Opinión

Un retraso inexplicable

La displicencia gubernamental en relación a la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones resulta contraproducente para Nicaragua.



1. No existe justificación.- La displicencia gubernamental en relación a la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones —además de inexplicable— resulta contraproducente para los intereses de Nicaragua. No hay razón alguna que la justifique. Un campo estratégico exige tratamiento especial. Las telecomunicaciones forman parte del tejido nervioso central de las sociedades contemporáneas. No existe país en el mundo, que no le otorguen atención prioritaria. Son cauteladas con excesivo celo. Constituyen el pivote en el que se apoyan y desde donde se sustentan las distintas actividades sociales, económicas, políticas, culturales y educativas. En la concepción del experto catalán, Manuel Castells, las biotecnologías —en tanto procesan información— quedan encuadradas dentro de este universo mágico. Forman parte de su entramado.

El retraso existente mantiene al país a la zaga. Los dirigentes gubernamentales colocaron a un contador al frente de Telcor. Sus credenciales más valiosas provienen de haber formado parte de la planilla de Canal 4. Este es su mayor mérito. Las exigencias de lealtad privan sobre cualquier otra consideración. La complejidad y el desarrollo geométrico de las tecnologías de información y comunicación (TICs), reclaman alta experticia. Única manera de sacarles provecho. La buena voluntad no basta. Los atributos más sólidos son de carácter científico y tecnológico. Al menos se requiere de una alta formación en administración de recursos humanos, técnicos y financieros. No estamos ante ninguno de los dos casos. Los conocimientos generales del presidente ejecutivo de Telcor, son en contaduría. No se le conocen otras capacidades. 

2. Aparecen los temores.- Al momento de asumir en enero de 2007, la presidencia de la república, el comandante Daniel Ortega, una gran cantidad de licencias de radio y televisión estaban próximas a vencerse. Algunos dueños de medios se interrogaron cómo sería su desempeño en el campo de las libertades ciudadanas. Las suspicacias afloraron. Después de las experiencias vividas cuando formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1984) y luego como presidente (1985-1990), abrieron  dudas sobre su futuro comportamiento. Especialmente en el campo de la libertad de expresión. Los primeros en manifestar su desconfianza, fueron La Prensa y Radio Corporación. Adelanté que no debía ser así. Sin guerra de agresión no había espacio para la censura. Sería un equívoco asediar los medios.  

Instalado en el poder, surgieron las primeras desavenencias. Un año después de ocupar el cargo, se dieron forcejeos y agresiones en contra de medios y periodistas. El acaparamiento de la publicidad oficial, fue otro síntoma evidente. La instalación de los Foros de Periodistas Sandinistas (FPS), marcó el inicio de una ofensiva que partió en dos los afectos de los periodistas. La polarización asomó su rostro. Las organizaciones gremiales —UPN—APN—Colegio de Periodistas— se retrotrajeron hacia un pasado que se creía superado. Dejaron de ser instituciones al servicio de sus agremiados. Se convirtieron en reductos políticos. Una situación idéntica a la de 1981. Los periodistas que adversaban el sandinismo, fundaron entonces la Asociación de Periodistas Nicaragüenses (APN), para contraponerse al FSLN. Una reedición del pasado.

3. Un argumento poderoso.- Debido a la situación planteada, con la intención de no continuar parchando la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200), el diputado sandinista, Edwin Castro —ante exigencias de los dueños de medios— convenció al resto de bancadas. Lo indicado era aprobar una ley de carácter transitorio, mientras se emitía la nueva ley de telecomunicaciones. Se aprobó la LEY DE PRÓRROGA A LAS LICENCIAS DE LAS EMPRESAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE OPERAN RADIO, TELEVISIÓN Y TELE CABLE, (Ley 670). Los diputados Eduardo Montealegre de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Francisco Aguirre Sacasa, miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cedieron ante los argumentos esgrimidos por el FSLN. El país requería un estatuto acorde con el desarrollo de las telecomunicaciones.

La Ley 670, prescribe en su Artículo 1. Las licencias otorgadas por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) como ente regulador a las empresas, personas naturales o jurídicas que operan Radio, Televisión y Tele cable, quedan por Ministerio de la presente Ley, prorrogadas hasta que entre en vigencia la nueva Ley General de Telecomunicaciones y Correos que apruebe la Asamblea Nacional. El único propietario de medios que entendió la maniobra, fue Mariano Valle Peters. Los demás dueños se dieron por satisfechos. La Asamblea Nacional se abocaría a elaborar la nueva ley de telecomunicaciones. ¿Estaban claros que La Ley 200 era obsoleta desde que se aprobó en 1995? Urgía meterse de lleno a  la aprobación de la nueva normativa jurídica. Nicaragua necesitaba y sigue necesitando, actualizar su sistema jurídico en telecomunicaciones.

4. La brecha continúa aumentado.- Diez años después, nada de lo prometido se ha cumplido. La brecha jurídica continúa aumentado. Si en aquel entonces estábamos rezagados, la situación en el presente ha empeorado. Con el agregado que el Presidente Ejecutivo de Telcor, se abroga facultades de las que carece. Sin las potestades requeridas —o tal vez para probar terreno— ha emitido acuerdos y decretos, sin tener capacidad jurídica para hacerlo. Más bien ha sido proclive por someter a su control el funcionamiento de las empresas prestatarias de los servicios de telecomunicaciones. El presidente de Telcor, se adentró en terreno escabroso. Aprobó el Acuerdo 005-2013. Se atribuyó la facultad de nombrar a sus gerentes generales, gerentes de informática o de sistemas, gerentes financieros y gerentes o jefes de seguridad.

En término de cuarenta y ocho horas se vio obligado a rectificar, emitió en Acuerdo 006-2013, dejando a salvo las empresas de su afán autoritario. La tentación de legislar ha estado presente en todos estos años en el ánimo de los funcionarios de Telcor. Lo grave ha sido que no lo han hecho donde realmente se requiere: poniéndonos al día con la nueva ley de telecomunicaciones. El tiempo se manifiesta contrario a los intereses de los nicaragüenses. Sus funcionarios deberían adoptar otra conducta. El motivo fundamental para que los personeros de gobierno, no cumplan con sus compromisos, se debe a que la Ley 200, no interfiere en sus propósitos. Pueden seguir otorgando licencias de radio, televisión, televisión por cable, telefonía, etc., en beneficio propio y de sus aliados políticos. Manteniendo en la zozobra a los propietarios de medios audiovisuales.

5. Un reclamo justo.- Durante el IV Encuentro Nacional de Comunicación e Iglesia, el obispo matagalpino, Rolando Álvarez, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación del Episcopado, reclamó públicamente a las autoridades de Telcor, la no legalización de los medios bajo su tutela. Telcor no ha respondido sus solicitudes. La Conferencia Episcopal está urgida en normalizar su situación. El obispo Álvarez expuso la gravedad de carecer de licencias habilitantes. La provincia eclesiástica de Nicaragua cuenta con cuarenta radioemisoras y quince canales de televisión. La demanda del prelado católico desnuda la doble moral con que opera Telcor. Mientras a la familia presidencial y Ángel González, han recibido sus respectivas licencias, a la iglesia católica se las niegan. Igual situación viven la mayoría de dueños de medios.

El colmo es que Canal 51 —canal oficial de la Conferencia Episcopal— opera con un permiso verbal ¿Qué tal? La Cámara Nicaragüense de Radiodifusores (Canira), creada con el ánimo de defender los intereses de los radiodifusores nicaragüenses, hasta el momento no da señales de vida. ¿Seguirá el mismo camino recorrido por la UPN, APN y Colegio de Periodistas? ¿A qué causas atribuir su silencio ante los reclamos del obispo Álvarez? ¿Cómo interpretar su largo mutismo ante los cierres y las interferencias que afrontan los dueños de radio? ¿No tienen nada que decir alrededor de la Ley 200? ¿Sus directivos y agremiados no tienen ningún posicionamiento frente a las arbitrariedades cometidas por Telcor? ¿Debemos interpretar que nació muerta? ¿Sus miembros se sienten contentos con su mudez? Sigo preguntándome, ¿para qué sirvió su creación?