Política

Perspectivas, el análisis político de CINCO

Venezuela: el espejo del régimen de Ortega

Ortega llegó al diálogo con la OEA en la sin remedio y se encuentra bajo presión, pues el trato moderado de Almagro podría trocarse en crítica frontal



La crisis política que vive Venezuela causada por el afán del presidente Nicolás Maduro de copar todo el poder impidiendo la realización de elecciones, ha llegado a un punto decisivo precipitado por el anuncio realizado por el Tribunal Superior de Justicia que liquidaba las potestades de la Asamblea Nacional, erigiéndose el mismo, en parlamento sustituto.

En la sesión del Consejo Permanente realizada durante la última semana de marzo, la posición de la mayoría de los países miembros de la OEA fue de una cautelosa desaprobación de lo que sucedía en Venezuela.  El régimen de Maduro lo asumió como una victoria, escalando las acciones contra la Asamblea Nacional.  Y aunque un par de días después dio marcha atrás, la situación había llegado a un punto límite.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro convocó a sesión al Consejo Permanente para completar los pasos requeridos para la activación de la Carta Democrática Interamericana que sometería al gobierno de Venezuela a un mayor y definitivo aislamiento internacional y aunque las sanciones establecidas son más bien de índole moral, podrían dar lugar a medidas económicas o comerciales adversas aplicadas por algunos países, de manera bilateral o en conjunto.  El proceso de la aplicación de la Carta, prevé el uso de acciones diplomáticas para lograr que las aguas vuelvan a su cauce, con fuerte respaldo de la reacción de la comunidad internacional.  Es improbable, que Venezuela sea expulsada del sistema interamericano, por ser una medida poco útil, pero hay completa certidumbre de que el nivel de las presiones se elevará al máximo.

En la sesión de marzo del Consejo Permanente en que se sometió a debate el abordaje o no de la situación en Venezuela, el gobierno de Maduro contó con el respaldo y activismo de las representaciones de Nicaragua y Bolivia.  El delegado nicaragüense, midiendo sus palabras, estuvo a cargo de subrayar que la sesión excedía el ámbito de competencias de la OEA.  El tono y contenido de sus intervenciones no eran producto de su propia inspiración, sino que reflejan la preocupación del régimen de Ortega sobre lo que suceda en ese organismo respecto a Venezuela y naturalmente, por su efecto sobre Nicaragua.

Desde hace tiempo, el régimen nicaragüense ha concentrado todo el poder político, anulado la independencia de los Poderes del Estado, alineado y sometido al Ejército y la Policía, limitado gravemente la libertad de expresión, organización y movilización, manteniéndose en el poder mediante fraudes electorales y manipulación de las instituciones. Ortega se hizo reelegir en 2011 contra una disposición expresa de la Constitución que se lo prohibía.  Al igual que lo sucedido en Venezuela, una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, le acondicionó el camino, afirmando lo inaudito: que la Constitución era inconstitucional.  Al igual que en Nicaragua, en Venezuela, el control sobre los tribunales de justicia los convierte en mero instrumento al servicio de los intereses autoritarios, en flagrante violación de las leyes, la institucionalidad y la propia Constitución.  Las diferencias con la situación venezolana son pocas, siendo la más importante la magnitud de la crisis humanitaria.  Las necesidades sociales en Venezuela han salido a flote gracias al control rígido que el gobierno de Maduro ejerce sobre la economía.  En Nicaragua, escapan por las fronteras y se convierte en una migración que no cesa.  A pesar, de que el régimen de Ortega ha andado por delante de lo actuado por el de Venezuela, la gestión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha sido claramente diferente.

Cuando el régimen de Ortega sacó a la oposición del proceso electoral, destituyó a los diputados opositores e ilegalizó a partidos políticos opositores, hubo una muy importante reacción internacional de condena, pero el señor Almagro no convocó al Consejo Permanente, ni habló de la posibilidad de una eventual activación de la Carta Democrática Interamericana.  El Secretario General de la OEA procedió con extrema cautela y discreción: envió un informe, aún secreto, al gobierno de Nicaragua sobre el proceso electoral y abrió un diálogo, cuyos resultados hasta ahora, llaman  la atención por su pobre alcance y su prácticamente ningún impacto en la situación de los derechos políticos en Nicaragua.  El señor Almagro, apareció utilizado en el ejercicio de legitimación que urgía al régimen de Ortega para continuar su imposición ilegal en el poder político.

En el comportamiento del señor Almagro con Nicaragua, parece estar pesando la crisis venezolana misma.  El Secretario General ha querido mostrar mucha moderación con el régimen de Ortega para neutralizarlo en la OEA, de cara a una definición colectiva con Venezuela.  Pero, la familia Ortega Murillo tiene grandes deudas con el gobierno de Maduro y, como sucede siempre, ha llegado el momento de pagarlas.

Ortega debe escoger entre el activismo diligente y militante que necesita desesperadamente el régimen venezolano, cada vez más aislado y lo que el Secretario General de la OEA espera, con justa razón, a cambio de su moderación, si no el silencio que se suma a los críticos, al menos la abstención a la hora de los votos por una condena al gobierno venezolano. Esa ha sido la disyuntiva de Ortega pues, cualquiera que fuese su definición, tendrá un costo.

Durante estas semanas de idas y venidas en torno a lo que sucede en Venezuela, los medios oficialistas, tan pródigos en ataques, han guardado silencio respecto al papel de la OEA, limitándose exclusivamente a dar a conocer los comunicados y notas del gobierno de Venezuela.  A diferencia de la cancillería ecuatoriana que circuló una declaración a favor del régimen de Maduro, la nicaragüense ha guardado completo silencio.  No solo esa institución.  En ninguna de las largas y variadas alocuciones radiales de Rosario Murillo, vocera del gobierno, se ha mencionado el tema, ni una alusión, ni directa, ni indirecta.  En ningún medio del oficialismo se escuchan voces clamando contra la “intervención imperialista” y la presunta conjura de la derecha internacional contra Venezuela.  Lo que el gobierno de Ortega no ha dicho ha sido muy elocuente.

Ortega está leyendo las señales de la voluntad de los países en el seno de la OEA y percibe los vientos contrarios a los proyectos autoritarios.  Tal vez por eso había escogido el camino de la mesura en su relación con el Secretario General de la OEA.  Ciertamente, Ortega llegó al diálogo con Almagro en la sin remedio y sin duda, se encuentra bajo mucha presión, pues el trato moderado del Secretario General podría fácilmente trocarse en crítica frontal, si el régimen actúa bajo la rectoría de su hígado como ha hecho en el pasado.

Almagro aún no publica el informe sobre Nicaragua. Su contenido ha de ser muy explosivo, si Ortega ha preferido replegarse, aceptar su mesa de diálogo y conceder espacio al acompañamiento de una misión de la OEA en las elecciones municipales de este año. Para el régimen de Ortega es claro que, en la medida en que el ambiente se enrarece para el gobierno de Maduro en Venezuela, también empeora su correlación y disminuye su ya escasa dotación de oxígeno político.

Poco se ha movido desde el anuncio de los acuerdos entre el gobierno de Ortega y la misión de la OEA, a finales de febrero.  Sin embargo, el Secretario General Almagro en un sorpresivo tuit con fecha 16 de marzo, anunció, otra vez, la creación de la Misión de la OEA para el fortalecimiento institucional en Nicaragua como un gran paso, dejando claro que no se habían precisado, ni definido su alcance y objetivos, colocándose un paso al margen del Memorándum de Entendimiento que delimitaba el trabajo de la misión a lo del transfuguismo político y el acompañamiento electoral.  A pesar de las implicaciones de esa declaración, en la que el Secretario General avanzaba unilateralmente, el gobierno de Ortega no emitió ningún comentario.

Fue la sesión del Consejo Permanente de la OEA del día 3 de abril la que puso al régimen de Ortega en el peor de los momentos. Su delegado calificó de golpe de estado institucional la decisión de los países de realizar la reunión, pese a la maniobra del delegado de Bolivia, a quien le correspondía presidir y que la había suspendido. El representante de Ortega afirmó que todo lo sucedido en la sesión era absolutamente ilegal. Pero, de nuevo, omitió atacar a alguien o responsabilizar específicamente a alguien. Ni a los Estados Unidos, ni a México, ni al propio Secretario General Luis Almagro, ni a ningún otro país.  Llegado el momento, el delegado de Nicaragua se retiró de la sesión del Consejo Permanente, acompañando al embajador de Venezuela.

Así resolvió el gobierno de Ortega su dilema, convencido, como lo está, que lo se resolviera y se actúe con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, se le podrá aplicar eventualmente.  Reúne todas las condiciones, es solo un asunto de los tiempos políticos que se establezca el señor Almagro.  Al final del día, el desempeño de su delegado en la sesión del Consejo Permanente tiene que ver con eso.  Ortega sabe que hay una mayoría en la OEA que podría impulsar una salida similar, con el agravante de una eventual reactivación de la Nica Act.  Y aunque sabe que su tabla de salvación, a la que debe aferrarse es el acuerdo con el Secretario General Almagro, está obligado a saldar las cuentas que tiene con el gobierno venezolano, que son muchas y muy elevadas.  Como se dice comúnmente, no se puede servir a dos señores.

El saldo ha sido desfavorable.  Una mayoría de países, con la abstención de algunos pocos, entre ellos El Salvador y el llamativo silencio de Ecuador, se pronunciaron por afirmar que en Venezuela ha habido una ruptura constitucional.  Nicaragua, Bolivia y Venezuela se levantaron de la silla antes de la votación.  Ortega sabe que esa vuelta tiene un precio en su relación con el Secretario General Almagro.  Y que eventualmente, tendrá que pagarlo.

La aplicación de la Carta Democrática Interamericana

El debate más importante en torno a la situación en Venezuela, no fue respecto a los problemas internos, ya conocidos y constatados por todo el mundo, sino sobre las atribuciones de la OEA para aplicar la Carta Democrática Interamericana, esto es evaluar la crisis de un país, que arriesga o violenta gravemente los derechos humanos de su ciudadanía y establecer una sanción política y moral sobre sus responsables, con las implicaciones que ese hecho tiene en el fortalecimiento de las posiciones de la oposición en ese país.

Nicaragua tuvo en 1979 una experiencia de primera mano.  En la Décimo Sexta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,  Panamá cedió su asiento acreditando como delegado propio, al padre Miguel D´Escoto del Frente Sandinista de Liberación Nacional, justamente para impulsar una resolución que colocaba a Somoza y a su régimen en su más precaria condición internacional.  Los ministros demandaron el inmediato reemplazo del gobierno de Somoza para dar lugar a un nuevo gobierno representativo de todos los sectores, la convocatoria de elecciones libres en el más breve plazo y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses.

A pesar de este antecedente, el régimen de Ortega se ha sumado al argumento del delegado venezolano que afirma que la OEA está interviniendo en los asuntos internos de Venezuela, sin la autorización de su gobierno, lo que convierte en ilegal e ilegítimo el proceder de ese organismo.  Si la OEA hubiese esperado la autorización de la dictadura de Somoza, aún estaría pendiente tratar el tema de la crisis de Nicaragua.

Pero, en esa argumentación, está lo que Ortega está previendo usar en el futuro.  Si se establece un precedente de calificar que la OEA está inhabilitada de esgrimir la Carta Democrática Interamericana, el régimen nicaragüense estaría en su mejor posición frente a las presiones del Secretario General Almagro y la oposición en Nicaragua. Así que el respaldo a la demanda de Venezuela es su propia defensa por adelantado.

El Consejo Permanente decidió en contrario, con amplia mayoría de sus países miembros.  El embajador de Chile, delegado de un gobierno del Partido Socialista de Chile, estableció con toda claridad las competencias de la OEA.  La Carta Democrática Interamericana fue firmada voluntariamente por cada país del continente, afirmó.  Así que voluntariamente, en ese momento, cada país se sometió al escrutinio del resto en los compromisos adquiridos con el conjunto de la comunidad de naciones.

Así se emitió una resolución que reconoció la ruptura constitucional en Venezuela. El régimen de Ortega también resultó como uno de los grandes perdedores de esa sesión.  Ya no podrá asumir que la misión de la OEA en Nicaragua solo observará lo que está en el acuerdo con el gobierno. El marco completo, el contenido íntegro de la Carta Democrática Interamericana es el objeto de su trabajo.

Movimientos en el Ejército: la institucionalidad en deterioro

El sorpresivo pase a retiro de dos altos oficiales que estaban en la posición de relevo de mando dentro del Ejército de Nicaragua, ha vuelto a traer a colación el creciente déficit institucional de ese engranaje, más que la militarización de la función pública.

En Nicaragua, la dictadura somocista era un régimen familiar dinástico que ejercía control total sobre la Guardia Nacional. No se trataba de una dictadura militar a la manera de lo que había en El Salvador y Guatemala, donde los mandos de los ejércitos correspondientes mandaban y gobernaban, a través de distintas figuras o personajes, que eran cambiados al gusto de las “tandonas” militares.

El régimen de Ortega se ha moldeado en el troquel de la dictadura somocista.  Es un régimen familiar y dinástico que sabe, aspira y pretende lograr el total control del aparato militar, para apuntalar su poder político y su proyecto autoritario.  Con ese objetivo, Ortega ha congregado a militares en retiro, especialmente de alta graduación, ubicándolos en puestos de trabajo y responsabilidades institucionales.  Con ese mismo objetivo, en la iniciativa de reforma constitucional que envió a la Asamblea Nacional se establecía que los militares, en servicio activo, podían ser ubicados en cualquier cargo de naturaleza civil, incluyendo en el sistema judicial, en todos sus niveles.  Aunque en ese aspecto particular, debió retroceder frente al estupor social, el régimen ha continuado procediendo de manera similar.

La baja de los dos oficiales de más alta graduación después del jefe del Ejército es un ejercicio de limpieza interna, necesaria para evitar conflictividades.

En las estructuras militares si no hay ascensos, hay malestar. Cada generación de oficiales tiene una idea muy clara de las posiciones que le corresponden ocupar en cada tiempo.  Si se frena la promoción, los ascensos y las bajas, se altera ese movimiento que da vida a las instituciones militares, contribuyendo al espíritu de cuerpo de sus integrantes.  Así que limpiar la cúpula ayuda a despejar malestares que ya seguramente existen en el Ejército.  En el futuro, hay que esperar más bajas, con la excepción del jefe del Ejército que se ha reelecto, contraviniendo la tradición y la norma institucional respetada por sus predecesores.  Se trata de eliminar fuentes de conflicto y de irritación, más que de purgas internas.

El nombramiento de los oficiales relevados en cargos civiles de cualquier nivel, es una manera de decirles a quienes quedan pendientes, que no serán desamparados, que sus intereses están protegidos, que no serán lanzados a la basura, sentimiento profusamente difundido en todas las generaciones de militares sacadas a retiro en el pasado, sin siquiera contar con derechos a la seguridad social.  Ese mensaje es esencial para poder cautivar, cooptar y alinear a la oficialidad militar en torno al proyecto autoritario de la familia Ortega Murillo.  Y es cada vez más importante, toda vez que se constata la erosión de los instrumentos de poder del régimen de Ortega y su creciente aislamiento nacional e internacional.

Con la reforma constitucional de 2014 y la posterior reforma a la ley que rige la función militar, Ortega concentraba el poder de alterar el escalafón militar a su gusto, una atribución aberrante, útil para premiar y castigar a quien se desee en el momento en que se necesite.  La promoción no depende de las normas, del tiempo, las calidades, la experiencia, sino de la voluntad, de la gracia, de la mirada del que mueve los hilos de una oficialidad que ha perdido la institución que la alojaba.

No es pues, la militarización de la función pública el asunto, sino el deterioro cada vez más severo de la institucionalidad del Ejército de Nicaragua, arrastrado por el remolino liquidador de instituciones que es el régimen de la familia Ortega Murillo.