Economía

Estiman caída de 10 por ciento en recaudaciones y Ortega “tendrá que despedir gente”

¿Puede el régimen mantener la planilla, los aparatos represivos y pensiones del INSS con una caída de las recaudaciones?

La recaudación de impuestos podría decaer 10% este año, (casi 8000 millones de córdobas), como resultado de la conjunción de la triple crisis que vive el país: la sociopolítica, que estalló en abril de 2018; la pandémica, que transmite a nuestra economía, las afectaciones de la economía global, y la sanitaria local, con comercios y empresas parcialmente cerrados desde hace varias semanas, afirman tres economistas consultados por CONFIDENCIAL.

La recaudación tributaria de 2019 fue de 79 271.6 millones de córdobas, muy similar a los 79 199 millones presupuestados para 2020. De ahí que una caída de 10%, ronde los 8000 millones.

Cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), predecían que este año, el producto interno bruto (PIB), moderaría su caída, y que esta oscilaría entre -1.2% y -1.7%, después del -4.0% de 2018 y -3.9% de 2019, que pregonan las cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN).

Pero eso fue antes que el coronavirus SARS-CoV-2 trabara los engranajes de la economía global, y antes que los ciudadanos y las empresas decidieran por sí mismos que había que restringir la movilidad y tomar medidas sanitarias adicionales para evitar el contagio de covid-19.

“La caída del PIB y la de los precios, implica un descenso de los ingresos tributarios presupuestados para este año, que podría ser de 10%”, estima Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades).

“Diez por ciento de caída está dentro de un rango razonable que yo también compartiría”, complementó el también economista Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda.

“Calculo una caída de 10% en las recaudaciones, con respecto el año anterior, pero ante la falta de datos oficiales, lo mío es pura intuición”, dijo a CONFIDENCIAL un tercer economista que prefiere declarar desde el anonimato.

“Definitivamente que las recaudaciones van a caer”, comparte Róger Arteaga, exdirector general de Ingresos, y cita un estudio de 2015, que muestra que existe una relación de 1.21 entre el PIB y las recaudaciones, lo que se traduce en que, si el PIB cae este año a razón de -6.0%, como pronostica el FMI, las recaudaciones podrían caer al menos 7.26%.

“Del comportamiento del PIB, depende el de las recaudaciones, así que los impuestos van a caer, porque el PIB va a caer”, martilló Arteaga.

Las opciones del régimen ante caída de recaudaciones

Dependiendo de la profundidad de la caída —y de la evolución de las tres crisis— la Administración de Daniel Ortega tiene a su disposición una batería de opciones para tratar de balancear el presupuesto y cerrar el año con el menor daño político posible.

Una de ellas, es buscar recursos internacionales, sean estos préstamos o donaciones. Otra, recurrir a las reservas internacionales del país. Una más, es pedir un préstamo al Banco Central, basado en lo que define el artículo 62 de la Ley Orgánica del BCN. Emitir bonos, dictar una nueva reforma tributaria, o “encender la maquinita” (de imprimir billetes), están entre las opciones que apuntan a tratar de elevar los ingresos.

En el otro lado de la hoja contable, el Gobierno también podría apuntar a una reducción de gastos, pero siendo que el gasto de capital ya está muy disminuido, la opción a aplicar sería la de cortar el gasto corriente, que es el que se usa para pagar salarios, tener abiertos los ministerios, o reparar los daños en edificios y vehículos, por ejemplo.

“Ellos no han sacrificado nada de ese rubro, que sube todos los años desde que Ortega está en el Gobierno. No disminuyó ni siquiera durante la crisis financiera global de 2008, o la de 2018”, observó Arteaga.

A partir de ese dato, duda que el Gobierno se decida a hacer recortes salariales o de personal, porque “ellos saben que si recortan ese gasto, los botan. No pueden tocar a su gente en la Policía, en el Ejército, ni al resto de empleados públicos, si quieren mantenerse en el poder”, sentencia.

“Enviar a la gente a su casa, es una forma de ahorrar en gasto corriente”, asegura por su parte el economista que pide no ser identificado. Él también cree que “es difícil que toquen los salarios, por las implicaciones políticas. Harán todo lo necesario para no hacerlo y si lo hacen, será una muestra de qué tan mal está la situación”, valora.

“Ellos necesitan cierto nivel de recaudación para mantener la planilla, los gastos operativos priorizados, las transferencias al INSS para el pago de pensiones, y mantener los aparatos represivos. Si se derrumba su capacidad para cumplir todo eso, tendrían problemas serios”, añade.

Pero Juan Sebastián Chamorro calcula que un golpe más de esta magnitud a las finanzas públicas, obligará al régimen a tomar esa decisión a la que tanto teme: recortar personal. Su personal.

“Tendrán que despedir gente, porque ya redujeron bastante el Plan de Inversión Pública, el financiamiento externo se ha caído, y una disminución de ese tamaño (10%), implica reducir gasto corriente”, señala advirtiendo que podrían seguir despidiendo al personal al que perciben como no confiable políticamente.

De forma adicional, recuerda que la decisión de liberar a miles de reos comunes, reduce los costos de su manutención, a la vez que libera al régimen del costo político de que se les mueran en sus cárceles, en los casos en que pudieran estar infestados con el SARS-CoV-2.

La presión sobre las reservas del BCN

Si no recaudan, y no recortan, la otra opción es aumentar los ingresos. Descartada la opción de imprimir más billetes, lo primero a explorar es buscar recursos en el extranjero, cosa que ya hicieron, cuando solicitaron 470 millones de dólares al FMI.

Hasta ahora, la respuesta del organismo multilateral ha sido el silencio, lo que en términos diplomáticos se interpreta como un “no”, mientras el Fondo anuncia la aprobación de más de mil millones para nuestros vecinos fronterizos: 504 millones de dólares para Costa Rica, o un aumento de 222 millones para Honduras, con lo que su apoyo redondearía los 530 millones.

“La NICA Act y las sanciones, han hecho que los organismos financieros no confíen en darle recursos a Nicaragua, pero la crisis por este coronavirus puede ayudar a conseguir dinero para gastos de salud, si el Gobierno toma decisiones en la dirección correcta”, observa Arteaga.

Así, la opción más atractiva es recurrir a las reservas internacionales del país, lo que activa el riesgo de consecuencias en ningún caso inestimables.

“La opción más cómoda es disponer de las reservas para alimentar el Presupuesto, que se alimenta del desembolso de préstamos, impuestos y donaciones. Si no hay impuestos, se tiende a usar las reservas para devolverlas en el corto plazo”, explica Arteaga desde su experiencia al frente de la DGI.

“Pueden retirar plata del Banco Central, como hicieron en 2018, pero esta vez no creo que aguanten las reservas, que cayeron como 600 millones en 2018, y se recuperaron en 200 millones en 2019. Tampoco creo que haya suficiente capacidad para cubrir los gastos del INSS, y cerrar la brecha fiscal”, estima por su parte el economista antes citado.

“Si se ponen a sacar reservas, ponen en riesgo la libre convertibilidad de la moneda”, añade.

Los economistas consultados ven pocas opciones de que se dicte una nueva reforma tributaria o que, de hacerlo, esta tuviera mayor utilidad.

“Siempre podés subir impuestos y recaudar algo más, pero sería a costa de deprimir más la economía. También pueden subir el precio de la electricidad y los combustibles, pero eso tiene costo político”, valora Chamorro.

Arteaga opina que “ya no hay de dónde sacar más dinero”, porque “las empresas ya están exprimidas, pero si lo hicieran, habría una reacción muy negativa que decidiría a los indecisos, y ellos lo saben”.

“No pueden sacarle más agua a la piedra”, dice el economista que opina desde el anonimato. “Quizás algún impuesto muy puntual a los sectores medios, lo que tampoco tendría mayor rendimiento”, asegura.

Finalmente, se considera la opción de emitir bonos, que confronta a la Administración de Ortega, con el mismo problema de credibilidad por el que no recibe recursos externos, y que Arteaga resume con una pregunta: ¿quién se los va a comprar?

“No pudieron vender en euros, ni aquellos en dólares reembolsados en córdobas. La economía no está para invertir en eso, ni para darle tu dinero a un Gobierno que no se sabe cuánto va a durar. Aún si los vendieron, ¿quién los compró? Hay mucho dinero flotando que no tienen dónde colocar, por las sanciones a sus negocios”, argumenta.

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