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Opinión

Diez años de penalización del aborto

Gran parte de las afectadas con la penalización de la interrupción del embarazo que impuso el FSLN, son niñas menores de 18 años



Hoy hace diez años (2006), una conquista de las mujeres establecida insólitamente en la ley por un gobierno conservador hace más de siglo y medio, en 1837, fue borrada de un plumazo por un partido en el gobierno que se autollama “revolucionario”, con el fin de ganar votos pues se encontraba en campaña electoral y para congraciarse con el fundamentalismo religioso de las iglesias católica y evangélica.

La vergonzosa capitulación del Frente Sandinista comenzó a poner en peligro la vida de la mujer embarazada, sobre todo ante causales de salud que arriesgaban su existencia o amenazaban seriamente su integridad física y emocional. Rosario Murillo, la poderosa esposa del presidente Daniel Ortega, quien se presenta a sí misma como defensora de las mujeres, entendió el grave problema en que estaba metiendo a sus pares por lo que promovió que el Ministerio de Salud (MINSA) aplicara un protocolo médico ya existente y ordenó que no se dejara morir a ninguna embarazada.

Pero no fue suficiente ordenar que se aplicara un protocolo que especifica cómo actuar frente a embarazos complicados, porque los profesionales de la salud están en una situación muy comprometida, debido a que, aunque el instrumento del MINSA les permite actuar para salvar la vida de la mujer embarazada, por encima de este procedimiento está una ley que penaliza y que amenaza caer sobre ellos en forma de cárcel o de suspensión de sus licencias profesionales. Por esto las mujeres siguen muriendo en hospitales y centros de salud públicos.

Gracias a la entrega de sus principios de parte de un gobierno dizque de izquierda, en cualquier situación en Nicaragua la interrupción del embarazo es un delito que está penado por el Código Civil en vigencia desde el año 2008 y que prevé extensas penas de cárcel para las mujeres y las niñas que soliciten u obtengan que les practiquen una suspensión de su estado y para los médicos que les proporcionen atención obstétrica necesaria para salvar vidas y preservar la salud.

Gran parte de las afectadas con la penalización de la interrupción del embarazo que impuso el Frente Sandinista, son niñas menores de 18 años, debido al elevado número de embarazos de adolescentes en Nicaragua, cuya tasa es la mayor en América Latina y una de las más altas del mundo. No hay excepciones, pues tampoco se eximen de las sanciones legales cuando seguir con el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o la niña, y tampoco en casos de violación.

Antes de la reforma legal promovida por el actual gobierno, en Nicaragua hubo interrupción del embarazo por causas de salud durante 179 años (casi dos siglos) lo que permitía realizar la suspensión cuando de continuar con el embarazo estaría en peligro la vida o la salud de la mujer o la niña embarazada e incluso, en ciertas situaciones, ante violaciones. El artículo 165 del Código Penal garantizaba estas conquistas de la mujer y la niña, si tres médicos coincidían en que era indispensable y el cónyuge o un pariente cercano daban su consentimiento.

Estos derechos de la mujer fueron desmontados por el gobierno del comandante Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo mediante varias enmiendas al Código Penal que comenzaron en el año 2006 y culminaron en julio del 2008 con la prohibición total de cualquier tipo de interrupción del embarazo. En las leyes vigentes no existe nada sobre embarazos en los que haya complicaciones graves que demandan un tratamiento urgente, como la interrupción, para evitar la muerte o daños graves para la salud de la mujer o la niña.

El gobierno de la pareja Ortega-Murillo no escuchó las advertencias que lanzaron varias asociaciones médicas como: la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia; la Sociedad Nicaragüense de Medicina General; la Facultad de Medicina de las universidades nacionales de León y de Managua; la Asociación de Enfermeros/as de Nicaragua; y expertos en salud internacionales, incluida la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Como la prohibición total de la interrupción del embarazo no hace excepciones en los casos en que la vida o la salud de la mujer corre peligro, exige implícitamente a los médicos que no hagan caso de los protocolos obstétricos del MINSA, que autorizan la interrupción ante ciertas complicaciones obstétricas para reducir las muertes maternas.

La interrupción del embarazo es un procedimiento médico legal en el 97 por ciento de los países del mundo, donde está permitido ante cualquiera de las siguientes causales: a. Cuando, de continuar con el embarazo, la vida de la mujer corre grave peligro, o se pone en riesgo su salud física o psicológica; b. Cuando existe una elevada probabilidad de lesiones en el feto; c. En casos de violación o incesto; d. Por motivos económicos o sociales; e. sin ninguna restricción en cuanto al motivo.

En Nicaragua, el 6 de octubre del año pasado el Comité Promotor de la Iniciativa Ciudadana de Ley para la Interrupción del Embarazo por Causas de Salud, introdujo en la Asamblea Nacional este proyecto de ley con el respaldo de más de seis mil firmas notariadas. Las causales que invoca esta iniciativa ciudadana son: Complicaciones obstétricas que pueden provocar un daño en la salud o la vida de la mujer; Enfermedades sistémicas que se inician o son preexistentes y que se agravan con el embarazo; Embrión o feto que presentan anomalías congénitas incompatibles con la vida; y, Embarazos que sean resultado de violencia sexual.

Aunque este proyecto de ley fue recibido en la Asamblea Nacional, no avanza, no pasa a comisión, no lo dictaminan y por tanto no lo discuten ni lo aprueban, porque la voluntad política del gobierno capituló ante las fuerzas más cavernarias y misóginas de la sociedad.

Pero esas firmas ante abogados y miles más digitales, testimonian que hay un pueblo en lucha. Más de la mitad de los nicaragüenses está de acuerdo con la interrupción del embarazo según la más reciente encuesta sobre el tema de la firma MR & Asociados.

(*) Miembro del Comité Promotor de la Iniciativa Ciudadana de Ley para la Interrupción del Embarazo por Causas de Salud.