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Gobierno cobró millonario seguro tras azote de “Otto”

El desembolso representa un pago sobre la póliza contra ciclones tropicales. Líderes comunales exigen explicación sobre la utilización del dinero

El gobierno del comandante Daniel Ortega realizó el cobro de un seguro catastrófico por la cantidad de US$1,110,193, en respuesta al impacto directo que el Huracán Otto ocasionó en el país el año pasado. La indemnización fue otorgada por la Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe y Sociedad de Cartera Segregada (CCRIF SPC por sus siglas en inglés), el pasado 9 de diciembre, 14 días después del paso del ciclón.

Según la información colgada en la página web de la CCRIF, el desembolso representa un pago sobre la póliza contra ciclones tropicales, que adquirió el gobierno en el año 2015. La información también dice que Nicaragua recibió una primera indemnización de US$ 500.000 por el terremoto de magnitud 6.1 que ocurrió el 9 de junio de 2016, que afectó a Chinandega y otros departamentos costeros.

A pesar de que el pago se recibió 14 días después del ciclón y que han transcurrido un mes y nueve días, la ayuda para las personas afectadas todavía no llega a la zona donde el ojo de del huracán impactó con más fuerza.

El Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) emitió un comunicado sobre el desembolsó que hizo la CCRIF, en el que aseguran no tener ninguna información sobre cómo los fondos adquiridos se utilizarán en las comunidades de Greytown, Indian River y Corn River, las que mayor daño sufrieron tras el paso de Otto.

“Exigimos al gobierno de Nicaragua, integrarnos de inmediato en el proceso de planificación para el uso de esta indemnización y posteriormente brindar una respuesta a nuestras comunidades, haciéndolo de forma eficiente y transparente, en coordinación de las juntas directivas”, dice el comunicado.

El GTR-k manifestó que la situación de emergencia que viven actualmente las comunidades afectadas, requieren apoyo inmediato con víveres, suministros de semillas para la producción de cultivos y reconstrucción de viviendas.

La CCRIF fue desarrollada bajo el acompañamiento técnico del Banco Mundial y con una subvención del Gobierno de Japón. Fue capitalizado mediante contribuciones a un Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MDTF, por sus siglas en inglés) por el Gobierno de Canadá, la Unión Europea, el Banco Mundial, los gobiernos del Reino Unido y Francia, el Banco de Desarrollo del Caribe y los gobiernos de Irlanda y las Bermudas, así como a las cuotas de afiliación pagadas por los gobiernos participantes.

La Cartera Segregada de América Central (CA SP por sus siglas en inglés) es capitalizada por las contribuciones a un MDTF especial por parte del Banco Mundial, la Comisión Europea y los gobiernos de Canadá y Estados Unidos.

Fondos sin rendición de cuenta

https://vimeo.com/197113936

Confidencial se comunicó con la oficina del CCRIF para conocer a fondo cuál era el mecanismo de entrega del dinero y si acaso existía un documento que obligara al gobierno de Nicaragua la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos que ha recibido en materia de ayuda para los ciudadanos afectados por Otto y por el terremoto del año pasado.

El CCRIF respondió que el pago se realizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, no tienen estipulado qué es lo que pueden y no hacer los países beneficiados con el dinero.

“La institución pide a los gobiernos que proporcionen información sobre cómo se han utilizado los desembolsos y las actividades que los fondos han apoyado”, dijo el CCRIF.

Ante la insistencia de Confidencial sobre la petición del documento que la CCRIF pide a los países beneficiados, el organismo respondió que “aunque CCRIF publica información sobre el uso de pagos de vez en cuando, no estamos en condiciones de publicar información sobre los pagos de 2016. Le sugerimos respetuosamente que se ponga en contacto con el Ministerio de Finanzas (Hacienda) solicitando información sobre su uso de los pagos para obtener esta información de primera mano”, respondieron.

Confidencial también se comunicó con la oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, manifestaron que debíamos enviar a la oficina de Acceso a la Información Pública un correo solicitando dicha información. Al cierre de esta nota no ha habido respuesta de esa organización.

Este medio de comunicación insistió a Niels Holm-Nielsen, especialista Jefe en Gestión de Riesgos de Desastres y Coordinador Regional para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, sobre el cobro del seguro de desastres que hizo el gobierno después del paso del huracán, pero su respuesta fue un boletín (el mismo que tiene en su página la CCRIF) y agradecieron el interés por tener la información. Agregaron que “si hay alguna pregunta adicional que usted tenga sobre el rol del Banco Mundial en la construcción de capacidades para el financiamiento del Riesgo de Desastres (FRD) y apoyo a la implementación de seguros, no dude en contactarse con nosotros para enviarle información complementaria”.

CCRIF se encuentra registrado en las Islas Caimán y opera como una organización virtual, con el apoyo de una red de proveedores de servicios que cubren las áreas de gestión de riesgos, modelos de riesgo, manejo en cautiverio, reaseguros, corretaje de reaseguros, gestión de activos, asistencia técnica, comunicaciones corporativas e informática.

Un documento de la misma institución explica que los países adquirientes de esta póliza de seguro, reciben una indemnización rápida, brindando liquidez inmediata en el momento más crítico, sin ninguna restricción sobre el uso de dichos fondos.

Es decir, que aunque el gobierno de Nicaragua haya recibido más de US$ 1.5 millones, por el cobro que realizó tras el terremoto y el paso del huracán Otto, ni el Banco Mundial, ni la CCRIF, ni otro donante, está en la obligación de exigir al Estado una rendición de cuentas.

En el mismo documento, la CCRIF, justifica este punto, bajo el concepto de que esta flexibilidad, permite a los beneficiarios implementar las actividades de respuesta a la emergencia con una eficiencia mayor, comparada con la que hubieran desplegado sin dichas compensaciones, o si hubieran incurrido en endeudamiento público a corto plazo.

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