Política

Jefe de facto de Policía y enlace Alcaldía-FSLN-JS señalados por crímenes y brutal represión

EE.UU. sanciona a “Paco” Díaz, Fidel Moreno y “Chico” López

Sancionados

Castigan a vicepresidente de Albanisa por corrupción y millonario desvío de fondos públicos. Le aplican a los tres sanciones OFAC bajo ley Magnitsky



El Departamento de Estado norteamericano anunció este jueves nuevas sanciones de la Ley Global Magnitsky Act contra tres altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega por violar los derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción.

Los nuevos sancionados son el comisionado general Francisco “Paco” Díaz, director de facto de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN.

Los tres funcionarios, pertenecientes al círculo de máxima confianza de la pareja presidencial, se unen al exmagistrado electoral, Roberto Rivas, quien fue el primer sancionado en Nicaragua con esta ley cuyo efecto se traduce en congelar todos los activos de los sancionados en Estados Unidos, y prohibirles cualquier clase de transacción comercial y financiera, a través de sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro.

“Como resultado de las acciones de hoy, quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de aquellos designados, dentro de la jurisdicción de los EE.UU. Además, a los estadounidenses se les prohíbe, en general, realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas”, informó el Departamento de Estado.

El comisionado general Francisco “Paco” Díaz, consuegro de la pareja presidencial, encabeza la lista de sancionados y lo señalan como “responsable” de la represión policial contra los manifestantes de la rebelión cívica, así como de “ejecuciones extrajudiciales”. Díaz “ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”, señalan.

Al secretario de la Alcaldía de Managua Fidel Moreno, también secretario de organización del Frente Sandinista, lo señalan como el responsable de dirigir “actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense”.

“Moreno es el enlace entre la Alcaldía de Managua, el Frente Sandinista y la Juventud Sandinista”, en la ejecución de la represión, dijo una fuente del Departamento de Estado.

En el caso de Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa y Tesorero del FSLN, el Departamento de Estado lo señala por actos de corrupción en el manejo discrecional de la cooperación venezolana, que sobrepasa los 4 mil  millones de dólares. “Ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno”, sostienen.

El Departamento de Estado había expresado su preocupación sobre la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua a través de comunicados, en los que instó a anticipar las elecciones.

“El anuncio de las sanciones de hoy, más anteriores y continuadas revocaciones de visas, demuestra que Estados Unidos expondrá y hará rendir cuentas a los responsables de la campaña continua de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo. Estas acciones deben terminar. Apoyamos los esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para avanzar en las negociaciones con el fin de resolver la crisis e instamos a la plena implementación del acuerdo de Diálogo Nacional sobre derechos humanos del 15 de junio como un componente fundamental”, expresa el Departamento de Estado.

La Ley Magnitsky, fue aprobada en 2012, como resultado de las investigaciones realizadas contra funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, que se vieron involucrados en el crimen del abogado Sergei Magnitsky, quien denunció actos de corrupción en Rusia, y afectaba únicamente a ciudadanos de ese país. Sin embargo, en 2016 fue reformada para que su espectro de acción afectara a otros extranjeros implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.