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Universidad Agraria cancela becas de estudiantes que se sublevaron ante UNEN

Consejo Universitario alega que universitarios cometieron actos “de indisciplina muy graves” al protestar por fraude electoral de UNEN

La Universidad Nacional Agraria (UNA) canceló becas, quitó el derecho de matrícula y suspendió a alrededor de 40 estudiantes, quienes el pasado 26 y 27 de noviembre protestaron contra la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), que pretendía perpetuarse en los cargos de ese recinto tras una “elección fraudulenta”.

Los universitarios se sublevaron ante “el amaño” de la elección de los Órganos de Gobierno Estudiantil al grito de “UNEN no nos representa”. Menos de diez días después, el Consejo Universitario de la UNA ha tomado represalias contra una cuarentena de jóvenes, quienes han compartido con Confidencial las cartas en las que les notificaban la decisión, que califican como un ataque a su derecho de libertad de expresión.

El Consejo Universitario alega que por protestar, los estudiantes cometieron actos de “indisciplinas muy graves”. Todas las cartas son firmadas por Agustina Mercedes Matus, secretaria general de la Universidad Agraria.

La Facultad de Ciencia Animal de la Agraria notificó este 10 de diciembre a once alumnos de retirar correspondencia en la Secretaría Académica. Lo que encontraron los estudiantes fueron las cartas de cancelación de sus becas, y una amenaza clara para no seguir protestando.

A una estudiante de zootecnia le comunicaron: “Conforme al acuerdo No 3222, tomado en la sesión 695-2919, de fecha seis de diciembre del corriente mes y año, tomado por el Consejo Universitario de esta universidad, el que en su parte conducente dice: Aplicar sanción: Suspensión total de la beca u otros beneficios otorgados, con derecho a realizar sus inscripción de módulos o asignaturas de forma condicional a observar buena conducta”.

Según el Consejo Universitario de la Agraria, la sanción “se fundamenta en los actos de indisciplina calificada como muy grave”. La Agraria fue una de las primeras universidades que se atrincheró durante la rebelión de abril. Sus estudiantes fueron duramente reprimidos por tropas antimotines, al grado que allí surgieron los primeros heridos de gravedad de la crisis sociopolítica: jóvenes que perdieron sus ojos a causa de disparos con balas de goma.

Itzá López, estudiante de Turismo Rural y Comunitario, denunció que le aplicaron la sanción por un año académico, que entrará en vigor a partir del primer semestre de del año 2020.

El Movimiento 19 de Abril de la Agraria calificó la suspensión como una represalia a la protesta sostenida contra la pretensión de UNEN de perpetuarse en el poder, tal cual lo hace el comandante Daniel Ortega a escala nacional.

“La libertad de expresión es un derecho y no puede ser reprimida por autoridades que tienen intereses políticos-partidarios de por medio ni por nadie”, dice un comunicado emitido por los universitarios. “Exigimos que se restituyan los derechos de estos estudiantes que solo protestaron por elecciones transparentes y democráticas”.

Los estudiantes también exigieron en la protesta la expulsión de los actuales dirigentes de UNEN, quienes después de querer realizar el fraude electoral, se negaron a entregar las urnas y a dejar las instalaciones desde donde administran los fondos estudiantiles. La principal queja de los universitarios fue la intromisión de personas externas a la universidad y una serie de anormalidades durante todo el proceso.

“Todo el proceso fue fraudulento. Desde el inicio entraron solo a aulas donde sabían que iban a ganar. En mi facultad entraron solo a dos salones. Las urnas se tienen que armar en el momento, delante de nuestros fiscales, pero ya las traían armadas. Además que vinieron más de cincuenta funcionarios de UNEN Nacional y otras personas externas que andaban fiscalizando las elecciones, no sabemos por qué, porque para eso cada fórmula tenía sus fiscales”, comentó Itza López, una de las estudiantes que encabezó la protesta.

El Movimiento 19 de Abril de la Agraria alega que más bien es una falta grave al derecho a la educación la “expulsión arbitraria sin llevarse a cabo un proceso individual con pruebas de los hechos que acusan”.

(Con colaboración de Mónica García)

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