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CIDH y Relatoría Especial preocupadas por nuevas amenazas en Nicaragua

Alertan sobre figuras penales ambiguas para criminalizar libertades públicas y denuncian amenazas y medidas indirectas contra medios y periodistas

La escalada represiva en Nicaragua, marcada por el envío a la Asamblea Nacional de los proyectos de ley “que amenazan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión”, así como la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas, preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), que este miércoles publicaron un comunicado conjunto.

Las organizaciones indican que las iniciativas del Gobierno de Daniel Ortega “establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación”.

Detallaron que han recibido información sobre el embargo a Nicavisión S.A., propietaria del Canal 12, por la supuesta deuda fiscal de 21 millones de córdobas, por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI), y el embargo ordenado por una jueza afín al Gobierno. “Los directores del medio afirman que no deben las sumas impuestas y que el proceso siempre continúo sin que ninguna de sus defensas haya sido considerada. Asimismo, la DGI habría impuesto un reparo fiscal a Canal 10 por 110 millones de córdobas”, agregó el comunicado.

Ambas organizaciones expresaron su preocupación por el incremento de causas penales en contra de periodistas, invocando delitos “incompatibles con la Convención Americana, como el desacato, la difamación e injurias”.

Uno de los casos más recientes –recordaron– fue el de la periodista de radio La Costeñísima Kalúa Salazar, quien fue condenada por calumnias luego de denunciar hechos de corrupción en la Alcaldía de El Rama. Además, mencionaron los casos del periodista y director de la plataforma digital Boletín Ecológico David Quintana y el periodista William Aragón, quienes igualmente han sido denunciados ante la justicia orteguista.

“La CIDH y la Relatoría Especial recuerdan que el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que ‘la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública […], con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”, afirmaron.

Denuncian leyes punitivas del orteguismo

El 22 de septiembre, el régimen de Daniel Ortega presentó la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras a registrarse como “agentes extranjeros”.

“Ello conlleva la obligación de presentar informes, y la imposibilidad de intervenir en cuestiones de política interna y de ‘ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos’. Por último, prevé la posibilidad de establecer, ante el incumplimiento, multas, cancelación la personalidad jurídica, responsabilidades penales por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, e incluso la intervención de muebles e inmuebles y la prohibición de actividades”, denunció la CIDH y la Relatoría Especial.

Asimismo, detallaron que el 28 de septiembre se introdujo el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos que establece penas de cárcel y multas para varias conductas relacionadas con el uso de medios digitales. Entre las disposiciones de esta ley, llama preocupantemente la atención aquella que disponen sanciones penales para la publicación o difusión de “información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra en la población…”.

Detallaron que relatores de la ONU, OSCE, CIDH y CADHP en su la Declaración Conjunta sobre la independencia y la diversidad de los medios de comunicación de 2018 manifestaron su preocupación por las acciones de funcionarios para coartar la independencia de los medios, limitando de esta forma las oportunidades para que la gente tenga acceso a fuentes de noticias creíbles y confiables que ofrezcan una variedad de puntos de vista.

“La CIDH y su Relatoría Especial destacan que bajo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los discursos sobre asuntos de interés público tienen una protección reforzada, e insiste en la necesidad de no utilizar figuras penales en blanco, vagas o ambiguas para criminalizar expresiones que, si bien pueden ser ofensivas, chocantes o irritan a funcionarios o a parte de la población, configuran expresiones de interés público que no deberían ser criminalizadas en una sociedad democrática”, subrayaron.

A juicio de las organizaciones, el uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, “genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión”.

La Relatoría Especial también señaló que la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de 2011 de los Relatores Especiales CIDH y ONU prevé como principio general que “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba “tripartita”)”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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