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Tribunal de Conciencia juzgará 18 crímenes de violencia sexual de la represión orteguista

Once mujeres y siete hombres presentan sus testimonios en Costa Rica sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura

Este ocho de septiembre en San José, Costa Rica, se estableció el Tribunal de Conciencia sobre Violencia Sexual, Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua. Se trata de un acto de denuncia y de justicia simbólica para las víctimas de estos delitos, cometidos durante la represión del régimen Ortega Murillo contra la ciudadanía que protestó masivamente a partir de abril de 2018.

La razón del Tribunal de Conciencia, en vez de recurrir a las estructuras judiciales establecidas en Nicaragua, se debe a la falta de institucionalidad, y justicia en el país que continúa gobernado por que están señalados como responsables de estos crímenes.

“Es un acto simbólico para aquellas víctimas de derechos humanos que han sido violentadas. También se busca empoderarlas en la exigibilidad de sus derechos y brindar reconocimiento simbólico, individual y colectivo que ayude también a su reparación”, explicó el relator y moderador del proceso Rodrigo Jiménez, quien agregó que la iniciativa también busca sistematizar y documentar los testimonios para crear conciencia en la comunidad internacional sobre estos actos atroces y exigir justicia.

Los testimonios de violencia sexual

Once mujeres y siete hombres presentaron sus testimonios. Provienen de distintas ciudades de Nicaragua y los hechos ocurrieron entre el 21 de abril y el 18 de agosto de 2018, en el contexto de las protestas ciudadanas que fueron reprimidas por el gobierno, principalmente a través de la Policía y grupos paramilitares.

Algunas de las víctimas estaban previamente vinculadas al Gobierno y al Frente Sandinista, otros tenían experiencia en activismo social y la mayoría se involucraba por primera vez en una manifestación.

Las personas fueron detenidas en sus casas o en carreteras por fuerzas de seguridad y civiles encapuchados, y posteriormente fueron llevadas a estaciones policiales o a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, lugar que en numerosas ocasiones ha sido señalado como centro de torturas por manifestantes y reos políticos.

En los testimonios se evidencian torturas físicas, como golpes, puños, patadas, quebraduras de dientes, fracturas de quijada y de nariz, así como tortura psicológica obligándoles a presenciar la tortura de otras personas, lanzarles orines y excrementos, suspenderles agua y alimentos, amenazas de asesinarlos y asesinar o secuestrar a sus seres queridos.

En cuanto a la violencia sexual, se incluye todo tipo de violaciones, en algunos casos con objetos o violaciones múltiples, quema de genitales con ácido, o mujeres que abortaron durante su captura arbitraria.

Por motivos de seguridad, las víctimas que brindaron sus testimonios no acudieron a la sesión llevada a cabo en el salón de un hotel. En su lugar, reunidas fuera de la capital San José, siguieron la transmisión en línea.

La integración del Tribunal de Conciencia

El tribunal está compuesto por juezas con vasta experiencia en el Sistema Interamericano de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas, y defensoras de derechos humanos de amplia trayectoria como Almudena Bernabéu, destacada abogada litigante en el ámbito de la justicia penal, que lleva el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador que está siendo juzgada en España y participó en el proceso contra el dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala, condenado por genocidio.

El tribunal también lo integra la doctora Sonia Picado, presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, exjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vicepresidenta y miembro del Consejo Directivo de Seguridad Humana de Naciones Unidas;  Clemencia Correa, psicóloga defensora de derechos humanos especializada en tratamiento de víctimas de tortura, que ha sido perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, la doctora Alda Facio, fundadora del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional, fundadora del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD) y experta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que vela contra la discriminación de las de las mujeres en la ley y en la práctica.

Asimismo, la nicaragüense Bianca Jagger, defensora de derechos humanos que ha colaborado con Amnistía Internacional, Human Rights Watch y embajadora de Buena Voluntad del Consejo Europeo participará en calidad de invitada especial.

Las juezas utilizarán la lógica jurídica, es decir usarán los principios de derechos humanos y procesos del ordenamiento jurídico para valorar los testimonios, acciones y pruebas documentales y periciales. El juicio se basará en el Código Internacional de los Derechos Humanos, en el Derecho Penal Internacional y en el Derecho Penal nicaragüense.

El precedente de Vietnam

El ejercicio organizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano está basado en el creado por el filósofo británico Bertrand Russell en 1966, con el fin de visibilizar los crímenes de guerra en Vietnam, para “prevenir el crimen del silencio” y en el cual se llegó a la conclusión de que Estados Unidos era culpable de genocidio contra el pueblo vietnamita.

A partir de entonces se ha replicado la iniciativa que busca exponer crímenes de lesa humanidad a través de un tribunal de opinión internacional constituido por destacadas personalidades. Se han establecido “Tribunales Russell”  sobre violaciones de derechos humanos en América Latina, sobre el conflicto entre Israel y Palestina, la guerra en el este de Ucrania y sobre la invasión a Irak.

En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya había establecido en su informe, que el estado de Nicaragua había cometido actos que deben considerarse “crímenes de lesa humanidad”, tras estudiar los hechos violentos ocurridos en el país entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. El GIEI adelantó que estos crímenes son imprescriptibles y no son sujetos de amnistía.

El tribunal celebrado en San José examinará tres tipos de prueba: documentales, testimoniales y periciales.

Durante la primera sesión de este martes, se presentaron cuatro peritajes: psicosocial, de contexto, jurídico y de cadena de mando.

Este martes 8 de septiembre se expusieron los peritajes como parte del proceso del Tribunal de Conciencia. En la foto, Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, explica la cadena de mando en la comisión de crímenes de lesa humanidad. //Foto: Cindy Regidor

Los peritajes

El primer peritaje presentado la mañana de este martes fue el jurídico, elaborado por la doctora Soraya Long, consultora internacional especialista en derechos humanos, quien explicó cómo se tipifican los hechos delictivos en la legislación de Nicaragua y en las normas penales internacionales y de derechos humanos, tipos penales de violencia sexual, tortura, crímenes de lesa humanidad.

Las 18 personas fueron víctimas de violencia sexual, que consistió principalmente en amenazas de violación sexual, tocamientos y manoseos en partes íntimas, apretones y mordiscos en los senos de las mujeres, introducción de objetos, entre otros. Además, del total de víctimas que dieron su testimonio, diez mujeres y dos hombres sufrieron violación sexual, en algunos casos de forma múltiple y de forma simultánea por varios perpetradores. Hubo un mayor ensañamiento con las mujeres, dijo la experta.

“El acto de violencia en sí era una forma de represión o de castigo por participar en las manifestaciones o tranques”, detalló y agregó que en el caso de las personas vinculadas con el Gobierno la crueldad fue mayor y les reclamaban por qué habían ayudado a los manifestantes.

Luego de describir las distintas agresiones sexuales, la Dra. Long estableció que la violencia sexual y la violación sexual fueron utilizadas por las autoridades estatales como táctica de represión de las manifestaciones.

“La práctica de violación sexual en Nicaragua por agentes estatales constituyó tortura”, concluyó. La violación sexual califica como tortura siempre que exista intencionalidad, se toma en cuenta la severidad y el sufrimiento y la finalidad del acto. En los testimonios revisados, esos tres elementos son evidentes, explicó.

Añadió que esta tortura practicada en Nicaragua es un delito de lesa humanidad, ya que existen los elementos que se requieren para calificarla como tal, porque fue perpetrada por agentes estatales como parte de una estrategia preestablecida, es decir, con intencionalidad y conocimiento del plan, y fue practicada de manera generalizada y sistemática contra población civil por un propósito.

“La tortura sexual, particularmente la violación sexual, ha sido parte de un plan sistemático de autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, ahondó.

La también exdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresó que la tortura no es tolerada bajo ninguna condición tanto en la normativa nicaragüense como en la internacional.

represión Policía Nacional
Foto: Carlos Herrera | Confidencial

La Dra. Long aseguró que hay un acuerdo de la comunidad internacional en que los delitos de lesa humanidad son aceptados inclusive cuando un Estado no haya hecho ratificaciones de convenciones o tratados donde este delito se constate. “En el caso de Nicaragua, aun cuando no haya ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, su misma legislación establece la tortura como un delito de lesa humanidad”, dijo.

El peritaje de contexto, a cargo del sociólogo especialista en temas de seguridad, el Dr. Xavier Meléndez, brindó antecedentes como el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, el proceso de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, la estigmatización y criminalización de la sociedad civil, el retroceso en la profesionalización de la Policía y el Ejército y la eliminación de facto del derecho a las manifestaciones y movilizaciones.

Meléndez también explicó con detalle la insurrección cívica que inició en abril de 2018 y la reacción represiva del Gobierno, cómo se utilizan las estructuras del FSLN para sostener la represión y el abuso de derechos humanos por parte del Gobierno de Nicaragua, en particular con la creación de una estructura de paramilitares armados y por qué los agentes del Estado cometen actos de violencia sexual en el contexto del ejercicio de poder.

El peritaje psicosocial elaborado por una investigadora y psicóloga que mantuvo su identidad en anonimato por razones de seguridad, abordó el impacto de estos actos para la psicología social del pueblo nicaragüense y los daños psicosociales sufren las víctimas de violencia sexual y actos de tortura.

Se encontraron síntomas de estrés postraumático en las víctimas que implican un sufrimiento emocional significativo. “La tortura sexual para las víctimas no ha quedado en el pasado porque sigue inscrita en su cuerpo y sigue apareciendo a través de sintomatología y afecta todos los ámbitos de su vida”, aseguró.

¿Quién o quiénes dieron las órdenes?

Finalmente, el peritaje de cadena de mando fue realizado por el Mayor en Retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam Ruiz, quien detalló cómo se establece quién o quiénes dieron las órdenes.

Los testimonios, dijo, permiten saber en qué cárceles oficiales o clandestinas se cometieron los abusos, conocer características de los captores y formas de tortura para identificar patrones de actuación.

El vértice superior de la cadena de mando, constituido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, extiende una responsabilidad a una cadena de mando subordinada compuesta por jefes policiales, secretarios políticos del Frente Sandinista, alcaldes, diputados del partido de Gobierno y otros funcionarios de Gobierno, dijo Samcam.

“Definimos presuntas responsabilidades individuales a nivel del estamento policial. En primer lugar, el vértice de la cadena de mando y de donde partieron las órdenes -una de ellas la fatídica orden ‘vamos con todo’ expresada por Rosario Murillo-, está compuesta por Daniel Ortega, Rosario Murillo y el jefe de la Policía Nacional Francisco Díaz y la cual distribuyó dichas órdenes al siguiente escalón de esta cadena de mando”, explicó, y pasó a leer los nombres del resto de autoridades policiales. Destacó, además, que el régimen Ortega Murillo asciende a varios de estas figuras a manera de “premio”. Samcam también presentó la cadena de responsabilidades individuales partidarias y de gobiernos municipales.

En los siguientes días se dará la deliberación del tribunal y posteriormente dará a conocer su sentencia este viernes 11 de septiembre.

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