Política

Unidad Nacional busca articular demandas ciudadanas

Guillermo Incer: “La movilización de la ciudadanía es un derecho constitucional que ni siquiera debería estar en la mesa de negociación”

La Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a 75 organizaciones nicaragüenses antigubernamentales, integró este miércoles un “consejo político”, que será el “rostro del movimiento opositor más grande del país”, nacido en medio de la crisis local.

Un total de 12 personas integran el nuevo consejo político de la Unidad, que se autodefine como “plural e incluyente”, y representan a “organizaciones de la sociedad civil, territorial, estudiantil, política y víctimas”, informó el movimiento opositor, en un comunicado.

La lista de representantes de la Unidad está conformada por presos políticos, estudiantes, madres de manifestantes asesinados y arrestados, feministas, abogados, afrodescendientes y manifestantes autoconvocados, nicaragüenses en el exilio, entre otros.

Los doce representantes

El consejo político incluye a:

  • Yaritzha Rostrán, presa política excarcelada y miembro de la Coordinadora Universitaria.
  • Ivania Álvarez, del Movimiento 19 de Abril, en Tipitapa.
  • Guillermo Íncer, de la Articulación de Movimientos Sociales.
  • Yerri Estrada, del Movimiento 19 de Abril, en León.
  • Violeta Granera, del Frente Amplio por la Democracia.
  • Jesús Tefel, del Grupo de Apoyo Nacional.
  • Haydee Castillo, del movimiento social de Las Segovias.
  • Katherine Ramírez, de la Alianza Cívica, en Estelí.
  • Giovanni Silva, de la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua.
  • Max Jerez, de la Alianza Universitaria Nicaragüense.
  • Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Autoconvocados.
  • George Henríquez, del movimiento costeño autoconvocado.

Mantener la movilización

El consejo político fue establecido en un momento en que los nicaragüenses reclaman que sus voces sean escuchadas en las negociaciones para superar la crisis, que sostienen Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia —que forma parte de la Unidad—, con el Gobierno de Daniel Ortega.

La Unidad ha estado a cargo de las convocatorias a protestas antigubernamentales que han tenido éxito, pese a las prohibiciones de la Policía Nacional, ya que han dejado en evidencia que la represión del presidente Ortega continúa vigente, según los opositores.

El éxito de las convocatorias hizo necesaria la conformación del consejo político, debido a la desconfianza que predomina en Nicaragua, a causa de la polarización de pensamientos, según la Unidad.

Objetivos y roles

Además de hacer visibles los rostros de la Unidad, el consejo político tendrá como misión servir de enlace entre la población y la Alianza Cívica, promover la recuperación de los derechos constitucionales e insistir con elecciones anticipadas.

Guillermo Incer explicó en entrevista con el programa Esta Noche que el consejo político fue electo por una asamblea ciudadana, que integran las organizaciones miembros de la Unidad Nacional.

El miembro del nuevo consejo político agregó que uno de los vacíos que pretenden llenar es la falta de rostros que representen los intereses de las organizaciones miembros, pero sostuvo que cada organización mantiene también sus roles independientes.

Movilización no se negocia

Incer también sostuvo que la movilización de la ciudadanía es un derecho constitucional “que ni siquiera debería estar en la mesa de negociación, porque su respeto no es negociable”. Además, aseguró que la población mantiene su voluntad de expresarse en las calles, y continuarán las convocatorias a expresiones pacíficas.

Aclaró, no obstante, que el consejo político no representa a la población, sino a las organizaciones dentro de la Unidad Nacional y los intereses que mueven estas.

Asimismo, esperan aportar en las demandas ciudadanas y trabajar en la interlocución con otros actores que no pertenecen a la Unidad. Según Incer, esa articulación es parte de los temas que deberán trabajar, por ejemplo, estableciendo puentes con otros sectores de la oposición para construir una agenda de nación.

Sin embargo, admitió que aún no tienen relación con aquellos sectores que mantienen su apoyo al Gobierno, como empleados públicos o tecnócratas de las instituciones públicas.

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