Política

Análisis del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)

Tres escenarios tras la insurrección de abril en Nicaragua

insurrección de abril Nicaragua

El desenlace más optimista es que Ortega y Murillo reconozcan que están en una situación precaria y accedan a una salida pacífica del poder



Abril de 2018 tendrá desde ahora un lugar especial en la historia reciente de Nicaragua y será recordado como el mes en el que la juventud nicaragüense, con la entrega de su sangre, hizo una de las más altas ofrendas de amor al país. En abril, miles de jóvenes acompañados de otros miles de ciudadanos en todo el país, se fueron a las calles para hacer sentir su voz reclamando el restablecimiento de la democracia y las libertades frente a un gobierno que se desenmascaró frente al mundo como una cruel dictadura.

La chispa: Indio Maíz y el INSS

Durante más de veinte días, jóvenes de distintas edades junto con miles de ciudadanos han mantenido una movilización permanente en todo el país que ha dejado trágicos saldos a causa de la violencia estatal desatada en su contra. Las chispas que encendieron a una sociedad aparentemente dormida fueron el mal manejo que hizo el gobierno del siniestro en la reserva biológica conocida como Indio Maíz a inicios de abril y la reformas al sistema de seguridad social decididas de manera unilateral por el gobierno a mediados del mismo mes y ejecutadas a través del decreto presidencial 03-2018.

A inicios del mes, la reserva biológica Indio Maíz, una de las más grandes e importantes del país por su extensión y porque hace parte del Corredor Biológico Mesoamericano, tomó fuego. Las voces de alerta de diferentes organizaciones ambientalistas y de los gobiernos indígenas rama y kriol no fueron escuchadas por el gobierno, de manera que el fuego se extendió rápidamente calcinando la flora y fauna de ese rico ecosistema. El gobierno se negó por varios días a declarar un estado de alerta y realizar acciones de salvamento, hasta que el fuego estaba extendido en unas 4 mil hectáreas de bosque. También rechazó la colaboración ofrecida por los bomberos de Costa Rica. Ya para ese entonces, diferentes grupos y organizaciones ambientalistas interpelaban públicamente al gobierno por su negligencia y comenzaron a movilizarse demandando un adecuado tratamiento del incendio. Las movilizaciones de protesta fueron reprimidas por la policía y grupos simpatizantes del gobierno; sin embargo, no lograron desactivar la protesta que se mantuvo activa por unos diez días.

A mediados del mes, el día 16 de abril, el gobierno Ortega Murillo decidió de manera unilateral reformar el sistema de seguridad social promulgando el decreto presidencial 03-2018 que en sus partes medulares incrementó las tasas de cotización para trabajadores y empleadores en un 7 y 22.5 % mensual, respectivamente; además que estableció descontar un 5 % mensual a las pensiones por vejez, invalidez y discapacidad. Al emitir el decreto, Ortega hizo a un lado la alianza que desde hace varios años tenía con el gran capital nacional y generó un malestar nacional.

Rebelión ciudadana y represión

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Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

Las protestas no se hicieron esperar. La primera de ellas fue autoconvocada para el día 18 de abril en horas de la tarde por un grupo de ciudadanos, pero cuando comenzaron a agruparse en el lugar conocido como Camino de Oriente en una de las vías principales de la ciudad capital, Managua, fueron atacados por la policía y los llamados grupos de choque del gobierno, conformados por motociclistas que ocultan sus rostros con los cascos y pandilleros de barrios marginales de la capital reclutados y organizados por el mismo gobierno. Los manifestantes fueron apedreados, golpeados con garrotes y a patadas frente a la policía que no actuó para protegerlos. Varias personas de la tercera edad, jóvenes y periodistas fueron seriamente lesionadas por los grupos del gobierno, de tal manera que en el caso del periodista Julio López, quedó tendido el suelo tras la golpiza, sin sentido y perdió temporalmente la memoria. También fue agredido el corresponsal de la agencia internacional Associated Press, y varios periodistas más reportaron el robo de sus equipos por parte de la policía o de los grupos afines al gobierno, entre ellos el equipo del canal de televisión 100 % Noticias.

Al siguiente día las protestas se extendieron a las ciudades más importantes del país, entre ellas: León, Matagalpa, Estelí, Masaya, Granada, Chinandega, Rivas, Bluefields. Las principales universidades de Managua como la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Politécnica (UPOLI), se sumaron gradualmente a las protestas y desde el primer momento, los jóvenes estudiantes fueron atacados por la policía y las fuerzas de choque del gobierno. El número de jóvenes heridos y periodistas agredidos comenzó a elevarse significativamente a partir de ese momento, y numerosos videos y reportajes noticiosos daban cuenta de la represión policial de manera que el gobierno decidió sacar del aire al menos a cuatro canales de televisión: 100 % Noticias, Nicavisión, CDNN y el canal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. La mayoría de ellos siguió transmitiendo a través de sus sitios web.

Tres días después de iniciadas las protestas, varios jóvenes habían muerto en las acciones conjuntas de represión realizadas por policías y los grupos paramilitares del gobierno; las protestas se habían extendido prácticamente a todo el país, participaban miles de personas y en la ciudad capital Managua, dos de los focos principales fueron la UNI, la UPOLI y la Catedral Metropolitana donde se habían instalado un grupo grande de jóvenes que brindaban asistencia médica a sus compañeros protestantes. Otras localidades donde los protestantes ofrecieron una resistencia activa fueron Matagalpa, León, el popular barrio de Monimbó, en la ciudad de Masaya, entre otros. En este último, la resistencia a la represión policial alcanzó niveles casi insurreccionales. Varios árboles metálicos de los numerosos instalados por el gobierno y que son reconocidos como su ícono más representativo, fueron quemados y posteriormente derribados por los manifestantes, especialmente en Managua.

El gobierno, a través de su vocera, la vice presidenta Rosario Murillo, calificó en repetidas ocasiones a los miles de protestantes autoconvocados como “grupos minúsculos”, “vándalos”, “delincuentes”, “vampiros” y otros epítetos. Mientras tanto, el día 20 de abril, las principales organizaciones y cámaras de empresarios privados, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), comparecieron públicamente invitando a una marcha por cívica por el diálogo y la paz el día 23 de ese mismo mes. En la comparecencia confirmaron la falta de voluntad del gobierno para realizar un diálogo amplio.

El día sábado 21 de abril y después de una notoria ausencia, el presidente Daniel Ortega compareció en público flanqueado por la vice presidenta Rosario Murillo, el jefe del ejército general Julio César Avilés, y la comisionada Aminta Granera, directora de la policía. Aunque toda Nicaragua esperaba una intervención que contribuyera a disminuir la represión y encontrar una salida negociada a la situación, Ortega afirmó que los jóvenes estudiantes eran manipulados por fuerzas de la oposición como parte de una “conspiración” contra el gobierno. Equiparó a estas fuerzas de oposición con las maras existentes en el resto de países centroamericanos y los llamó delincuentes.

La empresa privada, a través del COSEP, respondió a las declaraciones de Ortega con un comunicado en el que expresaban su respaldo a los jóvenes protestantes, demandaban el cese de la represión, la liberación de los detenidos y el restablecimiento de la libertad de prensa como condiciones mínimas para participar en el diálogo con el gobierno. Insistieron en la convocatoria a la marcha cívica del lunes 23 de abril.

El sábado 21 y el domingo 22 de abril, la represión policial arreció en contra las protestas ciudadanas, especialmente contra los jóvenes universitarios. Algunos lugares como la UNI, la Catedral de Managua, la UPOLI, ciudades como Matagalpa, Estelí, Bluefields y León fueron el blanco de operaciones policiales que dejaron como saldo cientos de detenidos, decenas de heridos y lesionados y decenas de jóvenes asesinados. Entre los asesinados se encuentra el periodista Angel Gahona, quien recibió un disparo mientras transmitía en vivo una protesta en la ciudad de Bluefields. Ese fin de semana también fueron incendiadas las instalaciones de la Radio Darío en la ciudad de León.

Ortega compareció nuevamente el domingo 22 de abril acompañado esta vez de un grupo de inversionistas de zona franca, para anunciar la suspensión del decreto que reformaba al sistema de seguridad social y ofrecer nuevamente un diálogo a la empresa privada; sin embargo, se negó a enviar un mensaje a las familias de los jóvenes asesinados que para ese entonces se contabilizaban en más de 30, insistió en llamarlos delincuentes y aseguró que las muertes eran producto de pleitos entre pandillas.

Una mención especial merece en este análisis la participación del ejército. Aunque desde el 2010 se han venido aprobando una serie de leyes que le dan preeminencia y facultades a la institución militar para intervenir en asuntos de orden interno, y lo han venido haciendo en diferentes oportunidades como en el caso de operaciones conjuntas con la policía en zonas rurales del país, en esta ocasión la participación de fuerzas militares fue mínima a pesar de que su jefe compareció respaldando a Ortega el 21 de abril. Aparentemente uno de los factores que influyó significativamente fue el llamado público que dos jefes del ejército en retiro, los generales Humberto Ortega y Joaquín Cuadra, hicieron a los militares recordándoles que la función del aparato militar no era involucrarse en ese tipo de situaciones.

La resistencia cívica a pesar de todo

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Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

El lunes 23 de abril en horas de la tarde, una multitudinaria e inédita marcha pacífica salió del sector conocido como Metrocentro en Managua y se dirigió a la UPOLI, la universidad donde unos 500 estudiantes se habían refugiado y resistían los ataques de la policía y los grupos de choque del gobierno. Convertida en un símbolo de la protesta, la UPOLI se encuentra a una distancia aproximada de 7 kilómetros de Metrocentro; sin embargo, cuando la punta de la marcha ya había llegado a la universidad, todavía seguían saliendo personas del punto de origen. Se calcula que el total de participantes en esa marcha fue de aproximadamente 600 mil personas, las cuales llegaron con vestimenta blanca y numerosas banderas de Nicaragua.

Durante todo el recorrido la gente coreaba consignas demandando justicia para los jóvenes asesinados, el cese de la represión, el restablecimiento de la democracia y la salida del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En todo el trayecto de la marcha y mientras duró no se produjeron actos de violencia, ni siquiera cuando el recorrido pasó frente al edificio principal de la Policía Nacional. En distintas ciudades del país se realizaron marchas similares en las que participaron miles y miles de ciudadanos, por ejemplo, en la ciudad de León se estima una cantidad de 10 mil participantes.

Después de esa marcha y de las declaraciones públicas de dos conocidos militantes históricos del FSLN y cercanos a Daniel Ortega, el gobierno retiró a las tropas de la policía y los grupos paramilitares de las calles. La gente siguió manifestándose en todo el país los días subsiguientes hasta el 28 de abril cuando la jerarquía de la iglesia católica había convocado una gran peregrinación por la paz. La marcha que se realizó de manera simultánea en las principales ciudades el país, concentró en Managua al menos a un millón de personas que vestidas de blanco y portando banderas de Nicaragua demandan nuevamente justicia para los jóvenes asesinados, cese a la represión, un verdadero diálogo nacional y la salida del gobierno Ortega-Murillo. Igual que la marcha anterior, también se desarrolló sin incidentes. Ese día, a la marcha también se sumaron cerca de dos mil campesinos del movimiento que se opone a la Ley 840 que entrega parte del territorio nacional en concesión a una empresa china para la construcción de un canal interoceánico, y que ha sido uno de los movimientos sociales más vivos y beligerantes de los últimos cinco años.

En los días posteriores hasta el 30 de abril, fecha en que el gobierno organizó una concentración pública nacional, las muestras de civismo y respeto se mantuvieron en todas las manifestaciones y protestas del país. De hecho, una de las características más destacadas de toda la jornada de movilización desde inicios del mes hasta el cierre de este análisis, ha sido la gran vocación cívica de los ciudadanos a todo lo largo y ancho del país a pesar de la represión abierta de la policía, las constantes provocaciones de los grupos de choque del gobierno, las amenazas y las campañas de desinformación desatadas por la llamada Red de Comunicadores JS, simpatizantes del gobierno, en contra de los protestantes y líderes de distintos sectores del país que apoyan la resistencia cívica.

Las consecuencias de la represión

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Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

Como ya se mencionó antes, la represión policial y las agresiones a los manifestantes por parte de grupos paramilitares del gobierno se produjeron desde el primer día de protestas. Los días 20, 21 y 22 de abril fueron los más álgidos en el nivel de violencia estatal, la cual ha alcanzado niveles inimaginables e incomparables en la historia del país. Numerosas fotografías y videos de la prensa y de ciudadanos que documentaron los hechos de violencia muestran la crueldad y saña con que fueron reprimidos los jóvenes.

Una vez que la violencia estatal disminuyó después del 23 de abril, los distintos organismos defensores de derechos humanos han contabilizado entre 44 y 63 jóvenes asesinados, una cifra que de momento no puede ser confirmada porque en las morgues de los hospitales todavía hay cadáveres que no han sido entregados a sus familiares, hay casi una decena de jóvenes en cuidados intensivos producto de las heridas recibidas y cerca de 20 jóvenes desaparecidos. Los jóvenes asesinados oscilaban entre los 20 y 30 años, la mayoría eran estudiantes, pero también eran trabajadores de la maquila o de pequeños comercios. El más joven de ellos, Alvaro Conrado, tenía 15 años y fue herido mientras llevaba unas botellas de agua para apoyar a los jóvenes protestantes en la UNI. Herido, lo llevaron a dos hospitales que se negaron a atenderlo por orientaciones del gobierno; murió en el quirófano del tercer hospital al que fue trasladado mientras le hacían una cirugía. De acuerdo a los médicos que lo atendieron, habría sobrevivido si hubiese recibido atención médica a tiempo.

El 24 de abril, cerca de 200 jóvenes detenidos durante los primeros días de las protestas fueron liberados por la Policía. Antes de eso, fueron llevados de las celdas preventivas de las unidades policiales al centro carcelario conocido como La Modelo, en una clara violación de los procedimientos legales pues no habían sido presentados ante ninguna autoridad judicial. El procedimiento para su liberación también fue irregular, pues fueron abandonados, medio desnudos, hambrientos, sin dinero, con visibles signos de maltrato y rapados en una calle cercana al penal. No fueron entregados a sus familiares. En denuncias realizadas posteriormente por los jóvenes ante organizaciones de derechos humanos, confirmaron que fueron torturados y maltratados por la policía.

Los jóvenes fueron atacados por la policía con bombas lacrimógenas y balas de goma al inicio, pero ya para el segundo día de protestas, las fuerzas policiales estaban utilizando armas de guerra en su contra. Los grupos de choque del gobierno también utilizaron armas cortas, garrotes y armas blancas en distintos momentos. Para diferenciarse de los jóvenes protestantes, utilizaban camisetas con símbolos y colores del gobierno.

El 22 de abril grupos de personas que han sido señalados como simpatizantes al gobierno, saquearon diversos establecimientos comerciales de diferentes ciudades del país, pero principalmente en Managua. Pobladores de diferentes barrios aledaños a algunos de estos establecimientos comerciales acudieron a protegerlos y evitar los saqueos. Numerosos videos que circularon por los medios de comunicación y las redes sociales muestran a la policía protegiendo a los saqueadores, y algunos de ellos muestran que muchos objetos fueron trasladados en vehículos policiales. De acuerdo con diferentes analistas, esta fue un ardid del gobierno para inculpar a los jóvenes protestantes y justificar las acciones de agresión en su contra. Varias jóvenes que fueron detenidas por la policía denunciaron que también fueron golpeadas, obligadas a desnudarse y a hacer sentadillas mientras oficiales de policía las observaban y agredían verbalmente.

La represión también alcanzó a periodistas, foto reporteros y trabajadores de medios de comunicación de diferentes lugares del país desde el primer día de las protestas. Con anterioridad se mencionó el caso del periodista Julio López y un corresponsal de la agencia AP, pero también se reportaron agresiones y robos a periodistas del semanario digital Confidencial, equipos de 100 % Noticias, el diario La Prensa, El Nuevo Diario, la detención del periodista Salomón Manzanares en la ciudad de León. También se mencionó la censura casi inmediata sobre cuatro canales de televisión que fueron sacados del aire; sin embargo, la enorme presión y condena política nacional e internacional, el gobierno se vio obligado a restablecerlos. En otros medios, varios periodistas y equipos de trabajo renunciaron voluntariamente cuando los propietarios decidieron seguir una política editorial proclive al gobierno. Otras agresiones fueron los ciberataques realizados en contra del semanario Confidencial y el diario La Prensa y amenazas e intimidaciones contras otros periodistas independientes. Las violaciones más graves a la libertad de prensa y la libertad de expresión fueron el ataque e incendio a Radio Darío en la ciudad de León y el asesinato del periodista Angel Gahona en la ciudad de Bluefields.

La represión se extendió a los empleados públicos cuando el gobierno los obligó a asistir a varias actividades públicas de respaldo so pena de despido, tal como ha hecho en años anteriores; sin embargo, en la medida que las protestas y movilizaciones iban creciendo, muchos de ellos optaron por quedarse en sus casas o negarse a participar en las actividades gubernamentales. El 30 de abril, día en que el gobierno organizó una demostración pública de fuerza, numerosos buses de transporte público fueron contratados para trasladar a los empleados públicos de Managua y el resto del país; sin embargo, en numerosos videos y fotografías se puede observar que la mayoría de ellos iban vacíos. En los días posteriores, los han obligado a salir por las tardes a los principales redondeles de Managua y los sitios públicos de las ciudades más importantes del país a expresar su “apoyo” al gobierno, acompañados de altoparlantes y música.

El diálogo y las demandas

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Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

Uno de los puntos que se ha posicionado como aspecto crítico durante toda la jornada de movilización y protesta, es la realización de un diálogo amplio e inclusivo a partir de una agenda que vaya más allá de las reformas al sistema de seguridad social. El decreto presidencial que reformó la seguridad social rompió un espacio bipartito que se venía desarrollando entre el gobierno y el gran capital agrupado en el COSEP. Allí participaban a conveniencia algunas organizaciones sindicales cercanas con el gobierno, pero en realidad el poder de decisión estaba en los dos primeros actores, tal como había sucedido a lo largo de los últimos años. Con la decisión unilateral del gobierno de publicar el decreto, ese espacio quedó prácticamente cerrado.

El día que el COSEP y el resto de la empresa privada llamaron a la marcha nacional insistieron en el diálogo como un mecanismo para resolver la situación; el gobierno, en sus diferentes declaraciones públicas también dejó abierta esa posibilidad, pero limitando la participación solamente para el COSEP y al único punto de las reformas de la seguridad social. El 22 de abril, cuando Ortega anunció la revocación del decreto presidencial a causa de la enorme presión social, insistió en su propuesta de diálogo con el COSEP; sin embargo, el tema del diálogo ya había rebasado a sus dos protagonistas iniciales. Desde el 19 de abril, cuando los primeros jóvenes fueron asesinados, la gente comenzó a plantear la necesidad de un diálogo amplio, inclusivo y con una agenda que fuera más allá de las reformas a la seguridad social. Desde entonces hasta ahora, la demanda principal es plantear el diálogo como un mecanismo pacífico para la salida del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Poco a poco, el consenso sobre este aspecto se fue ampliando prácticamente a todos los sectores de la población, de tal manera que hasta el mismo COSEP y la jerarquía de la iglesia católica lo han retomado como un punto fundamental. Los estudiantes autoconvocados y ahora denominados Movimiento 19 de Abril, han accedido a participar en el diálogo y ya se preparan para ello eligiendo a sus representantes. Diversas organizaciones de sociedad civil también han accedido y han iniciado el proceso de elección de sus representaciones. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha accedido también a jugar el papel de mediadora y en varias comparecencias públicas han asegurado entre otros puntos que: si no ven condiciones suficientes para la realización del diálogo, se retirarán; que el diálogo debe ser amplio e inclusivo; y que la agenda debe incluir una reforma significativa del sistema político. El COSEP ha respaldado la posición de la iglesia al respecto.

Sobre la agenda no hay un acuerdo específico todavía considerando que la iglesia católica ha advertido que todavía no hay fecha ni metodología específica para el diálogo; además que los distintos sectores sociales no han terminado de elegir sus representaciones. Pero durante esta jornada también se han construido consensos sociales en relación a puntos críticos, entre ellos: la salida pacífica de los Ortega Murillo; reformas al sistema electoral para adelantar las elecciones adelantadas y asegurar su transparencia; justicia para las víctimas de la violencia estatal y castigo para los culpables; dimisión de la jefatura de la policía, especialmente para los implicados en la masacre de los jóvenes. Algunos sectores han planteado reivindicaciones específicas que son absolutamente válidas como la derogación de la Ley 840 y la Autonomía de la Costa Caribe; sin embargo, la agenda todavía está en construcción.

Daniel Ortega, quien se ha visto obligado a ponerse al frente de la situación y desplazar a su otrora omnipresente vice presidenta, Rosario Murillo, ha insistido en los últimos días en su disposición al diálogo de manera que, a partir del día 23 comenzó a tomar algunas disposiciones que se podían considerar de buena voluntad, entre ellas: el retiro de las fuerzas policiales de la calle; retiro de sus grupos paramilitares; pintaron las oficinas públicas con los colores de la bandera en vez del rosado fucsia que había impuesto la vice presidenta; retiraron una serie de rótulos y banderas del partido de instituciones y otros sitios públicos. También anunciaron su disposición a investigar a los responsables de la violencia, pero hacen referencia más a los protestantes que a las fuerzas policiales. A tono con esas declaraciones, la Fiscalía anunció el inicio de las investigaciones y comenzó a citar a los familiares de los jóvenes asesinados; al mismo tiempo, la Asamblea Nacional anunció la conformación de una comisión de la verdad que no fue bien recibida por ningún sector porque consideran que no tienen credibilidad ni legitimidad. Sin embargo, rechazó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó llegar al país para evaluar la situación.

Después del 28 de abril, la supuesta buena voluntad del gobierno se ha venido transformando gradualmente en una trampa para ganar tiempo y organizar las acciones de represalia en contra del movimiento de jóvenes autoconvocados y otros líderes sociales. Con las fuerzas policiales ya descansadas y mejor organizadas después de la intensidad de las tres semanas anteriores, el gobierno volvió a sacarlas a la calle poco a poco, ha comenzado a posicionarlas en puntos clave del país; también ha reorganizado a sus grupos de choque y entre los dos han comenzado a amenazar e intimidar a activistas y líderes comunitarios, así como a los familiares de los jóvenes asesinados y lesionados. Evidentemente, la voluntad de diálogo es bastante pobre.

Nicaragua vuelve a ser noticia en el mundo

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Portada del sitio de Internet del diario español El País.

Luego de muchos años en los que Nicaragua no figuraba como una noticia importante en el mundo, los medios de comunicación volvieron sus ojos hacia el país para informar sobre los acontecimientos de Abril. Gradualmente, el país volvió a las primeras planas de los principales medios de comunicación impresos, radiales y televisivos en Estados Unidos y Europa, así como en el resto del mundo. Muchos periodistas y corresponsales se desplazaron al país para cubrir las noticias y todavía hoy se encuentran siguiendo el desenlace. Algunos de ellos, agentes de aduanas les decomisaron sus equipos al llegar al aeropuerto y no les fueron devueltos. El interés en Nicaragua no ha disminuido y todos los medios siguen con especial atención lo que está sucediendo.

Después de la primera sorpresa por el nivel de violencia estatal y frente a la firmeza y decisión con la que salió a la calle la sociedad nicaragüense, comenzaron a generarse numerosos pronunciamientos de rechazo y condena a la actuación del gobierno Ortega. Los pronunciamientos arreciaron cuando se supo de la matanza realizada, de tal manera que diversos gobiernos europeos como la Cancillería Alemana, España, Estados Unidos, la oficina de la Unión Europea en Centroamérica, entre otros; así como numerosas personalidades como el mismo Papa Francisco, cantantes internacionales, organizaciones religiosas, y organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional, han expresado su preocupación por la situación, han hecho llamados para que se respeten los derechos humanos de los protestantes y se busque una solución negociada a la crisis.

A esos llamados internacionales se han agregado las acciones de la diáspora nicaragüense en todo el mundo, de tal manera que en distintos países se están realizando marchas, manifestaciones de apoyo y pronunciamientos de los nicaragüenses que viven en el exterior. Algunos de los países donde se han realizados actividades de la comunidad nicaragüense son: Guatemala, distintas ciudades de Estados Unidos, distintas ciudades de España, Alemania, Taiwán, Costa Rica, entre otras.

A finales de abril y ya con cifras confirmadas por las organizaciones de derechos humanos del país, varios organismos internacionales se pronunciaron demandando el cese de la represión y la realización de investigaciones a fondo sobre las responsabilidades de los asesinatos y la demás violencia. Entre los que se pronunciaron se encuentran: el Secretario General de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los relatores especiales de Naciones Unidas para la libertad de reunión pacífica y asociación; para la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Ante la gravedad de los acontecimientos, la CIDH decidió instalar una Sala de Coordinación para monitorear la situación y solicitó al gobierno su anuencia para realizar una visita al país; sin embargo, el gobierno no accedió argumentando que se debía esperar los avances de los procesos internos.

Escenarios posibles

Al cierre de este análisis, la jornada de movilización y protesta no ha cerrado su ciclo, pero es indudable que en Nicaragua se ha abierto un nuevo e inédito momento histórico. La explosión social provocada por diez años de descontento e insatisfacciones acumuladas con el gobierno sorprendió a todo el mundo, comenzando por el mismo gobierno, a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional.

En el futuro inmediato es posible visualizar tres escenarios, todos a cuál más complejo e incierto.

Hay varios escenarios de desenlace y todos son complejos, así como inciertos. El más optimista es uno donde los Ortega Murillo y su grupo de allegados, reconozcan que están en una situación precaria y accedan a una salida pacífica, adelantando las elecciones y asegurando un proceso electoral transparente. Ese escenario es poco probable porque significa exponerse a juicios por los asesinatos, abusos y corrupción de estos años. Es perder su inmensa cuota de poder y no están dispuestos a arriesgar nada.

El segundo escenario podría incluir un acuerdo sobre su salida del gobierno mediante un proceso electoral transparente en el 2021, que es cuando corresponde realizar las próximas presidenciales. Ese escenario es favorable para los Ortega Murillo, pero no para el resto de la sociedad nicaragüense porque significa conceder la postergación de la demanda de justicia y reparación a las víctimas, así como el castigo a los culpables. Les daría tiempo de proteger sus negocios y cubrir la huella de sus crímenes y corrupción. Este escenario parece poco factible. Además, éste y el anterior dependen mucho de un gobierno Ortega Murillo con buena voluntad para negociar y encontrar una salida pacífica a la crisis.

El escenario menos favorable sería aquel en el que el gobierno se mantiene en su posición de fuerza a pesar de su debilidad y utiliza el diálogo como un mecanismo político para ganar tiempo y desmontar la protesta y movilización. Aparentemente, a esto es a lo que apuestan. Todas sus comparecencias públicas apuntan en esa dirección, así como lo que se sabe sobre las acciones de represalia que están realizando. En este escenario, la voluntad política es nula.

Algunos aspectos que merecen un análisis más a fondo y que son importantes, es el de los liderazgos políticos alternativos. La protesta ha dado vida a rostros y posiciones nuevas, especialmente entre los jóvenes, así como nuevas formas de organización y prácticas políticas; pero todas ellas no son suficientes para liderar una propuesta política alternativa coherente para el país. Ese es un proyecto en construcción.

El gobierno que antes parecía muy fuerte tienen una gran presión interna. Es evidente que hay fisuras y disputas fuertes entre ellos, especialmente entre el grupo proclive a Rosario Murillo y la llamada vieja militancia del FSLN que aún permanece dentro del partido. Otro aspecto importante, y tal vez el decisivo, es la capacidad de presión social y movilización de la gente. Al parecer hay mucha decisión de parte de amplios sectores de población, pero habría que ver cuánto tiempo más se puede mantener el ciclo de movilización.

Lo cierto es que, en Nicaragua, ya nada será igual que antes de Abril. No importa cuál sea el desenlace de los acontecimientos. La sociedad nicaragüense se empoderó, perdió el miedo y le ha disputado al gobierno su poder y hegemonía en todos los aspectos, especialmente en términos políticos y simbólicos. El ambiente está cargado de muchas interrogantes, pero también de muchas esperanzas. Esperanzas que fueron construidas con la gran ofrenda de amor que los jóvenes han hecho a Nicaragua un mes de Abril.


Boletín Perspectivas es una publicación del Centro de Investigación de la Comunicación.