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Política

Igual que Ortega al anular candado antireelección, magistrado se coloca por encima de la Constitución

Se descara la justicia partidista

Rosales alega que la ley no le impide representar al FSLN en congreso partidario. Es una “aberración jurídica”, dice constitucionalista Gabriel Álvarez



El asalto total de la “justicia partidista” quedó en evidencia de forma descarada con la justificación esgrimida por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, al representar al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en un congreso partidario de la Internacional Socialista, según abogados y analistas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial prohíben expresamente a los jueces, conjueces y magistrados participar en eventos partidarios. Sin embargo, Rosales alega que los magistrados solo están sujetos a la Constitución, que no le pueden “conculcar” su derecho y opción política “bajo ningún punto” y que le critican únicamente por no comulgar con la derecha.

“El problema de fondo aquí no es si fulano tiene una visión sesgada, sino que el magistrado que fue a la Internacional Socialista tiene una posición política ideológica totalmente diferente a la derecha y no comulga con la derecha. Por eso soy criticado”, argumentó el magistrado, en una declaración divulgada por el Poder Judicial.

Rosales despejó el camino de Ortega

En la Corte, Rosales preside la Sala Constitucional, la misma que anuló el doble candado constitucional contra la reelección presidencial, permitiendo que Ortega se presentara para un tercer mandato en el 2011. En esa ocasión, Ortega también argumentó que el candado antireelección conculcaba su derecho político a ser electo.

En 2016, la misma Sala también firmó la resolución que arrebató la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), al grupo de Eduardo Montealegre, inhabilitando a la opositora Coalición Nacional por la Democracia a las puertas de las votaciones nacionales. La acción volvió a despejar el camino a Ortega, anulándole la competencia para imponerse por un cuatro período —el tercero consecutivo—, ahora junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez considera que “el magistrado se está queriendo poner por encima de la ley ordinaria”. Una actitud que califica como “una aberración jurídica y política”.

“Sea por burda manipulación política o por ignorancia, estos son los señores que administran justicia en Nicaragua y si ellos se ubican por encima de la Ley, su jefe político partidario (que es el mismo Ortega, como secretario general del FSLN), obviamente, en su mentalidad, se ubica por encima de la Constitución”, compara.

La comandante guerrillera e historiadora, Dora María Téllez, estima que los argumentos de Rosales también confirman que “en Nicaragua no hay justicia”.

“Los magistrados de la CSJ solo son peones de la familia Ortega. Comodines para lo que sea necesario”, advierte.

Un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, que respondió a las consultas de Confidencial bajo condición de anonimato, confirmó previamente que las prohibiciones citadas en la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial sí aplican para los magistrados y que las medidas obedecen a prevenir conflictos de interés y faltas éticas de los magistrados.

Al respecto, Álvarez precisó que el artículo 130 de la Constitución subraya la obediencia de los magistrados a “la Constitución y las leyes, no solo a la Constitución”.

Prohibiciones claras

El vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, fue el primero en defender a Rosales: “No es pecado ni la Ley lo prohíbe”, aseguró.

Sin embargo, la participación de Rosales como delegado del FSLN en el congreso de la Internacional, el pasado 3 y 4 de marzo, en Cartagena de Indias, es una “falta grave” según las prohibiciones explícitas en la Ley Orgánica, que rige el Poder Judicial, y la Ley de Carrera Judicial.

El inciso seis del artículo 144 de la Ley establece que los magistrados tienen prohibido “tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos”.

La Ley de Carrera Judicial también indica en el inciso cinco del artículo 43 que estos no pueden “asistir a reuniones, manifestaciones y cualquier acto social de carácter político, electoral o partidista”.

Rosales rechaza las prohibiciones porque argumenta que los magistrados solamente están sujetos a la Constitución Política. Pero Álvarez estima que Rosales manipula los términos.

“Efectivamente los magistrados de la CSJ tienen derecho a su preferencia política (como) votar por el partido o los candidatos que ellos deseen, pero eso es distinto a señalar que no tienen ninguna prohibición de tal naturaleza”, explica el abogado.

“Nuestro ordenamiento jurídico es taxativo, es categórico en señalar algunas prohibiciones a los magistrados de la CSJ en aras de fortalecer un principio fundamental de todo Estado de Derecho como el nuestro, que es el principio de independencia judicial en el esquema de independencia de los Poderes”, agrega.

Téllez critica, sin embargo, que en los Poderes del Estado, “desde hace mucho tiempo se han descarado: Todos son fichas del orteguismo. (Le sirven) desde una sentencia acomodada para la reelección de Ortega, hasta cualquier resolución contra cualquiera”.

Estado y justicia clientelista

Una protesta realizada en Managua contra el Poder Judicial. Carlos Herrera/Archivo
Una protesta realizada en Managua contra el Poder Judicial. Carlos Herrera/Archivo

El experto en Derecho Constitucional y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, coincide en que “se comprueba una vez más la partidarización de los Poderes del Estados y también su concentración en manos de un solo partido, donde los cargos se asignan por compromisos partidarios”.

El abogado y también exdiputado liberal, Eliseo Núñez Morales, coincide en que la delegación de Rosales  “es un caso sintomático de cómo funcionan todos los poderes del Estado bajo el régimen de Ortega”.

Además, sostiene que las prohibiciones citadas “no existen para molestar o conculcar derechos a los magistrados, sino para dar sentido de independencia a su actuar”.

De lo contrario, explica, el magistrado Rosales habría incurrido en una falta aún más grave cuando la Sala que preside aprobó la resolución contra el PLI de Montealegre. “Es más obvio, entonces, que había un conflicto de intereses, al firmar una resolución que favorecía a su partido a las puertas de una elección”, valora Núñez.

Magistrados “blindados”

El artículo 69 de la Ley de Carrera Judicial establece que las infracciones a “deberes, prohibiciones e incompatibilidades establecidos en la Constitución Política y en las leyes” son una “falta grave”, y el artículo 71 precisa una multa “no mayor del diez por ciento de su salario”. Rosales asegura que a los magistrados no les rige esta ley y por tanto no son objetos de sanciones.

Según Álvarez, “Rosales tiene parcialmente la razón en que lo magistrados no pueden ser objeto de sanción, pero eso no significa que no se encuentren obligados a cumplir con los mandatos y por lo tanto las prohibiciones que establece la Ley”. Contra las sanciones, dice, “los magistrados se blindaron”.

Sin embargo, Álvarez considera que “es necesario hacer un ‘basta ya’ en seguir prostituyendo al Poder Judicial”. Según el abogado, “lo más razonable en aras del fortalecimiento institucional sería la renuncia de Rosales”.

“Dice el doctor Rosales que el asunto de fondo es que como él no comulga con la derecha, recibe el ataque de la derecha. Imaginémonos el alcance que tiene eso: Ya saben todos los nicaragüenses de derecha que si cae un proceso en donde ellos sean parte en manos del doctor Rosales, y de quienes piensen parecido, tienen serios problemas. Ese es un argumento totalmente deleznable”, lamenta.

“Aquí nadie le quita a él su derecho a tener una opción política. Lo que se le dice —precisa— es que como magistrado es el quien está conculcando el derecho de los nicaragüenses de tener una Corte Suprema independiente e imparcial”.

FSLN aislado en IS sobre Venezuela

  • Internacional Socialista demandó liberación de los presos políticos del chavismo
Ortega llegó la semana pasada a Caracas para participar en la XIV Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Presidencia Venezuela/EFE.
Ortega llegó la semana pasada a Caracas para participar en la XIV Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Presidencia Venezuela/EFE.

En el congreso de la Internacional Socialista, celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, la organización emitió un pronunciamiento sobre la situación política de Venezuela, demandando la liberación de los presos políticos al gobierno de Nicolás Maduro. El Frente Sandinista, representado por Rosales, fue el único que no firmó el documento contra su gobierno aliado.

En cambio, Rosales disertó sobre la “solidaridad militante”, destacando las colaboraciones de Cuba y el “ejemplo” del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.

La comandante guerrillera, Dora María Téllez, llamó la atención sobre la falta de representantes del Frente Sandinista. “El orteguismo cada vez tiene menos de quién echar mano”, asegura, “eso muestra que las relaciones internacionales del Frente no tienen más que a Daniel (Ortega) y Rosario (Murillo)”.