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Responder a la represión con mejor periodismo

Plantón de periodistas para exigir justicia por el asesinato de Ángel Gahona, el 26 de abril, en la UCA. Carlos Herrera | Confidencial

Un comunicador muerto. Varios apresados. Otros más escondidos, huyendo, exiliados o renunciando a sus empleos para no tener que renunciar a su conciencia. El gremio periodístico celebró su Día Internacional reclamando el uso de las libertades que tutelan tanto la Constitución Política de la República, como diferentes instrumentos internacionales.

Uno de ellos es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió una condena por “la persistencia de amenazas constantes contra la seguridad de los periodistas, vigilancia y presiones políticas a los medios de comunicación en Nicaragua”.

Edison Lanzas, relator especial de la libertad de expresión, dijo al participar por medio de una videollamada en el panel sobre el estado de la Libertad de Expresión en Nicaragua, organizado por el Foro de Periodistas Independientes, que “vemos un conjunto de presiones a los medios de comunicación que no se alinean con la narrativa oficial”.

“La violencia contra los medios de comunicación es otra forma de censura. Quizás la más abominable”, dijo poco después de recordar que “desde hace años veníamos señalando tres características de este régimen autoritario”, en referencia al Gobierno Ortega – Murillo.

El relator explicó cómo el monitoreo de la situación en Nicaragua les permitió definir la estrategia triple con la que el régimen intenta controlar a los medios de comunicación, y cómo la crisis agudizó estos procesos.

El primero es lograr que la familia gobernante fuera dueña de los medios de comunicación. El segundo fue establecer un duopolio con el empresario de los medios de comunicación, Ángel González. El tercero, poner los medios públicos al servicio del Gobierno, impidiendo su obligación de ser plurales, equitativos y veraces.

Lanzas detalló que se ordenó el bloqueo y la interrupción de señales, lo que es “una forma inadmisible de censura”, y cómo Telcor -que debería ser un organismo independiente, autónomo, de regulación de los medios de comunicación, y hoy esta cooptado al servicio del gobierno- se dispuso para llamar a los medios, tratando de imponer una cobertura única a la protesta.

Las plataformas digitales de medios como Confidencial y La Prensa –que son una forma de pluralismo en un país donde el gobierno asfixia a los medios- también sufrieron ataques, refirió.

En línea con esa descripción de la situación en Nicaragua, la Relatoría Especial hizo “un llamado urgente al Estado a hacer cesar estas acciones y garantizar el libre e independiente funcionamiento de los medios de comunicación en el país”.

Por su parte, el Foro de Periodistas Independientes rechazó “cada uno de los ataques de la dictadura Ortega Murillo contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información”.

El Foro también condenó los más recientes ataques a periodistas, lo que incluye detención y secuestro, amenazas policiales y judiciales, robo de equipos, agresiones físicas, intimidación, asedio, injurias, calumnias, difamación en los medios oficialistas y en las redes sociales, etc.

Bajando la señal…

El director de 100% Noticias, Miguel Mora, y el director de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal, relataron cómo esos medios resistieron las presiones del oficialismo que intentó censurarlos de diversas maneras.

Mora relató cómo al despuntar la crisis, los medios independientes comenzaron a recibir llamadas del ente regulador, en la que se les advertía de la jornada que se avecinaba, y que el Gobierno solicitaba que no se le diera cobertura a las protestas. Que le bajaran el gas, porque “venían con todo”.

Luego de los sucesos de León “la valentía de los muchachos nos empujaron a dar cobertura a su gesta heroica. Comenzó entonces la crisis, y el asesinato de jóvenes, y las llamadas hasta del director de Telcor, con un tono bien fuerte, diciendo que “el presidente está arrecho, y está arrecho con vos. Atenete a las consecuencias”.

Esas consecuencias incluyeron censura, interrupción de la señal, turbas amenazando los alrededores del canal, asedio a los periodistas en las coberturas, robo de tres cámaras, vigilancia constante, golpes, amenazas de muerte, injurias y calumnias, dijo el periodista.

Su colega Madrigal, recordó que al comenzar la matanza recibieron ‘orientaciones’ de no dar cobertura a esos hechos, lo que les sorprendió, y llevó a la decisión de renunciar a sus puestos de trabajo por considerar que era trascendental llevar la información a la gente.

Lo siguiente fue que desde Miami, los propietarios les indicaron que siguieran haciendo la cobertura más completa y profesional posible para no herir sentimientos y susceptibilidades, pero de cualquier forma, eso molestó al gobierno.

“Comenzó entonces el asedio, las amenazas, la difamación. A mí me acusaron por casi un mes completo de acosador, golpista, terrorista, y hasta de ladrón… pero encontré que la sociedad captaba la intención de esos mensajes. La solidaridad de la población para conmigo ha sido enorme”, rememoró el comunicador.

Al tener luz verde, el Noticiero Acción 10 movilizó sus unidades móviles para dar cobertura a la actividad en los tranques y las marchas, lo que generó una reacción en contra de Madrigal, al que el oficialismo quiso sustituir con un funcionario dócil al régimen, pero los directores regionales de prensa le dijeron que siguiera en su lugar, porque se mantenía el compromiso de informar con profesionalismo.

El periodista y comentarista Danilo Lacayo, alertó que la empresa propietaria de Canal 12 soporta unas 10 auditorías del INSS y media docena de la DGI, y que el oficialismo trata de forzarlos a vender el canal, aplicándoles juicios, apelaciones, y auditoría tras auditoría.

“Han venido asediándonos desde 2008. Hay una insistencia en comprar el canal, cuyos noticieros siempre han dicho la verdad, pese a que no tenemos acceso a la fuente oficial. Les molesta que le demos voz a quienes no tienen voz, y aunque intentamos presentar las dos caras de la moneda, ellos no quieren”, dijo Lacayo.

“Creen que agrediendo a nuestros periodistas, vamos a cambiar. Los siguen. Los filman y fotografían para intimidarlos”, añadió.

Testimonios

Wendy Quintero, de Amarc Nicaragua, recordó que ha visto a colegas que han tenido que irse del país por amenazas en las redes sociales, amedrentamiento a sus hijos. También amenazas a las radios locales y a su personal, o a periodistas que son fichados por la Policía.

A pesar de ese escenario negativo, -y precisamente por eso mismo- abogó por garantizar la seguridad de los periodistas, por elevar el nivel de profesionalización, y por “hacer que nuestros productos tengan la mayor calidad posible”.

Su colega Elízabeth Romero, del Diario La Prensa, describió que los periodistas ejercen su trabajo en un ambiente de inseguridad, acoso, asedio, intimidación, ataques en las redes sociales, “porque nos identifican como oposición, al ver nuestro esfuerzo por decir la verdad”.

“Los periodistas salen con miedo a hacer su trabajo. En estos últimos cinco meses, ejercer el periodismo en Nicaragua es una labor de hombres y mujeres valientes. La actividad se ha criminalizado. Ejercerla se considera delito, y puede costarnos la vida”, concluyó.

La veterana periodista y escritora Ángela Saballos, comentó que ella vivió la represión durante la dictadura de Anastasio Somoza “y este tiempo es el peor tiempo, el más cruel, el más sanguinario, repelente, odioso… pero esto significa que al pasar por este crisol nos volvemos mejores”.

Gustavo Bermúdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, recordó que los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución tutelan el ejercicio de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, y cómo el acoso y el bloqueo a los periodistas independientes y sus medios, va en contra de esos preceptos constitucionales.