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Víctimas de la masacre y represión no estarán en desamparo

Jefa Meseni: “La CIDH está comprometida con los derechos humanos en Nicaragua... no van a dejar de monitorear la situación como lo venía haciendo"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continuará con sus acciones de monitoreo, denuncia y acompañamiento a las víctimas y familiares de la masacre y la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a la expulsión del Mecanismo Especial de Seguimiento a la Situación de Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), este miércoles.

“La CIDH está comprometida con los derechos humanos en Nicaragua. La CIDH con el MESENI, no van a dejar de monitorear la situación como lo venía haciendo. Lo vamos a hacer a través de otro mecanismo, desde Washington vamos a continuar con nuestro trabajo que es darle seguimiento al cumplimiento de todas las recomendaciones que la CIDH le hizo al Gobierno en su oportunidad”, aseguró Ana María Tello, jefa de la misión en el país.

La represión oficial a las protestas cívicas contra el Gobierno de Ortega suma desde abril 325 muertos confirmados, más de tres mil heridos, decenas de desaparecidos, más de 600 presos políticos y alrededor de 60 000 exiliados por la persecución política.

El MESENI de la CIDH fue instalado el 24 de junio de 2018 con el objetivo de monitorear en terreno la situación de derechos humanos en Nicaragua, dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por ese organismo en sus informes y a las medidas cautelares otorgadas, además de apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil.

“La CIDH lamenta la decisión del Estado de Nicaragua y comunica que el MESENI seguirá funcionando desde su sede en Washington. Para ello continuará en contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, actores estatales y con las víctimas de violaciones de derechos humanos”, dice el comunicado emitido la tarde del miércoles.

Amérigo Incalcatera, miembro del GIEI, relató que la tarde del miércoles él y sus colegas acudieron a la reunión en la Cancillería. “Nos atendió el ministro (Denis) Moncada, estaba en la sala en presencia de la prensa oficial. Leyó una comunicación escrita dirigida al secretario general de la OEA y al secretario de la CIDH, en la cual se argumentaba las razones por las que el Gobierno tomó la decisión de expulsar al GIEI y al MESENI. Estos motivos no nos satisfacen de ninguna manera. Pensamos que son argumentos construidos justamente para, en  nuestro caso, evitar la presentación del informe que íbamos a exponer mañana (jueves 20 de diciembre)”, dijo.

Incalcaterra manifestó que, durante el tiempo que el GIEI estuvo en Nicaragua, no logró comprender cómo el Estado de Nicaragua invitó al Grupo Interdisciplinario a realizar un trabajo, sin brindar los medios necesarios para hacerlo.

“Es un doble discurso”, señaló. “La reunión fue una simple lectura, no entendimos el escenario, fue un show montado con prensa solo oficial”, afirmó.

La presentación del Informe Final sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 prevista para el 20 de diciembre en Managua, Nicaragua, fue cancelada. Sin embargo, el GIEI “refuerza su compromiso de hacer público” su informe final e informará lugar y hora próximamente.

Los “motivos” del Gobierno

La reunión (lectura de un acta) en la que estuvieron los representantes del MESENI y el GIEI fue realizada en la Cancillería, en Managua, y solo se permitió el ingreso a los medios oficialistas. El canciller Denis Moncada fue el encargado de leer un documento de nueve páginas en el que expuso los motivos de la “suspensión temporal” de estos organismos en el país.

“Esta suspensión temporal de la CIDH, MESENI y GIEI será hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y cese la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua”, dice el documento.

Moncada reiteró que los informes elaborados por la CIDH no fueron aceptados por el Gobierno por ser subjetivos, sesgados y por supuestamente responder a una política de injerencia e intervención.

“Hasta que cese ese papel y esa actitud injerencista de estos organismos intervencionistas y jugando un papel dirigido realmente por los organismos, organizaciones internacionales, gobiernos externos y el financiamiento también de sectores ultraconservadores del Gobierno de Estados Unidos y el mismo Gobierno de Estados Unidos”, manifestó Moncada, reiterando que el MESENI fue una plataforma de divulgación de información falsa que solo funcionó para solicitar sanciones para Nicaragua.

Más de 70 notas diplomáticas ignoradas

Ana María Tello, jefa del MESENI, respondió que ese organismo ha publicado información contrastada y no se dio lugar a “nada que no tengamos certeza que no sea así”. Reiteró que tienen más de 70 notas diplomáticas solicitando al Gobierno reuniones para que hubiera intercambio de información y de puntos de vista, sin embargo, no hubo oportunidad ni con las altas autoridades ni con la Fiscalía o la Policía Nacional.

En el documento de nueve páginas el Gobierno reitera que se ofreció toda la información para que el MESENI y el GIEI realizaran su trabajo en el país, no obstante, Incalcaterra negó que hubiese ayuda de las autoridades nacionales.

“No solo no han respondido ninguna comunicación en la cual solicitamos el acceso a los expedientes para cumplir nuestra labor, tampoco han aceptado ningún tipo de entrevista con el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía o Medicina Legal. No hemos podido cumplir esa función de coadyuvancia con las autoridades”, aseguró el miembro del GIEI.

El punto número 24 del documento dice que en base al numeral nueve de los acuerdos, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el tres de julio a la OEA y la CIDH, una propuesta de protocolo de actuación. Misma que fue contestada por esos organismos el cinco de julio y que el nueve del mismo mes, el Gobierno supuestamente respondió sin obtener respuesta alguna.

Sobre este punto Incalcaterra negó que haya sucedido tal y como las autoridades gubernamentales lo mencionan. Relató que la contrapropuesta del Estado sí fue respondida y que el alegato final estaba en manos del Gobierno de Nicaragua, el cual nunca contestó.

“Nunca contestaron y usaron este argumento como motivo de incumplimeinto de parte del GIEI”, expresó Incalcaterra, quien remarcó que aparte de las primeras reuniones sostenidas con el Gobierno a inicio del mandato, estos nunca más abrieron la puerta para recibirlos a pesar de las numerosas solicitudes.

“Nunca se concretó ver expedientes. Ellos sabían que en este lapso íbamos a presentar el informe, (pero) nos sugirieron no presentarlo en territorio nicaragüense. No nos dieron ningún argumento, nos suspendieron desde ese momento”, insistió.

Segunda expulsión de organismos

El pasado 31 de agosto el Gobierno de Daniel Ortega expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) que estaba en el país para constatar la situación de los derechos humanos.

Incalcaterra destacó que con la expulsión del MESENI y el GIEI, el régimen de Daniel Ortega está cercando el país para que ningún organismo vea lo que sucede en Nicaragua. Agregó que la dictadura no acepta ninguna observancia internacional y esto va a repercutir negativamente en la capacidad propia de estructuras locales que puedan dar seguimiento a la situación de forma autónoma.

“Es un golpe fuerte a la ciudadanía y a las personas que veían en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, ese apoyo, esa posibilidad de tener un espacio para ser escuchados. Son medidas lamentables que no benefician el tema de derechos humanos en el país y que no ayudan a la convivencia pacífica, no es a través de esto que se logra”, finalizó Incalcaterra.

Según el acuerdo firmado entre la CIDH y el Gobierno, la permanencia del MESENI en Nicaragua era indefinida. “Quedará en terreno mientras la situación lo requiera”, dice textual. Aunque el Gobierno podía dar por terminada la invitación, tenía que existir un acuerdo previo de cancelación, igual al de la instalación. No obstante, eso no ocurrió en Cancillería la tarde del miércoles.

El GIEI, por su parte, tenía el objetivo de coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos en el país ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, en el marco de las protestas sociales ocurridas, con base en el acuerdo firmado entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y el régimen Ortega Murillo.

El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes era de seis meses y podía extenderse por acuerdo de todas las partes, sin embargo, este miércoles el régimen le comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión.

Condena del CEJIL y pronunciamiento de la OEA

La secretaria general de la OEA rechazó “en los términos más categóricos” la expulsión del GIEI y MESENI de Nicaragua. A través de un comunicado expuso que el GIEI fue creado oportunamente por acuerdo entre el Gobierno, la CIDH y la OEA, con la finalidad de coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua.

Asimismo refirió que el MESENI constituía el mecanismo de la CIDH para monitorear la situación de los derechos humanos en el país y su seguimiento en términos de recomendaciones de la Comisión.

“La decisión tomada por el régimen de Ortega-Murillo adentra aún más a Nicaragua en el terreno del autoritarismo. Expulsar investigadores y defensores institucionales de los derechos humanos es característico de quienes pretenden que no se haga justicia y perpetuar la impunidad”, dice el comunicado.

La secretaría de la OEA expone que la situación política y de promoción protección de los derechos humanos en Nicaragua es de prioridad absoluta, y continuará realizando el seguimiento y denuncia para lograr que el país regrese a la senda democrática y que los crímenes sean esclarecidos, en tribunales nacionales o en la jurisdicción que pueda corresponder.

“Del mismo modo, la Secretaría General de la Organización responsabiliza públicamente al Gobierno de Nicaragua por la seguridad e integridad de los miembros del GIEI, del MESENI y de su personal de apoyo hasta que los mismos puedan abandonar el país”, finaliza el documento.

Por su parte el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), condenó enérgicamente la decisión del Gobierno de expulsar al GIEI y al MESENI, pues es una prueba más de un Estado que ha socavado las bases democráticas y transgredido todo límite de cara a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

“Durante estos meses, tanto el GIEI como el MESENI enfrentaron a un Estado que obstaculizó y boicoteó el ejercicio de su labor, al cerrar todos los espacios de diálogo y monitoreo, negandoles el acceso a información imprescindible para cumplir con sus mandatos. Esta acción se da en el marco de un recrudecimiento de la violencia, la represión y la persecución perpetradas en la últimas semanas por el gobierno de Nicaragua en contra de numerosos sectores de la sociedad civil”, dice el CEJIL.

Esta organización reiteró el compromiso de seguir luchando por un retorno a la democracia y sentar las bases para que se reconozca el derecho de las víctimas de esta crisis de conseguir verdad, justicia y reparación.

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