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Tribunal de Conciencia condena al régimen de Ortega por actos de tortura

El tribunal oficiado en Costa Rica concluyó que la dictadura incurrió en crímenes de lesa humanidad a través de abusos y violaciones sexuales

El fallo fue absoluto. “No cabe duda que el Estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país”, dice la sentencia del Tribunal de Conciencia Violencia Sexual: Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua, dada a conocer este 11 de septiembre en San José, Costa Rica.

La sentencia, basada en 18 testimonios de víctimas de violencia sexual perpetrada por policías y paramilitares entre abril y agosto de 2018, así como en pruebas periciales y documentales, argumenta “que esas torturas se cometieron de manera sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad”.

En el contexto de las protestas masivas que demandaban la salida de Daniel Ortega del poder a partir de abril de 2018, las once mujeres y siete hombres que brindaron sus testimonios se involucraron en las manifestaciones, por lo que fueron detenidos arbitraria e ilegalmente y llevados a estaciones policiales por policías y civiles que abusaron sexualmente de ellos.

Las dieciocho personas fueron víctimas de violencia sexual, que incluyó insultos con contenido sexual, principalmente dirigido a las mujeres, amenazas de violación sexual, tocamientos y manoseos en partes íntimas, obligación de desnudez absoluta, apretones y mordiscos en los senos de las mujeres. Doce de ellas fueron violadas sexualmente y dos mujeres sufrieron abortos provocados, una a causa de los golpes que recibió y otra por la aplicación de un suero.

Las juezas del Tribunal Almudena Bernabéu, Clemencia Correa, Dra. Alda Facio y la Dra. Sonia Picado, expertas internacionales, defensoras de derechos humanos con una larga experiencia en el sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos se mostraron impresionadas antes los testimonios y satisfechas de la información que se les entregó para llegar a este veredicto, dijo Lina Barrantes, directora ejecutiva de la Fundación Arias,, que llevó a cabo la iniciativa junto con organizaciones nicaragüenses que conformaron la Plataforma de Acceso a la Justicia.

El Tribunal llamó “a prevenir que estos crímenes de lesa humanidad no vuelvan a repetirse, sancionar a los responsables de los hechos probados en este Tribunal y reparar en forma integral y transformadora a las víctimas del delito”.

El fallo estuvo basado también en lo que previamente determinó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entidades que investigaron la represión desatada por el régimen Ortega Murillo contra la ciudadanía de abril de 2018 en adelante, que provocó una grave crisis sociopolítica y económica que persiste, más de 300 muertes, miles de heridos, cientos de presos políticos y decenas de miles de exiliados.

El GIEI, en su informe publicado en diciembre de 2018, ya había establecido que el estado de Nicaragua cometió actos que deben considerarse “crímenes de lesa humanidad”, tras estudiar los hechos violentos ocurridos en el país entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.

Autores materiales e intelectuales

La sentencia fue clara en señalar a quienes infligieron estas torturas sexuales: hombres y mujeres oficiales de la Policía Nacional, elementos parapoliciales, catalogados como civiles de apoyo a la Policía que realizan una labor ilegal, miembros de la Juventud Sandinista y elementos paramilitares, catalogados como civiles de apoyo al gobierno o al partido, siguiendo una rutina característica de los militares.

Sin embargo, también se destacó que el discurso de odio emanado por la vicepresidenta Rosario Murillo incidió y dio lugar a las torturas. “Podemos afirmar que el discurso de odio proferido por los líderes políticos del régimen hacia las personas que participaron en las protestas, y que se reproduce durante las detenciones y la tortura, así como la polarización social, dieron lugar a que personas que son servidores públicos o participan en grupos parapoliciales o paramilitares cometieran estos actos atroces”, se lee.

Comunidad internacional debe desconocer al régimen

En su fallo, las juezas llamaron a la comunidad internacional a que desconozca la legitimidad del régimen Ortega Murillo y convocaron “a intensificar la presión para conducir a un cambio democrático y la protección de las organizaciones civiles de Nicaragua que están siendo atacadas y a quienes están abiertamente denunciando la comisión de estos crímenes”.

Además, las juezas exhortaron “al pueblo de Nicaragua a exigir la realización de unas elecciones libres y transparentes y con presencia y observación internacional que permitan al país, retornar a una verdadera democracia”.

Tribunal de Conciencia
Once mujeres y siete hombres presentaron sus testimonios en Costa Rica sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Foto: Cindy Regidor | Confidencial

Medidas de reparación del daño

Las juezas también incluyeron medidas de reparación para las víctimas, aunque aclararon que el contexto de impunidad y la cooptación de todas las instituciones del Estado por el régimen Ortega Murillo no permite que sean llevadas a cabo en el presente y “se plantean en el marco de un proceso de transición a la democracia, en el que se reconozca la dignidad de las víctimas”.

En ese proceso, las voces de las víctimas deben ser escuchadas, agregaron. Además, debe haber un fortalecimiento del Estado de derecho para lograr garantías de la no repetición de estos hechos.

El fallo también llama a que se cree un programa de reparación integral del daño, con especial énfasis en la necesidad de atención de niños y niñas y que tenga un enfoque “transformador de las relaciones desiguales de género que producen la violencia y discriminación contra las mujeres y la población LGBTTTIQ+”. También sugirieron apoyo para el retorno digno y en condiciones de seguridad de quienes salieron del país, un programa para la reinserción de las víctimas en el trabajo y la recuperación de su proyecto de vida.

El ejercicio de justicia alternativa y simbólica culminó este viernes tras más de un año de preparación. Además de brindar respaldo a las víctimas, los organizadores esperan que la resolución sirva de insumo para exigir justicia ante organismos nacionales, regionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

“Los testimonios que tomamos eran los que tuvieran total concordancia, entre lo que decían, los días de encarcelamiento, el lugar de detención, alguno de ellos tienen inclusos exámenes médicos realizados con posterioridad a los acontecimientos, explicó Barrantes, directora de la Fundación Arias, a la vez que comentó se encuentran analizando la posibilidad de llevar el caso a tribunales internacionales de justicia.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que se haya agotado la legislación interna y sabemos que el Gobierno nicaragüense no va a darle curso a ninguna denuncia”; sin embargo, analizarán jurisprudencia para explorar la posibilidad de ir directamente a la Comisión, dijo.

Por ahora, el Tribunal ha cumplido su objetivo, consideró Barrantes: “que las víctimas a las que entrevistamos y los cientos de otras víctimas de la represión y de la dictadura Ortega Murillo vean que el mundo no los está dejando de lado, que la prensa internacional y las organizaciones internacionales no pierdan de vista Nicaragua. Todo el mundo está concentrado hablando del covid, (pero) hay países en los que se están cometiendo atrocidades y Nicaragua es uno de ellos”.

Los abusos contra personas opositoras al régimen Ortega Murillo continúan ocurriendo hasta hoy. El medio Artículo 66 publicó este mismo viernes el relato de una mujer que fue detenida por la Policía en el departamento de Ocotal acusada de pegar papeletas con el rostro de Daniel Ortega con la frase “¡Se va!”. “La desnudaron por completo y contra la pared la obligaron a hacer seis sentadillas primero y después otras seis. Mientras hacía las sentadillas la mujer policía, en tono prepotente, le dijo que ‘no querés colaborar así que te jodiste, te vamos a mandar para El Chipote, de vos depende; allá si te va a ir mal. No tenés ideas de lo que te van a hacer en el Chipote, nosotros no te hemos hecho nada pero allá si vas a ver, así que mejor hablá ya’”, relató.

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