Economía

Comunicado Siboif oculta que Gobierno se vio obligado a recular

Superintendente se “lava las manos” en escaramuza bancaria

Victor Urcuyo

Urcuyo jura que nunca ha vulnerado el sigilo bancario, pero no admite que presionó a los bancos con multas, a las que estos se resistieron



La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) publicó un comunicado en el que intenta justificar su actuación durante la crisis que sufrió el sistema financiero nacional la semana pasada, creada cuando el superintendente Víctor Urcuyo pidió a los bancos que identificaran con nombres y apellidos, a las personas que habían retirado más de 50,000 dólares de sus cuentas a partir del 18 de abril.

El comunicado publicado en campo pagado en los diarios nacionales, se extiende en detallar los artículos e incisos de la ley que permiten al superintendente pedir información a los bancos para hacer mejor su trabajo de supervisar al sistema, identificando aquellas transacciones y comportamientos que pudieran dañar la estabilidad de las entidades que lo componen.

Su argumentación legal incluye el artículo 99 párrafo 5 de la Constitución Política de la República; los artículos 12 y 16 de la Ley de la Siboif (Ley 316); así como los artículos 99 y 113 de la Ley 561, Ley General de Bancos, en especial, el numeral 1 del referido artículo 113.

Urcuyo dice en su defensa, que él ha ejercido sus labores como Superintendente, “en estricto apego a la Constitución Política y a las leyes de la materia, de manera autónoma e independiente, y al margen de influencias de cualquier naturaleza”.

Añade que quiere “dejar establecido ante la opinión pública en general, y de manera particular a los depositantes, que el Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, nunca ha violado el sigilo bancario, por lo que cualquier calificación contraria al respecto, la rechazo enfáticamente”.

Sin embargo, Urcuyo omite hacer referencia a la petición ilegal con la que encendió las alarmas de los banqueros, economistas, abogados, contadores, analistas, empresarios, supervisores y demás profesiones vinculadas al negocio, que vieron con preocupación cómo se pedía vulnerar el sigilo bancario.

El superintendente tiene razón al decir que nunca ha violado el sigilo, pero no explica que es porque los bancos se negaron a entregar la información que les pedían, pese a la aplicación de una multa de 50,000 dólares, más la promesa de que no recibirían ayuda del Banco Central de Nicaragua, en caso de necesitarla.

El comunicado tampoco hace referencia al hecho que ‘la solución Urcuyo’ vulneró nuevamente el estado de Derecho, al pedir a los banqueros que simplemente devolvieran los documentos en los que les informaba de las multas, en vez de emitir una nueva resolución cancelando la anterior.

Ambas omisiones tendrían como objetivo, no dejar constancia escrita del proceder indebido del funcionario, tanto al pedir que identificaran a los clientes, como al solicitar que devolvieran las cartas y dejar todo en el olvido. El problema en ese cálculo, es que los documentos siguen estando ahí.