Opinión

Un bozal para las redes sociales

La mayoría cree que la iniciativa del Gobierno se trata de una maniobra encaminada a limitar aun más la libertad de expresión de los nicaragüenses



¿Por qué será que cada vez que el gobierno propone medidas que rozan con el tema de la libertad de expresión, la reacción que genera de inmediato es de rechazo? Se lo habrá preguntado alguna vez. Igual ocurrió cuando se quiso introducir —antes de su aprobación— un inciso en la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779), bajo el eufemismo de evitar que fuesen objeto de escarnio de parte de los caricaturistas. La presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos —su proponente— planteó en aquel entonces, considerar las sátiras como ofensas. Dos factores incidieron para lograr su retiro. El freno a las puyas y socarronerías de los caricaturistas y la oposición generada, debido al temor que fuese una maniobra enderezada a facilitar al gobierno su intromisión en los medios.

La lectura inmediata de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, sobre la propuesta de Ramos, fue que tenía como propósito inconfesable, de legalizar una forma de censura. Los humoristas ponen huraño al poder y los caricaturizados se enfurruñan y muchas veces, no saben cómo reaccionar contra el aguijón que sangra sus costados. Hoy asistimos a un momento similar. La presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, hizo pública la invitación de tipificar el ciberdelito, el pasado nueve de marzo. La situación de fondo consiste, en que la nueva propuesta se hace en un contexto, en el que magistrados del Poder Judicial, fueron señalados en las redes sociales, de incurrir en supuestos actos de corrupción. El contexto es muy parecido al que se vivía cuando se buscó como calificar las sátiras como ofensas.

A la medida sugerida por Ramos, le hizo coro la poeta Rosario Murillo. En su acostumbrada alocución del medio día, afirmó que habían “planteado al presidente de la Asamblea Nacional de parte del presidente, el comandante Daniel como jefe de Estado, que abramos un gran debate que nos permita… revisar a la luz de las situaciones actuales… porque estamos conectadas a internet, estamos en las redes sociales y podemos estar siendo influenciados negativamente”. Otro que se sintió agraviado fue el segundo jefe de la Policía Nacional, comisionado general, Francisco Díaz. Las razones que aduce Díaz, obedecieron a la circulación de informaciones falsas. Se habló de la existencia de un grupo de secuestradores, dedicados al comercio de órganos. En verdad se trataba de una banda delincuencial, que operaba en México hace algunos años. Un bulo o fake news.

Cuando tres funcionarios coinciden en el tiempo y el espacio, debemos deducir de manera automática: el tema de los ciberdelitos venía siendo tratado desde hacía rato, en las más altas esferas de poder. A las preocupaciones de Ramos, Murillo y Díaz, sumemos la demanda del presidente Ortega y la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. No se trata de un hecho fortuito. Es estamos ante un tema vinculado con la libertad de expresión. El gobierno no cuenta hasta ahora con un instrumento jurídico, que le habilite a meter sus narices en los medios. Una fortaleza de la Ley de Telecomunicaciones (Ley 200). En un país con saldos rojos, los legisladores consideraron prudente no inmiscuirse en los contenidos que se difunden a través de los medios. De haberlo hecho hubiesen incurrido en un retroceso.

Si la familia gobernante no controlase la parrilla televisiva —Ángel González, el otro dueño de las estaciones de televisión en VHF, jamás se atreverá a criticar, menos a disentir de las políticas impulsadas por su benefactor— no acaparara las radioemisoras, ni distribuyera de forma equitativa la publicidad oficial, ni utilizara a la Dirección General de Ingresos (DGI)y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), como mecanismos de presión contra los dueños de medios, ni Telcor actuara de manera parcializada y las personas no temiesen hablar en público, nadie se asustaría por tipificar los ciberdelitos. Este no es el caso. La ciudadanía solo puede recurrir —además de Confidencial, La Prensa, Radio Corporación, Canal 12, Esta Noche y Esta Semana— a las redes sociales. Un oasis en el páramo mediático nicaragüense.

La utilización del rumor —desde el punto de vista de la comunicación— surge cuando los canales de comunicación están censurados. Al rumor lo hace posible el ejercicio histórico de la censura directa o indirecta. Se usa ante el miedo de ser objeto de represalias. Algo idéntico acontece en las redes sociales. El enmascaramiento ciudadano no es gratuito. Especialmente cuando tratan temas de carácter político. Siempre advierto que detrás de las redes no sabemos quién está. Esto conlleva a ser cautos y precavidos. Las redes sociales constituyen unos de los retos contemporáneos más acuciantes. Los criminales las usan para cometer tropelías. ¿Qué pasa en un país cuando la crítica se convierte en un acto punible? ¿Qué ocurre cuando grandes contingentes humanos son postergados o eliminados del debate?

La libertad plantea enormes desafíos, los cultores de la nota roja, violan todos los días derechos humanos elementales. Los pobres son objeto de escarnio. Su derecho de imagen es pisoteado a mansalva. La nota roja tiende a naturalizar la violencia. Dentro del paisaje de la pobreza, es enfocada como una cuestión normal. Sus narrativas insisten en hacer creer a los pobres que están condenados a vivir y padecer la violencia, como un hecho cotidiano ineludible. ¿Por qué no iniciar una campaña de saneamiento haciendo un llamado a Crónica TN 8 y Acción 10, para que ya no sigan burlándose de los pobres? Resultaría meritorio que los dueños de la Nueva Radio Ya, orientarán a sus periodistas a no seguir agrediendo verbalmente a decenas de personas, durante la transmisión de su noticiero estrella. ¿Me escucharán esta vez?

El lenguaje escatológico del que hacen gala los periodistas de la Nueva Radio Ya, resulta cruel e infamante. El ensañamiento contra las mujeres —el énfasis soez— es una agresión permanente en contra personas humildes e indefensas. Jamás se me ocurriría proponer su cierre como solución indicada, para remediar el enorme mal que ocasionan. No me explico por qué los defensores de derechos humanos no se hacen cargo del tema. Deberían incorporarlo en su agenda de trabajo. La tosquedad y la chabacanería constituyen una forma de agresión directa contra la honra y reputación de las personas. Urgen cambios. No existe peor atentado contra la salud mental de las familias, que hacer chacota de su dolor. Una mudanza radical en la política informativa en estos programas, resultaría beneficioso para todos.

Abrir el tema a debate del ciberdelito no está mal, ocurre que la mayoría cree que es una maniobra encaminada a limitar aun más la libertad de expresión de los nicaragüenses. El debate abierto en las redes viene a ser la única posibilidad que tiene la ciudadanía de no verse constreñida a disentir, como lo está siendo ahora. Las redes sociales se han convertido en dispositivos de opinión, debate, crítica, análisis y difusión de información. Ofrecen la oportunidad de irradiar los más diversos mensajes, sin esperar la venia de los dueños de medios. ¿Qué incurren en abusos? Indudablemente. ¿Acaso estos son mayores a los que cometen los artífices de la nota roja? ¡Nunca! La nota roja atenta contra el equilibrio emocional de los nicaragüenses. La crudeza de su discurso es perversa y agresiva. Provoca y estimula la morbosidad.

La reacción de distintas instituciones de derechos humanos, fuerzas políticas, organizaciones feministas y dirigentes religiosos, ha sido enfatizar que la tipificación de los ciberdelitos, constituye un disparo enfilado a menoscabar la libertad de expresión. Una acción para contener la crítica en las redes sociales. Un asalto al último bastión con que cuentan los nicaragüenses, para ejercer una fiscalización directa —sin ningún tipo de mediación— al poder y a los poderosos. Mientras el gobierno se apertrecha contratando a decenas de jóvenes, para que contrarresten los cuestionamientos vertidos en las redes, la mayoría de los nicaragüenses lo hace a pecho abierto, asumiendo los riesgos que conlleva desafiar sus políticas y acciones. No hay forma de pensar lo contrario: se trata de acallar su voz e imponer la censura.