Nación

Gobierno Territorial Rama y Kriol denuncia abandono estatal

Saqueo a Indio Maíz con pasividad del MARENA

MARENA

Ni el MARENA ni el Ejército responden a la extracción de la madera de esta reserva afectada por el huracán Otto



La junta directiva del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) emitió un pronunciamiento en el que denuncia la permisividad de las autoridades del Marena y el Ejército Nacional, respecto a la extracción de madera de la Reserva Indio Maíz, tras el paso del Huracán Otto el año pasado.

Aldric Becford, fiscal del GTR-K, afirmó que después del paso del Huracán Otto, remitieron a las instancias gubernamentales un comunicado donde por decisión unánime se establecían una serie de medidas de carácter especial y urgente valoración, a ser aplicadas en las zonas núcleo de la Reserva Indio Maíz.

Algunas de las disposiciones giraban en torno a la restricción de acceso a la zona de empresas madereras y personas naturales con fines y propósito de extracción y aprovechamiento de los recursos, limitándolos a operar, aún si tenían algún tipo de documentación o permiso de aprovechamiento forestal.

“A pesar del comunicado, el Estado de Nicaragua, a través de las instituciones del Marena, Ejército y Alcaldía Municipal de San Juan de Nicaragua, promovieron acciones dirigidas con abuso de autoridad, lesionando nuestro derecho a decidir, el destino y las formas de aprovechamiento de los recurso”, declaró Becford.

El pronunciamiento, leído por Becford, explica que se promovieron acciones estatales de retención de recursos maderables y autorizaciones de beneficios a favor de particulares, bajo formas anómalas y procesos administrativos de su devolución, sin el debido reconocimiento y sin el cumplimiento de las formas procesales preestablecidas por la ley.

“El GTR-K nunca fue escuchado, ni parte activa, ni opinante de las decisiones institucionales tomadas al respecto, ni formalmente invitado a ser parte de los procesos, aún sobre nuestra titularidad en el territorio y particularmente de esa zona de interés”, detalló el fiscal del gobierno territorial.

El caso del seguro millonario

Después del paso del Huracán Otto en Nicaragua, el gobierno del comandante Daniel Ortega realizó el cobro de un seguro catastrófico por la cantidad de US$1,110,193, en respuesta al impacto directo que el ciclón ocasionó en el país. La indemnización fue otorgada por la Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe y Sociedad de Cartera Segregada (CCRIF SPC por sus siglas en inglés), el pasado 9 de diciembre, 14 días después del paso del ciclón.

Según la información colgada en la página web de la CCRIF, el desembolso representaba un pago sobre la póliza contra ciclones tropicales, que adquirió el gobierno en el año 2015. La información también decía que Nicaragua recibió una primera indemnización de US$ 500.000 por el terremoto de magnitud 6.1 que ocurrió el 9 de junio de 2016, que afectó a Chinandega y otros departamentos costeros.

A pesar de que el pago se recibió 14 días después del ciclón y que han transcurrido varios meses, la ayuda para las personas afectadas todavía no llega a la zona donde el ojo de del huracán impactó con más fuerza.

Sobre este tema, el GTR-K considera que la suma monetaria fue prevista para la reparación de daños en las zonas afectadas por el huracán Otto y de manera enunciativa en las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de Greytown, Rio Indio, Rio Maíz, dentro de Reserva de Indio Maíz.

Hasta la fecha las comunidades no conocen el destino de este fondo, por lo que demandan al Gobierno de Nicaragua una respuesta inmediata sobre esta situación hacia las comunidades afectadas dentro del territorio indígena y afrodescendiente.

El pronunciamiento también enfatiza en la falta de voluntad gubernamental para sanear el territorio indígena de invasores que llegan a carrilar la tierra y venderla para la ganadería extensiva.

“Desde la fecha del 2010 hemos un nulo involucramiento del Estado de Nicaragua, en el seguimiento de las temáticas, y una constancia evasiva de su participación, al no asistir a las previas y formales convocatorias, donde se le requiere la participación activa de sus entes vinculantes”, destaca el pronunciamiento.

“No nos han brindado acompañamiento en el saneamiento de nuestro territorio. No han informado sobre el uso del cobro de seguro por Otto”, destacó Bexford, quien agregó que espera que el gobierno escuche cada una de sus demandas.