Política

Estados Unidos sanciona a Rosario Murillo y Néstor Moncada

Murillo y Moncada no podrán entrar a Estados Unidos y tienen prohibido hacer transacciones con empresas y ciudadanos estadounidenses

Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y al colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, considero la crisis en Nicaragua “una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional”.

En una orden ejecutiva, firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, se afirma que las sanciones contra Murillo y Moncada son por su “responsabilidad” y “complicidad” con los “serios” abusos de los derechos humanos en Nicaragua, a raíz de la represión oficial desatada por el régimen orteguista, que suma 325 muertos confirmados desde abril pasado a la fecha.

“Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, detalla la orden ejecutiva.

“La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder. Esta Administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Murillo y Moncada estarán impedidos de entrar a Estados Unidos y tienen prohibido hacer transacciones con empresas y ciudadanos estadounidenses.

Las órdenes que Rosario Murillo, actuando como jefa nacional del FSLN, envió a sus secretarios políticos en las instituciones públicas en Managua durante los primeros días de la rebelión de abril, revelan la estrategia con la que el Gobierno intentó hacer frente al malestar social que estalló el 18 de abril, reveló CONFIDENCIAL a partir de la entrevista concedida por la exsecretaria política del FSLN en el Banco Central de Nicaragua (BCN), Ligia Gómez.

Todos los “bienes”, “intereses” y cuentas bancarias de Murillo y Moncada en Estados Unidos “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagado, exportado, retirado o tratado de otra manera”, según la orden ejecutiva.

Mnuchin añadió que “el Departamento del Tesoro tiene la intención de garantizar que los empleados internos del régimen Ortega no puedan acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense”.

En una nota, el Departamento del Tesoro señala a Murillo de ser una líder con “acceso e influencia” sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), conocida como la Juventud Sandinista, y la Policía Nacional, que son “entidades que han cometido graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, o cuyos miembros han cometido graves violaciones de derechos humanos”.

Indica que la Policía Nacional “ha sido parte de los ‘escuadrones de la muerte’ que han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, mientras que los paramilitares de la Juventud Sandinista, armados y pagados por el FSLN, han sido implicados en graves abusos de derechos humanos relacionados con las protestas. Además, en junio de 2018, hombres armados enmascarados, acompañados por personas identificadas por testigos como policías nicaragüenses, habrían incendiado una casa familiar en Managua, matando a seis, incluidos dos niños pequeños”.

“Finalmente, Murillo tiene una larga historia de participar en actos de corrupción relacionados con Nicaragua”, según la nota del Tesoro estadounidense.

Llamado a empresarios

El Departamento de Estado manifestó que en un comunicado de prensa que la orden ejecutiva es “una nueva herramienta de los Estados Unidos para exponer y promover la rendición de cuentas por parte de los responsables de los abusos que se cometen en Nicaragua (…) Esta acción envía una clara señal de que Estados Unidos no tolerará la explotación de las personas y los recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal”.

Agregó que “ahora es el momento para que los miembros del partido gobernante cambien de actitud y para que el sector privado haga oír sus voces en apoyo de las reformas democráticas y el fin de la violencia”, sugiere el

“Aquellos que permanecen en silencio o son cómplices pueden enfrentar consecuencias significativas; de igual manera, todos los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y los actores del sector privado que continúan ayudando e instigando la represión del régimen de Ortega podrían estar sujetos a las sanciones”, según el comunicado.

“Vendepatria criollos”

En una nota de prensa, la vicepresidenta nicaragüense declaró “improcedentes, inconsecuentes, irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, y la condición servil y abyecta de los vendepatria criollos”.

“¿Quiénes son los traidores a la patria? Decía Sandino: ‘Todo nicaragüense que con miras políticas traficare con la honra de la nación’”, escribió.

En su texto, lleno de alusiones al poeta Rubén Darío y al general Augusto César Sandino, Murillo rechazó “categóricamente” la resolución estadounidense, que, según la primera dama, muestra “la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua.

Moncada Lau: leal encubridor del régimen

Néstor Moncada Lau, “Chema”. Foto | Cortesía | La Prensa | Confidencial

En el caso de Moncada Lau, el Departamento del Tesoro resalta que se sancionó a Moncada por “actuar en nombre de la vicepresidente Murillo o en su nombre”. Además, “es un exfuncionario con experiencia de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes lazos de lealtad a Ortega y Murillo”.

“Moncada desembolsó pagos para contrarrestar a los manifestantes contra Ortega y Murillo y, a través de sus diversos roles de inteligencia, trabajó para sobornar y chantajear a individuos para obtener su apoyo o evitar que expresaran su oposición al gobierno de Ortega. Además, Moncada ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo. En al menos un caso, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega con un menor”, detalla el Tesoro.

Moncada Lau (“Chema”) es el custodio de la Secretaría General  del FSLN y el operador político número uno del régimen. Abogado y experimentado exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes vínculos de lealtad hacia Ortega y Murillo, es el enlace de la pareja con la Policía y los grupos paramilitares, que dirige el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

En noviembre de 1980, Moncada Lau participó en el operativo en que murió el empresario Jorge Salazar Argüello, presidente de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

El reportaje Los anillos del poder y los operadores de Ortega y Murillo, publicado en 2017 por CONFIDENCIAL, relata que Moncada Lau se infiltró en el grupo conspirativo de Salazar, citando al empresario en la antigua gasolinera Esso de El Crucero, para realizar un trasiego de armas, cuando apareció una patrulla del Ministerio del Interior y disparó dando muerte a Salazar.

Detenido y procesado, como parte de la misma trama para denunciar públicamente los alcances del complot, Moncada Lau fue enviado posteriormente a un período de “enfriamiento” a Cuba, donde recibió entrenamiento en cursos de inteligencia y contrainteligencia.

Dos años después regresó a Nicaragua, primero como oficial de Inteligencia Militar del Ejército, y después fue asignado a la Dirección Económica de la Policía Nacional, y finalmente a la Dirección de Seguridad Pública, hasta que en 1992 pasó a retiro con el grado de subcomandante.

Retirado de la vida militar, Moncada Lau se vinculó al entorno particular del comandante Ortega en la Secretaría del FSLN. A mediados de los noventa, estuvo en la lista de sospechosos investigados por la Policía Nacional, para esclarecer la ola de doce atentados terroristas que estremecieron las iglesias católicas, sin producir víctimas humanas. Y el diez de enero de 1997, horas antes de la toma de posesión del expresidente Arnoldo Alemán, fue detenido por la Policía Nacional cuando transportaba cuatro tacos de explosivos TNT. Condenado a dieciocho meses de cárcel por terrorismo, el juez Sergio Palacios le otorgó libertad condicional “por considerar que había tenido buena conducta en años anteriores”.

El retorno de Ortega y el ascenso de Moncada

Con el retorno de Ortega al poder en 2007, Moncada Lau asumió un rol prominente como enlace del presidente con la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Todas las órdenes de Ortega a Granera y a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, serían canalizadas a través de Moncada Lau, quien adquirió una incidencia decisiva en el rediseño político de la Policía Nacional, la selección de los oficiales profesionales que pasarían a retiro y la promoción de cuadros alineados por su lealtad al Secretario General del FSLN.

Su ámbito de acción como operador del poder, se extiende al Ministerio de Gobernación (Migob), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

En abril de 2011, una investigación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional sobre irregularidades en la Dirección General de Ingresos, provocó la destitución de su titular, Walter Porras, y de paso facilitó la caída del coronel Lenin Cerna de su cargo como Secretario de Organización del FSLN.

Separado Cerna de sus funciones y debilitada la incidencia de su propia red de operadores, Moncada Lau se convirtió en la única autoridad política en la Secretaría del FSLN. No tiene un cargo oficial ni aparece en el organigrama del Gobierno, pero nadie discute su ascendencia sobre el poder como guardián de los asuntos privados de la familia presidencial.

Crece lista de sancionados

Murillo y Moncada Lau se unen así a otros nicaragüenses que han sido incluidos en esa lista, comenzando por el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, el 21 de diciembre pasado, por considerar que estaba envuelto “en serios abusos a los derechos humanos o corrupción”, basado en la Ley Global Magnitsky.

La sanción a Rivas llegó después que la embajada de ese país en Managua advirtiera a las empresas estadounidenses que mantienen negocios con Albanisa, que deberían revisar sus acuerdos comerciales con esa empresa binacional, para asegurarse que no estaban violando las sanciones que el presidente de ese país, Donald Trump, impuso a Petróleos de Venezuela, (Pdvsa).

Si bien Rivas perdió poderes de forma temporal en febrero de este año, la administración Ortega lo destituiría unos cinco meses después.

El 5 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a otras tres figuras del régimen entre la lista de sancionados, siendo el de mayor nivel el comisionado general Francisco Díaz, entonces director de facto de la Policía Nacional, consuegro de la pareja presidencial, quien habría “participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”, según una declaración del portavoz del Departamento de Estado.

El segundo en orden de importancia es Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua y secretario de organización del Frente Sandinista, a quien se señala dirigiendo “actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense”.

El tercero fue Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic y tesorero del FSLN, el que “ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno”, según la declaración del portavoz del Departamento de Estado.

Si bien Díaz fue ascendido a la jefatura de la Policía Nacional, y no se conoció que hubiera afectaciones directas para Moreno en la Alcaldía capitalina, López “renunció” a sus cargos como presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), y como presidente de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

Unos días después, el Acuerdo Presidencial 105 – 2018, le quita a López “la representación de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua, en las entidades Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (Dissur)”.

Ser incluido en la lista OFAC representa serios quebraderos de cabeza financieros para los funcionarios distinguidos con esa opción, lo que incluye la congelación de los bienes que pueda tener en Estados Unidos, la prohibición a las empresas de ese país de hacer negocios con ellos, y hasta que los bancos nacionales se abstengan de relacionarse con esas personas para evitarse sanciones, además del riesgo reputacional que implica asociar el nombre de una empresa o empresario, con alguien que está en una lista mundial de corruptos.

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