Nación

Reportaje Especial | Régimen Ortega-Murillo hostiga, acosa y persigue al periodismo independiente

Una década de asedio a la libertad de prensa en Nicaragua

Cancelación de licencias por Telcor, publicidad estatal solo para medios de “la familia”, nulo acceso a información pública, espionaje e intimidación



I. El caso de la Radio Bosawás

El siete de diciembre de 2017, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) canceló la frecuencia de Radio Bosawás, una emisora propiedad de la alcaldía de El Cuá. El ente regulador argumentó “infracciones técnicas” para darle de baja. La decisión extrañó a los oyentes, que desde hace diez años sintonizaban la 104.1 en FM.

El Cuá, uno de los pocos municipios del interior de Jinotega donde una gigantografía del comandante Daniel Ortega con el puño en alto recibe al visitante, pasó a manos opositoras en las elecciones municipales de 2017: Isidro Hernández logró la silla edilicia por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Para él no es extraña la cancelación de licencia (2006-RDSFM-58) de Radio Bosawás. “Responde a criterios políticos”, afirma el alcalde electo.

La resolución administrativa 117-2017 sobre Radio Bosawás fue publicada en el diario oficial La Gaceta. El argumento principal de Telcor fue que “la Alcaldía de El Cúa cometió infracciones muy graves, como no reportar el cambio de los equipos de transmisión para operar y prestar el servicio de radiodifusión sonora en FM”.

Entrada a El Cuá, municipio de Jinotega, donde el FSLN perdió el poder en las Municipales de 2017. Carlos Herrera/Confidencial

Expertos en radiodifusión explicaron que la resolución de Telcor raya en la ilegalidad: Una estación puede contar con un transmisor con más capacidad siempre y cuando no exceda la potencia autorizada.

La sanción fue aplicada en septiembre pasado, pero fue publicada y hecha efectiva hasta diciembre de 2017 en La Gaceta, un mes después de los comicios locales. “Como perdieron la alcaldía ya no iban a poder controlar la radio. El Frente Sandinista es enemigo de la libertad de expresión”, sintetiza Hernández.

El caso de Radio Bosawás ilustra el doble estándar con que Telcor cancela y entrega concesiones con discrecionalidad. Por un lado, el ente regulador es dadivoso con la familia Ortega Murillo (que controla cinco canales de televisión abierta), y, por otro, es feroz con medios de comunicación (muchos locales) que critican la administración sandinista. Pero también es un punto de partida para analizar la situación de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua en los últimos diez años. Una década bajo un gobierno que ha reconfigurado la relación del poder con los medios de comunicación, dividiendo entre “buenos y malos”. Entre los “medios del poder ciudadano” y los enemigos que atentan contra el “buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario”.

II. Licencias solo para “La familia”

“Pueden tener 20 licencias y nadie se los puede impedir porque tienen derecho”, dijo Orlando Castillo, director de Telcor, después que a Juan Carlos Ortega Murillo le entregara una nueva licencia para operar Canal 22.

Castillo es fiel al poder. Antes de llegar a la dirección de Telcor, trabajó como contador en Canal 4, propiedad de la familia presidencial. Bajo su administración las licencias de canales de televisión han beneficiado a los hermanos Ortega-Murillo.

El canal 22 funcionaría como un canal informativo durante las 24 horas del día, los 365 días del año, pero hasta ahora no ha entrado en funcionamiento. La licencia favoreció a Difuso Producciones, la empresa de Juan Carlos Ortega Murillo.

“En 2010, se amplió el control televisivo cuando la familia presidencial, que ya tenía la frecuencia de canal 4 (VHF), compró el  Canal 8 (VHF), por un monto de US$ 9.7 millones financiados con la desviación ilegal de la cooperación estatal venezolana, para instalar una empresa privada”, recoge un informe elaborado por el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

III. El duopolio Ortega-González

El informe fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 161 periodo de sesiones, realizadas en marzo de 2017. Es un estudio integral sobre la situación de la libertad de expresión y prensa en el país, en el que detallan la concentración de medios de comunicación en manos de la familia gobernante y la del misterioso empresario mexicano Ángel González.

“Después se autoadjudicaron Canal 13 (VHF). Los tres canales mencionados operan como ‘medios oficiales’, pero son empresas privadas propiedad de la  familia presidencial. Canal 6, de propiedad estatal, funciona bajo las directrices de los medios de la familia”, refiere el informe.

Guillermo Rothschuh Villanueva, director del Observatorio de Medios y uno de los estudiosos más acuciosos en esta materia, ha bautizado esta concentración de la televisión como un “duopolio mediático”.

Ángel González, conocido como “el fantasma”, porque nunca deja verse. Su entramado de medios de comunicación está en toda la región.

El empresario mexicano controla los canales 2, 7, 9,10 y 11 en VHF. En total, el duopolio controla diez canales de televisión. Solo Canal 12, de la familia Valle-Flores, opera en televisión abierta fuera de la tutela del duopolio televisivo. Además, operan tres canales de cable (14, 63, y 99) de menor penetración.

Para Rothschuh Villanueva no resulta extraña la generosidad de Telcor con el entorno presidencial. Basa sus sospechas en la práctica: El ente regulador decomisa licencias a medios (en especial locales) que critiquen el gobierno sandinista. “La actitud del Telcor obedece a demandas de los secretarios políticos de los departamentos del país y las regiones autónomas. De hecho, Telcor ha sido severo en el otorgamiento de la frecuencia y la forma de actuar”, acota el experto.

El informe de CINCO y el CENIDH resalta que el duopolio televisivo “restringe las posibilidades de expresarse de los nicaragüenses y de recibir información”. Según ese análisis, la característica dominante de los canales de la familia Ortega-Murillo y del empresario González, es que se dedican exclusivamente a difundir la propaganda oficial, así como periodismo amarillista de nota roja y entretenimiento banal, “anulando el principio de pluralidad de las fuentes informativas y la posibilidad de propiciar el debate público”.

Alfonso Malespín, catedrático y experto en comunicación, señaló que en las radios sucede un fenómeno de concentración como el de la televisión. La familia Ortega-Murillo es dueña de La Nueva Radio Ya y La Sandino, y al menos de diez emisoras más. Ángel González controla 17 radioemisoras. Pero resulta difícil establecer el número total de radioemisoras que controlan, porque Telcor se niega a brindar información sobre la titularidad de las licencias y no existen medios de acceso información pública.

“Aquí sucedió lo mismo que en Venezuela”, comparó Fabián Medina, jefe de información del diario La Prensa: “Allá se dio un proceso de concentración de los medios por varias vías: La compra por parte del Estado, cierre de medios, y la facilitación a otros personajes (testaferros, empresarios) a la adquisición. Pero en el fondo lo que tenemos es una sola voz hablando”.

La voz de Rosario Murillo aparece a diario en los canales oficialistas como un monologo, que recuerda al ‘Gran Hermano’, en la novela de Orwell.

La voz que describe Medina es de una mujer. Todos la conocen. Es la vicepresidenta Rosario Murillo, que cada mediodía “informa” sobre el quehacer del Gobierno que su esposo encabeza. Es ella la artífice “Estrategia de Comunicación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional”, que definió como política informativa oficial “usar nuestros medios, para que nuestra información salga incontaminada, directa”. Y así ha sido.

“Los mensajes son repetitivos, bastante simples, propagandísticos… en el caso de Nicaragua, se nota principalmente en la televisión, donde quedan poquísima ventanas en las que podes escuchar una voz diferente”, analizó Medina.

Radio Bosawás no ha sido la única radioemisora local cerrada por Telcor en los últimos años. Radio Voz de Mujer, en Jalapa, fue intervenida a mediados de 2017 por el área jurídica del ente regulador. Telcor argumentó que la frecuencia 90.3 FM no era la autorizada. Sin embargo, la organización de Mujeres contra la Violencia Oyanka —que administraba la estación— aseguró que la decisión de Telcor respondía a criterios políticos, debido a las acuciosas críticas a la reglamentación de la ley que castiga la violencia de género, y la gestión municipal en ese ciudad.

IV. Un gran “pastel” para unos pocos

La última vez que el dato sobre la publicidad oficial fue publicado, rondaba los 35 millones de dólares anuales. Es la cifra que el Estado de Nicaragua dedicaba para publicidad estatal en los medios de comunicación. Pero desde hace nueve años saber cuánto es invertido no es posible. Como toda la información pública en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega, es manejada con secretismo.

Los expertos en comunicación coincidieron en que el pastel publicitario estatal ha crecido en los últimos años. Pero saber a ciencia cierta de cuánto ha sido el incremento, es el “secreto mejor guardado”.

“El gobierno ha concentrado todita la publicidad en manos de la señora Rosario Murillo. Ella es la que distribuye todo ese pastel publicitario a medios de propiedad de su familia, y en todas esas gigantografías que vemos a lo largo y ancho del país. Además en piezas audiovisuales que se venden afuera de Nicaragua para promover el turismo”, afirmó Malespín.

El 98% de ese pastel publicitario está concentrado en unos pocos medios, de acuerdo a estudios del Observatorio de Medios de CINCO. Los canales 4, 8 y 13, que operan como empresas privadas de la familia presidencial, son beneficiados por los anuncios de la Presidencia, el Instituto de Turismo, la Empresa de Transmisión Eléctrica, INAFOR, SINAPRED, y los ministerios de Educación y Economía Familiar.

“Según un monitoreo realizado por agencias de publicidad a inicios de 2017, en 2016 las instituciones estatales invirtieron 16.2 millones de dólares en publicidad en medios de comunicación. El gasto estatal representa el 10% del total del pastel publicitario, y aunque pareciera una cifra relativamente pequeña, representa una suma millonaria cuando se destina exclusivamente a financiar los medios de la familia presidencial”, insiste el informe de CINCO y el CENIDH.

Cuando Ortega retomó el poder en 2006, y la política de información incontaminada fue puesta en práctica, la publicidad era usada bajo el sistema de “premio y castigo”. No obstante, con el paso de los años, la fundación de propios medios de comunicación y la intolerancia a la crítica, las pautas fueron concentradas por el oficialismo.

Rothschuh Villanueva señaló que previo a la administración Ortega-Murillo, la publicidad estatal siempre ha sido usada con cierto grado de discrecionalidad. Durante los gobiernos liberales algunos medios de comunicación eran más beneficiados que otros. “Pero había una distribución de la publicidad que beneficiaba a todos”, agregó el experto.

Pero el esquema ha cambiado bajo los Ortega-Murillo. A Rothschuh Villanueva le recuerda la época somocista, cuando la dinastía familiar no le daba pautas a las empresas periodísticas que le adversaban.

Álvaro Navarro, director de Artículo 66, una reciente empresa periodística que se enfrenta a la escasez de publicidad. Carlos Herrera/Confidencial

Los proyectos independientes no están invitados al pastel publicitario. La ausencia de pautas públicas mella en la capacidad económica de los medios independientes.

“El gran verdugo que tenemos los periodistas es la situación económica, la presión financiera y el tema de la publicidad”, expresó Álvaro Navarro, director de Artículo 66, una nueva propuesta periodística recién fundada, y que ya se ha estrellado con esta realidad.

El catedrático Malespín resaltó que la mayoría del pastel publicitario en general en el país lo representa la empresa privada. La afirmación podría sonar alentadora para los medios de comunicación. Sin embargo, el experto sostuvo que la pauta privada no llega a menudo a los espacios de periodismo independiente. ¿La razón? Una mezcla de factores.

“Es bien sabido que el sector privado es muy temeroso de recibir represalias por parte del gobierno: pueden ser fiscales o aduaneras (…) Prefiere no pautarse en medios que puedan incomodar al sector privado, al gobierno y, a veces, hasta a las iglesias”, expuso Malespín, quien reconoció también que hay empresarios “valientes” que rompen ese comportamiento.

La experiencia de Navarro como reportero y director de Artículo 66 lo llevó a concluir que no hay empresas privadas interesadas en el apoyo al periodismo crítico. Según él, hay medios independientes que ofrecen plataformas eficientes para el despliegue de la publicidad, pero aun así “las presiones y los miedos” se sobreponen.

A un equipo periodístico de Confidencial le es impedida la entrada a un acto público de la Alcaldía de Managua. Carlos Herrera/Confidencial.

La migración de los medios de comunicación al espectro digital es un dolor de cabeza a nivel mundial: Nadie ha logrado descifrar la fórmula para hacerlos rentables. Nicaragua no es la excepción. Esta realidad pone cuesta arriba la sobrevivencia del periodismo independiente. Muchos espacios han tenido que realizar recortes de personal o de recursos, que impactan de forma directa en la calidad del producto periodístico.

Onda Local, el programa radial de periodismo investigativo dirigido por Patricia Orozco, vive en esos aprietos. A falta de publicidad, la frecuencia de reportajes desde las zonas de conflicto en el interior del país ha tenido que menguar. Enviar un equipo periodístico a producir una historia con contexto, que incluya a todos los actores, y en una presentación profesional para la audiencia cuesta dinero. Pero Onda Local no solo enfrenta avatares económicos. Desde hace más de una década era transmitido en la radio de alcance nacional La Primerísima. Pero una orden política, emanada desde el más alto nivel —sostiene Orozco—, ordenó cerrar el espacio que su programaba pagaba en la emisora.

V. Dos programas cerrados… y no por Telcor

Patricia Orozco es una veterana periodista, y una voz establecida en la radiodifusión nacional. Tanto en el plano personal y profesional, esta mujer tiene una característica: Dice con aplomo lo que piensa. La autocensura no es lo suyo. Por eso está segura que la clausura del espacio de Onda Local en La Primerísima no responde al tema económico. “Es político. La Rosario (Murillo) no nos quería”, reiteró con contundencia.

William Grigsby, director de la emisora, fue comprensivo con algunos atrasos de Onda Local para pagar algunos meses el espacio. De hecho, relató Orozco, fue el mismo Grigsby quien le ofreció modalidades de pago más cómodas. Pero las presiones del Ejecutivo forzaron la salida de Onda Local, pese a que La Primerísima se define como una “radio sandinista pero con pluralidad”.

Patricia Orozco, una veterana periodista radial, directora de Onda Local. Carlos Herrera/Confidencial

La Asociación de Profesionales de la Radiodifusión Nicaragüense (Apranic) es propietaria de La Primerísima. Supuestamente, la decisión de Rosario Murillo de cerrar Onda Local no fue bien recibida en el seno de la organización, porque la orientación superior buscaba convertir a la radio en una adicta completa al régimen, como es Radio Ya, cuya programación abunda en propaganda y nota roja.

Onda Local dejó de transmitirse en La Primerísima. Mientras encontraba una frecuencia nueva en el dial, el equipo reforzó su portal web. Ahora, Radio Universidad le abrió las puertas a uno de los programas más prestigiosos de la radiodifusión local.

Esta historia, en la que las decisiones políticas son más directas y no necesitan ser trianguladas a través de Telcor, se repitió en el Caribe Sur del país.

En octubre de 2016, el diputado sandinista Arturo Valdez Robleto llamó a la periodista Yolidia Navas Salomon para informarle que su noticiero Hoy, transmitido desde hace 15 años en Radio Zinica, era clausurado por “órdenes del Frente Sandinista”.

Hoy era un espacio para la crítica y el análisis. En Bluefields, una zona azotada por el narcotráfico, los señalamientos de Navas Salomon eran dirigidos hacia la Policía Nacional. Pero también criticaba a las instituciones estatales y a la Alcaldía de esa cabecera departamental.

El cierre del noticiero de Navas Salomon generó una oleada de indignación en la ciudadanía de Bluefields. Por primera vez, desde hacía décadas en el país, la gente se levantaba contra el cierre de un espacio informativo. Hubo marchas y reclamos. Según los expertos en comunicación, la ciudadanía considera la libertad de expresión un “bien valioso” en un 95%. Pero, irónicamente, “no pelean por ella”, afirma Malespín.

Navas Salomon no quiso ampliar más su historia para este reportaje para evitar más presiones del poder político. Su voz, como la de Onda Local, intentó ser apagada.

VI. Un mundo feliz, según medios oficialistas

Nicaragua está muy bien: La gente casi no se muere, no se enferma, la economía bulle, el desempleo es casi nulo, no hay niños en las calles, las mujeres no son asesinadas; no hay protestas, nadie está descontento con el gobierno del “comandante y la compañera”. Hay armonía política, económica y social. Es un mundo feliz, sin imperfecciones, que da la sensación de haber sido diseñado en un laboratorio. Un país modélico. Eso es lo que describen, a diario, los medios afines al gobierno Ortega-Murillo.

“Narran una realidad simbólica ajena de la población. Es la que se visualiza a través de los medios oficiales”, analizó Rothschuh Villanueva. Para conseguirlo –añadió su parte Malespín– la vocera del gobierno del comandante Ortega, también vicepresidenta y primera dama, esconde o maquilla las estadísticas y ha impuesto un bloqueo tajante a la información pública, para que los periodistas independientes no puedan contradecir y verificar la realidad que construye el aparato mediático oficial.

Pese a que hay una Ley de Acceso a la Información Pública, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha publicado informes que exponen cómo la normativa no funciona. Es papel, letra muerta.

“Un total de 218 instituciones estatales obligadas (incluidos los gobiernos municipales y regionales, instituciones del Poder Ejecutivo y otros Poderes del Estado), solamente 32 instituciones tienen establecida una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP), lo que equivale a un reducido 15% de cumplimiento”, reveló el monitoreo de la Fundación Violeta Chamorro.

Periodistas entrevistados coincidieron en que no tienen acceso a funcionarios públicos, a conferencias de prensa oficiales ni a estadísticas (el comandante Ortega lleva una década en la presidencia sin dar una conferencia de prensa). Quedan algunos lugares donde recabar cierta información, como la Asamblea Nacional.

Redacción del diario La Prensa. Carlos Herrera/Confidencial

“Lo que hacemos para tratar de conseguirla es buscar documentos oficiales, algún tipo de fuente que pueda sustentar la información que nosotros tenemos. En mi caso, me toca cubrir temas relacionados con seguridad y defensa, la única institución que me atienden mínimamente es el Ejército en cuanto, al menos, el vocero me dé su apreciación… pero cuando quieren”, relató Elizabeth Romero, reportera del diario La Prensa.

Romero, junto a otros periodistas y medios independientes, ha roto el país modélico que narran los medios oficiales. Las agendas de la felicidad a veces son obligadas a incluir hechos que quieren ser obviados, como la masacre de  dos hermanos en la Cruz del Río Grande. Romero fue de una de las primeras en publicar esa noticia, y obligó a que el Gobierno se pronunciara, aunque sea para brindar excusas y justificaciones, y no respuestas a la madre de las víctimas, Elea Valle.

“Uno de los eslóganes del gobierno ‘es vivir bonito, vivir feliz’. A veces creemos que cambiando el lenguaje vamos a cambiar la realidad, que es lo que está cristalizado en 1984, la obra de Orwell: Creyendo que con un metalenguaje la realidad va a ser transformada. ¡No! La realidad es terca, está demandándole al Gobierno una nueva forma de relación con los medios de comunicación, son los únicos dispositivos con que cuenta todavía la ciudadanía en la defensa de las libertades ciudadanas en Nicaragua”, analizó Rothschuh Villanueva.

La realidad simbólica es impuesta a través de los medios de comunicación, a través de la intimidación, el hostigamiento, el ahogamiento económico, entre otros recursos empleados por el gobierno.

La reportera Romero sufre de modo constante difamación. En una publicación digital y en las redes sociales es desacreditada, tanto en el plano profesional como personal. Ella ha sido expiada por el Ejército de Nicaragua, así como el periodista Ismael López Ocampo, y la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana.

“Te desprestigian, te difaman por el hecho que no les gusta cómo escribís. O sea, es un Gobierno que no acepta que un periodista independiente escriba tal cómo suceden las cosas”, aseveró Romero.

La reportera Elizabeth Romero es desprestigiada de forma constante por su periodismo crítico. Carlos Herrera/Confidencial

El jefe de información de La Prensa, Fabián Medina, comparó estas truculencias a una “lógica de guerra”: “Es establecer una verdad que es la de ellos, sin la necesidad que tener que ser corroborada. En las guerras lo que primero que se hace es tomar el control de los flujos de información. Nadie trata de decir algo que no esté sometido a la revisión del poder. ¿Por qué? Porque la información puede ser dañina. Desde hace mucho tiempo vivimos una especie de censura, no al estilo manu militari como era antes, sino que solo tenemos acceso a lo que el poder quiere decir”.

Contrario a todas estas apreciaciones, el Gobierno insiste en declarar, alrededor del mundo, que Nicaragua es un país libre y sin restricciones a la libertad de expresión. El director del Observatorio de Medios está de acuerdo en este punto. “En Nicaragua hay libertad de expresión”, afirmó Rothschuh Villanueva. “Pero está es hostigada y asediada. Los reductos donde expresarnos cada vez son menores”.

Debate: ¿Pueden las asociaciones de periodistas enfrentar la represión y el abuso del gobierno?

Franklyn Villavicencio

En diciembre de 2017, la Asociación de Periodista de Nicaragua (APN) inauguró el Centro Nacional de Denuncias Contra la Libertad de Expresión, cuyo propósito es recopilar denuncias “firmemente” documentadas.

Gustavo Bermúdez, presidente de la APN y promotor de la iniciativa, afirmó para el programa televisivo Esta Noche, que de esta manera “le vamos a demostrar a todo el mundo que en Nicaragua se viola el derecho fundamental a la libre expresión y que este gobierno con situaciones mediáticas está tratando de tapar eso”.

A criterio de Bermúdez, en el país no ha habido una institución gremial capaz de representar las denuncias de ataques contra la libertad de expresión.

No obstante, para algunos periodistas independientes como Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, este mecanismo “no es suficiente para enfrentar la represión y el abuso del gobierno”.

“Hasta ahora el gran problema es que no hay un esfuerzo común de asociaciones. También hay otras que son más sindicato blanco que otra cosa”, criticó Navarro, quien no forma parte de una organización de periodista por la “pasividad” y poca incidencia ante las violaciones de derechos humanos que desde 2007, con Daniel Ortega al poder, han incrementado.

“Ocurre que a un colega lo pueden sacar de una institución a empujones, expulsar e impedir el acceso a las instituciones del Estado y ninguna organización (de periodistas) emite un pronunciamiento”, cuestionó Navarro.

Ante estos señalamientos, el presidente de la APN está resuelto a cambiar esa imagen que algunos periodistas tienen de las organizaciones gremiales: “Yo creo que si nos sumamos y hacemos el esfuerzo podremos llegar a ser una institución respetable”, argumentó.

También aseguró que las organizaciones de periodistas no están exentas a las crisis que atraviesan los medios independientes, como son el cierre de fuentes gubernamentales y la asfixia económica por parte de la empresa privada.