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Jefa de prensa de Canal 12: Embargo es “arbitrario” e “ilegal”

Régimen de Ortega emprende una nueva forma de “presión, represalia y persecución” en contra de los medios de comunicación en Nicaragua

El embargo a Nicavisión Canal 12 es “totalmente arbitrario” y “completamente ilegal”, afirmó la jefa de prensa de ese medio de comunicación, Carolina Valle. Esto “no es un problema de evasión de impuestos”, continuó. El reparo por 21 millones de córdobas (617 647 dólares) que reclama la Dirección General de Ingresos (DGI) “lo hemos batallado en los juzgados”, pero ahora todo es “expedito” y prácticamente “nos dejan en la indefensión”, agregó.

Los propietarios del Canal 12 fueron notificados del embargo la tarde del viernes 11 de septiembre, en la víspera de un largo periodo de descaso, por el fin de semana y la celebración de las fiestas patrias, por lo que sus abogados apenas están analizando el caso. “Nos sentimos en una posición incómoda porque no sabemos qué es lo que viene”, dijo Valle durante una transmisión en cadena realizada por la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

Los bienes que fueron embargados por el Juez Tercero de Embargos y Ejecuciones de Managua, Luden Quiróz García, son: las instalaciones del Canal 12, los vehículos del medio de comunicación, cuentas bancarias y hasta la casa de su propietario Mariano Valle. Esto debido a que la DGI alega que el Canal 12 estaría debiendo una reparación de 21 millones de córdobas del Impuesto sobre la Renta (IR) de los años 2011, 2012 y 2013.

El cobro de reparación de impuestos “no es nuevo en el Canal 12” dijo Valle. Pero “se incrementó progresivamente desde abril (de 2018)”, cuando ese medio de comunicación inició a informar sobre las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Es por esta razón que Valle no descarta la posibilidad de una confiscación, tal como sucedió con la sala de redacción de CONFIDENCIAL y 100% Noticias en diciembre de 2018.

DGI detrás del Canal 10

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) condenó el embargo al Canal 12 y advirtió que la DGI también está reclamando al Canal 10 el pago de un reparo fiscal de 110 millones de córdobas (3.2 millones de dólares).

Guillermo Medrano, de la FVBCH, señaló que la persecución fiscal a los medios de comunicación es parte de una estrategia gubernamental que buscan “callar voces incómodas”. El gobierno “le teme a la libertad de prensa porque los gobiernos autoritarios son enemigos de la prensa independiente…  eso es lo que tiene incómodo al régimen y está tratando de censurar”, indicó Medrano.

Asimismo, la organización PEN Internacional capítulo Nicaragua rechazó “la confiscación de facto del Canal 12” y el aumento de la presión fiscal contra el Canal 10, la televisora de mayor audiencia en el país. El organismo también expresó su respaldo a los periodistas independientes de Nicaragua, que “solamente están ejerciendo su derecho y su deber de informar en libertad, sin las ataduras impuestas por el gobierno sandinista para acallar las críticas de la ciudadanía”.

El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanzas, condenó el embargo y lo calificó como “un intento de silenciar a Canal 12” por parte del régimen de Ortega. “Utilizando una forma cada vez más recurrente de censura indirecta en Nicaragua: las inspecciones fiscales y de hacienda para perseguir a medios independientes y someterlos a sanciones desproporcionadas”, escribió Lanzas en su cuenta de Twitter.

“Presión, represalia y persecución”

El embargo al Canal 12 fue visto con preocupación por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), una organización que ha denunciado una especie de “terrorismo fiscal” por parte del gobierno de Ortega, porque en el caso del Canal 12 “no solo están afectando a las empresas, sino también a la libertad de prensa y el derecho que tienen los nicaragüenses a estar informados”,  por una supuesta deuda fiscal.

“Denunciamos este embargo como una nueva forma de presión, represalia y persecución a los medios de comunicación independientes y el sector privado. Siendo una nueva forma de confiscación y de control de los medios de comunicación propios de los gobiernos totalitarios”, dice un comunicado del Cosep.

Asimismo, el director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, indicó que el trasfondo del embargo al Canal 12 es “callar las voces que denuncian los abusos de poder y demandan una Nicaragua mejor”.

La escalada represiva en contra de los medios independientes ha incrementado durante las últimas semanas. El canal 100% Noticias, confiscado y expulsado del aire por la dictadura en diciembre de 2018, también denunció el cobro ilegal que le ha hecho llegar la Dirección General de Ingresos y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por una suma de ocho millones de córdobas, correspondiente al periodo que el medio dejó de circular por la censura oficial.

Una línea editorial independiente

El Canal 12 es uno de los dos canales de televisión independiente que transmiten en señal abierta en Nicaragua. Su línea editorial en defensa de los derechos humanos ha permitido denunciar la represión del régimen de Ortega en contra de manifestantes opositores, situación que molesta a quienes ostentan el poder.

En 2018, el Canal 12 fue obligado por el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) a dejar de transmitir los programas Danilo Lacayo En Vivo, y Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Situación que constituyó un acto de censura contra los programas de televisión de debates y entrevistas y el principal medio independiente de la televisión nicaragüense.

Asimismo, en enero de 2019, la Policía mantuvo sitiada las instalaciones del Canal 12, ubicadas en residencial Bolonia. De acuerdo a las denuncias de los periodistas, los oficiales llegaron y se apostaron a un costado de este medio de comunicación, para requisar a los trabajadores y preguntar si tenían armas.

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