Política

Resolución de la OEA “establece condición para legitimidad de elecciones”

De no cumplirse con elecciones libres, transparentes y justas, se "allana camino a futura declaratoria de ilegitimidad" del proceso electoral de 2021

Con la aprobación por 20 votos, dos más de los necesarios, de la resolución que establece mayo de 2021 como plazo para que el Gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de ese año, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) envía un mensaje claro de que “si eso no sucede, las elecciones generales (del próximo año) no se van a reconocer”, afirmó el excanciller de la República, Norman Caldera.

“Lo que se está diciendo es que los organismos de observación electoral necesitan un plazo de seis meses para establecer su calendario y poder participar en unas elecciones. Si las condiciones no están dadas para que haya una observación electoral, esos organismos no van a participar y si no participan, ninguno de esos países va a reconocer esas elecciones”, apuntó Caldera durante una entrevista en el programa Esta Noche.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó con 20 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones la resolución denominada “Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas”.

Los países que votaron a favor fueron: Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela.

En contra solamente votaron Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Se abstuvieron: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, México, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Trinidad y Tobago.

“Debe haber elecciones legítimas”

Caldera comentó que por ahora no existen los 24 votos necesarios para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que establece la suspensión del país del foro regional. Sin embargo, indicó que al Gobierno de Nicaragua podría pasarle algo similar a lo que ocurrió en Venezuela en 2019 y es el desconocimiento de su legitimidad a falta de unas elecciones libres y transparentes. “Para eso no se necesitan 24 votos, con 18 en un Consejo Permanente (de la OEA) es suficiente”, recalcó.

Sobre cómo Maduro sigue gobernando a pesar de la falta de legitimidad, el excanciller valoró que “ellos (la OEA) está haciendo su parte, pero eso no es todo, por eso el pueblo debe poner de su parte y actuar”. Además, Venezuela tiene recursos financieros gracias al petróleo, mientras  Nicaragua no tiene “qué hipotecar”.

Para el doctor José Pallais, representante del partido FDN y miembro de la Coalición Nacional, la resolución de la OEA “manda restablecer la democracia” porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha roto el orden constitucional y democrático y si no se restituye, implementando las recomendaciones adoptadas, se allana el camino de su desconocimiento”.

En un comunicado la Coalición Nacional reitera el llamado al pueblo “a mantenernos firmemente unidos y en resistencia, organizándonos y movilizándonos en defensa de nuestras libertades y de la democracia que requerimos para alcanzar la justicia”.

Insisten que la resolución de la OEA está “ofreciendo una señal a Ortega de que las elecciones de 2021 representarían la última oportunidad para una solución pacífica de la actual crisis en Nicaragua”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, coincide que la resolución con 20 de los 34 votos de la OEA “emplaza a la dictadura a la realización de reformas electorales que garantices elecciones libres, justas, observadas y competitivas”.

“También hace un llamado a la liberación de los presos políticos, la restitución de las garantías constitucionales y las libertades públicas (…) esta declaración allana el camino a una futura declaratoria de ilegitimidad si estas reformas no se realizan”, manifestó.

Lo que establece la resolución

La resolución sobre Nicaragua reitera la preocupación de la comunidad internacional por el deterioro de las instituciones democráticas e insta al Gobierno de Nicaragua “a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El documento pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, y por ello insta a que el Gobierno de Nicaragua “acepte el despliegue amplio y efectivo de las misiones de observación electoral que comprenden observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral”.

La resolución señala la necesidad de un “proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión”.

También plantea la necesidad de un registro abierto de nuevos partidos políticos; la revisión técnica independiente y actualización de los registros electorales y auditoría independiente de las listas de votantes; una gestión transparente y eficaz del registro de votantes y de distribución de cédulas de identidad y centros de votación. Además de un recuentro transparente y publicación de resultados en tiempo real.

La repetitiva respuesta del Gobierno

Frente a la resolución, el embajador de Nicaragua ante el organismo, Luis Alvarado, rechazó la resolución al considerarla un instrumento “injerencista” en la política interna del país y calificó como un “linchamiento diplomático” que se insistiera en someterla a votación cuando se debería estar debatiendo sobre la pandemia de la covid-19.

“Nicaragua no es colonia de nadie y, por lo tanto, no acepta imposiciones de Gobiernos imperialistas ni de organismos subordinados a ellos sobre sus asuntos internos, que son de exclusiva competencia de los ciudadanos nicaragüenses”, manifestó Alvarado.

Además, el representante del Gobierno de Ortega ante la OEA acusó a Brasil, Estados Unidos y Canadá, tres de los promotores de la resolución, de no respetar los derechos humanos de sus poblaciones.

La iniciativa de resolución fue impulsada por seis países: Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, que en la OEA está representada por un enviado del líder opositor Juan Guaidó, ya que el Gobierno de Nicolás Maduro abandonó el organismo en abril de 2019. Los representantes de Bolivia, Jaime Alonzo Aparicio y de Brasil, Fernando Simas, pidieron ser incluidos como patrocinadores de la resolución.

Las respuestas de los embajadores

El embajador de República Dominicana, Josué Fiallo, manifestó que el Gobierno de Nicaragua ha seguido violando los derechos humanos del pueblo nicaragüense y aunque “quizás creyó que por la pandemia del covid-19 no íbamos a abordar la situación y reiteramos nuestro compromiso por la libertad y nos solidarizamos con todos los que sufren por la situación de Nicaragua”.

Por su parte, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo que las leyes de agentes extranjeros y ciberdelitos que está promoviendo el Gobierno de Daniel Ortega son parte de la represión hacia los ciudadanos nicaragüenses.

“Estas acciones represivas nos exigen ser vigilantes sobre las elecciones (de 2021). El presidente Ortega ha amenazado a sus oponentes y su mayoría en la Asamblea está aprobando normas que afectan la libertad de prensa y del pueblo en general”, insistió.

El representante de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, detalló que en Nicaragua no hay garantías para realizar elecciones libres en este momento y que se necesita velar por la liberación de los más de 100 presos políticos que sufren torturas en las cárceles.

Mientras el representante de la delegación de Bolivia, Jaime Alonzo Aparicio, le recordó a Ortega que es un presidente “ilegal e inconstitucional” porque además “se han ido acumulando todos los poderes en las manos de un solo señor”.

El pueblo de Nicaragua, según Aparicio, tiene derecho de participar en elecciones que sean conducidas por un poder electoral “independiente”.

El embajador de Argentina, Felipe Solá, justificó su abstención alegando que al menos siete puntos de la resolución son competencia de los nicaragüenses y no del organismo regional. Sin embargo, también apuntó que su país está de acuerdo en la necesidad de reformas electorales que garanticen un proceso justo y democrático.

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