Política

Alianza emplaza al régimen a levantar las sanciones impuestas contra el pueblo

Gobierno criminaliza a negociadores de la Alianza Cívica

Lanza ataque virulento y los acusa de ser los responsables de "crímenes y acciones destructivas"



El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha elevado el nivel de confrontación contra los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a quienes este lunes acusó, sin pruebas, de “responsables y culpables de crímenes y acciones destructivas”, durante las protestas cívicas del 2018. A la par, los delegados gubernamentales se escudan en la exigencia de suspender eventuales sanciones contra Nicaragua, para no cumplir los acuerdos alcanzados.

En una grosera y desatinada nota de prensa, leída por el canciller Denis Moncada Colindres, los delegados gubernamentales señalan a los integrantes de la Alianza Cívica de ser “los mismos personajes, que el año pasado se negaron, una y otra vez, a levantar los ´tranques de la muerte´, siendo identificados por nuestro pueblo, como responsables y culpables de los crímenes y acciones destructivas cometidos en ese período, en nombre de la ´democracia´”.

Bajo el argumento de eliminar los tranques, el régimen ejecutó la llamada “operación limpieza” que dejó decenas de muertos y heridos en varios departamentos del país. La represión gubernamental ha causado al menos 325 muertos, miles de heridos y más de 600 ciudadanos han sido detenidos ilegalmente. Además unos  80 000 nicaragüenses se han exiliado por la persecución orteguista.

Irracionalidad en nota

La dictadura habla en su documento de que los miembros de la Alianza Cívica  “impusieron” a “sangre y fuego” el acuartelamiento de la Policía Nacional, aunque en ningún momento los agentes policiales o las fuerzas paramilitares orteguistas han detenido su funcionamiento ilegal.

La irracionalidad de la nota alcanza su punto más alto cuando afirma que durante el supuesto acuartelamiento policial “se cometieron las mayores tropelías, incluyendo muerte, quemas, secuestros, torturas, perversión y ritos satánicos, demonistas, en el mejor estilo de la inquisición, invocando, además, prácticas exorcistas”.

José Pallais, miembro propietario de la Alianza Cívica en las negociaciones, mencionó a Confidencial vía telefónica, que durante los últimos días, los delegados gubernamentales han elevado el tono de los insultos y amenazas contra ellos, y que la confrontación “está en niveles que no habíamos visto hasta ahora”.

Vuelve el golpe de Estado

Dijo que los representantes del régimen están “desatados” y que han retomado la afirmación, sin fundamentos, de que en Nicaragua se intentó un “golpe de Estado”, aunque diversos organismos internacionales como el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas han descartado esa teoría.

“Hemos denunciado y seguimos denunciando a nombre de nuestro pueblo, ante el Mundo, todas las prácticas perversas, de humillación, crueldad, degradación, racismo e infamia terrorista que conocimos, padecimos, y derrotamos, durante el intento fracasado de golpe de Estado”, afirma el régimen en su nota, sin mostrar una sola evidencia.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada (i), sale del Incae, tras una reunión el 29 de marzo, en Managua. // Foto: EFE

Añade que “estas prácticas golpistas fueron dirigidas, financiadas, y coordinadas con aplicadísima vigilancia, por quienes hoy desde la mesa, pretenden seguir imponiendo sus vicios”.

“El Gobierno ha retomado el discurso, de un supuesto golpe de Estado (…) esa acusación no tiene ningún fundamento, la están retomando simplemente para confundir a la opinión pública, para inculparnos a nosotros de algo que no ha sucedido y que no tiene pies ni cabeza”, afirmó Carlos Tünnermann, miembro propietario de la Alianza Cívica.

Suspender Nica Act

Además de lanzar absurdas acusaciones, el régimen ha enlazado cualquier avance en el diálogo nacional, a la exigencia de que la Alianza Cívica solicite a la comunidad internacional la suspensión de futuras sanciones contra el país.

El régimen afirma que espera, en las negociaciones, un consenso para un “llamado a la suspensión y cese de las medidas unilaterales e ilegales, conocidas como sanciones, que afectan a todos los sectores del pueblo nicaragüense. Nos referimos a la Nica Act y a las amenazas y medidas coercitivas y restrictivas, contrarias al derecho y a las cartas y Convenciones Internacionales”.

La dictadura intensificó su exigencia de suspender la Nica Act, unas horas después de que sus delegados y la Alianza Cívica habían casi acordado la liberación anticipada de unos 232 presos políticos —pertenecientes a una lista conciliada— y restablecimiento de libertades públicas, como el derecho de expresión y manifestación.  Esta era una propuesta presentada por el nuncio Waldemar Sommertag  y el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, testigo y garante de las negociaciones, respectivamente.

Estados Unidos aprobó en diciembre pasado la ley Nica Act, que contempla sanciones individuales para funcionarios del régimen, así como condicionamientos de préstamos al Gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Levantar sanciones

El canciller Moncada dijo a los periodistas que levantar las sanciones “es un punto esencial y medular, que debemos realmente tomar acuerdos sobre ello antes de entrar y de continuar debatiendo otros puntos y otros temas”.

Juan Sebastián Chamorro, miembro propietario de la Alianza Cívica, destacó que ellos no tienen la “potestad” de cambiar la decisión soberana de un Gobierno, como el de Estados Unidos, o de instituciones, como el Parlamento Europeo, que recientemente exigieron a la Unión Europea sancionar al régimen de Ortega.

“Nos seguiremos presentando en la mesa (del diálogo) para seguir denunciando la intransigencia del Gobierno en su postura de hacer un llamado vacío a la suspensión de sanciones, cuando la potestad de la suspensión de las sanciones las tiene el mismo Gobierno”, comentó Chamorro, a la salida de una reunión de la Alianza Cívica en las instalaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

En una reciente entrevista en el programa Esta Semana, Chamorro aseguró: “El levantamiento de sanciones solo se haría en la medida que el país encuentre las condiciones previas a que estas sanciones fueron anunciadas, como fueron; por ejemplo, el restablecimiento de las libertades civiles, la liberación de todos los presos, la libre expresión, poder marchar, poder ondear la bandera, que existan condiciones democráticas, que se den elecciones libres y anticipadas”.

Sanciones de Ortega

La Alianza Cívica emitió un comunicado este lunes en el que llamó al régimen a “levantar las brutales sanciones que sobre la población ha venido aplicando desde el 18 de abril del año pasado. En particular exigimos el levantamiento de la prohibición a la libre expresión, la libre movilización y a la liberación de los presos políticos”.

“No es mediante llamamientos líricos y vacíos que se levantarán las sanciones, sino con hechos reales, como la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de derechos, la verdad y la justicia y la celebración de elecciones libres, democráticas y adelantadas”, menciona el comunicado.

Pallais aseveró que la exigencia del Gobierno de levantar las sanciones, es “una excusa más” y un “recurso prefabricado” para no cumplir con los acuerdos alcanzados, referentes a la liberación de los presos políticos y la libertad de manifestación.

“Ortega sanciona diariamente a los nicaragüenses. Estamos sufriendo desempleo, pobreza, falta de libertad, de derecho, exilio, cárcel. Esas son las sanciones que hay que levantar”, indicó el excanciller.