Política

Desplante del régimen origina tensión diplomática con España

Gobierno español llama a consultas a su embajadora en Nicaragua porque la dictadura prohibió visita de alto funcionario

El Gobierno de España llamó a consultas este miércoles 20 de noviembre a su embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, “para analizar la situación de la relación bilateral”, luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibiera la entrada del secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia.

Un comunicado de la Cancillería española indica que también llamaron al embajador nicaragüense en España, Carlos Midence, para trasladarle el “malestar” por el desplante hacia el alto funcionario español.

De Laiglesia tenía previsto llegar esta semana a Nicaragua reunirse con autoridades del Gobierno y representante de la oposición, para “ayudar” a buscar una salida a la crisis. Fuentes diplomáticas indicaron a CONFIDENCIAL que, durante los contactos para la visita del alto funcionario, el régimen exigió que de Laiglesia no se reuniera con la oposición, por lo que “ahí se rompieron” las negociaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación expresó que “España ha mantenido, históricamente, unas buenas relaciones con Nicaragua. La decisión del Gobierno de rechazar, por tercera vez, una visita de alto nivel, dificulta la mutua interlocución”.

“Número tres” del canciller Borrell

Medios españoles consideran a de Laiglesia como “el número tres” del ministro de Exteriores español, Josep Borrell, de quien afirman es “sus ojos” en Latinoamérica.

El dictador Ortega ha llamado “radical” a Borrell, y ha calificado como “una vergüenza” para la Unión Europea (UE), haberlo elegido como futuro jefe de la política exterior.

Borrell es un duro y abierto crítico del régimen orteguista y se ha mostrado a favor de que la comunidad internacional imponga sanciones a la “dictadura” en Nicaragua por la “represión sanguinaria”, que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos y más de 80 000 ciudadanos en el exilio.

La embajadora Fernández-Palacios viajará a Madrid, para informar a Borrell sobre la situación en Nicaragua, y conocer el nuevo rumbo de la diplomacia española hacia el país.

Reclaman libertad de presos políticos

La Cancillería española aprovechó el comunicado para demandar el cese de los “actos represivos” contra la población nicaragüense, y la restitución de los derechos de manifestación, expresión y prensa.

“En los últimos días, el país está conociendo un recrudecimiento de la represión por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales contra familiares de manifestantes presos que reclaman su libertad, así como episodios violentos y asedios tanto a la iglesia de San Miguel, en la ciudad de Masaya, como a la Catedral Metropolitana de Managua”, describió la Cancillería.

En la misma línea, la UE catalogó como un “grave revés” para el proceso político, el asedio a los templos y la acusación penal contra 13 jóvenes nicaragüenses, que fueron arrestados por llevar agua y ayuda humanitaria a diez madres de presos políticos encerradas en la iglesia San Miguel. Las mujeres están en huelga de hambre desde el jueves pasado.

UE advierte al régimen

En un comunicado, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, consideró que las detenciones y acoso envían “una señal negativa sobre la voluntad del Gobierno de trabajar por una salida pacífica y democrática a la crisis”.

La diplomática exhortó al régimen “a liberar a los detenidos y retirar los cargos, levantar el asedio a la iglesia y garantizar el pleno respeto de los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses”.

Mogherini advirtió que la UE utilizará “todos sus instrumentos para apoyar la justicia y la democracia en Nicaragua”, y que reaccionará ante el actual proceso de deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

“Quienes socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua deberán rendir cuentas”, apostilló.

El Consejo de la UE adoptó en octubre pasado un marco legal para la imposición de sanciones específicas e individuales contra entidades y funcionarios de la dictadura, involucrados en las violaciones a los derechos humanos durante la represión contra la rebelión.

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