Política

Iniciativa de ley exige restablecimiento de instituciones democráticas y combate a la corrupción

Congresistas EE.UU. endurecen “Nica Act”

abstención

Nueva versión omite acuerdo entre el gobierno y la OEA. Almagro lamenta y pide tiempo; gobierno rechaza “amenaza”, pero tampoco cita a la OEA



La nueva versión de la iniciativa “Nica Act”, presentada este miércoles por veinticinco legisladores estadounidenses ante la Cámara Baja de ese país, “endurece” la propuesta de condiciones de Estados Unidos a los préstamos de organismos multilaterales para el gobierno de Daniel Ortega, al demandar —además del restablecimiento de las instituciones democráticas— el combate a la corrupción, incluyendo la investigación de altos funcionarios señalados por este tipo de actos, con un mandato para que el Departamento de Estado presente un informe al respecto, ahora en noventa días, y no en 120 como la propuesta original.

El proyecto se introduce seis meses después de su primera versión, que fue aprobada por unanimidad de esa Cámara en septiembre de 2016. La nueva “Nica Act” demanda que Estados Unidos abogue “firmemente” para que a través de la OEA se envíe una misión de observación electoral para los comicios municipales del próximo noviembre.

Sin embargo, no menciona nada sobre la “mesa de conversación e intercambio” y el acuerdo posterior que durante ese período han impulsado el gobierno de Ortega y la Secretaría General de la OEA, con el compromiso de “fortalecer” la institucionalidad democrática del país.

La oficina del uruguayo Luis Almagro no demoró en descalificar la utilidad de la iniciativa, a la que el gobierno de Ortega —también en una reacción casi inmediata— ha llamado “una nueva amenaza” y la califica de “injerencista”.

El nuevo proyecto de ley cita ampliamente el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y se refiere a las pasadas votaciones nacionales del 6 de noviembre, realizadas sin transparencia ni competencia política, tras las cuales Ortega fue proclamado para un tercer mandato presidencial consecutivo, ahora en compañía de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

La omisión de la nueva iniciativa sobre el acuerdo entre el gobierno de Ortega y la OEA no sorprende a representantes de la oposición nicaragüense, que cuestionan su “falta de seriedad” para atender los problemas reales del sistema político y electoral nacional.

Condiciones en BID, Banco Mundial y FMI

Tal como su primera versión, la nueva “Nica Act” propone que Estados Unidos vote en contra de Nicaragua en los préstamos de los organismos multilaterales en los que ese país tiene voto decisivo, e incluye al Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

En septiembre del año pasado, en el contexto del primer texto de la iniciativa, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa calculó que los organismos multilaterales prestan a Nicaragua unos 250 millones de dólares al año, en condiciones favorables. Estos montos, además, se han mantenido tras la caída de la cooperación petrolera, con la crisis del aliado gobierno de Venezuela.

Las excepciones al veto estadounidense son préstamos por “razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”, o cuando en las ayudas a organizaciones de la sociedad civil y programas de democracia, gobernabilidad y derechos humanos.

Aunque la iniciativa no se refiere al acuerdo entre el gobierno de Ortega y la OEA, sí hace énfasis en los señalamientos y recomendaciones que la organización realizó tras las elecciones nacionales de 2011, en las que Ortega impuso su reelección inconstitucional, y la oposición reclamó un fraude orquestado por el mismo tribunal electoral.

Aquel año, la OEA recomendó depurar el padrón electoral, garantizar la acreditación de los fiscales de todos los partidos políticos, el pluralismo e independencia de todos los niveles de la estructura electoral y garantizar la cedulación ciudadana. No obstante, el acuerdo actual entre la OEA y Ortega omite la mayoría de estas recomendaciones y ni siquiera hace mención de su propio informe, manteniendo también en secreto el informe que la OEA preparó en 2016, previo a las votaciones recientes.

OEA preocupada; Gobierno rechaza

La secretaría general de la OEA se pronunció ayer con “preocupación” sobre la reactivación de la iniciativa estadounidense, por considerar que el proyecto “no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el Gobierno de Nicaragua y esta Secretaría General vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país”.

“Desde esta Secretaría General se invita a los legisladores patrocinantes del proyecto a reconsiderar los aspectos necesarios que permitan al Gobierno de Nicaragua y a la Secretaría General contar con los tiempos y espacios necesarios para llevar adelante el trabajo acordado entre ambas partes”, solicitó la Organización.

A pesar de que la OEA salió en defensa de su acuerdo con el gobierno casi de inmediato, el gobierno de Ortega no mencionó el acuerdo con la OEA en su reacción al proyecto de los congresistas norteamericanos.

“La Nica Act 2017 es una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país. Es un nuevo intento de concederse el derecho de intromisión destructiva en nuestros asuntos nacionales”, indica la nota de prensa, leída por Murillo en una llamada a medios oficialistas.

“Al presentar la Nica Act 2017, este grupo de congresistas pretende vulnerar el derecho de Nicaragua, nuestro pueblo y gobierno, a continuar desarrollando nuestro modelo cristiano, socialista y solidario, donde la democracia, el diálogo, las alianzas y la búsqueda de consensos, garantizan tranquilidad, armonía social y esperanza”, aseguró Murillo.

“Estaremos pendientes del desarrollo de esta iniciativa funesta”, menciona la nota.

Congresistas fustigan a Ortega

La nueva Nica Act está firmada por quince congresistas republicanos y diez demócratas, encabezados por la republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Albio Sires.

El Cámara de Representantes recordó que en diciembre de 2015, el Congreso aprobó una ley con numerosas condiciones para la ayuda a Honduras, Guatemala, y El Salvador, incluyendo la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos, la lucha contra el tráfico humano y el mejoramiento de la seguridad fronteriza.

“Debemos continuar con el  sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia mientras examinamos dónde usar el dinero de contribuyentes estadounidenses ya que el régimen de Ortega en Nicaragua no es la excepción. Esta versión de la Nica Act va un paso más allá de la versión anterior que Albio y yo presentamos en el último Congreso, pide que el régimen de Ortega combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas, y como muchos de nosotros hemos presenciado durante más de una década, el poder de Ortega que ha llevado a Nicaragua a una continua espiral descendente”, declaró Ros-Lehtinen.

Sires, por su parte, agregó que “Ortega y su familia continúan acumulando gran cantidad de riquezas, mientras que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. Él ha pasado años reprimiendo a la oposición política y ha creado una monarquía de facto haciendo que su esposa asuma el papel de vicepresidente”.

En Nicaragua, el opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) lamentó que la vocación el ejercicio dictatorial y corrupto de Ortega y Murillo cree “una vez más”, las condiciones para que “se restrinja la cooperación financiera internacional”.

“Esta iniciativa de ley puede ser evitada si se escucha el clamor del pueblo de Nicaragua que desde el 2008 demanda elecciones libres justas y transparentes, si el gobierno detiene la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos, e inicia investigaciones serias sobre abusos y violaciones a derechos humanos y sobre innumerables actos de corrupción”, advirtió el FAD.