Economía

El BID y el Banco Mundial dejarán de ser fuentes de recursos para el régimen

Sanciones EE. UU. generan más “incertidumbre”

Daniel Ortega

Expresidente de AmCham: “Sector privado no puede quedarse callado, debe fijar una posición, el primer responsable es Ortega”



Las sanciones decretadas este martes por la Administración de Donald Trump contra el régimen de Daniel Ortega, y la aprobación en el Senado de la ley conocida como la “Magnitsky nica”, generaron un estado de creciente incertidumbre política y económica en el país, a pesar del silencio que aún prevalece entre los grandes empresarios y las principales cámaras del sector privado agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), o en la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AmCham).

El sector privado “no puede quedarse callado. El único que se queda callado es el Gobierno, opinó el economista Róger Arteaga, expresidente de AmCham al ser entrevistado en el segmento Cuentas Claras, del programa de televisión Esta Noche, que se transmite por Canal 12.

Hasta el momento de redactar esta nota, solamente el presidente de la Cámara de Industrias, Sergio Maltez, se había pronunciado de forma categórica sobre la responsabilidad de la política gubernamental en estas sanciones que podrían provocar “un desenlace muy dañino que desemboque en un estallido social”.

Los empresarios deben “pronunciarse y fijar una posición. El Departamento de Estado les insta a que se pongan del lado del Estado de Derecho, la democracia, todos ellos valores que pregona el sector privado”, añadió Arteaga, exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El entrevistado recuerda que en Nicaragua “hubo un cogobierno con el sector privado: el Gobierno hacía política, y el sector privado producía, pero ese esquema era insostenible”. Ahora, “el Departamento de Estado y el Tesoro están diciendo que si hubo participación en un cogobierno, el sector privado entienda que tiene que asumir su responsabilidad, y segundo, que piense cómo hará para restaurar la estabilidad económica del país, y la producción”, reseñó.

A su juicio, “el sector privado está en shock, discutiendo para ver cuál será la posición a asumir, porque saben que hay que deslindar responsabilidades, sin obviar que el primer responsable es el presidente Daniel Ortega”, porque fue por su decisión de violar los derechos humanos, menoscabar el Estado de Derecho, y la libertad de expresión, por lo que se aprobó la NICA Act y todas sus sanciones.

“La Orden Ejecutiva de Trump, que sanciona a Rosario Murillo, (vicepresidente del país, y no un funcionario de menor categoría) los agarró desprevenidos, no así la NICA Act, que se venía anunciando desde 2017, cuando la congresista Ileana Ros-Lehtinen la propuso en el Congreso y la aprobaron”, añadió.

Múltiples afectaciones

Aunque aún no se aplica ninguna de las sanciones contempladas en la NICA Act, Arteaga hace notar que “el impacto ya se siente”, recordando cómo han disminuido la producción y las exportaciones; hay una fuga de capitales en la forma de una disminución de 1373 millones de dólares en depósitos entre abril y octubre, lo que equivale a un paro de más de 40 días.

Esa fuga de capitales representa “un golpe fatal para el Gobierno, porque los bancos no están colocando préstamos por prudencia, siendo que existe el riesgo que el ahorrante llegue a buscar su plata en cualquier momento”, explicó.

El efecto de esa decisión es que no hay crédito para actividades tan importantes como la industria, turismo, comercio, agricultura, “y todo eso impacta en la producción, el consumo, la demanda, las exportaciones… Nicaragua está recibiendo remesas porque estamos exportando gente. Las remesas están compitiendo con los montos que se reciben por las exportaciones”, detalló.

En referencia a la rebaja de la calificación que Fitch Rating le otorga a la deuda soberana del país, el economista resaltó que es la segunda vez que Fitch nos rebaja el grado en el año.

Siendo que esto ocurrió antes que se conocieran las sanciones contra el binomio Murillo –Moncada, y antes que se aprobara la NICA Act, Arteaga invita a “esperar para ver cómo lo interpreta Fitch. Si Nicaragua cae otro peldaño sería grave, porque nos pondría al mismo nivel de países que tienen crisis superiores a la nuestra”.

Al analizar el impacto que el escenario actual provoca en ahorrantes, inversionistas y exportadores, el experto asegura que “provoca más incertidumbre. Los depósitos de los inversionistas locales están debajo de la cama o en el exterior. Al inversionista que está afuera, no se le ocurre invertir su dinero en un país que representa un riesgo enorme por la falta de seguridad jurídica y de propiedad, que no se ha resuelto”, recordó.

Adicionalmente, “la invasión de propiedades los aleja más, a pesar de todos los esfuerzos del Banco Central por emitir títulos para tratar de que los que sacaron sus recursos los inviertan en el BCN, con tasas superiores a las que paga el mercado, pero ni así, porque es muy pequeño el monto que se ha vendido de esas emisiones”, reflexionó.

“Si quieren convencer a los ahorrantes para que mantengan su dinero en el país, tienen que hacerse muchos cambios, y crear algo que ya se perdió: confianza”, sentenció.

El cierre del grifo externo

El excanciller Francisco Aguirre Sacasa advirtió sobre el impacto que podría tener la aprobación de la Nica Act en restringir las fuentes de financiamiento del Gobierno de Nicaragua en los organismos multilaterales de crédito.

“La situación de Nicaragua ha influido para que desde abril, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el FMI, (que no tiene programa con Nicaragua en este momento), están frenando desembolsos ‘por razones de seguridad’, que afectan la capacidad de ejecución de los proyectos, y también por la situación tan desastrosa en que se encuentra el país en este momento. Tampoco se están aprobando nuevos préstamos”, dijo Aguirre.

El diplomático explicó que si bien Estados Unidos no tiene poder de veto legal, “sí tiene un papel decisivo en los tres, porque es el accionista más importante. Lo único que tienen que hacer es llamar a su representante ahí para ordenarle que se engaveten los préstamos a Nicaragua, y eso pasará, además que hay muchos países americanos que también estarán de acuerdo con esa iniciativa”.

Estados Unidos no tiene asiento en el BCIE, que le pertenece a las cinco naciones centroamericanas que lo fundaron (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), a las que se integraron después Panamá, República Dominicana y Belice, llegando después cinco socios extrarregionales: México, Taiwán, Argentina, Colombia y Cuba.

Arteaga señala que duda que el BCIE vaya a seguir financiando a Nicaragua, porque siete de los 21 países de la OEA que sancionaron a Nicaragua, tienen asiento en el BCIE, y los países tienen una sola posición ante los organismos internacionales. “Por eso no entiendo por qué están esperanzados en conseguir algo del BCIE”, cuestionó.


Restricción de préstamos y sanciones

La Ley “Magnitsky Nica”, recién aprobada por el Senado, establece castigos para cualquier persona, incluidos funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Nicaragua,  involucrados en corrupción y abusos de derechos humanos. También impone sanciones contra el Gobierno de Nicaragua.

La Ley ordena al secretario del Tesoro instruir a los directores ejecutivos estadounidenses en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a que utilicen “la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos para oponerse a la extensión, por parte de la Corporación Financiera Internacional, de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica para el Gobierno de Nicaragua”.

En el caso del FMI, la legislación ordena que se oriente al representante de Estados Unidos, a trabajar “con otros países donantes claves” en el desarrollo de “una política coherente para futuros compromisos y préstamos al Gobierno de Nicaragua”, que promueva los derechos humanos.

La legislación excluye de estas restricciones a los “préstamos o asistencia financiera o técnica previstas para atender necesidades humanas básicas o para promover la democracia en Nicaragua”.

Además, se establece que el secretario del Tesoro informará a los comités del Congreso  correspondientes, sobre la efectividad de las salvaguardas aplicables al programa en Nicaragua. El primer reporte se presentará a más tardar 180 días después de promulgada la ley, y posteriormente cada año.

En el caso de los ciudadanos, la ley faculta al presidente de Estados Unidos, a revocarles la visa de entrada a EE. UU. y  bloquearles todos los bienes y activos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. También se prohíbe a ciudadanos y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.

Las sanciones contra el Gobierno de Nicaragua podrán ser suspendidas si el presidente de EE. UU. lo solicita por razones de “interés nacional”, lo que deberá justificar ante el Congreso.

El presidente también podrá pedir una “renuncia general temporal”, basado en un informe del secretario de Estado, en el que se certifique que el Gobierno de Nicaragua ha tomado las medidas efectivas para fortalecer el Estado de Derecho y la gobernabilidad; combatir la corrupción, proteger los derechos civiles y políticos, investigar y acusar a los responsables por las muertes durante la represión; y celebrar elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles.

En este último caso, las restricciones serían suspendidas por un período no mayor de un año, a partir de la fecha de la certificación.

La Ley “Magnitsky Nica” ordena también que a más tardar 180 días después de la fecha de su promulgación, el secretario de Estado presentará un informe a los comités del Congreso correspondientes sobre “la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluidos miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción importantes y lavado de dinero”.

Este informe incluirá también a las personas que “transfieren o facilitan la transferencia de bienes o tecnología, que son utilizadas por el Gobierno de Nicaragua para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.