Nación

El golpe del aumento de la canasta básica en la economía familiar

Consumidores: “Quieren asfixiarnos” con las alzas

Eliminar exoneración a 16 productos de consumo básico “es inconstitucional”, afirma Francisco Báez, abogado y economista experto en temas fiscales



Ana Rodríguez observa los precios de algunos productos de la canasta básica que están en el estante de una abarrotería del mercado El Mayoreo, en Managua. Hace cuentas y luego observa los billetes que tiene en su cartera. Su cara denota contradicción. No se explica cómo, un mes después de haber comprado una lata de sardina en 22 córdobas, ahora debe pagar tres córdobas más.

“Antes comprabas para medio sobrevivir. Ahora no estamos sobreviviendo. El Gobierno sigue asfixiándonos con estas subidas de precios”, asegura tras constatar el aumento que el régimen de Daniel Ortega ordenó el 31 de julio, al eliminar las exoneraciones fiscales a la importación de 16 productos de consumo nacional, que no han tardado en llegar a los puestos de los mercados nicaragüenses.

Entre los productos afectados por el Acuerdo Ministerial 017 – 2019, publicado por el Ministerio de Fomento a la Industria y Comercio (Mific), están las sardinas enlatadas, las sopas preparadas, como Maggi y Maruchan, y aceites refinados. También incluye productos de higiene personal como desodorantes corporales y jabón de tocador.

En febrero de este año el régimen de Ortega también ordenó que se gravara un 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos que la ciudadanía compra en supermercados y mercados populares, tales como azúcar refinada, arroz 90 – 10 o de mayor calidad, chuleta de pescado, carne molida especial, chorizo, mortadela, filete, lomo y costilla de res, filete, lomo, chuletas, costilla y tocino de cerdo; filete de pollo, así como pechuga con alas y sin alas, y cualquier otro alimento procesado, sea enlatado, embotellado, envasado o empacado.

De forma adicional, productos que antes no pagaban Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), pasaron a pagarlo, lo que se suma a la cascada de nuevos tributos (incluyendo el aumento de la cuota patronal del INSS), cuyo pago los empresarios compensan aumentando el precio de los productos, o buscando formas de reducir costos.

“Es por todos los lados. Si antes uno compraba con 5000 córdobas para medio sobrevivir, ahora no podemos decir lo mismo. El complemento antes uno lo comía una o dos veces a la semana. Estos últimos meses si acaso una vez. Nuestra realidad es deprimente. Va a llegar un momento en que no vamos a tener ni para comer”, asegura Rodríguez, quien trabaja como estilista a domicilio, pese a ser licenciada en Administración de Empresas.

En los distintos mercados de la capital, la reacción de los consumidores es similar a la de Rodríguez. Ninguno está de acuerdo en ser el “chivo expiatorio” que debe pagar los platos rotos de una crisis económica desatada tras la represión oficial contra las protestas ciudadana que iniciaron en abril de 2018.

Juan Francisco Chica, conductor de acarreo en el mercado El Mayoreo, asegura que quienes más sufren son los pobres, la clase obrera. “Si usted se fija no ha habido incremento de salarios, no ha habido. Estamos limitados. Con lo poco que ganamos no podemos asegurar un futuro. No se puede hermano”, opinó.

Es una medida inconstitucional

Julio Francisco Báez, abogado y economista, experto en derecho fiscal, explica que la decisión del régimen de eliminar las exoneraciones a 16 productos de consumo básico es una medida inconstitucional, pues esta fue tomada por el Ministro de Economía o Mific, quien no tiene facultades para realizar esta acción.

“El Ministro de Economía, según el artículo 26 del Convenio sobre Régimen Aduanero Centroamericano, no tiene esta facultad. Tampoco en Nicaragua, en virtud de la Ley 316, Ley de Concertación Tributaria, no tiene la facultad el ministro para tomar semejante medida. Por eso es inconstitucional”, afirma Báez.

De acuerdo con el experto en derecho fiscal, el Convenio Centroamericano plantea que, solo cuando existan condiciones especiales o deficiencias generales de materia prima y desabastecimiento que amenacen con una emergencia nacional, se puede justificar la medida tomada por el Gobierno, siempre y cuando pase por determinado proceso. Asimismo, insistió en que la Ley de Concertación Tributaria es clara en que este tipo de medidas específicas no las puede tomar un ministro.

Báez manifestó que, en virtud de la reforma aprobada en febrero de este año, existe la probabilidad de que el Gobierno aplique otras enmiendas.

Por ejemplo, además de suprimir exoneraciones de manera indiscriminada, con la acción aprobada a finales de febrero, se estableció discrecionalmente la posibilidad de que por acuerdos ministeriales en listas taxativas se incorpore o se excluyan algunos productos.

“Hay intentos de reformas que afectan, y están tocando lo político, están tocando lo institucional, lo empresarial, están desestabilizando y agregando elementos de poca credibilidad, si es que queda algo. Son un conjunto de medidas que trascienden el 28 de febrero, que fue la reforma tributaria. Es una reforma prolongada en el tiempo que no se detiene”, analiza Báez.

Para el experto en derecho fiscal, las medidas y reformas anunciadas por el Gobierno para “ofrecer una solución a la crisis nacional”, no cumplen con los estándares necesarios para garantizar estabilidad y seguridad a la población y a los inversionistas. Báez cuestiona el hecho de que la reforma tributaria, que no ha cumplido ni siquiera un año, sea revisada tan pronto.

“Ninguna reforma tributaria en los últimos 30 años ha estado complementada por nuevas reformas. Las reformas exigen dos cosas: estabilidad, es decir, que llegue para quedarse, no para ser eterna, pero tampoco para estarse cambiando a los 15 días de emitida. La estabilidad es un catecismo en materia de reforma tributaria. Ese catecismo le imprime legitimidad a un Gobierno, no puede en ningún momento pensar que esta inseguridad jurídica, que es acompañada de una inseguridad social, sea permanente. Eso genera un desestimulo a la inversión, productividad, al empleo”, valora.

Un mercado vacío

Es lunes cinco de agosto. El mercado Mayoreo, en Managua, luce vacío. Los vendedores del sector de los abarrotes están a punto de almorzar. “Ahora está palmado. La gente no viene como antes. Solo vienen los 15 o 16 y los 30 de cada mes, que es cuando les pagan su quincena”, dice una vendedora que pide omitir su nombre por temor a represalias de la administración de los mercados, que responde a la Alcaldía de Managua y al gobernante Frente Sandinista.

La comerciante estima que la poca afluencia de compradores se debe a la crisis nacional por la que atraviesa el país, que ha dejado más de 300 000 personas en el desempleo. “La gente se ha ido del país, algunos cierran sus negocios, entonces de una u otra forma, nosotros terminamos afectados”, repite con angustia.

La decisión del régimen orteguista de eliminar exoneraciones fiscales a la importación de 16 productos de consumo nacional, sumado a la reforma fiscal aprobada en febrero de este año, ha impactado aún más en la economía familiar.

“Antes se compraba una cantidad más o menos de arroz y frijoles. Ahora se reduce esa cantidad. Antes comprabas el medio quintal, las 25 libras de azúcar y ahora eso es menos. Para la quincena yo venía al mercado y gastaba unos 1600. Actualmente se necesita más de 3000  pesos para mantener la cantidad que se compraba anteriormente”, afirma Wilfredo Brizuela, un comprador.

Karen Fabiola Guadamuz, ama de casa, considera que tener un empleo tampoco es una garantía de supervivencia. “Los precios de los productos de la canasta básica suben cada semana y los salarios no. Esos se mantienen, entonces todo esto dificulta que podamos vivir bien”, lamenta.

Algunos de los negocios de abarroterías no están “surtidos” como hace algunos años. Solo tienen lo necesario para vender, o como dicen sus dueños, “lo que la gente está comprando”. Otros están implementando la estrategia de ser ellos quienes busquen el producto en las zonas rurales del país para abaratar costos y que el intermediario no aumente más los precios.

“Yo tuve que ir hasta Terrabona, en Matagalpa, para comprar frijoles, porque no podía seguir diciéndole a la gente que no tenía. Mandé a traer y por eso lo estoy vendiendo aquí, de esa forma el aumento del precio no es mucho, respecto a otros lugares en los que sí le han subido bastante”, explica Melba Molinares, dueña de una abarrotería en El Mayoreo.

El panorama a corto y largo plazo

Juan Carlos López, asesor en temas de defensa al consumidor, considera que el impacto en los productos que recién subieron de precio, no necesariamente golpeó de frente a los ciudadanos, sin embargo, explica que el efecto que ocasionó esta eliminación de exoneraciones, fue que otros alimentos aumentaran su costo.

“Como vimos en la antesala de las reformas de febrero, con la implementación del ICS de una cantidad de casi 400 productos, lo que creó fue un aumento de precio. Es decir, un producto te puede aumentar otro. No necesariamente tuvo que haber sido el incremento en ese”, explicó.

López realizó un análisis de precios comparativos de años anteriores con el actual. El resultado fue de una variación en los productos de entre el 9 y el 18 por ciento, lo que quiere decir es que en efecto la reforma tributaria afectó el costo de la canasta básica.

“A groso modo esto contrae la economía, hay un margen inflacionario. Esto es el inicio de una economía que empieza a involucionar ante los consumidores y en el sector productivo y empresarial y la distribución de las divisas nacionales. Y por otro lado esto va a ocasionar de que haya otro comportamiento en las cadenas de mercados a nivel nacional, que, por ejemplo, productos como servicios públicos, energía, todo lo que corresponde a la vida económica y financiera, entre en un declive complicado”, indica.

Para Báez la “técnica tiene que darle paso a la crisis integral resuelta. No podemos nosotros estar pensando en que hay que afinar la reforma tributaria, es ofensivo eso. Lo que tiene que pasar aquí es que se debe resolver la crisis política porque de lo contrario seguirá la alteración tributaria y la inseguridad nacional”, señaló.

Para Juan Francisco Chica, el conductor de acarreo, si continúa el aumento en los precios de la canasta básica, podríamos estar frente a un nuevo estallido social, similar o mayor, al ocurrido en abril del 2018.

“El estallido social viene por la comida, ya no es por otra cosa. El vestuario o los zapatos podés comprarlos una vez al año. Es que la gente no es tan apegada a eso. Pero con la comida no se juega, la comida es diaria, ese —vaticina— puede ser el detonante”.