Política

Fiscalía investiga a expresidente Salvadoreño por delitos de corrupción

Asilo a Funes viola norma anticorrupción

Odebrecht

Gobierno viola convención OEA al otorgar asilo político a exmandatario investigado por delitos comunes



La concesión del asilo político por parte del gobierno del comandante Daniel Ortega a Mauricio Funes fue una sorpresa a medias. La noticia oficializada por la resolución ministerial número 073-2016 el primero de septiembre era algo que esperaba la Fiscalía salvadoreña, que investiga al expresidente por cinco delitos de corrupción y tráfico de influencias por supuesto enriquecimiento ilícito durante su administración.

El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, afirmó el pasado 23 de agosto que Funes había solicitado asilo en Nicaragua. Sin embargo, el exmandatario negó esa información, cuando aseguró vía Twitter que estaba en el país para realizar una presunta  “consultoría” sin dar mayores detalles.

Dos días antes, en un encuentro casual con el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, el expresidente y también periodista, comentó que andaba ¨turisteando¨ en Nicaragua. Pero luego mantuvo su versión de que se dedicaba a hacer labores de consultoría y justificó la presencia de  escoltas policiales a cargo de su custodia, por su condición  de expresidente.

El otorgamiento de asilo político cobija a Funes, a su pareja y madre deu hijo menor Ada Mitchell Guzmán Siguenz, a otros dos hijos de 34 y 24 de años de edad. “No mentí sobre el asilo. Decidí tramitarlo el 31 de Agosto después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra”, alegó Funes.

La Fiscalía salvadoreña informó a Confidencial que el veinte de agosto incautaron dos camiones repletos con las pertenencias personales de la familia Funes cuando se dirigían a Nicaragua. “Pensaba radicarme acá (Nicaragua), que es fundamentalmente por razones de trabajo”, sostuvo Funes en una entrevista concedida a medios oficialistas.

El expresidente se declaró perseguido político “por la derecha oligárquica” salvadoreña y el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pero no ahondó sobre las investigaciones en su contra. En la entrevista con los medios oficialistas, Funes elogió al régimen autoritario del comandante Ortega al que calificó como “un gobierno democrático que respeta la Constitución”. Irónicamente, durante su presidencia en la que tuvo bastantes roces y tensiones con el partido FMLN, Funes mantuvo una relación distante con el presidente Ortega, ahora convertido en su protector.

Las pesquisas de la Fiscalía están basadas en un informe de la Sala de Probidad del Tribunal Supremo salvadoreño, que señala irregularidades en las declaraciones patrimoniales del exmandatario. Los cinco delitos por los que es investigado son peculado, malversación, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía dice que el señalamiento principal es sobre enriquecimiento ilícito, por un monto de más de 300 mil dólares.

El diario digital El Faro, de El Salvador, reveló que la Sala de Probidad también señaló como irregularidad la compra de 198 mil 600 dólares en vehículos registrados a nombre de Funes y dos de sus hijos. “198 mil 600 dólares que no aparecen en el movimientos bancarios del expresidente ni están justificados en los ingresos formales que reportaron los dos hijos”, reseña la publicación.

No obstante, el gobierno de Ortega obvia estas sospechas y en la resolución del Ministerio de Gobernación exponen que dieron el asilo político a Funes porque “está en peligro su vida e integridad física la de su familia, por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política en la República de El Salvador”.

“Los compañeros del partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) tenían contacto conmigo y ellos mismos me mandaron a decir que también ellos tenían información de que si yo regresaba a El Salvador, no solo ponía en riesgo mi integridad física sino que seguramente iban a violar mis derechos e iba a ser capturado inmediatamente”, afirmó el expresidente. “Y ellos mismos, incluso, me recomendaron que procediera a solicitar el asilo político acá en Nicaragua”, agregó.

Nidia Díaz, diputada por el FMLN, justificó a la prensa salvadoreña que su partido recomendó a Funes el asilo en Nicaragua porque tenía una orden de captura. La Fiscalía desmintió a la legisladora este viernes.

“No hay orden de captura, ni original ni borrador, como han manejado algunos políticos”, aseveró Salvador Martínez, portavoz de la Fiscalía salvadoreña.

Martínez dijo a Confidencial que pese al asilo político concedido a Funes las investigaciones continúan.“Estamos analizando la documentación incautada y además la Fiscalía ha congelado cuentas bancarias y decomisados algunos bienes”, informó.

Funes dijo a los medios oficialistas en Managua que estas acusaciones no son más que “una persecución política, persecución mediática, de acoso político, para provocar mi muerte civil”. La razón, según el exmandatario, porque “la derecha oligárquica no estaba dispuesta a perdonarme el hecho que yo les haya quitado el poder que tenían sobre el Ejecutivo, y que haya exhibido importantes casos de corrupción donde aparecían vinculados algunos connotados hombres de negocios, vinculados a importantes familias empresariales de El Salvador”.

En Managua, Funes está instalado en una residencia en Las Colinas que cuenta con escolta policial permamente. Y aunque dice que está realizando una consultoría sobre integración regional,

Nicaragua viola convenciones anticorrupción

Expertos en transparencia y analistas políticos aseguran que al otorgar  asilo político a Funes, el gobierno viola las convenciones contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de las cuales Nicaragua forma parte.

“Nicaragua tiene un compromiso internacional con la prevención, detección y sancionar la corrupción (…) y esta investigación contra Funes debe generar cooperación entre ambos Estados”, explicó Dayra Valle, especialista en transparencia del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Para Valle, el Poder Legislativo nicaragüense debería llamar la atención al Ejecutivo por no cumplir con los mecanismos que establecen las convenciones, y darle seguimiento al cumplimiento.

Carlos Tünnerman, analista político y ex diplomático, sostuvo que el asilo político es una práctica común en América Latina. Pero que no puede brindarse a personas acusadas o investigadas por delitos comunes.

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Gonzalo Carrión, señaló que la Constitución de Nicaragua“establece en el artículo 42 que se le da refugio a quien lucha por la paz y defiende los derechos humanos de sus países, y que corren grave peligro de muerte…. Pero a quienes son investigados por corrupción se les aplica la Convención”.

José Pallais, jurista y también analista político, resaltó que los Estados receptores tienen el derecho soberano de calificar los asilos sin consultar a nadie. “Sí debe el gobierno de Nicaragua hacerlo conforme a lo que establecen las convenciones de asilo y los otros tratados que regulan la  materia”, dijo.

Pallais descartó que el gobierno salvadoreño, encabezado por Salvador Sánchez Cerén, reclame a Nicaragua basado en las convenciones por el asilo político a Funes dada la afinidad política entre el FMLN y el Frente Sandinista.

“El asilo está correctamente dado, pero desde el punto de vista del derecho sustantivo es incorrecto…pero se miraría en un problema si El Salvador pidiera la cooperación y proceso contra alguien que es sospechoso de esos delitos”, analizó Pallais.

La bancada parlamentaria de ARENA emitió una resolución en que aclara al gobierno de Ortega que Funes no es perseguido político sino que enfrenta un proceso judicial que todavía no concluye.

“Debemos reiterar nuestro común compromiso con la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, así como la lucha contra la corrupción, una de las peores causas de violaciones a los derechos humanos en nuestros Estados”, asegura ARENA en la comunicación, en referencia a Nicaragua.

La Fiscalía salvadoreña también acusa a Funes de favorecer con contratos a su amigo y empresario de seguridad privada Miguel Meléndez, por lo que allanó sus empresas y la casa del expresidente, lo que el exmandatario catalogó como “show” político.

El Faro además recuerda que en su primer semestre al frente del gobierno, Funes contrató por más de 1 millón de dólares a la agencia de publicidad Polistepeque, una compañía que tenía escasos días de vida para cuando asumió el poder, en junio de 2009. “Polistepeque era la agencia del publicista brasileño Joao Santana, el hombre que dirigió la campaña de Funes-candidato y a quien este llamaba su amigo”, relata el diario.

Tünnerman dijo que con el asilo a Funes Nicaragua gana una “fama” innecesaria como “refugio de personas señaladas de delitos comunes”.


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