Opinion

El Ejército y las ejecuciones extrajudiciales en el campo

Coronel Álvaro Rivas: las pruebas están; el castigo, la reparación y la justicia vendrán

En otro ejercicio desmedido de defensa institucional, el jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, coronel Álvaro Rivas, negó el involucramiento de esa institución en cientos de asesinatos ocurridos en las zonas rurales de Nicaragua desde 1990 hasta la fecha. En lugar de dar trámite a investigaciones y actuar con prudencia ante acusaciones tan serias, el Ejército da nuevamente una  respuesta desesperada y vacía a las continuas denuncias del líder campesino Medardo Mairena. Antes el Ejército había emplazado al Colectivo Nicaragua Nunca Más, también le pidió que mostrara las pruebas que involucran a oficiales y soldados en actos de persecución y exterminio de campesinos, a pesar que hay no decenas, sino, cientos de testimonios de estos actos. Simultáneamente oficiosos exfuncionarios de las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños montaron una campaña en diversos medios de prensa nacional para acometer contra las organizaciones de derechos humanos y campesinos que han denunciado al Ejército de Nicaragua como parte de un brutal engranaje de hostigamiento y persecución al servicio del régimen Ortega Murillo. Además de negar la participación del Ejército en estos actos, el coronel Rivas aseveró cínicamente a medios nicaragüenses que el desarme de los grupos militares no le corresponde al Ejército porque la institución no cumple “tareas de orden público” y que Nicaragua es “un país seguro”.

Es importante señalar que la narrativa sobre el Ejército como una institución no habilitada para el orden público es insostenible. La gente no lo acepta ni lo cree. Sobre todos los campesinos que desde 1990 saben que el Ejército de Nicaragua asumió las tareas de seguridad en el campo y por donde se vea, eso es una actividad de orden público, una actividad que recae en el ámbito de la seguridad ciudadana. De hecho, haber dejado en el campo al Ejército de Nicaragua en actividades propias de la seguridad ciudadana con sus mismos oficiales y soldados sandinistas fue una de los graves errores del proceso de reforma militar en Nicaragua.

De las declaraciones del coronel Rivas, hay varias cosas que deben ponerse en perspectiva. Sin dudas, dentro del Ejército hay una verdadera preocupación de que seguir siendo parte de la maquinaria de represión es ya socialmente insostenible y que la complicidad con el régimen los está arrastrando a un camino sin retorno. Los nicaragüenses sensatos saben que es una institución capturada partidariamente y saben también que su supuesta neutralidad en este conflicto político, nos es más que la expresión de la subordinación incondicional y descarada a Daniel Ortega, su familia y sus negocios. Que en Nicaragua se haya  propagado y sostenido esta convicción de que el Ejército es cómplice de un régimen que de manera sistemática viola los derechos humanos,  ha resultado en notables acciones de incidencia de la oposición y la diáspora nicaragüense para que en la comunidad internacional pongan más atención al Ejército y su “maridazgo” con el régimen. Inclusive, operadores políticos y empresariales de las élites que diseminan alegremente dentro de los mismos grupos opositores la idea que el Ejército “se le dará vuelta a Daniel” para administrar la salida democrática, han comenzado a tener sus dudas de que esto realmente sucederá.

La reforma militar en Nicaragua debió evolucionar a la habilitación de una fuerza de naturaleza no militar para asuntos relacionados con la seguridad en el campo y debió sobre todo asegurar que la seguridad en el campo fuera acometida únicamente por la Policía Nacional. Sin embargo, con los años esto que pudiera pensarse es un asunto menor, terminó generando lo que tenemos hoy: una institución militar que por su conocimiento y penetración en el mundo rural terminó siendo la punta de lanza, en términos de inteligencia y logística de la represión campesina en el contexto del profundo e histórico desencuentro que el sandinismo ha tenido con el campesinado nicaragüense.

Primero con el campesinado que estuvo directa e indirectamente involucrado en la guerra civil en la llamada Contra, luego con los campesinos que masivamente marchaban contra la construcción del sueño canalero de Ortega y ahora contra los campesinos que de nuevo y también masivamente se sumaron a las protestas cívicas iniciadas en abril de 2018. El portal de Expediente Público, dedicado a recopilar información relacionada con ejecuciones en el campo desde 1990 ha logrado documentar con una alta certeza que el Ejército de Nicaragua ha sido parte de la ejecución sumaria de al menos 150 campesinos que la institución calificaba como cuatreros o delincuentes. Los asesinatos se concentraron mayormente en Wiwilí, El Cuá, San José de Bocay, Quilalí y Jinotega. Fueron asesinados porque eran campesinos, porque fueron contras, familiares de contras o por simplemente vivir en las zonas donde operó la Contra en los años 80. Ahora, productores, comunidades eclesiales de base y organizaciones locales de derechos humanos pueden dar fe del horror que se vive en esa zona porque el Ejército de Nicaragua se ha negado a desarmar a paramilitares y sicarios que aterrorizan la vida de cientos de familias campesinas.

En su conferencia de prensa, el Ejército llama a que “este individuo” les presente pruebas a ellos. Ese individuo, no es ni más ni menos que un líder campesino condenado a  216 años de cárcel con pruebas inventadas por un sistema de justicia que es la vergüenza y el hazmereír de Nicaragua y el mundo y que ellos mismos avalan en su condición de subordinados del régimen Ortega-Murillo. Lo que no entiende el coronel Rivas y sus superiores es que no le corresponde al Ejército de Nicaragua pedirles pruebas a ese individuo ni a nadie, ni tampoco ser juez ni parte. Quizás el relajo institucional en que flotan no les termina de hacer entender que las pruebas no se presentan ante quienes se señala de ser autores de hechos delictivos o crímenes de lesa humanidad. Las pruebas serán presentadas ante los Tribunales de Justicia nacionales y cuando corresponda internacionales, quienes determinarán las responsabilidades personales de los miembros del Ejército involucrados en ejecuciones extrajudiciales y la represión desatada desde abril 2018. Esto, no obstante, solo será posible cuando logremos tener justicia con instituciones nacionales creíbles e independientes, mientras tanto, el coronel Rivas y sus mandos deben tener la plena seguridad que las pruebas están, y el castigo, la reparación y la justicia vendrán.

*Fundador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y analista en asuntos de seguridad y defensa.

Más en Opinion

Share via
Send this to a friend