Opinion

El rol de las juventudes en el escenario después de Ortega

El futuro será nuestro si luchamos dentro y fuera de las instituciones, para lograr la descentralización del poder

A partir del 18 de abril se ha abierto un gran debate en torno al papel que históricamente han desempeñado las juventudes previo y durante esta gran oleada de movilización colectiva a la que muchos han clasificado de “insurrección cívica”, “transición hacia un proceso de redemocratización” e, incluso, de formas más atrevidas, de “revolución”.

El papel que desde abril han desempeñado  las organizaciones estudiantiles y las expresiones organizativas juveniles desde sus localidades ha sido fundamental para denunciar las graves violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Ortega y Murillo y para presionar desde la calle a que se acelere su pronta salida del poder.

La gran pregunta es: ¿Qué rol jugarán las juventudes – diversas claramente- en un escenario pos Ortega?

Previo al 18 de abril muchos condicionamientos sociales influyeron en que la oleada de protestas encontrará, tal y como afirma Enrieth Martínez, “atomizados” a los jóvenes. Solo para enumerar algunas:

  1. Una visión que ha exaltado la capacidad del individuo de operar, con relativo éxito, en aras del mercado con el objetivo de lograr una vida digna y segura – una suerte de “salvase quien pueda”-, la cual se fue articulando con ideas de un Dios de la prosperidad.
  2. El secuestro de la política institucional por políticos que dejaron, en su gran mayoría, de representar los intereses de la gente por los suyos propios, construyendo grandes tramas de corrupción que fueron exacerbando la asociación de la política a lo sucio.
  3. La conversión de la democracia en un simple mecanismo de cambio de gobernantes, sin capacidad de convertir en ciudadanos sociales a la gran mayoría de los nicaragüenses con necesidades insatisfechas. Por tanto, vaciándose de significado para ciertos sectores que esperanzados en la transición de los 90′ la asociaron a mejoría para sus condiciones materiales.
  4. Una visión anti-estatista que, orientada de manera paradigmática por el accionar de los zapatistas en México, promulgaba que se podía cambiar el mundo sin tomar el poder, siguiendo los postulados de John Holloway. Dicha visión permeo el accionar de ciertos grupos hacia iniciativas que reinvindicaban el derecho de minorías ampliamente estigmatizadas y cuyas agendas fueron postergadas e incluso violentada en muchos casos por el Estado.

Hasta cierto punto, el Estado, siguiendo a Peter Evans ha sido históricamente un problema y una solución

¿Solo fiscalizar desde la sociedad para se logre libertad, justicia y democracia? 

No se puede cometer el error de exaltar nuevamente la visión en torno al ejercicio de la ciudadanía política como capacidad de deliberar del ciudadano en torno a los asuntos de interés público desde la sociedad civil, pero dejando fuera del debate el tema de la ciudadanía social. Es decir, esa que contempla derecho sociales bajo la forma de bienes y servicios socialmente valorados asignados de manera institucional a través del gasto público. ¿Por qué? Precisamente porque no todos las personas jóvenes, en una sociedad ampliamente desigual, tienen la misma capacidad o están liberados de los embates y riesgos de la vida cotidiana para estar constantemente deliberando en plaza pública: el sueño de los “eternos activistas”.

Esto no quiere decir que el ejercicio ciudadano de fiscalización a los gobernantes no sea fundamental, lo que hay que entender es que hay condiciones sociales de posibilidad para que un agente socializado puede llevarlo a cabo. Ahí el “agenciamiento” no puede dejar de lado la estructura de restricciones y posibilidades en las cuales se encuentra incertado o incertada una posible ciudadana.

Es fundamental, por tanto, en pro de que la verdadera lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua sea una realidad, que la construcción de un verdadero régimen institucionalizado de bienestar social se coloque sobre la mesa- a lo mejor para encenderla a través del debate, pero que se coloque.

El accionar de la juventud debe ejercerse dentro y fuera de la instituciones del Estado.

En pro de que la lucha para que el poder que emana del Estado jamás vuelva a centralizarse en una persona o una pareja, y por tanto las instituciones no sean cooptadas por intereses de unos pocos, y se lleven a cabo procesos de justicia sin impunidad después de los crímenes perpetrados en abril del 2018, es fundamental la interrelación entre el accionar desde el afuera y el adentro institucional; desde las calles demandando y fiscalizando el rol de los y las gobernantes y desde las instituciones estatales administrando los asuntos de interés público.

En primer lugar porque el accionar desde las instituciones y poderes del Estado en relación con los diferentes sectores y movimiento sociales podrían poner en agenda la necesidad de un “nuevo acuerdo” a largo plazo entre todos los sectores; uno que parta del reconocimiento de que la matanza fue producto de la destrucción de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, pero que el gobierno de Ortega fue, en parte, causa de la carencia de un régimen institucionalizado de bienestar.

Tal “nuevo acuerdo” que posibilite a la gente un piso mínimo para hacerle frente a los riesgos y las incertidumbres del día a día y que iguale, de manera relativa, a las personas en su ejercicio de ciudadanía política es fundamental para la fiscalización ciudadanía a través de la protesta cívica, sobre todo en el proceso largo en torno a la exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En segundo lugar porque está sociedad no acabará con los políticos tradicionales y la política rancia que prefiere mantener el status quo – de hecho, a cómo van las cosas tendremos FSLN para más rato -. Por tanto es de suma importancia que la juventud pueda, desde el Estado, ser parte de ese proponer, luchar e implementar por una materialidad institucional y procedimental que, acorde a las grandes exigencias de la sociedad nicaragüense, fortalezca la institucionalidad democrática y restablezca el Estado de Derecho; despartidarice las instituciones públicas y cierre posibilidades para que se configuren tramas de corrupción que queden en impunidad, y, sobre todo, le quite poder al ejecutivo que históricamente ha dictado en detrimento de los demás poderes del Estado. Aquí algunas propuestas siguiendo a Morlino:

  • Mecanismos institucionalizados de contratación de funcionarios públicos bajo concurso público abierto y transparente.
  • Implementación de programas de capacitación para fomentar la profesionalización de la función pública.
  • Control civil de las fuerzas encargadas de la represión para que no tengan estrecha relación con el sistema político – partidario.
  • Mecanismos interinstitucionales de control, fiscalización, escrutinio publico y castigo  para coadyuvar e incentivar la no corrupción.
  • Construcción de mecanismos que permitan estándares elevados de acceso a la información pública a través de tecnologías aplicadas a la función estatal.

Estás solo son algunas propuestas que podrían descentralizar el poder que emana del Estado en pro de que la lucha porque se esclarezcan los hechos ocurridos en abril, se juzgue a los perpetradores de los crímenes, se implementen procesos de resarcimiento a las víctimas y, claramente, para que no vuelva a repetirse una matanza sin precedente en la historia de Nicaragua, no dependa de personas ni partidos políticos, sino de instituciones.

Tal como se ha afirmado, la fiscalización y el ejercicio pleno de la ciudadanía política para ejercer el poder de veto sobre los gobernantes no es sólo insuficiente, sino también es tarea para unos pocos en condiciones sociales de poder hacerlo. Entrar al Estado, irrumpiendo sus instituciones para transformarlas, no debe ser tarea postergada.

El futuro será nuestro si hacemos nuestra la política institucional que por mucho tiempo nos secuestraron los de antes.

*Estudiante de Sociología. Plataforma política Con Vos

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