Nación

Acosta: Se demuestra que justicia actuó parcializada

Corte Interamericana condena a Nicaragua

Responsabiliza al Estado por violar el derecho de acceso a la justicia de María Luisa Acosta, por fallo en investigación sobre asesinato de su esposo



La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, emitió este viernes una resolución en la que exige al Estado de Nicaragua la reparación de daños económicos, psicológicos y de derechos de acceso a la justicia a la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta, por fallos en la investigación por el asesinato de su esposo de su esposo Francisco García Valle, hace 14 años, en Bluefields.

“El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, de acceso a la justicia, de defensa, a la presunción de inocencia, a ser oída por jueces imparciales y a las garantías judiciales”, se lee en la sentencia publicada en el sitio web de la corte.

La corte emite también en su sentencia una serie de medidas que deben ser adoptadas por el Estado de Nicaragua para garantizar el acceso a la justicia a Acosta. Esto significa que se debe enjuiciar a los señalados de ser los autores intelectuales en este caso, según explicó la afectada a Confidencial.

La Corte indica que “la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) solicitó a la Corte que ordene al Estado desarrollar y completar una investigación judicial imparcial, completa y efectiva, de manera expedita, con el objeto de esclarecer las circunstancias de la muerte del señor Francisco García Valle; investigar de manera exhaustiva las líneas lógicas de investigación sobre la autoría material e intelectual del homicidio; identificar a todas las personas que participaron en los diferentes niveles de decisión y ejecución; y, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes”.

El Estado de Nicaragua también tendrá que publicar íntegramente el texto de la resolución en medios de comunicación oficiales o páginas web de la Procuraduría de la Defensa de Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República y del Ministerio Público.

Esto deberá ser cumplido en un plazo de seis meses según lo establece la CIDH.

Indemnizaciones

La CIDH además ordena al Estado de Nicaragua pagar una compensación económica por un total de 109,722 dólares por diferentes razones, entre las que establecen daño emergente, lucro cesante y daño inmaterial.

También tendrá que pagar al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua la cantidad de 15 mil dólares, pues esas organizaciones acompañaron a Acosta durante 14 años en el caso.

Otros 20 mil dólares deberán ser entregados al Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas.

“Sentimientos encontrados”

La defensora de derechos humanos María Luisa Acosta dijo a Confidencial que la sentencia de la CIDH le producía “sentimientos encontrados”, puesto que durante 14 años ha pedido justicia por la muerte de su esposo en Bluefields y finalmente se demuestra que la justicia actuó parcializada en el caso.

“Es algo que he esperado durante 14 años. He luchado para llegar aquí y me ha revictimizado y las heridas se vuelven a abrir, pero también a la vez hay un proceso de sanación dentro de mí”, expresó Acosta vía telefónica.

Según la defensora de derechos humanos, esta sentencia demuestra que “la impunidad hace daño” y que “esto no puede continuar”.

A partir de ahora el Estado de Nicaragua tendrá que volver a iniciar el proceso en contra de los señalados de ser los autores intelectuales del asesinato de Francisco García en el año 2002 de tal manera que se le pueda hacer justicia a Acosta.

Para la directora del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos, Vilma Núñez, el Estado de Nicaragua está obligado a dar cumplimiento a la sentencia en el tiempo establecido que es de un año.

“Estamos estudiando a fondo todas las implicancias y todas las cosas que el Gobierno tiene que cumplir”, expresó Núñez, quien además agregó que “no se trata de una resolución como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que tiene efectos vinculantes y la mejor muestra que puede dar el Gobierno de que está dispuesto a rectificar el comportamiento que ha tenido con casos similares, es que cumpla”.

Acosta también remarcó que continuará con el caso para que se enjuicien a los autores intelectuales del crimen de su esposo y que eso también signifique que las demás personas que hayan pasado por casos similares puedan encontrar justicia.

“Estamos ante un caso en el que un juez, lejos de hacer justicia me persiguió a mí, se confabuló con los autores intelectuales del asesinato de mi esposo y más bien me persiguió a mí y no hizo justicia y esa es una de las peores cosas que pueden pasar en una sociedad”, recordó Acosta.

La muerte de Francisco García

En el año 2002 inició el calvario de María Luisa Acosta, cuando dos hombres dispararon en el pecho a su esposo en su vivienda de Bluefields. En aquel entonces, Acosta era la apoderada legal de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas y del territorio Rama Kriol, perjudicados por la venta ilegal de los Cayos Perlas y otras propiedades.

Francisco García fue encontrado en su casa de habitación golpeado, torturado y con un disparo en el corazón que fue el que le quitó la vida.

Según consideraron representantes de derechos humanos de la época, el asesinato de García tenía como objetivo obligar a Acosta a mantener silencio sobre la venta de las propiedades indígenas que eran ofertadas en Internet a compradores privados.

El judicial que conoció el caso en aquel entonces, Julio Acuña, ordenó la captura de Acosta en lugar de Peter Tsokos y Peter Martínez a quienes la mujer había señalado de ser los autores intelectuales del asesinato de García.

A pesar que las investigaciones policiales determinaron que el arma que se usó para dar muerte a García estaba registrada a nombre de Martínez. Después las autoridades policiales determinaron que el autor material del hecho era el conductor de Tsokos e Ivan Argüello Rivera, quien fue detenido en Costa Rica en el año 2004.

Argüello Rivera fue condenado a 23 años de prisión, pero el proceso judicial nunca determinó quiénes eran los autores intelectuales del crimen y las razones por las que mandaron a acabar con la vida de García.

Acosta interpuso dos recursos de casación por los vicios y parcialidad con las que consideró que se realizó el caso, pero estos fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2006.

En octubre del 2015 la Corte Interamericana de Justicia admitió el caso de Acosta fue este 28 de abril que notificaron a las partes sobre la sentencia que fue emitida el pasado 25 de marzo de este año.