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Seis acciones ante la crisis del INSS

Se termina el mes de julio de 2017, y el tiempo se le acaba al sistema de seguridad social nicaragüense, cuyo déficit crece año con año: mientras altos funcionarios del gobierno ofrecen declaraciones sobre el tema, pero para proferir descalificaciones, la sociedad civil realiza otro foro para conversar sobre la crisis del INSS, sin presencia de ninguna autoridad estatal, en el que se presentó un plan urgente de seis pasos para comenzar a atender el problema.

Manuel Israel Ruiz, jubilado de 67 años de edad que trabajó más de tres décadas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) -experto de obligada presencia en cualquier actividad o programa de entrevista en que se hable del tema- presentó en el más reciente Foro Internacional en que se discutió esa materia, lo que él denominó “lista de pasos responsables” a dar en el corto plazo, para enfrentar la crisis de la seguridad social.

Manuel Israel Ruiz, exfuncionario del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Carlos Herrera | Confidencial

1. Revisar pago de pensiones reducidas

El primero es corregir el error contenido en la Ley 900, que asegura una pensión reducida por vejez para las personas aseguradas por el INSS que tuvieran al menos 250 semanas cotizadas (y menos de 750), con cargo a las finanzas del Instituto.

“Esa ley estuvo muy mal diseñada. Esas pensiones deben seguirse pagando, pero con fondos del Presupuesto de la República a partir del 1 de enero de 2018”, clamó Ruiz.

2. Estado debe pagar su deuda y hacerlo ya

El segundo es acelerar el pago de los US$500 millones que el Estado le debe al INSS, para cancelarlos en 20 años y no en 50, como decidió la administración Ortega.

El segundo es acelerar el pago de los US$500 millones que el Estado le debe al INSS, para cancelarlos en 20 años y no en 50, como decidió la administración Ortega. Ruiz asegura que puede demostrar “con papeles en mano”, que la deuda asciende a US$600 millones.

“No podemos esperar 50 años”, sentenció Ruiz.

3. Estado debe hacerse cargo de pensiones especiales

El tercer ‘paso responsable’ es que el Estado asuma el pago de las 2,145 pensiones especiales que cubre el INSS, por las que paga C$36.7 millones anuales, con lo que prácticamente se cancela el abono de US$10 millones anuales (equivalente a C$30 millones), que paga por la deuda histórica.

4. Nueva ley de Seguridad Social y autonomía

El cuarto paso requiere que el Estado constituya dos comisiones, la primera de las cuales tendría la tarea de elaborar un proyecto de nueva ley de Seguridad Social.

La comisión encargada del proyecto de ley tendría que asegurar que el nuevo texto legal garantizase la autonomía de la institución, de modo que el presidente ejecutivo del INSS no sea un subordinado del presidente de la República. También tendría que legislar la relación entre el INSS y las Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud (las antiguas EMP), de modo que se elimine la discrecionalidad existente.

5. Revisar inversiones del INSS

La segunda tarea que tendrían estas comisiones en una nueva ley de Seguridad Social sería revisar las inversiones efectuadas y los montos de las reservas técnicas, las de contingencia, las de deterioro, y los capitales constitutivos, términos que usan los administradores para prever, prever y prever.

De paso, debería normar los criterios a seguir para la inversión de las reservas técnicas del sistema de seguridad social, además de –entre otras tantas tareas importantes- buscar las formas de reducir la accidentalidad laboral.

6. Reducir gastos administrativos del 13% al 6.5%

El quinto ‘paso responsable’ manda a reducir a la mitad los C$2,789.2 millones que pagó el INSS en concepto de gastos administrativos en 2016, equivalente al 13% de sus ingresos, y llevarlo a un razonable 6.5%, como dicta la costumbre internacional, mientras el sexto recomienda “cumplir el Estado de Derecho para generar confianza entre la población”.

Edificio central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en Managua. Confidencial | Carlos Herrera
INSS ‘hace aguas’ por todos lados

Giovanny Rodríguez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, mostró en el más reciente foro auspiciado y organizado por un conjunto de organizaciones nacionales e internacionales, la incongruencia principal que afecta al seguro social.

“¿Cómo es posible que la Ley obligue a los bancos privados a publicar en los periódicos sus estados financieros auditados, pero no se obligue a hacer lo mismo al INSS, que es una entidad pública?”, cuestionó.

Rodríguez explica que el problema del INSS se puede expresar de una manera muy simple: tiene pérdidas recurrentes desde el 2012, por lo que, como mínimo, debería buscar cómo alcanzar el equilibrio financiero, de preferencia, tratando de generar excedentes “aunque sean pequeños”.

Cualquiera que sea el ángulo de análisis, el resultado es el mismo: si se observa el flujo de caja, el diagnóstico es que desde el 2013 los gastos superan a los ingresos. Si lo que se analiza es el patrimonio, resulta evidente que este disminuye precisamente a partir de 2013.

“Existe un problema de gestión interna”, asegura detallando una de sus aristas: el manejo de las inversiones, en el que resulta claro que hay un porcentaje muy alto destinado a préstamos. La pregunta es: ¿se hicieron los estudios financieros que demostraran la viabilidad de cada préstamo, o estos se explican simple y sencillamente por la cercanía entre el solicitante y el solícito prestamista?