Confidencial

Tendencias legislativas cibernéticas

Las redes sociales se han convertido en parte importante de la sociedad.

Más allá de la necesidad o no de nuevas reglas
internacionales, debemos procurar que el intento
de contener los excesos no ponga en riesgo
el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Kofi Annan—Ex -Secretario General de la ONU.

Desde que aparecieron los primeros indicios de las guerras de la información —hace ya más de una década— surgieron a la par las primeras preocupaciones acerca de la manera de hacer frente al estallido de nuevas luchas en todos los campos. Las advertencias hechas por los Toffler al iniciarse la última década del siglo veinte fueron precisas. Los usos masivos de las nuevas tecnologías por parte de las empresas desencadenaron guerras sin cuartel. Los lectores ópticos, rayos laser y los ordenadores, inundaron la comercialización de bienes y servicios. Todos disputaron la propiedad de la información recibida. ¿Quién era su dueño? ¿Los supermercados, restaurantes, farmacias, bancos, emisores de tarjetas de crédito? Fue cuando se enteraron que carecían de leyes para determinar a quién pertenecía la propiedad de la información derivada de esas refriegas. El problema se ha agudizado.

El contexto internacional ha empeorado, las interrogantes formuladas por los Toffler hace veintiocho años (El cambio del poder, (Plaza Janes, 1990), vuelven a ser planteadas. Esta vez lo hace Kofi Annan, ex Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). De manera angustiosa, ante las evidencias que las TICs constituyen una amenaza para la democracia, insiste en la urgencia de dar respuesta a las siguientes preguntas: “¿A quién corresponde la propiedad de los abundantes datos que recogen nuestros teléfonos y relojes? ¿Cómo deben usarse? ¿Debe su uso supeditarse a nuestro consentimiento? ¿A quién deben rendir cuentas aquellos que los usen? Son grandes preguntas de las que depende el futuro de la libertad”. Inquietud compartida por distintos gobiernos. Los alemanes con él ánimo que no continúen vertiendo mensajes de odio, emitieron —la Netzwerkdurchsetzungsgesetz— para sancionar los excesos de las redes.

El alcance planetario, la ubicación lejana de sus centros neurálgicos, la desaparición de la propiedad cruzada, el desarrollo satelital, las facilidades que ofrece el multimedia y la reducción progresiva del número de empresas mediáticas, oscurecen aún más el horizonte. Las inquietudes se multiplicaron durante la campaña electoral estadounidense. Lo que eran graves presunciones pasaron a ser una auténtica verdad. Las formas de hacer política como las maneras de hacer la guerra han cambiado sustantivamente. Las guerras de la información o ciberguerras están a la orden del día. Los rusos fueron los primeros en acusar a Estados Unidos de intervenir en Ucrania (2013-2015), su zona de influencia. Todo se agravó al comprobarse el hackeo de las cuentas del Partido Demócrata. Ninguna potencia se salva de este tipo de acusaciones. Forman parte de los juegos políticos del Siglo XXI. Un debate en marcha.

Hay desconfianza que se regule un campo sensible, ante el peligro que afecte la libertad de expresión. Como eje central de esta discusión, aparece la tensión entre proteger los derechos de las minorías objetos de campañas de odio y el riesgo que los gobiernos terminen por imponer de manera subrepticia la censura. Otro desafío proviene de las libertades ilimitadas que gozan los dueños de mastodontes mediáticos. No existen restricciones legales en su funcionamiento a escala global. La Suprema Corte de Estados Unidos reconoció que el monopolio mediático —controlado por una minoría— restringe sensiblemente las capacidades de expresión ciudadanas. Las asimetrías impuestas por las corporaciones mediáticas los coloca en una desventaja abismal. Cuando mayores son las posibilidades de expresión del ser humano, se constriñe el número de dispositivos desde donde podrían hacerlo.

La carencia de filtros de las redes sociales, convirtió en realidad —especialmente— el sueño dorado de los políticos. Nada se interpone para que las narrativas de distintos estamentos puedan llegar a los lugares más apartados del planeta. Uno de los mayores problemas obedece a la desaparición de la propiedad cruzada. El presidente estadounidense, Ronald Reagan, la abolió. Su inexistencia propicia la colusión de intereses. El hecho que dueños de compañías navieras e inmobiliarias, bancos, tarjetas de crédito, pozos petroleros, hoteles, empresas de aviación, comerciantes de toda laya, productores agrícolas, latifundistas, vinicultores, explotadores auríferos, ganaderos, etc., sean a la vez propietarios de empresas de telecomunicaciones, servicios de internet, plataformas digitales y software, creó una nueva casta. Son los varones del Siglo XXI. Un producto genuino de la desregulación. Urge un nuevo sistema legal.

Las redes sociales operan sin una legislación que amortigüe sus efectos a nivel mundial. Los países empobrecidos carecen de salvaguardas. La debilidad es extrema. No disponen de tecnologías y programas que les permitan hacer frente a la avalancha de gobiernos y empresas. Facebook y Google operan desentendiéndose de sus obligaciones. Convenios y tratados internacionales —la Declaración Universal de Derechos Humanos, para citar uno solo— prohíben mensajes de odio, la discriminación racial y la apología del delito. Sin empacho han desconocido estas disposiciones. Se empeñan en desoír los reclamos interpuestos por gobiernos y políticos. Son renuentes de introducir correctivos para evitar que se lesionen susceptibilidades, ni incriminar a países de ser centros de delincuencia internacional. La globalización de las comunicaciones exige un nuevo esquema legal.

La característica fundamental de los mensajes difundidos durante el cotejo electoral estadounidense, fue su naturaleza escatológica. El odio y la xenofobia encontraron en las redes sociales su principal caja de resonancia. Directivos de Facebook admitieron que su plataforma sirvió para difundir millares de noticias falsas. Los señalamientos de intromisión rusa en las elecciones de Francia, Alemania —las denuncias del gobierno inglés, en esta misma dirección— y las acusaciones rusas sobre espionaje estadounidense en su país, prueban la necesidad de legislar de forma inmediata. El mundo reclama un nuevo entramado jurídico para su defensa y protección. Kofi Annan sostiene, que “unos pocos grandes jugadores, en Silicon Valley y otras partes, tienen nuestro destino en sus manos; pero con su cooperación, podemos encarar las falencias del sistema actual. Deben imponerse cortapisas de inmediato. Cuanto antes mejor.

Las campañas de intoxicación, desinformación y fake news, son diseminadas por todo el orbe. Los medios tradicionales —prensa, radio y televisión— disponen de filtros. Cada día se juegan su credibilidad y existencia. La decisión de los senadores estadounidenses de introducir un proyecto de ley, para hacer extensivas las mismas reglas publicitarias que se aplican a la prensa, radio y televisión, hacia las redes sociales, expresa las agruras que provoca el desenfado con que estas actúan. Sin frenos ni contrapesos, publican cualquier tipo de información o publicidad, solo basta que resulten rentables a sus intereses. Estados Unidos se ha visto impelido a tomar precauciones. Trata de imponer restricciones para que no diseminen mensajes distorsionados y maledicentes y cerrarles el paso para que no sigan operando por la libre. Las consecuencias han sido funestas para la democracia.

Nuestra privacidad fue puesta a disposición de empresarios, políticos y militares. Una dimisión que no acaba. Hay una alta propensión de hacer públicos hasta los gestos más banales. Los resultados son devastadores. El mapa cartográfico disponible —a través de las toneladas de información que reciben del uso de las tarjetas de crédito, registros médicos y operaciones financieras— se amplía considerablemente con la información puesta a su disposición en Facebook y buscadores de Google. Estos datos permiten a las empresas completar la hoja de vida de empleados y aspirantes. Espanta la facilidad con que las personas entregan sus afectos más íntimos. El pudor está de baja. Los Talk schow son un enorme escaparate donde se exhiben las miserias, rencillas e inadversiones familiares. El goce y diversión que despiertan, expresan una enorme falta de consideración humana. Son procaces y humillantes.

Los más necesitados en contener los mensajes de odio y guerras cibernéticas, son los países empobrecidos. La aprobación de una legislación consensuada, para contener la xenofobia creciente y la discriminación racial galopante, debe ser interpretada como parte de los ajustes requeridos ante los desequilibrios existentes. Para proteger sus beneficios, las grandes potencias económicas, políticas y militares, son cada vez más partidarias de la existencia de leyes de carácter supranacional. Algo similar debe hacerse en relación con las redes. Nuestros países poco o nada pueden hacer. Las bases de datos se almacenan y administran fuera de sus jurisdicciones; resultan inalcanzables. Únicamente se atienen a sus propios predicados. Somos rehenes del despliegue tecnológico. Simples alfiles en un mundo cada vez más interconectado.

Las redes sociales son los escenarios donde las grandes potencias libran sus batallas. La parafernalia tecnológica cada vez es más sofisticada. La democratización de la palabra no pasa de ser una quimera. Internet fue convertida en el lugar privilegiado para hacer la guerra o alcanzar la paz. El mercado sigue su labor de zapa. Otra promesa más incumplida. La mayoría de los gobiernos se han plegado a su condición de usuarios. Carecen de políticas públicas orientadas a redituar —dentro de lo que cabe— la utilización de estas tecnologías, en función de sus propias necesidades. Carecemos de vos y voto en el concierto de las naciones. En la medida que pasa el tiempo, la Cumbre de la Sociedad de Información (2005), ha pasado a ser un referente cada vez más lejano. La distribución de los panes sigue siendo desigual. No hay visos que nos inviten a sentarnos a la mesa. ¡Nos queda el derecho al reclamo!