Política

Solís: No hubo golpe, los juicios políticos “deben ser anulados”

Ortega no tiene voluntad de negociar: “La mayoría dentro del Frente quiere diálogo, pero hay temor de discutir, solo ellos dos deciden”

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael “Payo” Solís, hasta hace diez días el principal operador político de Daniel Ortega en el sistema judicial, habló durante 54 minutos ante las cámaras de Esta Semana sobre las razones de su ruptura política con el régimen dictatorial Ortega-Murillo.

Separado de sus cargos públicos y partidarios tras renunciar en una carta de denuncia pública, Solís aboga por la anulación de los juicios que se siguen contra más de 500 presos políticos, y por la creación de una “Comisión de la Verdad”, pues considera que el tema de los muertos y la justicia no puede estar ausente del Diálogo Nacional, si este se reanuda.

Conocido por su pragmatismo dentro de la cúpula del FSLN, Solís reveló que presentó al menos cinco alternativas a Ortega para buscar una salida política a la crisis, pero advirtió que éste “no tiene voluntad de negociar”, y tampoco existe en el FSLN una corriente que lo vaya a presionar, por temor a ser señalados de “traidores”, aunque la mayoría de los sandinistas están por el diálogo.

Rafael Solís en entrevista con Carlos F. Chamorro, en el programa Esta Semana. Elmer Rivas | Confidencial

El ideólogo de la reelección inconstitucional de Ortega en 2011, que ahora considera un error, reconoce que ésta fue el origen de la reelección indefinida, y adelantó que está dispuesto a someterse a una investigación independiente sobre los señalamientos de tráfico de influencias y corrupción que rodean a una Corte en la que fungió durante diecinueve años, como principal vocero del FSLN.

Solís negó que hubiera negociado con algún gobierno extranjero los términos de su renuncia a cambio de protección: “Es una decisión personal”, alegó, con la intención de dar un campanazo de alerta para llamar al diálogo y evitar una guerra civil.

Este es un fragmento de la entrevista que realizamos en Costa Rica, donde Solís contempla la posibilidad de solicitar asilo político.

Algunos funcionarios han renunciado al Gobierno presentando excusas de salud, por razones personales, en tu caso anunciaste públicamente una ruptura política con el presidente Ortega y con el FSLN, ¿cuál ha sido tu objetivo?

Realmente pensé que la podía hacer de la otra manera también, pero viendo la posición de los últimos meses, y sobre todo la última, el mensaje de Año Nuevo del presidente que fue prácticamente repetir lo mismo, que no había diálogo, y que las puertas estaban cerradas prácticamente a cualquier tipo de negociación; tomé la decisión de hacerlo más bien por la vía política, de una carta pública que contemplara una serie de situaciones con las que no estuve de acuerdo a lo largo de ese periodo y que dejara lanzada una advertencia también: que era importante reanudar el diálogo o que el país podía desembocar en última instancia en situaciones de violencia. Me parece que como llamado a la reflexión sí iba a producir más efecto que una simple renuncia por razones de salud.

La negociación política que no fue

En tu renuncia, decís que por los menos en dos ocasiones propusiste al comandante Ortega alternativas o soluciones para negociar una salida política, y que estas propuestas no fueron tomadas en cuenta. ¿Cuáles fueron esas alternativas?

Las alternativas propuestas eran cinco, más o menos, lo hice cuando regresé de México, al inicio del Dialogo. Lo llamé por teléfono, me dijo: “Mandámelas, claro que sí”, hablé con Rosario, hablé con ambos. Entonces le planteé un abanico de posibilidades que contemplaban las reformas constitucionales como una alternativa que se podía explorar.

Obviamente, si se producía un adelanto de elecciones tenía que venir acompañado de reformas constitucionales, pero aprovechar para hacerlas también un poco más amplias, aprovechar temas que estaban en el tapete, que habían tenido que ver con la concentración de poder y volver a ampliar un poco las facultades de cada Poder del Estado.

Le planteé las posibilidades, también, que habían de comenzar por una reforma electoral, y que nos fuéramos por la vía de las reformas electorales, y obviamente un nuevo Consejo, aprovechando que ya venían los vencimientos de periodos.

Otra que le planteé también, era la posibilidad del referéndum sobre si se adelantaban o no las elecciones, que era un anticipo, porque un referéndum es una consulta que tiene que ver con el mismo tema, si perdías el referéndum, obviamente hubieras tenido que ir después al adelanto de las elecciones.

¿Cuáles fueron las consideraciones del comandante Ortega?

Él sí me llamó por teléfono y me dijo que estaba enterado del documento, que lo veía bien, que me iba a llamar después para conversarlo. Igualmente Rosario, que también lo vio. “Me parece bien”, me dice. “Lo importante es —me dice—, que nos mantengamos firmes en las decisiones que estamos tomando nosotros, y ahí lo vamos a discutir, todas las propuestas que presentaste. Y la realidad es que no hubo oportunidad de conversar sobre esos temas en todo el momento que duró la crisis.

¿Eso fue antes del encuentro que ellos tuvieron con el enviado del Senado norteamericano, Caleb McCarry, y del que posteriormente tuvieron con los obispos, o fue después?

Esa fue a finales de mayo, antes del encuentro. Efectivamente la información que yo tuve es que le habían dicho al enviado que sí había disposición de adelantar las elecciones, después tomaron la otra decisión, de no adelantarla. Con los obispos, que también le plantearon el adelanto, y hasta le pusieron la fecha el último domingo de marzo, ya ahí la respuesta fue más cerrada, prácticamente no les contestaron y ya habían tomado la decisión, creo yo, de que el Diálogo no continuara.

No hubo golpe de Estado

¿A qué atribuís el endurecimiento de Ortega y Murillo, que mencionás en tu carta, y qué condujo después a la “Operación Limpieza”, al ataque a los obispos como mediadores, y luego a la imposición del Estado de terror que vos describís?

Es muy difícil adentrarse en las interioridades. A lo mejor el Diálogo también comenzó de una forma tan violenta que hizo que reaccionaran muy a la defensiva. Y si vos te acordás, en la primera sesión del Diálogo, algunos de los que intervinieron, sobre todo de los estudiantes, plantearon que ahí no iban a dialogar sobre alternativas, sino que sobre la salida de él, cómo iba a ser, etcétera. Fue una forma de abordar las cosas, creo yo, que endureció a lo mejor la posición, probablemente ellos sintieron: “Estos, lo que quieren es acabar con nosotros, que nos vayamos y no están pensando en una negociación”, entonces ante esa situación, independientemente que la Policía sí estaba guardada, y estuvo un tiempo, después se fue desarrollando la otra posibilidad, de terminar con los tranques de la otra forma.

Yo creo que también, para ser objetivos, viéndolo retrospectivamente, hubo alguna intransigencia de parte de quienes estaban a favor de los tranques, y aunque públicamente el sector privado y los obispos decían que ellos no controlaban a las personas que estaban en los tranques, sí había algún tipo de relaciones, y ellos sintieron que esa presión de mantener los tranques y mantener el país paralizado, porque llegaron a ser casi trescientos en todo el país, iban a botarlo a Daniel, y ahí se equivocaron, porque obviamente no era esa la vía. Tal vez hubo falta de visión en el sentido de que se hubiera podido flexibilizar el problema de los tranques, porque en varias reuniones el Gobierno insistió y la delegación del Gobierno, que era importante que se levantaran los tranques para que el Diálogo avanzara.

Pero lo que vino después fue la “Operación Limpieza” y las bandas paramilitares…

Estoy de acuerdo con vos…

Y centenares de presos políticos.

Sí.

El cercenamiento de todas las libertades públicas.

Sí. Es eso lo que señalo, el uso excesivo de la fuerza. Se endureció la posición de ellos y ya no volvieron al Diálogo. Pero creo que privó probablemente la percepción de que lo que se quería era botarlo, y por eso vino el desarrollo dentro del Gobierno y de las filas del Frente, la tesis de que lo que había habido detrás era un golpe de Estado, más que una protesta, iniciada de una manera bastante espontánea, y que después agarró fuerza porque acumuló también otra serie de factores de los años anteriores. A lo mejor efectivamente creyeron que detrás de todo lo que había era un intento por derrocarlo más que, digamos, una posibilidad de una negociación, puede ser que hayan magnificado las armas que tenían los otros, la capacidad de convocatoria que tenían, y se fueron por la dura, pues, y como ocurrió.

Pero más bien fue el Gobierno el que desató la represión y el terror contra la población y que finalmente estableció un Estado de excepción de facto.

Bueno, al final se llegó a eso, pero esa tesis, (del golpe de Estado) es la que ha mantenido el Gobierno invariablemente en los foros internacionales, al interior del país. Puede ser que en el interior de algunos compañeros del Frente exista la duda sobre si hubo o no un golpe de Estado fallido. Yo estoy convencido, analizando bien las cosas, no lo hubo, pero otros que pueden pesar que sí, que lo hubo, pero era algo que no eran cosas que las discutíamos ahí, en círculos políticos o de la Corte. Sinceramente, creo que no hubo el tal golpe de Estado.

Los juicios políticos deben anularse

En tu carta de renuncia señalás que los juicios contra los presos políticos se deciden desde El Carmen, y que el Poder Judicial ha sido prácticamente anulado. ¿Cómo se manejan esos juicios?

Es que realmente tienen esa característica de ser juicios políticos, porque independientemente de los delitos cometidos se dan en el marco de una rebelión política en contra del Gobierno, entonces las decisiones políticas se toman ahí en El Carmen, y los jueces lo que hacen es ver los hechos en el expediente, si tienen que ver con algún homicidio que se pudo haber cometido, alguna obstrucción de alguna vía pública, o todas las tipificaciones que están ahí alrededor de la figura del terrorismo, que son amplias en el Código Penal, y fallan sin tener consideraciones políticas, porque se limitan a la parte jurídica. Pero las posibilidades de que un juez falle en un caso de estos que se están dando, en contra de la acusación que presenta la Fiscalía, y diga que no hay tal sustento en la acusación y la persona sea inocente son pocas. Ha habido algunos casos que han salido libres, que no han tenido ninguna vinculación o no se han presentado pruebas.

Y hay uno que incluso ha sido declarado no culpable y sigue preso, como Alex Vanegas.

Efectivamente, hay otros que sí han salido, que tenían tal vez poca relevancia en la comisión de los hechos o, digamos, no hubo pruebas que sustentaran las acusaciones. Pero sí digo que son juicios políticos, porque se dan dentro de ese marco y obedecen a los criterios internacionales establecidos para los juicios políticos.

¿Como ves el futuro de todas estas personas que están siendo enjuiciadas y condenadas en estos procesos, mientras hay más de trescientos asesinatos que están en la impunidad? ¿Estos juicios van a seguir o podrían ser anulados?

A mi juicio se debieran de anular, y aunque eso no lo pongo expresamente en la carta, sí lo he dicho en otras entrevistas, creo que se debieran declarar nulos, y buscar cómo efectivamente la mayoría de las personas, sino todas, sean puestas en libertad y promover la reconciliación verdadera en el país. Obviamente, no lo veo así en la realidad, va a ser muy difícil que magistrados del Tribunal de Apelaciones, o aun cuando lleguen los juicios a la Corte, los magistrados de la Sala Penal digan que los juicios son nulos o revoque sentencia de los Juzgados, de condena. Me parece que esto va a tener que esperar un acuerdo de carácter político para considerarse como una decisión política, la declaratoria de nulidad de los juicios y libertad de todos ellos. Sin ese acuerdo político que debiera ser producto de un diálogo es muy difícil que el Poder Judicial revoque las decisiones que han tomado los jueces en el caso de las condenas.

Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que vos citás en tu carta, sobre la represión y los muertos que hubo en estos meses, dicen que ellos no tuvieron ninguna colaboración de parte del Gobierno ni acceso a los expedientes judiciales. ¿Cómo se puede establecer la verdad y justicia sobre esta masacre?

La realidad es que el primer informe que se dio, el preliminar, digamos, me parece que también pudo haber creado esa percepción en el Gobierno, como que había un prejuicio, o a lo mejor la Cancillería, el presidente, la vicepresidente y otras personas consideraron que solo habían tomado las versiones que habían recibido de los organismos de derechos humanos, y por eso hubo ese cierre, porque en las primeras reuniones —para ser honestos— estábamos una comisión grande de distintas instituciones con ellos, sí sentí que había la flexibilidad y la oportunidad de que revisaran caso por caso, y hasta se firmó el acuerdo, permitiendo la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, que fue el que dio el informe este diciembre, tan fuerte. Pero pudiera ser que, en la percepción de las máximas autoridades del Gobierno, sintieran que hubiera ya una línea de atacarlos y se cerraron a no darles más información.

Ustedes los magistrados tenían la responsabilidad de brindarle acceso a los expedientes judiciales.

Bueno, quedaron establecidos como canales la Cancillería de la República, que era a través de donde ellos tenían que hacer las solicitudes de acceso a la Fiscalía General, que era la encargada de presentar las acusaciones.

Nosotros al principio, en los casos que ellos solicitaron, y que fueron muy pocos, y que tenían que ver más con dictámenes médico legales, sí les dimos algún tipo de acceso, pero cuando comenzaron a producirse los juicios, efectivamente no se dio ese acceso, había una posición más dura con relación al trabajo de ellos.

Se necesita una Comisión de la Verdad

El Gobierno expulsó a las tres organizaciones internacionales de derechos humanos, primero a la ONU, después al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales y después también a la CIDH. En Nicaragua hay centenares de familias que se preguntan ¿cómo acceder a la verdad y a la justicia frente a esta matanza, frente a estos muertos?

Es obvio que es un tema pendiente. No se ha hecho una investigación a fondo para determinar responsabilidades, determinar qué es lo que ocurrió. Yo creo que efectivamente el uso de la fuerza fue excesivo, se pudo haber evitado desde un principio, a muchos de nosotros nos dolió mucho, y aprovecho la oportunidad pública para expresarle a las madres de tantos nicaragüenses muertos, nuestras sentidas condolencias y dolor por la pérdida de sus hijos.

Hubo muertos también en menor número de la Policía y de algunos compañeros del Frente, pero la mayor parte, es cierto, del bloque azul y blanco. No se ha hecho esa investigación, todavía no se ha entrado a fondo.

Es obvio que este es un tema que va a ser objeto del Diálogo Nacional, si se llegara a reanudar, y también puede seguir la otra vía, que es la vía internacional, que después la comisión envíe el caso a otras instancias de Naciones Unidas, o de la misma OEA, o de la Corte Interamericana. La Corte Penal de Nicaragua no es signataria de la Corte Penal Internacional, y por lo tanto no tiene jurisdicción.

Pero sí la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sí, y hemos tenido una gran cantidad de casos en la Corte Interamericana, y muchos casos pasan de la Comisión a la Corte, o sea que esta es una posibilidad que en el 2019 se puede dar, y Nicaragua tenga que comparecer en la Corte Interamericana, que tiene sede casualmente en San José. Yo estoy de acuerdo con vos en que es una investigación que hay que llevarla a cabo. No sé si por los mismos grupos que han estado, por el GIEI, por la Comisión Interamericana o por el grupo de Naciones Unidas, o habrá que crear una comisión de la verdad, como se ha hecho en otros países.

El GIEI dice que se han cometido crímenes de lesa humanidad y demanda que sean investigados el presidente Ortega y los altos jefes de la Policía y otras instancias.

Sí, y a la hora que se cree una comisión de la verdad, no sé si será mixta, nacional, internacional, las investigaciones tienen que producirse. Hay que tener cuidado de no comenzar por el final. El Diálogo, si comienza, yo creo que debiera de ser alrededor de los temas originales, pero el tema de la justicia no podés obviarlo a estas alturas, no solo va a ser sobre la democratización o sobre la reconciliación o sobre la paz en Nicaragua, sino también tiene que tocar el tema de la justicia, y ahí tenés que ir deslindando responsabilidades.

¿Por qué el Ejército no desarma a los paramilitares?

En tu carta señalas que el presidente Ortega autorizó que se armara con fusiles de guerra a jóvenes y también a sandinistas retirados que participaron en la represión junto con la Policía. Estos grupos siguen armados al día de hoy, y según la ley no puede haber dos ejércitos. ¿Debería el Ejército de Nicaragua desarmar a los paramilitares? ¿Por qué no lo ha hecho?

Sí. Esa es una de las preguntas del millón, como dicen, porque no solo lo planteó yo ahora, ya saliéndome del Frente, una serie de personas lo habían planteado incluso antes, desde Humberto Ortega, Jaime Wheelock, otros que habían sido sandinistas anteriormente y que habían sido hasta miembros de la Dirección del partido, y lo habían planteado también distintas personalidades dentro del país y fuera del país.

La Constitución establece que la fuerza militar que tiene la potestad de usar armas de guerra es el Ejército, y la otra fuerza, que es la Policía, que es para situaciones del orden público también puede estar armada, pero de ahí pasar a armar otros grupos fue una barbaridad, fue un error que se hizo y que pudo haber provocado una guerra civil si los otros hubieran estado tan armados como estos, porque los otros estaban con armas, pero no de la naturaleza de las que tenían quienes fueron a desalojarlos.

Pero el Ejército ha mantenido su neutralidad, en términos generales, yo diría que sí se mantuvo al margen del conflicto y lo hicieron público en varios comunicados, pero desarmar a los grupos armados es una tarea que todavía está pendiente.

En las razones que argumentás, al final de tu carta, advertís que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo estarían llevando al país al camino de una guerra civil, ¿por qué?

Esa es una advertencia un poco fuerte, para tratar de provocar una discusión y una reflexión sobre la necesidad de reanudar el Diálogo Nacional. Nadie quiere la guerra en Nicaragua. Nicaragua ha vivido tantas guerras y ha sido cíclica la guerra en la historia de nuestro país, que nadie la quiere, ni siquiera los que están en los grupos de oposición te hablan de ir a una situación de guerra civil.

Yo creo que si no hay Diálogo Nacional y no se reanuda pronto, en las próximas semanas, la economía se sigue deteriorando a ritmo acelerado, la población se expresa en las calles de una manera ya violenta, a pesar que ahorita están prohibidas las marchas, sí pudieran considerarse, si se vuelve a repetir la represión del año pasado, una situación en la que la gente diga: “Bueno aquí no queda más que la otra vía, pues si no hay salida por la vía cívica, vamos a buscar cómo usar la vía armada”, que llevaría al país, a una guerra civil, pero eso no es algo que lo esté viendo en el corto plazo, y ojalá Dios quiera que no se dé y que se logre reanudar el Diálogo, porque una guerra terminaría con un país destruido y nadie lo quiere

El presidente Ortega ha dicho que el país va hacia una “economía de subsistencia”, basada en el “gallopinto”. Igual que otros analistas económicos y empresarios, vos considerás que la economía está al borde del colapso. ¿Esta preocupación sobre la situación económica la comparten los altos funcionarios del Gobierno, los ministros del área económica, o ellos creen que todo está normal?

Yo creo que hay una percepción que efectivamente no todo está normal desde el punto de vista económico. Yo tuve pláticas bilaterales, con algunos miembros del gabinete económico. Sin embargo, no existe una percepción tampoco, ni creo que se la han hecho sentir al presidente y a la vicepresidenta, de la dimensión de la crisis económica y de lo que se viene en los próximos meses.

Creo que hay miembros del gabinete que consideran que es manejable la situación y que se puede vivir en medio de una situación en la que se tomen medidas económicas de una u otra naturaleza, para afrontar la falta de inversión extranjera directa, la fuga de capitales al exterior, un presupuesto que no está financiado para 2019 y por eso al reducir a una economía de subsistencia, puede seguir caminando el país sin que haya una catástrofe. Es algo muy discutible porque hay otros que te dicen que no, que obviamente al desplomarse el turismo, la construcción, el comercio, todo lo que es compras de bienes normales y reducirse a los bienes estrictamente de consumo, va a haber una reacción fuerte de la misma gente, aparte de lo que puede significar en términos de desempleo y de corridos, no solo del sector público, sino del sector privado, a lo largo de 2019.

Ortega no tiene voluntad de negociar

La razón fundamental por la que renunciaste es porque Ortega y Murillo no están dispuestos a favorecer una salida política. ¿Bajo qué circunstancias considerás vos que Ortega aceptaría negociar? ¿Acaso hay alguna presión que pueda obligarlo a a facilitar esa salida?

Ahorita no la veo. Por eso es que renuncié. Bueno, aparte de las otras razones que señalo de circunstancias que se dieron en estos nueve meses con las que no estuve de acuerdo. Yo tengo la percepción, al día de hoy, todavía, que no hay esa voluntad, que no existe pues.

Si lo que está en juego es el futuro de Nicaragua, la paz, la reconciliación, la reconstrucción, ¿se puede concebir una negociación política sin Ortega y sin Murillo? Es decir, ¿que estando ellos separados de sus cargos, otras figuras del régimen faciliten una negociación política?

Bueno, es que eso pasaría por la separación de ellos de sus cargos, que es algo también que está vinculado con lo anterior. Si no quieren ir a una negociación, mucho menos que estén considerando presentar su dimisión, su renuncia, o una medida, en la que ellos queden al margen de una negociación.

Pero si tampoco pueden gobernar el país, y hay una situación…

Bueno, eso es algo que habrá que ver hasta dónde en las filas del partido sandinista exista esa corriente, que tampoco la veo. Te digo sinceramente, aquí las renuncias se van a ir dando una a una. No veo yo un futuro de renuncias masivas dentro del Frente en el corto plazo, o aún en el mediano plazo.

Creo yo que todavía hay mucho temor, no, para discutir estas cosas adentro del sandinismo, y aunque mucha de la gente sí quiere, y la gran mayoría, incluso dentro del Frente mismo, que vuelva la paz al país y que haya Diálogo Nacional, incluso, y si tenés que hacer concesiones las hagás, para que regrese también el trabajo que se ha perdido por decenas de miles, es muy difícil que lo digás dentro del partido, porque pueden considerar que te estás rajando, que sos traidor, y ya se perdió esa capacidad de discusión que hubo hace mucho tiempo dentro de las filas del Frente, e instancias tales como la Asamblea o el Congreso, las bancadas. Es decir, el poder está concentrado y las decisiones solo la toman ellos dos.

¿Cómo ves el futuro del FSLN si no hay una salida política?

Negro. Es obvio que si no hay una salida política, el Frente mismo se va a ir deteriorando de una manera muy acelerada. La gente en Nicaragua y el sandinista mismo, las familias de ellos, de todos los sandinistas, quieren que esto se resuelva. Aunque las encuestas todavía te presentan un 70-30, más o menos, el Frente sigue siendo un partido fuerte que tiene una base, y una organización nacional, a lo largo y ancho de Nicaragua, pero que con el tiempo, si sienten que quienes lo dirigen no quieren una solución, puede ser que vayan perdiendo y se vayan retirando, algunos por las vías de hecho, otros por las vías de renuncia pública, otros por la vía de no participar en actividades, o se van al exilio, o dejan de ir a votar en las votaciones, como fue el abstencionismo en las últimas dos votaciones. Hay miles de formas en las que se le puede hacer llegar el mensaje a Daniel y a Rosario para que se sienten a un Diálogo Nacional de nuevo y busquen cómo esta situación no continúe en Nicaragua, que eso es lo que quiere todo mundo.

¿Cómo se desmonta ese estado de concentración de poder? ¿Cómo se reconstruyen las instituciones de Nicaragua?

Eso va a ser un proceso. Eso va a requerir, obviamente, de un nuevo Gobierno, de una Asamblea Constituyente que haga una nueva Constitución.

¿Hay que reformar todo?

Cambiar la cultura. Yo me iría por una reforma total más que por una reforma parcial, pero esto es todo un proceso que habrá que hacer en todo el Estado, que va a requerir mucho tiempo y que requerirá también un acuerdo nacional. No es una tarea fácil, pero hay que comenzar por el principio, no por el final.


“Yo asumo mis responsabilidades políticas”

La reelección indefinida tuvo su origen en la reelección consecutiva, la Corte fallaba políticamente

Rafael Solís renunció a su cargo como magistrado de la CSJ y su militancia de más de 40 años en el FSLN. Elmer Rivas | Confidencial

Al margen de tu renuncia y las razones que has expuesto sobre esta ruptura política, muchos sectores consideran que vos sos uno de los responsables del diseño y de la consolidación de una dictadura institucional que ahora derivó en una dictadura sangrienta, ¿qué responsabilidades asumís frente a ese señalamiento?

Yo lo he dicho claramente, que sí asumo mis responsabilidades, yo no las niego. Cuando se planteó el asunto de la reelección que pudiera considerarse una gran parte del problema, y la Corte falló diciendo que era inconstitucional el artículo que la había dejado prohibida, nosotros, y yo en lo personal no lo vi como algo malo, me parecía que un periodo era limitante a una relación económica con el sector privado y a un crecimiento del país que se venía dando sostenido en los primeros cinco años, y que era poco tiempo para cumplir un programa de gobierno, y que era normal, como lo tenían otros países, la reelección, incluso nosotros vimos casos similares, aunque no continuas, pero sí alternas, como el de Costa Rica. Lo que no vislumbró nadie era que después se iba a hacer la reforma constitucional, cuando ya el Frente logró la mayoría absoluta de más del sesenta por ciento, de los dos tercios en la Asamblea Nacional, para hacer una reforma constitucional que dejara la reelección indefinida. Pero claro, el origen de la reelección indefinida fue la reelección para el siguiente periodo.

La reelección es el punto medular de la entronización en el poder y el continuismo del comandante Ortega.

Exacto.

Pero también hubo el fraude electoral de 2008, la corrupción del Consejo Supremo Electoral, la ley del canal interoceánico que la misma Corte negó su inconstitucionalidad, los recursos que están acumulados en la Corte, o la expulsión de los diputados del PLI en el año 2016, hay un cúmulo de acciones y responsabilidades de la Corte en el proceso de construcción de esta concentración del poder.

Es cierto, pero es que en temas políticos la Corte fallaba políticamente, en los temas estrictamente políticos sí había ese criterio. Esta Corte Suprema tenés que verla también en el tiempo, es decir, cuando en el 90 se cambió totalmente y surgió una nueva Core Suprema donde solo quedó, después de las negociaciones, un magistrado del Frente, después se subió a dos más, y luego tres; y después vinieron las reformas constitucionales, las que provocaron aquella Ley Marco, y se subieron a doce, ahí se lograron cuatro, y ocho eran o liberales o de partidos antisandinistas, después vino el acuerdo con Alemán y se subió a dieciséis, ahí entramos unos nuevos magistrados, y ya la correlación todavía seguía siendo desfavorable en el sentido político, por tanto estos fallos, sí fueron fallos políticos que, en muchos países los poderes judiciales, en temas políticos, dependiendo del origen de sus magistrados, también tienen esas consideraciones a la hora de emitir su fallo.

Pero esta Corte terminó en un monopolio del FSLN, ahora subordinado directamente a la persona de Daniel Ortega.

Al final. Pero en su evolución no fue de esa manera, sino que fue evolucionando de una Corte antisandinista, por así decirlo, de un periodo de duración de casi quince años, a una Corte efectivamente con una mayoría amplia del sandinismo, que garantizara que las decisiones políticas que se adoptaran fueran consecuentes con los fallos judiciales que en temas políticos se emitieran.

Sin embargo, ninguna de esas situaciones que se dieron, le podían a uno dar luz sobre las situaciones que se produjeron después del 18 de abril. Es decir, era algo que uno decía: “Bueno, está bien, vamos a decir que la ley del canal fue constitucional, o que en el caso del PLI el grupo que se reconoce es este, y el otro grupo no se reconoce”, pero vislumbrar, en medio de un acuerdo político nacional que había con el sector privado y con una cantidad de organizaciones sindicales, gremiales, políticas, antes del 18, era muy difícil que la Corte como tal adoptara otro tipo de decisiones.

Esta Corte política, como la has descrito, también ha sido señalada de tráfico de influencias, y hay magistrados que han sido señalados también de enriquecimiento ilícito, de corrupción, aunque nunca ha habido una entidad independiente que pueda hacer alguna investigación. En tu caso personal ¿te someterías a una investigación independiente?

Sí, claro que sí. Yo creo que la opinión pública y las instancias correspondientes del Gobierno o de otra naturaleza, tienen esas posibilidades de investigar a la Corte y se nos ha señalado porque una gran cantidad de abogados en el foro también dicen: “No, es que yo soy protegido de tal magistrado, e hice negocios con tal magistrado”, el otro abogado dice lo otro, del otro magistrado, etc.

Ha habido también mucho fondo político en algunas de estas acusaciones, pero el escrutinio que se pueda o no hacer del Poder Judicial es algo que está abierto para actuaciones pasadas de todos los que hemos sido magistrados o para actuaciones presentes. Creo yo que, como funcionario público incluso, estamos sujetos al mismo, eso es algo que está abierto.

Tu renuncia y tu ruptura política con el Gobierno y el Frente Sandinista ¿implican algún riesgo para tu persona? ¿Has negociado con alguna entidad, a algún Gobierno extranjero, alguna medida de protección, a cambio de información?

No. Eso no. La decisión fue estrictamente personal. Es decir, la decisión la tome yo. No la consulté, no la discutí con magistrado alguno, con ningún miembro de mi familia. Sentí que era momento ya de hacerlo. Y dije: “Hasta aquí llego” y hago la carta estando en San José y la mando. Te fijás que hay una diferencia entre el ocho, que fue el día que la hice, y el diez, que fue el día que la mandé.

El Gobierno de Costa Rica me ha acogido de una manera positiva, y creo que obedece también a una tradición que ha tenido Costa Rica en materia de asilo político, aunque no me he sometido a esa posibilidad, no la he considerado. Estoy todavía dentro de los noventa días de permiso normal que dan las autoridades costarricenses, y entré por la vía normal, del aeropuerto, el siete (de enero). Pero es una posibilidad, que se pudiera dar. Aquí hay miles de nicaragüenses que han entrado por las otras vías, no necesariamente legales, y tienen estatus de refugiados, y están viviendo en este país.

Pero de eso, a que yo haya negociado de previo con el Gobierno de Costa Rica, como dicen en algunas redes sociales, por tratar de ensuciarme, o con el Gobierno de los Estados Unidos o con otro Gobierno es totalmente falso. No hubo ese tipo de negociaciones de previo. Yo sentí que era el momento ahora, de hacerlo, porque si no lo hacía y me regresaba a Nicaragua, ya no lo iba a hacer y el país seguía por este mismo rumbo, que era el rumbo equivocado. Y por eso dije: “Tengo que hacerlo, aunque me quede en el exilio”.

Algunos altos cuadros del Gobierno y del FSLN, como el diputado Jacinto Suárez, el canciller Denis Moncada, te han acusado de traidor, ¿qué respondes a las bases del Frente Sandinista o a tus excompañeros en el Gobierno?

Quienes me conocen, saben que no es cierto eso. Que no fue una traición, que no hubo ninguno de los elementos que se consideren propios de una traición. Creo que el proceso en Nicaragua va a pasar por un diálogo, y que va a tomar su tiempo todavía la solución de esta situación, y bajo ese criterio también hay una gran cantidad de sandinistas que a lo largo de los últimos años se han ido por una u otra razón, y han abandonado el Frente, y también dirían: ‘No, este es traidor, por el hecho de haberse ido de las filas del Frente’ y la historia ha demostrado que las cosas no son así.

Cuando vos no estás de acuerdo con algo, podés renunciar, aunque te acusen de traidor. Ya viste que a Edén (Pastora) que lo acusó Tomás (Borge), y después ahora está con el Frente desde hace tantos años. Edén renunció por razones políticas en esa época, porque considero que el Gobierno iba por un camino autoritario. Y sin embargo, después regresó.

Yo sí fui serio en el sentido de decir que me retiraba del sandinismo y de la Corte, que renunciaba a ambas cosas, y de hecho no tiene sentido que vaya a buscar cómo integrarme a otro grupo político o partido político. No es mi personalidad, tampoco. Asumí mi responsabilidad y asumo mi historia también a lo largo de tantos años. No pretendo ahora tener espacio en grupos de oposición ni mucho menos. Esa es una decisión personal, y la pensé antes de hacerlo con esa intenciónque sirviera de campanazo para ver si se logra dar otro rumbo a la situación que está viviendo Nicaragua.

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