Nación

Magnitud de crisis sociopolítica y económica ya debería sentar al Gobierno a dialogar

Sector privado evaluará acciones ante prohibición de marchar

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“Vamos a refutar todos y cada uno de los argumentos falsos que se nos imputan de posibles y potenciales crímenes", afirma Juan Sebastián Chamorro



El sector privado nicaragüense, que había convocado para este 24 de enero a una movilización cívica para exigir la democratización y justicia del país, se reunirá de emergencia para evaluar las acciones a tomar ante la prohibición de de marchar hecha por la Policía Nacional y las acusaciones que esta les imputa, aseguró el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.

En entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, en la nueva edición semanal del programa Esta Noche, el director ejecutivo de Funides aseguró que no podía detallar las acciones a evaluar, pero sí adelantó que lo primero que harán es “refutar todos y cada uno de los argumentos falsos que se nos imputan (la Policía), de posibles y potenciales crímenes” a Funides, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham), como autores de la convocatoria.

La prohibición policial y sus argumentos

A través del jefe de la Dirección de Seguridad Pública, Olivio Hernández, la Policía decidió sobre el permiso de marchar solicitado por el sector privado “no autorizar ninguna actividad que –según la Policía– exponga a personas, familias o bienes, al peligro; que alteren el orden y los derechos sociales, y el derecho a la paz de las familias nicaragüenses, derechos del pueblo que la Policía Nacional defiende y protege en el país”.

Desde septiembre pasado, a través de una nota policial, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo decretó la ilegalización de las manifestaciones ciudadanas, estableciendo un estado de excepción de facto, que incluye la instalación de retenes policiales en puntos estratégicos de la capital y diferentes ciudades del país, patrullaje, redadas y despliegues ante cualquier evento o declaración que pueda movilizar a la población, que el pasado 18 de abril se lanzó a las calles en contra del Gobierno.

La dictadura respondió a las movilizaciones con una brutal represión que a la fecha suma 325 muertos, más de 3000 heridos, decenas de desaparecidos, más de 600 presos políticos y unos 60 000 nicaragüenses en el exilio para huir de la persecución política, incluyendo unos 60 periodistas.

Según la Policía, los empresarios “actuaron delictivamente”contra la Constitución Política, intentado –alude a tono con el discurso oficial– un supuesto golpe de Estado

Asimismo, los acusó de haber promovido, incitado y ser responsables de los tranques o bloqueos de vías donde, dicen, se torturó, violó y asesinó a nicaragüenses, que asegura constituyen “delitos que continúan siendo investigados”, aunque entre la cifra de presos políticos no hay ningún paramilitar o Policía de los muchos señalados por asesinatos y secuestros durante la llamada “Operación Limpieza” que dirigió la dictadura.

Para Juan Sebastián Chamorro, la comunicación de la Policía “es bien extraña”, porque cita palabras como “diabólico, tranque, golpistas”, que considera no corresponden a la labor de la institución. “Es lamentable que la Policía Nacional se exprese de esta manera, generando opiniones que no le corresponden”, reclamó.

El también miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (que aglutina a líderes sociales, estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil, movimiento campesino y sector privado para el Diálogo Nacional con el Gobierno, suspendido desde julio), asegura que la interpretación del sector privado ante la prohibición policial es que “sienten que hay un sector privado cohesionado, desde el primer día de las protestas”, que ha apoyado las manifestaciones cívicas, participado en marchas y paros nacionales.

“Todas estas acciones que el sector privado, de manera coherente, y –de nuevo—junto al pueblo nicaragüense durante estos nueve meses, causa el malestar que ya estamos viendo de parte de las autoridades, y por eso aprovecha, además, para negar el permiso sobre la marcha pacífica que estábamos convocando para el jueves a la una de la tarde”, afirma Juan Sebastián Chamorro.

Argumento absurdo

En un comunicado publicado previamente, los empresarios organizados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), reclamaron su derecho de participar en actividades catalogadas como “políticas”, en virtud de que sus estatutos definen que esa entidad tiene como fin “promover y defender la libertad, la justicia y los derechos inalienables del ser humano para el establecimiento de una verdadera democracia”.

“Los nicaragüenses tenemos derecho a expresar libremente nuestro pensamiento en público o en privado; individual o colectivamente, en forma oral, escrita, o por cualquier medio”, reza el texto en el que defienden su invitación a marchar.
“La Constitución política nos reconoce también el derecho irrenunciable a concentrarnos, manifestarnos y movilizarnos públicamente, de conformidad con la Ley”, insiste recordando que “el Estado de Nicaragua debe garantizar los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses”.

Juan Sebastián Chamorro añadió que el argumento policial de que las cámaras, fundaciones y otras entidades del sector privado no pueden participar en proselitismo político, corresponden a una legislación que se refería a un período electoral. Sin embargo, aclaró que organizaciones como Funides tienen como objetivo incidir en políticas públicas, de educación, económicas”, desde hace más de once años.

Y sostuvo que la política pública más fundamental en este momento es encauzar de nuevo al país a la democratización, para que haya paz y justicia, y podamos restaurar la normalidad, pero aquí vemos esta negativa.

Una clara voluntad de no permitir libertades

El director ejecutivo de Funides también detalló que expondrán la situación a la delegación de eurodiputados, que hoy inicia, en Managua, sus encuentros con diferentes actores de la sociedad nicaragüense. “Estaban muy interesados en ver si el Gobierno de Ortega mostraba algún gesto de permitir algún tipo de libertad, de marchar, ahora evidentemente queda clarísimo que la voluntad política es no permitir ningún tipo de libertades de movilización y mucho menos de expresión, de periodismo, de ningún tipo”, criticó.

Chamorro calificó la posición de la Policía como “desacertada” y aseguró que “obviamente obedece a órdenes superiores”. En meses anteriores la Policía ya había prohibido manifestaciones cívicas a los movimientos feministas y al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al que más tarde despojó de su personería jurídica, junto a otras ocho organizaciones no gubernamentales del país.

“Se está llegando al seguimiento de un guion, que básicamente en decir que no se va a permitir ningún tipo de libertades, por el peligro que da para la estabilidad de un Estado ‘normal’ que ellos (Ortega y Murillo) tienen”, denunció el ejecutivo, para quien es claro que bajo este estado de excepción, “con solo levantar la bandera azul y blanco ya te llevan preso”.

El efecto del nuevo estallido venezolano

Venezuela vive un nuevo estallido social, con tres días consecutivos de protestas, ante la juramentación de Nicolás Maduro para otros seis años de Gobierno, en un país sumido en una crisis política, económica y humanitaria. La Organización de Estados Americanos, y diferentes países, entre ellos Estados Unidos, han desconocido el Gobierno de Maduro y el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se ha proclamado como presidente interino del país, recibiendo respaldo y reconomiento entre la comunidad internacional.

Chamorro valoró que podría haber un efecto de esta crisis venezolana en Nicaragua, considerando la estrecha alianza de Ortega con Maduro. Según el director ejecutivo de Funides, “no es incompatible que el debilitamiento del régimen de Maduro incluya en el debilitamiento de Ortega, y a la vez, la nueva realidad venezolana provoque una nueva escalada represiva de la dictadura orteguista”.

Además, sostiene que la experiencia de Venezuela debería de “poner la barba en remojo” para toda Nicaragua, pues a su juicio, “Maduro ha sido bastante terco en no querer llevar un diálogo constructivo”, y solo ha pretendido ganar tiempo con procesos sin voluntad política.

“En Venezuela se trató de llevar un diálogo amañado, con mala fe, con el único objetivo de ganar tiempo y hacerse el vivo, y esas son las consecuencias que hoy estamos viendo”, dijo, y reiteró el llamado de la Alianza Cívica a un diálogo constructivo y sincero, que permita encontrar una salida negociada a la crisis.

Según Chamorro, ante visita de los eurodiputados este jueves y viernes, en Nicaragua, “ya no queda otra instancia multinacional del mundo que pueda venir a Nicaragua a buscar una solución pacífica y negociada, y dialogada”, aunque recordó también la comunicación de la Alianza Cívica al papa Francisco, para que alce la voz por la libertad de los presos políticos, y contra los crímenes y abusos que se están cometiendo en el país.

Colapso económico sigue en marcha

El director ejecutivo de Funides también señaló en el aspecto económico que ya con datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, el país enfrentaría un decrecimiento de -4% al -4.5% y para 2019 –si la situación sociopolítica no se resuelve– “fácilmente estaríamos hablando de una caída del -7% al -11%”, dijo, una situación que definió como “extremadamente crítica”.

Esto se traduce, comparó, en que el 28% de los depósitos privados del país se han ido; la reducción del 30% de las reservas internacionales, y la contracción del 13% del crédio. “Todo esto implica que estamos ante un colapso económico de magnitud histórica”, valoró.

Según Chamorro, una crisis de esta magnitud debería sentar las bases o crear los incentivos para que cualquier Gobierno, que quiera pensar en el futuro de las nuevas generaciones y reducir los costos económicos y sociales de la población nicaragüense, por lo menos se siente a una mesa de diálogo, a buscar una solución a este tema.

Además, advirtió que en el Gobierno ya se están viendo “señales de desesperación”, con unas medidas tributarias de las cuales han escuchado y “efectivamente” apuntan a incrementar impuestos, particularmente subir la retención del IR, que quebraría a gran cantidad de empresas nacionales.

Igualmente, aseguró que estas medidas incluirían “la reforma al Seguro Social –que fue la crisis que desató todo esto—la están modificando, para que el aumento de la cotización de las pensiones recaiga en la patronal, como si la patronal no le trasladaría al mercado laboral ese costo adicional”, cuestionó.

Según Chamorro, la situación de iliquidez es lo que “está generando en el régimen medidas apresuradas, que si se hacen sin un consenso más bien vendrían a generar mayor descontento de la población”.