Economía

No estamos blindados ante delito que se puede realizar al margen de sistema financiero

UAF debe pronunciarse sobre acusación de lavado en Nicaragua

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Caso Sinibaldi establece un nuevo paradigma: ejercer más vigilancia sobre fondos que se originan en corrupción



Las instituciones bancarias del país reivindicaron la seguridad del sistema financiero nacional y aseguraron que las transacciones ilícitas que intentaron realizar los “inversionistas” guatemaltecos vinculados a una red de corrupción en esa nación, nunca se consumaron porque se lograron detectar a tiempo. Sin embargo, el hecho de que los representantes de los bancos privados del país aseguraran que no tuvieron contacto alguno con los presuntos inversionistas, no quiere decir que Nicaragua esté blindada contra el lavado de dinero.

Giovanny Rodríguez, contador público autorizado y experto en lavado de dinero, explicó en el programa televisivo Esta Semana, que las instituciones bancarias siempre van a tener un riesgo residual respecto a transacciones de este tipo. Destacó que este delito no tiene que ver exclusivamente con el narcotráfico, sino con otros ilícitos como la corrupción, el secuestro o la extorsión.

“Cumplimos con la parte instrumental. Los bancos han dedicado el tiempo y los recursos necesarios a los controles de lavado de dinero. Pero recordemos que el sistema antilavado no solo lo componen el sistema financiero, sino otras estructuras como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía Nacional y el Poder Judicial”, afirmó Rodríguez.

La semana pasada el Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron la existencia de una red de corrupción en ese país, liderada por el exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, que presuntamente habría realizado operaciones de lavado dinero en Nicaragua.

Según las autoridades guatemaltecas, Sinibaldi cobraba coimas millonarias a empresas constructoras y de telecomunicaciones a las que se les asignaban contratos públicos y colectó hasta 13 millones de dólares de forma ilícita entre 2012 y 2015. Este dinero habría sido depositado en empresas de cartón en Guatemala como Constructora Benelli, Agropecuaria Agua Azul, Agropecuaria Don Nico, Inversiones MJS, e Inversiones Nápoles, entre otras, y dejó un registro de gastos suntuarios y compras de fincas, apartamentos, un jet privado y un helicóptero en Guatemala.

Posteriormente, en 2016, la estructura criminal al servicio de Sinibaldi decidió trasladarse a Nicaragua, con el propósito de blanquear el dinero, para lo cual usaron la fachada ser presuntos inversionistas ganaderos, y registraron en el país varias sociedades anónimas, con nombres similares a las de sus empresas en Guatemala.

Hasta el momento hay 17 personas detenidas y otras 15 prófugas, entre ellas el propio Sinibaldi. Se ha abierto un proceso judicial y el próximo jueves se realizará la primera audiencia contra los acusados.

En Nicaragua, CONFIDENCIAL solicitó información sobre el caso a las autoridades correspondientes, pero ni la UAF ni la Fiscalía o la Policía Nacional se han pronunciado sobre el caso. El Ministerio Público de Guatemala informó que habían solicitado ayuda al Estado de Nicaragua, y agregó que todavía no recibía respuesta de parte de las autoridades de nuestro país.

Roberto Orozco, investigador independiente en temas de seguridad nacional, expuso que es necesario que la UAF se pronuncie sobre el caso, aunque recordó que existe un problema estructural dentro de esta institución y tiene que ver con la inexistencia de una unidad investigativa.

“Lo que hace la UAF es pasar la información a la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía Nacional. Entonces esta dirección realiza la investigación y de esa forma se recopila la evidencia que se va a usar en los tribunales. Si la UAF está trabajando en algo, debe presentar algún comunicado, por una sanidad del sistema”, argumentó el investigador.

Orozco afirmó que la DIE no es una gran dirección y no tiene la capacidad humana necesaria para investigar la cantidad de delitos que se presentan en materia de lavado de dinero, por eso su trabajo es priorizar. Otro de los problemas que enfrenta esta unidad es la falta de autonomía funcional que es controlada por autoridades superiores.

No es solo narcotráfico

Las investigaciones de las autoridades guatemaltecas indicaron que la estructura criminal al servicio del exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, decidió trasladarse a Nicaragua, con el propósito de blanquear el dinero, para lo cual usaron la fachada de presuntos inversionistas ganaderos, y registraron en el país varias sociedades anónimas, con nombres similares a las de sus empresas en Guatemala.

Según la información oficial, a inicios de este año los supuestos inversionistas intentaron realizar transferencias hasta por 900 mil dólares a sus empresas registradas en Nicaragua, a través de los servicios financieros del Banco ProCredit. Sin embargo, en Managua las autoridades de la institución financiera, revelaron que no aceptaron realizar dichas transacciones, pues los supuestos inversionistas guatemaltecos no llenaron los requisitos para demostrar la legalidad de los fondos.

El patrón tradicional que se ha discutido en el país sobre lavado de dinero está relacionado íntimamente con el narcotráfico. No obstante este ilícito también se asocia con la compra de activos, de ganado, de vehículos e inversiones inmobiliarias, por lo que no se descarta que la estructura criminal haya utilizado alguno de estos mecanismos.

“En algunos reportes se vincula a Nicaragua más con el tráfico de dinero en efectivo y ejemplo de esto es el caso de los Falsos de Televisa. Al margen del sistema financiero pudieron existir otras operaciones de lavado”, aseguró Rodríguez.

En el 2014 Orozco realizó una investigación que reveló que el lavado de dinero en Nicaragua, se realizaba en actividades como la compra y venta de ganado y de fincas en zonas rurales del país.

“Los ganaderos no son personas políticamente expuestas. Y lo que el banco pide para ingresar dinero son cartas que las alcaldías otorgan para evidenciar la compra y venta. Si un ganadero realiza la venta de 300 cabezas de ganado, y presenta esos documentos, fácilmente ingresa al banco alrededor de 30 mil dólares y sucede porque la entidad financiera no pide más requisitos. Ahí tenés una vulnerabilidad del sistema”, explicó Orozco.

Rodríguez afirmó que una institución financiera puede diferenciar cuáles son los fondos que se originan de la corrupción. A las personas políticamente expuestas se les considera ciudadanos de alto riesgo y por eso les aplican mayores controles para que puedan demostrar el origen del dinero, sin importar si es ministro, diputado o cualquier otro funcionario.

“Este caso de los guatemaltecos, para el sistema financiero de Centroamérica, será un nuevo reto, pues el lavado de dinero no solo se seguirá viendo como el paradigma del narcotráfico, sino cualquier asunto que tenga que ver con corrupción. Recordemos que este delito es autónomo y pueden haber personas que por el solo hecho de no poder demostrar el origen lícito de sus fondos, podría estar violando la ley”, explicó Rodríguez.

La protección del sistema financiero

Un estudio de la Cepal indicó que Nicaragua ocupa el tercer lugar en América Latina en cuanto a flujo de dinero ilícito como proporción del comercio exterior. La investigación hablaba de 450 millones de dólares en el 2014 y no hacían referencia a negocios del narcotráfico, sino a la manipulación de facturas de exportación e importación.

Para Rodríguez este otro problema es bastante amplio, pues Nicaragua tiene una economía basada en el 80 por ciento de la informalidad y probablemente los datos del estudio estén influenciados en esa falta de regulación que imposibilita determinar el origen de ciertos fondos.

El experto manifestó que el país está haciendo un buen trabajo para protegerse en este campo tan amplio. Por ejemplo, ahora se obliga a los vendedores de vehículos usados a reportar operaciones sospechosas y alertar de transacciones que se realicen en efectivo. Igualmente hace un par de años se impulsaron varias normas para los casinos y casas de empeño.

“Recordemos que otros sectores como las microfinancieras hoy están reguladas. Nicaragua está avanzando en la parte instrumental. Pero el otro punto es determinar qué tan eficaz es el sistema. Con este caso, las entidades bancarias deben aplicar controles superiores a los que han venido implementando últimamente y esto supondría una restructuración de los sistemas de controles”, señaló Rodríguez.

Preocupa dinero de las FARC

En Colombia se está realizando la fase principal del proceso de desarme de las FARC. Una estructura que generó grandes cantidades de recursos producto del narcotráfico y de las extorsiones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha identificado que las FARC podrían tener encaletados 21 millones de dólares. Dinero que la Fiscalía de ese país quiere recuperar.

Roberto Orozco, especialista en temas de seguridad nacional, que ha realizado investigaciones relacionadas al crimen organizado, opinó que las FARC no quieren que ese dinero sea incautado y la tesis de sacarlo de Colombia todavía es muy fuerte. La preocupación del Departamento de Estado radica en que las rutas de narcotráfico que usaron las FARC estaban ubicadas en territorio panameño, salvadoreño y nicaragüense.

“Es muy probable que alguno de los destinos de este dinero podría ser Centroamérica y como tenemos colaboradores ideológicos históricos, podríamos tener una estructura ya montada para recibir dinero, pero eso es una teoría”, dijo Orozco.

El próximo jueves se realizará una audiencia en Guatemala para interrogar a los detenidos que están vinculados a la estructura criminal que supuestamente lavó dinero en Nicaragua. El nexo con nuestro país todavía no se ha comprobado por el Ministerio Público de ese país y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Orozco consideró que si la Cicig reveló la conexión con Nicaragua es porque existen pruebas que lo pueden confirmar y aunque hasta ahora se presentaron solo indicios, la investigación continúa y existe la posibilidad de que se reporten operaciones realizadas en los registros mercantiles de Nicaragua.