Política

UE aprueba marco legal para imponer sanciones específicas contra orteguistas

Sanciones consisten en prohibición de viajar a la Unión Europea e inmovilización de bienes para las personas y entidades sancionadas

El Consejo de la Unión Europea —integrado por los cancilleres de los 27 países miembros— adoptó este lunes un marco para la imposición de sanciones específicas contra funcionarios o personeros de la dictadura de Daniel Ortega, involucrados en las violaciones a los derechos humanos durante la represión contra la rebelión cívica que estalló en abril de 2018.

“Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el estado de Derecho en Nicaragua”, explicó el Consejo en un comunicado.

“Las sanciones consisten en la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes, para las personas, y en la inmovilización de bienes, para las entidades. Además, las personas físicas y las entidades establecidas en la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de aquellas que figuren en la lista”, detallaron.

En marzo pasado, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución en la que exige a la UE  aprobar sanciones “específicas e individuales” contra funcionarios del régimen orteguista y ciudadanos que hayan violado los derechos humanos de los nicaragüenses.

Para que la UE imponga sanciones, primero la Alta Representante de Política Exterior debe presentar una propuesta, que es analizada en diferentes instancias de cada país miembros y del Consejo Europeo y luego se pasa a votación de los ministros, que debe ser unánime.

Conclusiones sobre Nicaragua

El Consejo también emitió una serie de conclusiones sobre la situación de Nicaragua, recordando las emitidas el 21 de enero de 2019, así como varias declaraciones, realizadas desde abril de 2018, mediante las que expresó su “preocupación” por el “deterioro de la situación política y social en Nicaragua” y condenó “firmemente” la represión que las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al Gobierno ejercen desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil.

“La Unión Europea rechazó el uso de las leyes antiterroristas para perseguir y penalizar opiniones discrepantes. También reafirmó su determinación de servirse de todos sus instrumentos para respaldar una solución pacífica y negociada a la crisis y su intención de seguir atentamente la situación en el país a fin de reaccionar ante un nuevo deterioro de los derechos humanos y el estado de Derecho”, continuó.

El Consejo consideró que desde sus conclusiones en enero de 2019, “la situación general de los derechos humanos y la gobernanza democrática sigue siendo altamente preocupante”.

“Las medidas institucionales y legislativas adoptadas con el fin expreso de la reconciliación, como la Ley de Amnistía adoptada en junio por la Asamblea Nacional de Nicaragua, fueron impuestas sin consultas y no respetan los principios internacionales pertinentes”, sentenció.

Incumplimientos del Gobierno

Además, recordó que el informe del grupo de expertos independientes sobre violaciones de los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018 no ha sido objeto de seguimiento. “La rendición de cuentas es un elemento esencial para la verdad, la justicia y la reconciliación. El avance positivo que supuso la puesta en libertad de un gran número de presos políticos no se ha visto acompañado de la aplicación de la totalidad de los Acuerdos de marzo de 2019 entre el Gobierno y la Alianza Cívica, en particular en cuanto a la restitución de los derechos civiles y políticos”, advirtió.

Para la Unión Europea, la negativa continuada a retomar el diálogo con la oposición denota una señal negativa en cuanto a la disposición del Gobierno a trabajar para una salida democrática y pacífica de la crisis.

Manifestante señala a los policías que lanzaron bombas aturdidoras contra ciudadanos, durante piquete exprés en el edificio Pellas, a finales de septiembre pasado. Foto: Carlos Herrera.

“Como consecuencia, y además de los esfuerzos políticos y diplomáticos en curso para apoyar la justicia y la democracia, el Consejo ha decidido hoy (14 de octubre) adoptar un marco para el establecimiento de medidas restrictivas específicas”, reiteró.

“El marco adoptado permite aplicar un enfoque gradual y flexible en lo que respecta a las designaciones individuales para la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes según proceda. Posteriormente se podrán añadir designaciones específicas en caso de un estancamiento continuado y un ulterior deterioro de los derechos humanos y el estado de Derecho, o se podrán revocar en caso de un avance positivo y decisivo”, indicaron.

La Unión Europea subrayó que sus medidas restrictivas son específicas y se han concebido para no perjudicar a la población nicaragüense.

Buscar salida pacífica

Igualmente, recordó los tres ámbitos principales en los que un progreso tangible es necesario para crear las condiciones para la salida pacífica y democrática de la crisis:

  1. La aplicación plena de los Acuerdos de 29 de marzo de 2019 para reforzar los derechos y las garantías civiles y políticos, incluido el restablecimiento de las libertades políticas y el estatuto jurídico de las organizaciones de la sociedad civil prohibidas, el regreso voluntario y en seguridad de los exiliados y la puesta en libertad de los presos políticos restantes, así como la retirada de los cargos en su contra. Esto implica asimismo poner fin al acoso y la intimidación de los presos políticos liberados y de sus familias y garantizar su seguridad y su integridad física.
  2. El regreso a Nicaragua de los organismos internacionales para los derechos humanos y la cooperación plena con ellos, incluidas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
  3. Un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el Gobierno y la oposición, incluida la Alianza Cívica, con el objetivo de garantizar elecciones limpias y transparentes.

La UE instó urgentemente al Gobierno de Daniel Ortega y a todas las partes a “reanudar de forma constructiva un diálogo nacional eficaz, amplio y centrado en los resultados, en particular sobre la adopción de reformas electorales de conformidad con las normas internacionales, como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas”. Además, reiteró que está dispuesta a ofrecer su apoyo si las partes lo solicitan.

“La UE reafirma su compromiso de continuar trabajando para una salida pacífica de la actual crisis y de respaldar al pueblo nicaragüense en su esfuerzo por colmar sus acuciantes necesidades y aspiraciones”, concluyó.

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