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Ambos sonrientes, uno al lado del otro. Ella con sus manos repletas de pulseras y anillos, él con su mirada perdida en un horizonte imaginario. Desde decenas de vallas colocadas por toda Managua y en algunas de las principales ciudades del país, Rosario Murillo y Daniel Ortega ya están en campaña electoral en este 2016 año de la “buena esperanza”, pero al margen de la propaganda oficial, en el gobernante Frente Sandinista se libra una batalla interna por el poder, justamente con Ortega y Murillo en papeles estelares.

Analistas políticos consultados por Confidencial coinciden en que las reformas constitucionales del 2014, despejaron a Ortega el camino para su reelección presidencial indefinida. Sin embargo, el caudillo de 70 años de edad aún no tiene resuelto quién le sucedería en caso de ausencia, mientras Murillo puja por la legitimidad de su cuota de poder, que tras casi una década de gobierno solo es válida porque así lo ha dicho el mandatario.

El ex asesor de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, reconoce que la presión para legalizar la figura de Murillo en el poder ha reanimado entre un sector del orteguismo la propuesta de cambiar el sistema político presidencialista de Nicaragua por uno parlamentario. Una idea por la cual el mismo Ortega se ha interesado desde mediados de los noventa, cuando el FSLN estaba en la oposición.

Vargas asegura que el interés de Ortega por un cambio de sistema político “antes fue para tener una cuota de poder legal”, en la cual él se imaginaba como jefe de Estado (presidente) o jefe de Gobierno (primer ministro). Sin embargo, estima que ahora el interés del comandante estaría en “legalizar la figura de la Primera Dama”, que en la práctica actúa como un súper ministro de facto para la administración pública cotidiana.

El jurista experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez también considera que “el tema de las garantías formales para el poder de la Primera Dama, que en este momento es solo fáctico, es uno de los cabos sueltos, que influiría en Ortega para buscar una cambio formal en el sistema de gobierno”, para lo cual la Constitución Política establece la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Un gobierno semi parlamentarista al estilo francés

Desde que Ortega asumió la presidencia en 2007, tras dieciséis años en la oposición, el comandante nombró a su esposa como responsable del 50% del poder del Poder Ejecutivo, bajo el título de coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Las funciones de Murillo incluyen el manejo de la propaganda estatal y las campañas electorales; el control de la información pública y los medios de comunicación; la administración del día a día del Estado, con la capacidad de poner y quitar ministros, directores de institutos y entes autónomos, alcaldes y vicealcaldes; el recibimiento de visitas oficiales e incluso el manejo de emergencias nacionales, al punto que ni siquiera un sismo o el retumbo de un volcán se confirma si ella no interviene antes a través de los medios oficiales.

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Pero si él faltara, el ascenso del vicepresidente Omar Hallesleven, o del presidente del parlamento René Núñez, segundo en la sucesión constitucional, podría poner en aprietos el mando fáctico de Murillo.“Ella gobierna en el día a día, pero no es más que una coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, es decir, una circunstancia precaria que la puede pasar de casi todo a casi nada cualquier día”, valora Álvarez.

El cambio de un sistema político presidencial por uno parlamentario permitiría prescindir de la figura de vicepresidente. Oscar René Vargas subraya que “eso es importante porque se evitaría además la discusión interna de quien es el candidato a la vicepresidencia”, que sostiene está enfrentando a lo interno del FSLN a los directivos históricos del partido contra Murillo y sus seguidores.

Según el sociólogo y analista político, hace unos quince o veinte años, “Ortega pidió a diferentes personas un estudio sobre las experiencias (de gobierno) en Europa y yo sé que el sistema que más le llamó la atención fue el sistema francés. Cómo él pensará eso hoy, no te podría decir. Pero en aquel entonces ese fue el que más le gustó”, recuerda.

Francia es una república semi presidencial que cuenta con un presidente que actúa como jefe de Estado, junto a un primer ministro para la administración del gobierno. Vargas, quien fue nombrado por el Gobierno de Ortega como embajador de Nicaragua en París, aunque luego fue cancelado para el puesto, explica que en aquel país el presidente es electo por votación popular y el primer ministro es escogido y nombrado por el presidente de la República. En palabras sencillas: el sistema de gobierno francés formalizaría la manera en cómo el gobierno de la pareja presidencial ha funcionado en la práctica.

A Ortega no le urge la Constituyente

El experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, considera que a Ortega no le urge convocar a una Constituyente, aunque no descarta que podría necesitarla. “Creo que lo que tenía que hacer en la Constitución para garantizar su continuidad en el poder ya lo hizo con las reformas del 2014. Tiene la reelección indefinida, a una sola vuelta y con mayoría simple de votos. Además, tiene el control directo del Ejército y la Policía, sin la intermediación de una autoridad civil, tiene la concentración de su democracia participativa con los CPC y goza de la alianza con parte del sector privado”, señala.

El dinosaurio
“A corto plazo, Daniel Ortega probablemente será una especie de dinosaurio político aferrado al poder”, asegura el constitucionalista, Gabriel Álvarez. Según el abogado, “la tendencia reeleccionista que América Latina experimentó en los últimos años se está revirtiendo. Se fue Cristina Kirchner, a Evo Morales le dijeron no, Rafael Correa dice no tener intenciones, a Nicolás Maduro no se le ve posibilidad. En cambio, —compara— la perspectiva de Ortega es continuar”.

El jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, tampoco ve un cambio de sistema de gobierno en el camino. “No la veo yo en perspectivas de inmediato ni en el camino. Es más, no veo ninguna reforma constitucional ahorita si acabamos de hacer la del 2014. No veo ninguna (necesidad)”, afirma.

Ocho años atrás, Castro opinaba diferente. Entonces, planteaba que las reformas constitucionales que se habían realizado hasta aquel año habían “parlamentarizado” el sistema político de Nicaragua e invitaba a ir “de una sola vez” a un sistema parlamentario que a su juicio “contribuiría a una política de entendimiento”.

Hoy, afirma, “a nivel mundial la tesis no es esa, sino que independientemente del parlamentarismo o el presidencialismo lo que está exigiendo la democracia es más participación, es entrar más en una democracia directa, donde el pueblo tome decisiones” y sostiene que la reforma constitucional publicada en 2014 apuntan en esa dirección.“La reforma del 2014 son un parteaguas a todas las reformas que se venían haciendo: restó poderes a ambos para dárselos a la población”, afirma Castro.
Álvarez, quien estudió todo el proceso de la reforma y publicó junto al jurista catalán Joan Vintró un extenso análisis titulado “Claroscuros de la reforma constitucional del 2014”, está en completo desacuerdo.

El especialista concluye que por el contrario, esa reforma fortalece la figura del presidente y compromete la independencia de la Asamblea Nacional. “Las tres manifestaciones principales de este fenómeno son la potestad presidencial de dictar decretos ejecutivos “de aplicación general” en materia administrativa; la supresión de la comparecencia del Presidente ante la Asamblea Nacional para presentar su informe anual; y la ratificación de los nombramientos presidenciales de altos cargos meramente por mayoría simple de los diputados”, escribió Álvarez.

Tres corrientes
“Oscar René Vargas, investigador de la cultura política nicaragüense, identifica tres corrientes en la batalla por el poder dentro del Frente Sandinista: la presión de Rosario Murillo para ir en la boleta; los sugieren un candidato a vice presidente del gran capital, y quienes proponen repetir la fórmula de Ortega con el exjefe militar Omar Halleslevens.

Castro, por su parte, niega que el FSLN busque una nueva Constitución para formalizar el poder de la Primera Dama. “Las reformas no se hacen por una persona”, dice, aunque en el 2009 una Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un falló para que el caudillo del FSLN pudiera postularse como candidato presidencial en el 2011, en contra de lo dispuesto por la Constitución que entonces estaba vigente. El texto que Castro publicó en el 2008 se titulaba “Parlamentarización del sistema político nicaragüense”. “Hoy por hoy”, dice su autor, “no manifiesta una preferencia”, por un sistema presidencial o parlamentario.

“Lo que veo necesario es seguir avanzando en la profundización de la democracia participativa y el modelo de diálogo”, sostiene. ¿Quién acompañaría a Ortega en la boleta electoral como su fórmula? Eso, dice, “se nos va a dar, se escogerá un vicepresidente en su tiempo. Aún no sabemos quién”. En los corrillos sandinistas, se promueve el nombre de Murillo para asegurar la sucesión constitucional, aunque quienes conocen de cerca a la Primera Dama aseguran que la ¨compañera¨, que actúa como co-presidenta de facto, desdeña el cargo de Vicepresidente pues disminuye la estatura de su liderazgo y su poder real. El nombre del general en retiro y comisionado para inversiones, Alvaro Baltodano, quien actúa como enlace con los inversionistas extranjeros y comparte lealtades con Ortega y Murillo, está siendo mencionado en altos círculos del poder gubernamental, aunque el actual vicepresidente, Omar Hallesleven, siempre se mantiene como una opción discreta para la reelección.

El ABC de la Constituyente

El experto en Derecho Constitucional Gabriel Álvarez cree que el comandante Daniel Ortega tiene elementos para buscar o no un cambio de sistema político y no se inclina a vaticinar que decisión tomaría. “El comandante Ortega ha demostrado sacarse de la manga lo que se le ocurra en cualquier momento. Es decir, la Constitución no es un referente suficiente para aproximarnos con un cierto margen de previsibilidad racional a lo que va a ocurrir”, afirma.

Sin embargo, sostiene que en caso de optar por un cambio de sistema político presidencial por uno parlamentario, el camino legal es la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

El experto indica que la misma Constitución Política vigente contempla los mecanismos para un proceso de esa naturaleza en sus artículos 191 y 193.