaciones, respectivamente.

Sanciones personales

La coalición opositora minimizó el tema de las sanciones, porque hasta ahora Estados Unidos ha penalizado a funcionarios del Gobierno en su carácter personal.

“Son sanciones de carácter personal a funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción, actos de violación a los derechos humanos y actos de corrupción electoral”, dijo  Juan Sebastián Chamorro.

Hasta ahora y desde que estalló la actual crisis que vive el país, el 18 de abril de 2018, Washington ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, a uno de los hijos de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario.

También al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; otros tres funcionarios de confianza de la pareja presidencial, y al Banco Corporativo (BanCorp).

“Todavía no hay ninguna sanción de carácter general que esté afectando a Nicaragua, hasta ahora solo existen sanciones individuales”, argumentó Tünnermann, que aseguró están dispuestos a acelerar las discusiones en la mesa de negociación “para que más rápidamente procedamos a tomar los acuerdos, pero hemos encontrado un tranque de parte del Gobierno”.

Llamado de la UNAB

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) emitió un comunicado en el que llama a la Alianza Cívica a no seguir en las negociaciones que sostiene con el régimen de Daniel Ortega, mientras no haya condiciones para un verdadero diálogo nacional.

“Ante el estancamiento de la mesa de negociación por el incumplimiento de acuerdos del régimen Ortega Murillo, la Unidad Nacional Azul y Blanco hace saber al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que la única forma de dar confianza y que la negociación pueda continuar, es con la liberación inmediata, plena y con garantías de todos y todas las presas políticas. La Alianza Cívica no debería volver a la mesa de negociación sin que esa condición se cumpla”, destacó la UNAB en su comunicado.

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