Economía

Diputado Gutiérrez amenaza con eliminar ventajas a antiguos aliados del FSLN

FSLN “revisará” las exoneraciones, tras reducción de PGR

Sector privado rechaza una medida que afectaría la estabilidad de las empresas: "lo que tiene que hacer es sentarse en el Diálogo Nacional"



Además de la aprobación de una reducción de más del nueve por ciento de los ingresos del Presupuesto General de la República, y sus ajustes que afectan la inversión pública, el gobernante Frente Sandinista iría ahora por las exenciones y exoneraciones concedidas al sector privado, según insinuó este martes, el diputado Wálmaro Gutiérrez, miembro de la bancada del FSLN y presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto, pocos minutos antes de aprobar la reforma a la Ley 966, del Presupuesto General de la República 2018.

Después de insistir en que las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que iniciaron el pasado 18 de abril, son un intento de golpe de Estado, la bancada del Frente Sandinista aprobó la reforma presupuestaria con 72 votos a favor, 15 en contra, y tres presentes. Alertando, además, que esta quizá no sea la única revisión presupuestaria del año, aunque por una razón distinta: revisar los privilegios que ellos mismos le mantuvieron al sector privado, cuando eran ‘socios’.

“Tendremos que enfrentar una nueva reforma, porque necesitamos revisar nuestra estructura tributaria, siendo que todavía hay espacios fiscales y tributarios para aumentar los ingresos, pero no aumentando los impuestos, sino revisando las exenciones y exoneraciones, que equivalen al 3.5% PIB anual”, aseguró Gutiérrez.

“Es hora de empezar a ordenar la casa, con seriedad y responsabilidad. Es hora de quitar a los nicaragüenses esa sensación desgraciada de no saber si tendrán país al mediodía. Con una reforma fiscal bien hecha, podríamos revertir los efectos dañinos de este intento de golpe de Estado”, dijo Gutiérrez, insistiendo en el libreto dictado por el oficialismo.

Aunque economistas independientes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como las distintas misiones del Fondo Monetario Internacional han insistido –cada una a su manera- que es necesario desmantelar, o por lo menos racionalizar, el generoso esquema de exenciones y exoneraciones vigente desde hace muchos años, la Administración Ortega siempre se negó a hacerlo.

En la Ley de Concertación Tributaria de 2012 se aprobó un mecanismo de asignación de exoneraciones que premiaba el desempeño, así como la obligación de presentar un informe en el que se consignara el costo de ese esquema, pero no fue posible que uno ni otro se cumpliera.

Rechazo del sector privado

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) y Lucy Valenti, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) mostraron su desacuerdo con la amenaza oficialista.

Una decisión de ese tipo “sería negativa, porque con todas las adversidades que están pasando en el país, ya es muy difícil para las empresas el poder funcionar, y cortar las exoneraciones lo dificultará más”, señaló Maltez.

La consecuencia de empantanar el clima de negocios es “cierre de empresas, inestabilidad económica, más desempleo y migración, que es lo que hace la gente al quedarse sin empleo. De paso, también provocará que los profesionales y la mano de obra capacitada se vayan ausentando del país, como ocurrió en los años 80”, rememoró.

“Si el gobierno tiene voluntad de arreglar esta crisis, lo que tiene que hacer es sentarse en el Diálogo Nacional para buscar un verdadero acuerdo político, de donde después se deriva el acuerdo económico”, especificó el líder gremial.

Maltez reconoció que en el país sí hay una crisis económica que obliga al Gobierno a buscar cómo reducir sus gastos, por lo que la reacción del gobernante es “buscar cómo presionar al sector privado, apretándole la faja”.

Aunque de momento no fue posible conseguir una reacción oficial por parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Maltez recordó que esa entidad “siempre está hablando del tema económico, así es que es seguro que tendremos que analizarlo”, insistiendo en que la clave real es “buscar un acuerdo político en el Diálogo Nacional”.

Por su parte, Lucy Valenti, de Canatur, dijo que no se puede hablar de desarrollo del sector turístico, porque para lograrlo “se requiere paz y estabilidad”.

Según el ministro Acosta, los cuatro meses de rebelión cívica (que él también denomina “terrorismo golpista”), le generó pérdidas por un poco más de 500 millones de dólares a ese sector: 231 millones por ventas no efectuadas, y otros 277 millones por deterioro de infraestructura.

Eliminar las ventajas fiscales del sector “nos dejaría en mayor desventaja, porque se requiere trabajar para recuperar la imagen del país y captar nueva inversión, tarea en la que los incentivos son importantes para convencer a los inversionistas a venir a Nicaragua”, señaló la empresaria, considerando que el turismo no ha logrado desarrollar ni siquiera el 50% de su potencial.

“Los incentivos han sido, son y seguirán siendo después de la crisis, una herramienta para atraer inversiones al sector”, sentenció.

Reforma aprobada

Durante el plenario para la aprobación de la reforma presupuestaria, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, defendió que era apenas la segunda vez que se solicitaba una reforma presupuestaria a la baja (la otra fue en 2009, durante la crisis financiera global), argumento que también fue celebrado por el diputado FSLN José Figueroa.

“El país iba creciendo. Estuvimos entre los mejores crecimientos de Latinoamérica y fuimos el segundo mejor de Centroamérica y el Caribe. En nuestra historia económica, la década 2007 – 2016 fue la mejor década de crecimiento económico de los últimos 100 años”, aseguró Acosta, secundado por el diputado Gutiérrez.

Ahora, los cálculos oficiales apuntan de forma optimista a que el Producto Interno Bruto solo crecerá 1%, como producto de una reducción de 8,708 empleadores y 119,567 empleados afiliados a la seguridad social; a pérdidas por 525 millones de dólares en el sector transporte en concepto de pérdidas por servicios no prestados, entre otros.

“La lógica de esta reforma es que el país está volviendo a los cauces de la normalidad democrática y productiva, y refleja la confianza en que los sectores económicos –no el gran capital y las cúpulas- levantarán y harán crecer la actividad económica del país”, lo que de seguro será cierto, en especial si cumplen la amenaza de ‘castigar’ a sus antiguos aliados.